Conferencia Internacional por la Paz, críticas a la inconsecuencia del Gobierno Duque
Mensajes previos a la Primera Conferencia Internacional El Mundo Exige Paz organizada por DLP se refirieron a incumplimientos, dilaciones e inconsecuencias del actual gobierno colombiano con el acuerdo de paz en implementación. Entre ellos se dijo: la implementación prevista en 10 años –solo pocas medidas por su carácter hasta 15- al ritmo actual difícilmente se podrá cumplir. El programa de erradicación de cultivos de uso ilícito está desfinanciado y se ha reemplazado por la erradicación forzada ahora militarizada y violenta. De 3 millones de hectáreas previstas para entregar a campesinos se ha entregado el 0.3%, sin redistribución sino con marginal legalización en frecuentes casos de tierras de tenedores. En lo corrido de este año 16 mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, pero lo más dramático es que desde la firma del acuerdo en territorios donde se debería construir la paz, han sido asesinadas casi un millar de liderazgos sociales y alrededor de 230 excombatientes reincorporados. Volvieron las masacres en el campo y la arbitrariedad policial en las ciudades está desborda, sin que el gobierno aplique las debidas garantías de seguridad y protección ni los términos de seguridad del acuerdo.
En la instalación del encuentro la reconocida periodista Laura Gil expresó que a pesar de todas las dificultades “no han logrado volver trizas” el acuerdo de paz, alentó los esfuerzos por perseverar en hacer posibles a cabalidad sus logros, destacó que se trataba del primer acuerdo de paz del mundo que aplica con transversalidad el enfoque de género y también es pionero en sortear en éxito adoptar la justicia transicional después de la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional. Advirtiendo sobre la carencia de las medidas de seguridad a tono con lo pactado en el acuerdo, dedicó los trabajos a la memoria de las personas lideres campesinas, indígenas, afros, trabajadores, excombatientes y demás, sacrificadas violentamente desde actores empeñados en impedir el cierre de la guerra, de la violencia y los proyectos de la paz.
Las primeras intervenciones correspondieron a quienes desde las partes lideraron el logro del acuerdo. El exjefe negociador por el Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, expresó que a pesar de las vicisitudes se vive un momento histórico de “solidificación de la paz en Colombia”, lamentó que no se hubiera conseguido desde gobiernos nacionales y desde las FARC EP este acuerdo unas décadas antes, evitando muchos de los altos costos sufridos por el prolongado conflicto. Criticó al gobierno actual por perder el foco de la aplicación integral del acuerdo bajo el concepto de “paz con legalidad” y por concebirlo no como la concertación posible para adoptar todas las medidas convenidas sino como si fuera “la última batalla con el enemigo”. Llamó a superar los obstáculos, desatender los llamados de quienes piden devolver el camino, asumir discusiones legítimas, pero sin ingenuidad ante los opositores interesados “que son la minoría”. Concluyó afirmando que en las actuales condiciones la búsqueda de la paz se relaciona también con la defensa del Estado de Derecho en riesgo y con críticas al ministro de defensa por su desacato a la orden de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó pedir perdón público ante el asesinato de jóvenes en marchas de protesta por efectivos de la fuerza público y al presidente actual de EU por atacar el acuerdo de paz cuando su antecesor lo acompañó y respaldó.
El excomandante general de las FARC EP y ahora presidente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, inició recordando el vuelo rasante y amenazador de un avión de combate contra el acto de firma del acuerdo de paz en Cartagena, para afirmar que desde allí se expresaban amplios respaldos ciudadanos, institucionales y de la comunidad internacional al acuerdo, pero también expresiones de oposición y rechazo a sus posibilidades. Puso de presente como importante logro el que el acuerdo no es del anterior gobierno Santos y las FARC, sino un patrimonio nacional y causa de movilización en su respaldo de amplios sectores, en especial de masivas manifestaciones juveniles que exigen su aplicación. Criticó el que a la JEP se le hubiera limitado su competencia hacia terceros responsables y que exista la pretensión de solo enjuiciar a las FARC; los exiguos resultados con el Fondo de Tierras; el debilitamiento del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito; y la falta de garantías de seguridad que ha llevado al partido FARC a buscar la intervención de instancias internacionales. Y concluyó afirmando que aún con todas las dificultades persisten en la paz.
