Tanto militares como políticos quieren tener un entorno jurídico que les sea favorable y les permita actuar sin ningún tipo de limitaciones, no solo en su accionar legal, que no tendría implicaciones, sino, sobre todo en sus actuaciones delictivas que comprometen delitos violatorios de los derechos fundamentales, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y prácticas de corrupción, clientelismo y cohecho, entre otro amplio repertorio de industrias delictivas y criminales.
Los militares y la justicia.
Para los militares la creación de su propia justicia militar permite dar tratamiento a las faltas y delitos producidas en servicio y al interior de la institucionalidad castrense, pero cuando se incurre en prácticas criminales violatorias de los derechos de la población y es la justicia ordinaria la que debe asumir los respectivos procesos de investigación y juzgamiento, los militares se sienten incomodos y atropellados, más cuando el espíritu de cuerpo se desvanece y la responsabilidad se hace individual. El fuero militar constituye un escenario de seguridad que se pierde cuando los delitos involucran acciones violatorias de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos o los mismos derechos de la guerra. Para algunos militares los aspectos legales constituyen un obstáculo para operar con las libertades suficientes en el desarrollo de la guerra sin tener necesidad de responder por las acciones que se realizan en los tribunales de la justicia militar o civil.
Para la institución militar, y en general para la fuerza pública, no se puede llegar a tener una verdadera comprensión del ejercicio del poder militar, sin tener en consideración y entender cómo influyen las leyes en las misiones militares y sus resultados. Esto, se hace complejo cuando se crea la idea que el enemigo instrumentaliza la justicia para colocarla a su favor en el desarrollo de la confrontación a través de lo que han dado en denominar la guerra jurídica y concebirla como una forma de la guerra asimétrica, lo que deriva en la utilización de prácticas y tácticas atípicas, que rebasan el marco de la tradición legal y operativa de la institución militar y policial.
La guerra jurídica es concebida como el uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que conseguirse con la aplicación de la fuerza militar de manera legal o ilegal en operaciones “encubiertas”, las que no todas son de naturaleza ilegal. El objetivo de las armas como el de la utilización de la justicia es subyugar la resistencia del enemigo o del opositor utilizando todas las herramientas jurídicas al alcance para inhabilitarlo militar o políticamente, en esto juega un papel importante la judicialización del opositor y del enemigo y, lo que se ha dado en denominar, falsos positivos militares y jurídicos.
Sin embargo, con mucha frecuencia, como se ha puesto en evidencia en la historia del país en el desarrollo del conflicto social, político y armado solo formará parte de una estrategia más amplia que probablemente implicará el incremento de las capacidades militares tradicionales, por la vía, de la cooperación internacional o/y la conformación de fuerzas paramilitares letales, con las que operan en connivencia.
Los políticos y la justicia
La guerra jurídica, adquiere el matiz ideológico de quien esté en el poder en el campo de la confrontación política. Los regímenes autoritarios y totalitarios suelen pensar en ella como un “arma” que puede ser útil para sacar del camino a los enemigos y opositores, a los adversarios políticos y a todo aquel que se considere un riesgo para el ejercicio monopólico y hegemónico del poder. La guerra jurídica funciona como un medio que obliga a ciertos comportamientos específicos, en el manejo de la institucionalidad, el tiempo y las inhabilidades que de ella y sus decisiones se derivan.
En las democracias la separación de poderes es un obstáculo para la utilización de la justicia como arma de guerra, si y solo si, esta guarda las independencias y autonomías que le son propias de su naturaleza y se constituye, desde el orden legal, en un impedimento para el tratamiento arbitrario de los conflictos, de ahí la tendencia de ir reduciendo y subordinando a través de distintos mecanismos políticos, legales e intimidatorios al poder institucional de la justicia, de tal manera que no sea un obstáculo para el ejercicio del poder constituido, y pueda ser cooptado o capturado por el poder político y militar en ejercicio .
La justicia no solo juega un papel muy significativo en las operaciones de contrainsurgencia, sino igualmente en la lucha contra los opositores políticos; militares y políticos consideran que la instrumentalización de la ley es un elemento clave del enfoque integral de la lucha política y militar y que el control del poder judicial y su subordinación a los intereses y propósitos de los políticos y de los militares constituye un propósito común.
