Considerados, tanto cultural como históricamente, sujetos con menores responsabilidades, han sido excluidos de las necesidades concretas de atención durante la emergencia. Por un lado, las mujeres han tenido menor participación en el mercado laboral respecto a sus pares hombres, y con el contexto de la pandemia, los jóvenes han disminuido su participación en la tasa global del mercado laboral y aumentado su participación en los márgenes de la inactividad; ni hablar de las tasas de desempleo que alcanzan para el mes de julio: 26,2% mujeres y 29,7% jóvenes. Casi hemos podido encontrar un discurso que infantiliza las exigencias de estos ante la crisis que vivimos, y que principalmente resienten estos.
En este contexto, nos encontramos ante la exigencia, más que solicitud, de la Matrícula Cero: un más que necesario cubrimiento de los costos de las matrículas financieras de al menos 1’188.769[1] estudiantes de las instituciones de Educación Superior para evitar dos grandes riesgos; por un lado, un grave aumento en los índices de deserción universitaria y educación superior, que motivados en la falta de ingresos y estabilidad económica y social familiar, podría superar el 50%, y por otro, la profundización de hueco financiero de las Instituciones de Educación superior, que al dejar de percibir el dinero por razón del pago de matrículas, y la venta de servicios de extensión e investigación, no tendría solvento económico para funcionar en los próximos semestres.
Un panorama así implicaría que las IES públicas dejarán de contratar buena parte de su planta docente y administrativa, así como reducir los gastos en inversión para investigación e innovación lo que, en términos de competitividad, nos llevaría a un extremo atraso. Las consecuencias se verían tanto en cobertura como en calidad de la educación superior, pero además repercutirá en la estabilidad laboral de cientos de docentes, administrativos y otros trabajadores cuyos ingresos dependen del funcionamiento de estas instituciones.
¿Cómo ha avanzado la Matrícula Cero?
Se hace necesario hacer un pequeño resumen del proceso de reducción de costos de las matrículas de las y los estudiantes; es necesario entonces, preguntarnos principalmente por quién pone la plata, cuánto y para quiénes.
Lo primero que hay que decir es que si bien la frase “¡Matrícula Cero Ya!”, ha cobrado importancia en los últimos meses, el debate por la gratuidad de la educación superior no es un tema nuevo. Para no ir demasiado atrás, en 2011 fuimos espectadores de las masivas movilizaciones del movimiento estudiantil, que detuvo la reforma a la ley 30 de 1992 que pretendía imponer, por una parte, el ánimo de lucro en las Instituciones de Educación Superior, y por otro, no garantizaba la misma como un derecho. Esto implicaba que las IES, al ya peso de la autofinanciación, se le sumaba un total desconocimiento por parte del Estado. Antes, entonces y ahora, el movimiento estudiantil ha marchado, parado y exigido, año a año, que la educación superior sea un derecho fundamental y que se garantice sin discriminación el acceso y la permanencia en el sistema.
En este marco, aparece en Colombia en 2020, el COVID-19 que desata una emergencia sanitaria y acelera la crisis económica, obligando a la sociedad mundial a guardar un aislamiento que, si al menos no detiene la producción, si la reduce bastante. Tanto las Universidades como los colegios tuvieron que verse obligados a optar por el mecanismo de las clases virtuales para continuar y desde allí se comenzaron a ver las primeras brechas del sistema. Muchos estudiantes, principalmente aquellos de las IES públicas manifestaron la incapacidad de continuar con sus estudios por diferentes motivaciones: No tenían acceso a computadores o internet; ellos o sus familiares habían perdido sus trabajos, el avance de sus estudios no les permitía continuar en la virtualidad, etc. Pero especialmente, los costos de las matrículas, de un semestre que iniciaba en la virtualidad, era injustificable, y en los peores casos, impagable.
Es así como las consignas: Matrícula Cero y Comer o Educarse, toman fuerza y se convierten en la bandera de un movimiento que, con diversos mecanismos de presión (huelgas, encadenatones, paros, marchas, twiterazos) solicita, entre otras muchas necesidades, la seguridad de poder continuar sus estudios. Independientemente de su procedencia, su estrato, su nivel de formación (pregrado, posgrados, técnicos, tecnólogos), las y los estudiantes, apoyados por algunos rectores y profesores, pedían al Estado salvar la educación pública como en otras ocasiones repetidas han salvado al sector financiero.
Esta solicitud pretende cubrir los costos de las matrículas financieras de miles de estudiantes y a la vez cubrir el desfinanciamiento producto de la reducción de ingresos que presentaban las IES. Al mes de agosto de 2020, más de 40 Instituciones de Educación Superior habían anunciado o implementando parcial o totalmente descuentos en las matrículas de sus estudiantes, principalmente de los estratos 1 y 2, como se puede observar en la siguiente tabla:
Estas ayudas fueron el resultado en gran parte de la movilización estudiantil y de las negociaciones entre instituciones y gobernaciones y alcaldías. Sin embargo, las ayudas resultadas de la intervención del Estado se pueden resumir en la emisión de los Decretos 467 y 662. El primero, un plan de alivios a los créditos de ICETEX basado en pausas en los pagos y planes de refinanciamiento y el segundo, crea el Fondo Solidario de la Educación, del cual se destinaron $97.500 millones para el apoyo al pago de matrículas de estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad socio económica de las Instituciones de Educación Superior públicas.
