Para defender a EPM se carteliza con las 150 empresas que se calcula tienen, más otros negociantes regionales, y el Consejo Gremial, en feroz ataque a la empresa de servicios públicos, y a la alcaldía de Medellín. Arguyen la defensa de lo público. Como estamos en el país de los espejismos, o de los espejos según dedujo el último Aureliano Buendía, toda la alharaca del GEA y sus monaguillos se debe leer al revés: con el sentido inverso de lo que aparenta decir.
Entonces, la veeduría, mecanismo de participación para la comunidad defender el interés general contra los particulares que se apropian de lo público, es conformada en Medellín por el Sindicato Antioqueño para tramitar intereses privados, en detrimento de los comunitarios. Con antecedentes en 2001, cuando el entonces alcalde Luis Pérez sacó al GEA de la junta directiva de Empresas Públicas, este conglomerado, con algunas oenenegés viudas de la contratación, entró a la Veeduría al Plan de Desarrollo, desde el cual se desquitaban del alcalde. Tal veeduría subsiste, pero, tras descalificar la gestión del alcalde Pérez, jamás vio como el GEA parasita a EPM, ni los negocios de los exmiembros de junta directiva, ni la escisión del negocio pulpo de las telecomunicaciones, para entregárselo a una empresa pirata radicada en un paraíso fiscal, tampoco alcanzó a ver sobrecostos en la compra de Aguas de Antofagasta, ni las pérdidas en la Hidroeléctrica Bonyic en Panamá, que presupuestada en 90 millones de dólares terminó costando 315 millones de dólares, ni vio a Hidroituango y la billonaria cifra en vilo por una cadena de pésimas decisiones. Menos vio como esos dineros perdidos a chorros los paga la ciudadanía en la factura de servicios.
Esa veeduría, que no ve, nunca supo del control social de la ciudad por el paramilitarismo, la “donbernabilidad”, ni de la apropiación del Presupuesto Participativo por grupos ilegales, ni la adjudicación de la Secretaría de Seguridad a la criminalidad, ni de las alianzas de la alcaldía con bandas delincuenciales.
La autodenominada veeduría Todos por Medellín, conformada por aparatos gremiales, y unas corporaciones al servicio del GEA, como Corporación Región, que en un conflicto entre trabajadores y patrones está al lado del patrón. Suma a una entidad mendicante de un barrio noroccidental, y a la cooperativa Confiar, cuyo gerente pasó al bando del cartel empresarial, hoy, revestido de acólito del “gobierno corporativo” firma diatribas contra EPM, así como estados financieros maravillosos, que no incorporan el menoscabo de Hidroituango. Ajustó cuarenta y siete socios, diez particulares, entre ellos el gerente en cuestión, que como banquero firma por él, por la entidad que gerencia y por el sector cooperativo.
Se debe leer al revés lo que dicen para encontrar la verdad: Si reiteran que “lo público es mucho más que lo estatal”, o “Lo público es de todos”, están reclamando lo público para ellos. Repiten el concepto de responsabilidad, pero no dicen quién debe pagar los 9,9 billones de sobrecostos en Hidroituango, el meollo de la cuestión, si los que ocasionaron tal desbarajuste social, ambiental, técnico, y criminal, o la ciudadanía, que ellos pretenden representar.
A falta de personas que nutran su movimiento multiplican comunicados (se dice que están pagando por cada texto que circule contra el alcalde Daniel Quintero), en ellos niegan que hacen política, pero conformaron grupos para la revocatoria del alcalde, y en las lánguidas movilizaciones que han realizado gritan consignas en defensa del reo Uribe, contra Petro, y contra el alcalde. No en vano el GEA es financiador del Centro Democrático, junto con el Ñeñe Hernández. Acaso lo único trasparente sea la salida del closet de los fajardistas, que tiraron la bandera anticorrupción, y se exhiben en adulterino ayuntamiento con el uribismo.
También juran que son decentes y honrados. Pero, entre los que firma está Proantioquia, donde participa Argos que por apropiarse de predios arrebatados a desplazados ya ajusta catorce sentencias de restitución. Y en la cúspide de la decencia tienen a Augura, empresa que tuvo el honor de hospedar al mercenario Yair Klein, y de ponerle de enlace al “Negro Vladimir”, como lo aseguró el primero. Además, entre los asociados de Augura hay varios acusados de concierto para delinquir, financiación de grupos paramilitares, y despojo de tierras. Hasta el epígrafe que trae un comunicado de la veeduría en cuestión, es de un antioqueño al que el escritor Jaime Espinel acusó tantas veces de plagio que se conoce más por el remoquete de Fotocopio que por su nombre.
Si los socios de la veeduría tienen la consigna “plomo es lo que hay”, pueden levantar la de: Plata es lo que hay. Porque para tapar un latrocinio de una decena de billones, objetivo de la veeduría, se están gastando sus milloncejos: ya tienen a Sinpro un sindicato patronal creado desde la gerencia de EPM pretendiendo acabar el sindicato de trabajadores, produciendo comunicados en defensa del GEA. Igualmente, tienen opinadores insertados en diversos chats con el mismo propósito.
Sobre la ciudadanía, la verdadera, pende la espada de Damocles de estar abocada a pagar la depredación hecha a EPM, además del riesgo de quiebra de la empresa, y su consiguiente privatización. Como se ha dicho, no es asunto exclusivo de Antioquia, el costo de tal desaguisado se le pasará a todo el país.
La defensa de EPM tampoco es cuestión de la mucha o poca voluntad que tenga un alcalde. Se requiere un movimiento general en defensa de lo público, ya los privados arrancaron contra la empresa de servicios. Además, dada la colusión del gobierno nacional con empresarios parásitos, esa defensa tendrá que hacerse en las calles.
José Darío Castrillón Orozco
Fuente: AS Colombia
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