Controlar y subordinar el Estado de derecho es un objetivo central de las luchas política, militares y sociales en las últimas décadas, la unidad de política, armas y ley en su solo paquete administrado con un único propósito en el favorecimiento del interés particular se ha hecho cada vez más común en la actividad política e institucional en el mundo global, lo que está unido, de manera inevitable, al ciclo de privatización de la política, la justicia y el uso del poder de la fuerza.
En la lucha contra la insurgencia y la oposición política cada vez se encuentra más útil una modalidad de guerra jurídica, que permita someter al enemigo y al adversario político al poder de la ley en un Estado “capturado” por intereses particulares que establece un modelo de ejercicio del poder erigido sobre la detención o la muerte de los opositores. La utilización política de los “medios legales” busca impactar e inhabilitar las capacidades políticas y sociales de quienes puedan disputar con alguna opción de éxito el ejercicio del poder político del Estado. Para ello se utilizan todo tipo de argucias jurídicas y se erigen procesos dirigidos a inhabilitar y someter a la justicia-instrumento a quienes, desde la oposición, la lucha política o la resistencia y la movilización social incomodan o colocan en riesgo el poder político existente. Los casos de Ignacio Lula Da Silva, Cristina Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff, para señalar algunos casos o las sindicaciones a Nicolas Maduro por narcotráfico, son ejemplo de sanciones que incapacitaron temporalmente la acción y la actividad política de estos liderazgos y sus partidos y coaliciones.
La guerra jurídica entre adversarios
Los gobernantes de la oposición que administran poderes locales están bajo la presión permanente de la demanda jurídica penal y administrativa de cada una de sus acciones por sus adversarios. La persecución de las fuerzas políticas adversarias al ejercicio del poder del Estado local se llena de demandas jurídicas que limitan y entorpecen los procesos administrativos y la gestión pública. Los tribunales se convierten en escenarios de la confrontación política entre contrarios cada uno interesado en inhabilitar al otro.
Existe una serie de acciones en donde puede utilizarse la ley para socavar a los adversarios que pueden ponerse bajo la concepción de la guerra jurídica. La utilización de acciones jurídicas para capturar, secuestrar o embargar los recursos financieros de gobiernos -o de personas de la oposición- con que cuentan los países en la banca internacional, sometiendo a las naciones a situaciones de crisis económicas agudas y condiciones de hambre y pobreza extrema.
En algunos países se está utilizando la justicia y la ley para hacer de ella una herramienta de guerra jurídica y política dirigida contra las fuerzas políticas opositoras y progresistas utilizando no solo la institucionalidad como tal, sino un verdadero ejército de operadores de la justicia dedicados a levantar gruesos expedientes contra los objetivos políticos del gobierno y sus aliados en donde se combinan informes reales con testimonios falsos, sobre delitos inexistentes que comprometen como “víctimas” a agentes del régimen.
La privatización e instrumentalización política de la justicia está acompañada de una ofensiva mediática a gran escala construida desde el discurso de la posverdad que genera ante la opinión publica confusión y un modelo de legitimidad construido desde la mentira y el engaño. Los medios de comunicación hacen cada vez más de tribunales de opinión y justicia que funcionan según las lógicas de los intereses en disputa. El ascenso al ejercicio del poder político de una clase empresarial que funge de gobernante sobre la premisa que todo el ordenamiento político y jurídico puede ser modificado a su acomodo y que la única legislación valida es la que garantiza la seguridad absoluta de sus intereses.
Esta lógica perversa se da en alianza con empresas criminales que han convertido en blanco de sus acciones los presupuestos públicos a través del saqueo de estos mediante procedimientos corruptos en los que no solo se apropian los recursos, sino, que adicionalmente, terminan demandando al Estado por los delitos que cometen. Pero igualmente, con organizaciones del crimen trasnacional que han permeado todo el establecimiento institucional, la economía y la misma sociedad, utilizando la corrupción y la intimidación y fortaleciendo modelos de acumulación de capitalismo criminal.