El Consejero Presidencial Emilio Archila hizo presencia en la conferencia con un informe que afirmó que el gobierno cumple satisfactoriamente con los compromisos del acuerdo de paz. Dijo que había 15 años para hacerlo y que los tres gobiernos siguientes podrán proseguir con sus acciones. Entregó información con alusión a acciones oficiales y cifras. Sin embargo, omitió referirse a la grave situación de violencia que se acentúa con este gobierno. No mencionó ni reconoció el lugar del partido FARC como parte del acuerdo. Ni lo hizo con relación las graves problemáticas de la implementación del acuerdo, las falencias, medidas no aplicadas, debilitadas y desfinanciadas. Ni los proyectos gubernamentales contra medidas del acuerdo, caso de los intentos por desnaturalizar la JEP. Y calificó las críticas a la inconsecuencia gubernamental con la aplicación del acuerdo como una “utilización política” interesada de algunos sectores.
Las intervenciones de participantes internacionales destacaron y respaldaron el acuerdo de paz. Se destacan las de los países garantes con los embajadores de Cuba José Luis Ponce y de Noruega Dag Naguda; el jefe de la Misión de la ONU Carlos Ruiz Massieu; el enviado especial de la UE para el proceso de paz Eamon Gilmore; y las de los varios ganadores del premio nobel de paz invitados. El expresidente Juan Manuel Santos puso de presente el carácter histórico e irreversible del acuerdo, en diálogo con los dos acompañantes internacionales del acuerdo, el expresidente de España Felipe González que destacó el complejo y acertado paso hacia la paz del país y el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica quien recordó los difíciles pasos del complejo proceso de paz en Colombia, llamando a valorar sus experiencias conseguidas desde los acuerdos de los 90. Varias dirigencias indígenas, campesinas, comunitarias y de las victimas entregaron valoraciones comprometidas con la paz y que pusieron de presente las tensiones, riesgos y exigencias que levantan desde los sectores sociales y territorios. Las cabezas de la Comisión de la Verdad, la JEP y la UBPD entregaron valiosos informaciones y consideraciones. Y en la presentación de la declaración final, el exministro y exsenador Juan Fernando Cristo, también negociador del acuerdo, llamó al gobierno para que ojalá al haber asistido abriera la compuerta del diálogo solicitado y no concedido por los actores centrales de la paz.
La paz se ensombrece ante la gravedad de la crisis de violencia que se registra en Colombia
El Consejo de seguridad de la ONU que en cabeza de su Secretario General lidera la Misión Internacional de Monitoreo al Acuerdo de Paz en Colombia, ha expresado preocupación por la continuidad de los ataques contra líderes sociales, defensores de derechos y excombatientes, incluso en las actuales circunstancias de la pandemia.
“Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su profunda preocupación por las continuas amenazas, ataques y asesinatos contra líderes comunitarios y sociales, incluyendo mujeres lideresas y líderes y lideresas de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como los dirigidos contra ex miembros de las FARC-EP…”[1].
El informe de 2020 sobre los derechos humanos en Colombia de la ACNUDH, puso de presente la necesidad de atender las causas estructurales que generan violencia, especialmente en zonas rurales, y que están relacionadas con la falta de acceso a los derechos humanos y con su recomendación que exhorta al Estado a avanzar en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz, “de forma sostenida e integral, especialmente con respecto a las disposiciones relativas al enfoque étnico y de género y a la participación de las víctimas, con el fin de garantizar su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”[2].
Las distintas entidades del Sistema de la ONU en Colombia a mediados de agosto pasado emitieron una “enérgica condena por las masacres y demás graves hechos de violencia sucedidos en distintas regiones contra personas con liderazgo social, acciones de defensa de derechos y excombatientes acogidos a la paz. Al respecto afirmaron que en lo corrido de este año habían ocurrido 33 masacres y que realizaban seguimiento a 97 asesinatos y que la Misión de Verificación de la ONU al Acuerdo de Paz registraba 41 asesinatos de excombatientes en proceso de reincorporación, lo que significa un incremento del 10% con relación a 2019, de forma que se han acumulado 215 asesinatos contra ellos[3].