La configuración de un discurso pro-crédito o pro-deuda, ha sido el mecanismo que sobresale de la actual propuesta de política pública, en su componente de política social, como alternativa para la cobertura total de la Educación Superior en Colombia. Este planteamiento se inscribe en la actual lógica fiscal en que se restringen giros de transferencias a las instituciones públicas de Educación Superior, y en cambio, se les encamina a autofinanciarse mediante la venta de sus servicios. Esto se ve reflejado, en la comparación de los recursos dispuestos para el programa de subsidio a la demanda de Generación E, que asciende a $798.200 millones asignados por el Ministerio de Educación y Prosperidad Social y que alcanza a un poco más de 110 mil estudiantes, menos del 10% de los jóvenes estudiantes que se señalaron al inicio.
¿Cómo financiar la Matrícula Cero?
Como es de pleno conocimiento, las revelaciones y proyecciones de los indicadores macro que publican las autoridades económicas, exhiben una inminente situación recesiva; intrínseco al crecimiento negativo, al desempleo y la pobreza, el dato de inflación cobra especial relevancia en la medida en la que el nivel generalizado de precios señala aspectos fundamentales de la crisis y por supuesto, de las posibles soluciones para paliarla, de tal modo que resulta imprescindible para evaluar cómo se están comportando la oferta y la demanda agregada. Las más recientes mediciones del IPC revelan que el país acumuló 4 meses de inflaciones negativas o iguales al 0% y en lo corrido del año, así como en las variaciones anuales el dato se ha ubicado muy por debajo de la meta impuesta por el emisor, en agosto el dato fue de -0.01%.
Aunque algunos tecnócratas coinciden en afirmar que sólo se puede hablar de deflación cuando la caída generalizada de los precios se haya prolongado por más de dos trimestres, si podríamos decir que estamos frente a un momento con presiones deflacionarias que revela que, la suma de todos los componentes de la demanda no son suficientes para absorber todo lo que se oferta en la economía, por lo tanto permite una explicación de la crisis en la merma del consumo en todos los componentes de la ecuación fundamental de la macroeconomía, provocando disminuciones en los ingresos de las empresas, incentivando despidos y agravando la capacidad de gasto en los hogares, en un círculo viciosos en el que se termina de deprimir la economía en su conjunto.
Una inflación baja es entonces una situación muy preocupante; tiene relación con el desempleo y la pobreza, con la quiebra de cientos de micros y pequeñas empresas, con el hecho de que 5 millones de personas en Colombia estén aguantando hambre al serles imposible consumir tres comidas diarias como lo ha informado recientemente el DANE. Los hogares no tienen como aprovisionarse y eso debe prender las alarmas pues, además, tiene un efecto directo en el aumento de la inseguridad en los centros urbanos y de la desigualdad en todo el territorio nacional.
Si el dato de inflación señala el barranco por donde se está desplomando la economía, también su lectura ofrece alternativas para redimirla. Es menester hacer uso de los instrumentos de política con los que cuentan las autoridades económicas para generar demanda, sobre todo demanda interna, para la cual existen alternativas expeditas para la reactivación en el corto plazo. En ese sentido el gasto público se revela como la única variable autónoma con la que cuenta la autoridad fiscal para dinamizar el conjunto de la economía y el Presupuesto General de la Nación que por estos días se discute en las Comisiones Económicas se traduce en una oportunidad para actuar en pro de la recuperación.
La teoría económica y sus resultados prácticos indican que el multiplicador del gasto público tiene efectos expansivos, por lo tanto, una fuerte inversión en renglones productivos intensivos en mano de obra, redundan en creación de empleo, aumento del consumo de los hogares, por lo tanto, de la inversión privada de las empresas y en crecimiento económico. En consecuencia, financiar la matrícula universitaria para evitar la deserción no sólo coadyuva en la activación, sino que, además, garantiza sostener la senda de crecimiento desde la perspectiva del conocimiento y la creación de riqueza al garantizar atenuar pérdidas en competitividad por cuenta de la mano de obra cualificada con la que contará el país en el mediano y largo plazo.
Para financiarse el Estado debe buscar los recursos de la manera más favorable posible, en moneda nacional para evitar los riesgos asociados a la volatilidad de la tasa cambiaria y a las condiciones crediticias que varían con las coyunturas, de la forma más barata posible y evitando al máximo prescindir de activos productivos que coadyuvan a la recuperación.
Por eso una medida extraordinaria en la que han coincidido analistas como César Ferrari o congresistas como el Senador Wilson Arias del Polo Democrático, puede ser la financiación por parte del Banco de la República mediante la compra de títulos de deuda pública al gobierno. La financiación en moneda nacional y a bajo costo, tiene impactos menos traumáticos que la deuda pública y los riesgos ya mencionados.
Otra alternativa para sufragar los costos de la Matrícula Cero, bien pueden obtenerse del Fondo de la Mitigación de la Emergencia -FOME- que, según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, a corte del 8 de septiembre cuenta con un saldo de $11,4 billones que aun no se ejecutan y es la fuente de financiación del salvataje a la multinacional Avianca por el mismo valor.
Para concluir, incentivar la demanda mediante la inversión pública en renglones que generen productividad, mitiguen el desempleo y generen valor agregado es la solución más expedita para superar la crisis; la matrícula cero y el saneamiento del déficit en inversión y funcionamiento con la educación superior aparece en esta lógica en el primer orden de prioridades. Las opciones están, solo falta voluntad política.
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[1] Cifra más reciente de 2018 dada por el MEN.
Paula K. Triviño-Gaviria, Socióloga y candidata a Mg. En Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo – GSEID-. Funcionaria del Senado de la República. Contacto: [email protected]
Daniel Rojas Medellín, Economista.
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