Democracia. Conflicto armado y guerra jurídica
En democracias en las que se desarrollan conflictos armados que requieren de una base de apoyo público, la guerra contra los grupos armados se da a través de la población utilizando los medios de comunicación que erosionan cualquier grado de legitimidad política que puedan tener esas organizaciones con el discurso de que son guerras que se están llevando a cabo de una manera injusta, inhumana, e inicua. El discurso se acompaña con operativos militares y paramilitares que desde la barbarie criminal llena los territorios de miedo, terror y tragedia al amparo de la impunidad absoluta; y se cierra con la utilización de la justicia como arma de guerra en un proceso de judicialización creciente de liderazgos sociales en los territorios en que operaran esas organizaciones con el argumento de ser colaboradores y cómplices de estas. Centenares de personas llenan las cárceles bajo sindicaciones de relaciones que nunca tuvieron o que se produjeron en condiciones de coerción armada, víctimas de procesos judiciales enormemente politizados y carentes de acerbos probatorios solidos que alimentan juicios políticos e ideológicos y niegan los derechos fundamentales y humanos.
Las elites políticas y económicas instauran en la sociedad el respeto por la ley y ven en ella un potencial político que ha de ser explotado. Así, se exige el cumplimiento de la ley a los enemigos y al conjunto de la población, pero, a la vez, se llena de impunidad y se legitima la práctica de los propios delitos; la justicia se administra en una sola dirección.
La situación se agrava aún más en una época donde proliferan las inseguridades jurídicas y todos los ciudadanos pueden ser blancos de acción judicial. Cualquier tipo de supuesta “ilegalidad” es razón suficiente para que los adversarios, operadores de la guerra jurídica, exploten de inmediato, mediante la elaboración de expedientes provistos sobre medidas para detener e inhabilitar a los opositores. En la actualidad, la forma cómo los individuos se comportan, si siguen las leyes o no, junto con la ayuda de la tecnología- es una época donde proliferan las cámaras, los teléfonos celulares y dispositivos similares que permiten grabar y transmitir, interceptar y leer al arbitrio del persecutor- cualquier evento puede convertirse fuera de su contexto en una acusación.
Es un error pensar que la guerra jurídica es algo que solo utilizan los actores no estatales vulnerables a la tecnología. Hay países con capacidades militares extraordinarias que utilizan la guerra jurídica, pero de manera diferente como un arma ofensiva capaz de paralizar a los oponentes, tomar y mantener la iniciativa política. En estos países y, el nuestro no es una excepción, “la guerra legal” consiste esencialmente en argumentar que el grupo al que uno pertenece está defendiendo la ley, criticar el grupo opuesto por violar la ley y defender el grupo al que uno pertenece en los casos donde también ocurren violaciones de la ley. Es una guerra que garantiza la aplicación de la ley a raja tabla al oponente y la impunidad absoluta para el grupo social, económico y político en ejercicio del poder del que se hace parte.
La privatización del Estado, el poder de la fuerza y la Justicia
Acá juega un papel importante el concepto de privatización del Estado y la Justicia. La privatización como el uso privado de las instituciones del poder en beneficio no del interés general de la nación y la población, sino del interés particular, de las elites económicas y sociales, sus aliados transnacionales y la servidumbre política a su servicio. El control directo de la institucionalidad lleva a la captura del poder judicial, a la politización e instrumentalización en el escenario de la guerra judicial contra adversarios y opositores, es la instrumentalización política y jurídica del aparato de Estado, disminuyendo a su mínima expresión el sentido del interés común y la función social de la institucionalidad. La administración de la justicia y de la gestión política se convierte en una transacción comercial que posibilita al margen de todo condicionante los procesos de acumulación de riqueza y poder.
Pero si en el escenario de la política la guerra jurídica es ya un gran problema para la construcción de democracia y condiciones de bienestar general de la población, no lo es menos en el campo del ejercicio de la guerra. En el campo de la operatividad militar se le atribuye un papel relevante en lo que se ha venido a conocer como «guerra híbrida», de la cual la guerra jurídica es un elemento esencial pues da la cobertura jurídica a las complejas y en ocasiones desbordadas operaciones militares. El aumento de la complejidad en las operaciones, la multiplicidad de actores involucrados y la falta de distinción entre los elementos tradicionales de conflicto en termino de enemigos que involucra población civil ha generado que la fuerza pública, gobernadas, supuestamente, por la ley, las costumbres y las tradiciones militares, en su lucha con las fuerzas irregulares actúen sin restricción en relación al nivel de violencia o los tipos de blancos y, esto tiene inevitablemente implicaciones en el campo de la acción jurídica no solo en el derecho nacional, sino, en el derecho internacional. De ahí la necesidad de controlar y someter el ejercicio de la justicia al arbitrio de la lógica militar bajo la tutela de sus propios tribunales y la intimidación de los tribunales civiles de la justicia ordinaria. Frente a esta realidad solo queda la salvaguarda, frente a la arbitrariedad, del derecho y los tribunales internacionales.