“…es fundamental hacer viable, con inversión e infraestructura, un conjunto de actividades económicas legales, verdaderos planes de desarrollo con enfoque territorial (…) Concentrarse en la hoja de ruta que dejó el acuerdo de paz en este sentido. Aunque el narcotráfico debe ser combatido, apostar todas las cartas a esta causa en el entendido de que esta es la matriz de todos los demás conflictos puede no ser lo más aconsejable”[4].
Con relación a la paz en Colombia, el Secretario General reitera lo planteado en sus anteriores informes de la misión especial de monitoreo sobre la necesidad de que el Estado y el Gobierno de Colombia respondan por los compromisos contraídos con las FARC, de forma que se avance hacia “la plena implementación de la totalidad del Acuerdo Final, cuyo enfoque es para solucionar las causas estructurales del conflicto y cuyas medidas están enfocadas a construir una paz, una seguridad y un desarrollo genuinos”[5].
Colombia debe acoger la Resolución 2532 del CS ONU: cese al fuego humanitario:
La Resolución 2532 expedida en pasado julio por el Consejo de Seguridad de la ONU refiere el efecto devastador de la pandemia en el mundo, prevé que “puede exacerbar las consecuencias humanitarias negativas de las situaciones de conflicto” y considera que podrán verse más afectados los países donde se registran situaciones de pobreza, conflictos armados, procesos de transición posconflicto a la paz cuyos avances “podrían quedar anulados”, y los afectados por crisis humanitarias. En Colombia concurren todas estas condiciones. De hecho, entidades del sistema de Naciones Unidas en sus informes, programas, acciones y misiones de acompañamiento y asesoría así lo han constatado.
En su reciente informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, reconoció que:
“La sociedad civil colombiana continúa participando activamente en cuestiones relacionadas con la paz e insistiendo en que la implementación no debe flaquear a raíz de la pandemia. Haciéndose eco de mi llamado a un cese al fuego global, actores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos y organizaciones de víctimas, continuaron pidiendo a todos los grupos armados ilegales del país que desistieran de la violencia para dar alivio a las comunidades ya afectadas por la pandemia”[6].
En virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede determinar cualquier amenaza a la paz o su quebrantamiento y tomar medidas militares y no militares para “reestablecer la paz y la seguridad internacional” (https://www.un.org/es/charter-united-nations/). “El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. De acuerdo con la Carta, todos los miembros de la ONU convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Este es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los Estados Miembros, conforme a la Carta, están obligados a cumplir” (www.un.org/securitycouncyl/es/content/what-security-councyl).
En consecuencia, el Estado colombiano, en cabeza de su Gobierno nacional, está en la obligación de cumplir con lo dispuesto por el Consejo de Seguridad en la Resolución 2542/2020, lo cual contribuirá a aliviar la situación humanitaria y a preservar los avances de la paz conseguidos. Por tanto, esta es una oportunidad importante para Colombia, el Estado a partir del Gobierno nacional, la guerrilla del ELN, las fracciones residuales o disidentes de los acuerdos de paz con las FARC y las estructuras narco-paramilitares ligadas con redes mafiosas, deben responder por razones humanitarias a esta exigencia de la ONU. De lograrse este propósito, en nuestro país se suspendería el conflicto armado y las formas de violencia política y social, Esto significará salvar vidas, facilitar las acciones sanitarias y humanitarias y alentar el logro de una paz completa.