Militares y políticos aliados estratégicos
La instrumentalización de la justicia y su conversión en un elemento de la guerra jurídica en el campo de la actividad militar y política pretende nublar las líneas legales para explotar la incertidumbre resultante de ello. Los militares y los políticos, generalmente aliados estratégicos, desde intereses distintos que confluyen en la guerra jurídica, postulan que la complejidad, la ambigüedad y el carácter híbrido de este tipo de guerra no solo presentan nuevos desafíos para garantizar su seguridad en el ámbito legal, especialmente para aquellos que deben obedecer y someterse al derecho internacional y a los marcos de los acuerdo establecidos y regidos por los principios del Estado de derecho. Aun así, bajo estos condicionantes, militares y políticos muestran poco temor y respeto por el orden jurídico internacional.
Es evidente que muchos de los desafíos y retos que implica la guerra jurídica en sus múltiples implicaciones surgen principalmente en los niveles de conflicto social, político y militar a nivel de los propósitos estratégicos en el orden operacional y practico. Esto es importante cuando se trata de negarle a los opositores la oportunidad de hacer uso del ejercicio del poder político del Estado y se dirigen orquestar actos que crean la percepción de desgobierno y pueden comprometer o hasta impedir el éxito de un gobierno o la administración de una institución pública.
Los militares troperos y los políticos corruptos están familiarizados con la necesidad de prepararse jurídicamente para actuar según su arbitrio bajo el amparo de su propia ley e institucionalidad jurídica. Esto significa dos cosas: analizar las dimensiones legales y el contexto en que se puedan presentar posibles efectos jurídicos de su accionar y actuar y, dos, tomar las medidas que sean necesarias para mejorar los efectos positivos de la ley en las operaciones militares y en las prácticas políticas corruptas, eliminando o mitigando los posibles efectos adversos.
Bufetes para la delincuencia y la impunidad
Políticos y militares, para el logro de sus propósitos ilegales y su desempeño y permanencia en el ámbito legal, se hacen acompañar de un cuerpo de asesores jurídicos sobre las modificaciones que deban hacerse al ordenamiento de la institucionalidad de la justicia y su control y a las leyes nacionales, extranjeras e internacionales que podrían afectar sus lógicas de funcionamiento en el marco del ejercicio de un poder absoluto sin control alguno.
Militares troperos y políticos corruptos[1] se hacen acompañar de un buffet de abogados que solo pueden ser eficaces si entienden las necesidades y el “negocio” de sus clientes los que desbordan los límites de la legalidad. En el ámbito militar, esto significa tener un conocimiento profundo del fuero y la justicia militar y de la naturaleza de los delitos que se pueden cometer en el desarrollo de las operaciones de una misión que involucra prácticas de aniquilamiento a civiles, relaciones de connivencia con grupos ilegales e incremento irregular e ilegal de las capacidades operativas para garantizar el éxito de estas, más aún cuando la victoria se mide en el número de bajas. En el ámbito político, significa tener conocimiento de las argucias que se construyen para enfrentar a los adversarios y opositores levantando falsos testimonios e involucrándolos con prácticas ilegales. Desde luego, que está de por medio la responsabilidad del equipo jurídico de apoyo que acompaña a militares y políticos a sabiendas de la naturaleza ilegal de sus acciones, de ahí el protagonismo que tienen los asesores jurídicos en construir las rutas de impunidad y los tecnicismos para empantanar los procesos cuando la justicia aún no ha sido capturada y sometida a su arbitrio.
Los militares troperos y los políticos corruptos han entendido la importancia que tiene de la guerra jurídica para su seguridad personal y el usufructo pleno de sus intereses. La parte más obvia de este proceso es asegurarse que sus abogados entiendan y actúen como soldados en el campo de la guerra jurídica y que no es una cuestión de personalidad (líderes carismáticos) y responsabilidad (Generales de la república), sino, de la prevalencia de intereses estratégicos en la acción militar y política en el marco de una concepción del poder que se ejerce de manera semejante en populismos autoritarios de extrema derecha o de izquierda.
Los militares troperos y los políticos corruptos se dotan además de un discurso de razones mayores que comprometen los intereses superiores de la nación y sus valores y detrás de ellos, con la complicidad de los medios de comunicación y campañas orquestadas para defender su imagen de seres incorruptibles y juiciosos servidores públicos, tocan las fibras más sensibles de emocionalidad ciudadana despertando en ella lazos de solidaridad con sus intereses que por lo general marchan en contravía de los intereses de sus solidarios, la mayoría de ellos enceguecidos por discursos de odio y venganza sobre enemigos creados y/o adversarios políticos llevados a la condición de enemigos.
Leyes sobre medidas, su palabra se hace LEY.
Los militares aspiran a contar con unas leyes que les permite enfrentar al “enemigo” mediante acciones contundentes y violentas con relativamente poca vacilación y duda moral, todos los crímenes se comenten en cumplimiento del deber y por amor a la patria. Para los militares la ley debe crear un espacio jurídico en el cual el soldado puede actuar sin tener que recurrir a sus propios códigos morales[2]. A partir de allí y presionados por el orden de mando, las tropas, generalmente conformadas por jóvenes temerosos y alienados, con bajos niveles de formación académica y procedentes de los estratos más bajos de la población, utilizan las armas en cosas terribles que nunca debían haber ocurrido. El sometimiento, la debida obediencia y la presión indebida en la que se les educa puede distorsionar el juicio de buenos soldados con consecuencias catastróficas. La declaración sobre las reglas de enfrentamiento, en donde se requiere que haya una «certeza casi absoluta» de cero bajas civiles crea la percepción de ilegalidad cuando las bajas inevitablemente ocurren y están unidas a planes operativos medidos en muertos.
Los políticos corruptos poseídos por sus ansias de poder y lo que de él se puede lograr en beneficio personal no se detienen, se construyen en el engaño y la trampa e involucran un sequito de servidores dispuestos a cualquier sacrificio por su “patrón”, son políticos a-morales e inmorales, que definen los presupuestos públicos como el blanco de sus acciones. Son conscientes de la naturaleza ilegal y criminal de lo que hacen y no se someten a ningún tipo de restricciones en la lucha por la permanencia en el poder y la confrontación con sus adversarios. El estado ideal de sus acciones se daría en el sometimiento absoluto de la justicia a su control político.
En el ámbito de la guerra jurídica pregonan para el adversario la subordinación a la ley y la justicia y para ellos la complicidad jurídica y la impunidad total, la ley se hizo para los adversarios no para los dueños del ejercicio del poder, resulta para ellos una tragedia mayor cuando la ley opera sobre sus crímenes y allí, surge naturalmente su condición de perseguidos políticos, de víctimas de complot contra su honradez ejemplar y buen desempeño en la vida pública. Es su palabra contra la ley y su palabra se hace ley.
Todo esto sugiere las dificultades que tiene que atravesar la lucha social y política para poder sobrevivir en regímenes populistas y autoritarios, cuando el poder de la fuerza, de la justicia y de la política se sincronizan para sostener la elite en el poder contra cualquiera que represente una amenaza a sus intereses.
Lo que está por verse…
Los militares y los líderes políticos en todos los niveles necesitan incluir la ley y la guerra jurídica en sus procesos de planeación de acceso, ejercicio y permanencia en el poder. La guerra jurídica, la justicia en el teatro de operaciones de la guerra y la política no es un fenómeno pasajero, es un propósito estratégico en la subordinación de la vida social, política e institucional a un modelo de democracia autoritaria, que aniquila el fundamento de las democracias auténticas que es, no otra cosa, que el pluralismo y el respeto por la diversidad y la diferencia.
Las áreas de la justicia en las cuales esos modelos de democracias autoritarias buscan resultados estratégicos en términos de permanencia en el poder, que son útiles a la guerra jurídica y que comienzan a manifestarse consisten en: generar procesos con poca probabilidad de resolución legal para anunciar la incapacidad del funcionamiento de la justicia y la necesidad de reformarla para hacerla más eficiente; participar en el proceso de formulación de proyectos de reforma a la justicia o de adaptación de los sistemas existentes para maximizar la eficacia dentro del contexto jurídico que les es favorable; identificar las circunstancias en donde los oponentes crean hechos jurídicos sobre el terreno para generar sobre ellos a base de mentira e intimidación su debilitamiento y fracaso. Esto es; anticiparse a los procesos que puedan erigirse sobre ellos haciendo uso de las clientelas subordinadas en el poder judicial para destruir pruebas, engavetar procesos y llenar de argucias técnicas los procedimientos. Muchos incurren en la amenaza a jueces y magistrados y a una exploración minuciosa de sus hojas de vida para buscar inhabilidades. El asesinato siempre es una opción.