Las exigencias de la Resolución 2542 de la ONU para el alto al fuego global
La Resolución 2542 de julio de 2020 en su primer punto exige: “El cese general e inmediato de las hostilidades en todas las situaciones”, lo cual no da lugar a pretextos para no asumirlo o condicionarlo, puesto que es una exigencia humanitaria que se debe adoptar de forma expedita e inmediata. Puede reconocerse que, a tono con la urgencia mundial de la pandemia, esta instancia de la ONU antepone justamente los principios de trato humanitario, inmunidad de la población civil y debida asistencia humanitaria, en contextos afectados por conflictos bélicos de cualquier naturaleza. Su segundo punto “Exhorta a todas las partes en los conflictos armados a que realicen de inmediato una pausa humanitaria duradera de al menos 90 días consecutivos, creando una situación favorable para la asistencia humanitaria en condiciones de seguridad”.
Su cuarto punto solicita garantizar, con el concurso de las entidades del Sistema de Naciones Unidas, la respuesta ante la pandemia “con especial hincapié en los necesitados, los que se encuentran en situaciones de conflicto armado o están afectados por crisis humanitarias”, hallándose todas esas circunstancias en Colombia. En su punto cinco el Consejo de Seguridad solicita al Secretario General de la ONU un informe actualizado de los esfuerzos que se demandan “en los países que se encuentran en situaciones de conflicto armado o estén afectados por crisis humanitarias”, subrayando el caso de países con operaciones y misiones para el mantenimiento de la paz estando también Colombia incluida en estas prioridades. El punto 6 solicita al Secretario General que dé instrucciones para las operaciones al respecto y a los Estados les demanda “adoptar las medidas adecuadas para el propósito de las acciones de mantenimiento de la paz y humanitarias” en el contexto de la respuesta a la pandemia.
El punto 7 llama a garantizar la participación de la sociedad y en especial de los sectores afectados, señalando al respecto el desproporcionado impacto negativo de esta crisis sanitaria y humanitaria en las mujeres, la infancia, los desplazados y refugiados y personas con discapacidades, lo cual se hace evidente también en nuestro contexto. La ONU avanzó con la adopción de un Plan Mundial de Responsabilidad Humanitaria, que “sitúa a las personas en el centro de la respuesta”.
Esta resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, por tanto, exige un alto al fuego en el conflicto bélico y para las diversas expresiones de violencia registradas en Colombia, que de ser acatado por todas las partes responsables al respecto, podrá contribuir de manera inmediata e importante en el alivio de la crisis humanitaria y hacia el cumplimiento de las recomendaciones en derechos humanos y paz entregadas al Estado colombiano por el conjunto de las instancias convencionales de la ONU.
En consecuencia, como ya lo manifestaron en comunicación las plataforma de derechos humanos y organizaciones sociales, las organizaciones sociales, políticas y diversas instituciones nacionales, deben movilizarse para contribuir con la adopción coherente de todas las acciones previstas con la Resolución 2532, esfuerzo que demanda fortalecer la exigencia social y ciudadana ante el silencio elusivo que ha guardado el Gobierno nacional al respecto, así como exigir a todos los actores del conflicto y de la violencia el acatamiento de los principios humanitarios y el cumplimiento del cese humanitario. Todo esto, reconociendo que el escenario de la construcción de la paz en Colombia pasa por reformas democráticas y sociales, como por la posibilidad del ejercicio de los derechos humanos en su integridad, la exigencia de inmediato cumplimiento de compromisos y acuerdos humanitarios para que cesen los ataques contra la población y se den garantías para la libre manifestación de la sociedad en todas sus expresiones autónomas y legitimas.
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[1] Comunicado de prensa del Consejo de Seguridad sobre Colombia, New York, 16 de julio de 2020.
[2] Situación de los Derechos Humanos en Colombia. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 26 de febrero de 2020, A/HCR/43/3Add.
[3] ONU, “Comunicado conjunto del Equipo País de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia”, 17 de agosto de 2020.
[4] “Cambio de estrategia”, editorial, El Tiempo, 21 de agosto de 2020, página 1.14.
[5] Antonio Guterrez, Secretario General ONU, Consejo de Seguridad, Informe Monitoreo Misión en Colombia, 2020, numeral 99.
[6] Idem, numeral 7.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: https://www.vanguardia.com/colombia/por-que-se-firmara-la-paz-el-26-de-septiembre-KFVL371694
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