La guerra jurídica, busca la muerte política de los adversarios y para ello resulta útil crear hechos jurídicos en el terreno, a través de falsos procesos, falsos testigos, acerbos probatorios inconsustanciales, con relacionamientos e involucramientos en hechos delictivos con organizaciones criminales. Pero tal vez el elemento fundamental de la guerra jurídica es la captura y el sometimiento de la institucionalidad de la justicia y su conversión en policía política y judicial. Eso permite, proponer, modificar y aplicar las normas jurídicas conforme al interés dominante y la neutralización de la justicia internacional la que al tener que interactuar con ese orden de cosas queda en desventaja.
Referencias Bibliográficas
Para la escritura de este artículo se tomaron en consideración los siguientes trabajos en una lectura libre y en el marco de una interpretación que marcha en contravía de lo dicho allí: Introducción a la guerra Jurídica. Manual Básico. Charles Dunlap Jt. General de División (r) Fuerza Aerea de los Estados Unidos ; Shawn Snow, «It’s Time to Remove Lawyers from the War Room», página web de Military Times, 14 de mayo de 2016, accedido el 7 de marzo de 2017, http://www.militarytimes.com/story/ opinion/2016/05/14/time-remove-lawyers-war-room/84233792/. Brooke Goldstein, según lo citado por Steve Herman, «‘Lawfare’ Could Become Trump Tool against Adversaries», página web de Voice of America, 24 de enero de 2017, accedido el 7 de marzo de 2017, http://www.voanews.com/a/lawfare-possible-trump-tool-against-adversaries/3690167.html. Con Coughlin, «Legal Action against Soldiers ‘Could Undermine Britain on the Battlefield’ Warns Chief of General Staff», página web de The Telegraph, 29 de enero de 2016, accedido el 7 de marzo de 2017, http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/ defence/12130929/Legal-action-against-soldiers-could-undermine-Britain-on-the-battlefield-warns-chief-of-general-staff.html. Joel P. Trachtman, «Integrating Lawfare and Warfare», Boston College International and Comparative Law Review 39, no. 2 (2016): 267, accedido el 7 de marzo de 2017, http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol39/iss2/3.«Globalization of Law», página web de Global Policy Forum, accedido el 7 de marzo de 2017, https://www.globalpolicy. org/globalization/globalization-of-law.html. Lyric Wallwork Winik, «A Marine’s Toughest Mission (Gen. James L. Jones)», Parade Magazine, 19 de enero de 2003. Prefacio de Stanley A. McChrystal para U.S. Military 10 Agosto 2017 MILITARY REVIEW Operations: Law, Policy, and Practice; editores Geoffrey S. Corn, Rachel E. VanLandingham y Shane R. Reeves (New York: Oxford University Press, 2015), xi. Manual de Campaña (Field Manual) 3-24, Insurgencia y contrainsurgencia (Washington, DC: U.S. Government Publishing Office [GPO], mayo de 2014), http://armypubs.army.mil/epubs/ DR_pubs/DR_a/pdf/web/fm3_24.pdf. Michael R. Gordon y Bernard E. Trainor, The General’s War: The Inside Story of the Conflict in the Gulf (New York: Back Bay Books, 1994), 326. Gary D. Solis, The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War, 2a ed. (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2016), 275–76.
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[1] La utilización de la designación de militares troperos y políticos corruptos, se hace para diferenciarlos de los que operan dentro del marco de la constitución y las leyes.
[2] Si no se tiene un adoctrinamiento solido sobre la importancia de la causa incluso por encima de la ley y sus fundamentos morales, los códigos morales personales pueden convertirse en un obstáculo para que los subordinados temerosos de la ley actúen.
CARLOS MEDINA GALLEGO, Docente Investigador, Universidad Nacional de Colombia.
Foto tomada de: Semana.com
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