“La muerte, por sí misma, sola, sin ninguna ayuda exterior, siempre ha matado mucho menos que el hombre”
José Saramago
Las intermitencias de la muerte
Que un soldado levante su fusil contra un ciudadano indefenso y desarmado e intente detener un vehículo que pretende esquivar un retén militar, disparando contra él sin mediar palabra, y apuntando más arriba de las ruedas para impactar a sus ocupantes, podría no ser novedad en Colombia. Pero que ocurra hoy, luego de la Masacre de Bogotá ejecutada por la policía, en medio de un alarmante aumento en las masacres y cuando se debate la competencia del ministro de Defensa, para mantenerse en su cargo y la necesidad de impulsar una reforma integral a la policía y al Esmad, y limitar la Justicia Penal Militar, JPM, nos indica que la violencia que ejercen las fuerzas militares y policiales está fuera de control y que por alguna razón se sienten con el derecho, incluso el deber, de asesinar a la ciudadanía. ¿Quién da la orden?
En la mañana del pasado 24 de septiembre un hombre desesperado denunció en un video que pronto se hizo viral en las redes sociales que un soldado acababa de asesinar a su compañera. La Fiscalía, para sorpresa de muchos, se pronunció pocas horas después, indicando que, por tratarse de una mujer transgénero, se trasladaría a la zona un experto para determinar si la identidad de género de la víctima «es relevante en el caso”. Pero lo único claro y cierto era que Juliana Giraldo Díaz, una mujer de 38 años, había muerto en estado de indefensión cuando se desplazaba por una carretera del Cauca, a causa de un disparo en la cabeza hecho por un soldado del ejército de Colombia en un retén militar.
La revelación de la Fiscalía sorprendió porque en un primer momento parecía irrelevante que la víctima perteneciera a la comunidad LGTBI, a menos que se apoyará en esta condición el posible móvil del homicidio, lo que parecía poco probable dada la forma en la que se cometió el crimen. Además, de tratarse de un asunto de género querría decir que el soldado la reconoció y disparó de manera intencional, por lo que se trataría de un crimen de odio, de un caso particular y no de una dinámica al interior de las fuerzas militares del país y menos de una instrucción superior de disparar contra los ciudadanos que no acaten una señal militar. En una primera versión el soldado implicado aseguró que el vehículo donde viajaba Juliana con otras tres personas trató de evadir el retén, por lo que disparó al piso, pero la bala rebotó lesionando a quien ocupaba la silla del copiloto. Sin embargo, los peritos del CTI de la fiscalía concluyeron tras una evaluación preliminar de balística y trayectoria, que la dirección horizontal y directa del proyectil negaba esta posibilidad.
“Según los primeros resultados del peritaje técnico, la bala que destrozó la parte posterior del cráneo de Juliana, sin orificio de salida, ingresó por el panorámico trasero del vehículo del lado derecho y de acuerdo con la huella que dejó en el vidrio, entró directamente y en línea horizontal, con lo cual se descarta la versión que indica que la bala haya entrado al carro Mazda de rebote desde el piso como lo aseguró el general Marco Mayorga, comandante de la Tercera división del ejército, a quien corresponde el control de esta zona”[1].
El soldado de 19 años fue apartado de su cargo y puesto bajo custodia militar. El fiscal Mauricio Noguera, quien coordina la investigación del caso, no descarta la discriminación como móvil, y la misma familia de Juliana recuerda que ella se sentía intimidada por los soldados de esa zona que se burlaban al revisar su cédula en la que aparecía un nombre masculino, sin embargo, un hermano del soldado asegura que éste es un campesino humilde que nunca ha tenido manejo de armas, que se encuentra muy afectado por los hechos, que incluso trató de suicidarse, y que ni siquiera sabía que se trataba de una mujer transgénero. Entonces ¿Quién le dio la orden de disparar cuando el vehículo no se detuvo en el retén?
Este crimen es muy similar a uno ocurrido en el 2003, cuando la editora del diario El Tiempo, Clara Inés Rueda, en la vía Bogotá – La Calera fue asesinada de un disparo propinado por un patrullero de la policía. Hoy de nuevo nos hacemos la misma pregunta: ¿Qué “normas de seguridad y qué instrucciones” recibe un agente patrullero [o un soldado] de 20 [o 19] años de edad en 12 meses de entrenamiento?
“Ese interrogante aún está por resolverse. No obstante, ya en 1995, al condenar a la Nación por la muerte de varios civiles en un retén móvil, el Consejo de Estado había advertido frente a la manera de respuesta de las autoridades: “…Es una conducta que muestra, con pasmosa frecuencia, que cualquier desacato, desata la ira de la autoridad burlada y conduce a una reacción excesiva signada por la pena de muerte. No intenta la autoridad detener los vehículos por otros medios más civilizados como sería el de hacer disparos a las llantas o colocar en el piso objeto punzantes o vallas de contención. …Esta conducta, precipitada y poco profesional, no debe escudarse en el territorio nacional porque las autoridades están precisamente encargadas de la recuperación y mantenimiento de la confianza pública y no para agravarla. Y para lograrlo deben someterse a la Ley y al derecho”[2].
No es nuevo entonces que un uniformado que porta armas del Estado y ejerce el llamado “monopolio de la violencia” -legitimado por ser Estado- se transforme en agresor y en principal violador de los derechos humanos. Y aunque nuestra historia siempre ha estado marcada por la violencia y la guerra, las narrativas del odio, el crimen, la sevicia y la impunidad, el caso de Juliana se produjo en un contexto de violencia exacerbada, crímenes de Estado, cinismo por parte del poder central, indolencia gubernamental, semi parálisis en el legislativo e impotencia ciudadana.
La muerte de Juliana se sumó a la ola de profunda indignación de un país herido, agobiado por la violencia y espantado con la sevicia y la crueldad demostrada por agentes de la policía en hechos recientes. Primero, vimos a dos oficiales abusando de su posición de poder, torturando en la calle a Javier Ordóñez pese a sus suplicas, para luego asesinarlo de modo salvaje en un CAI, causándole nueve fracturas en el cráneo, la destrucción del hígado, riñones, un ojo y colón a punta de golpes. Luego vimos a agentes de la policía disparando armas de fuego contra la ciudadanía, fueran manifestantes que rechazaban el asesinato de Ordóñez o transeúntes, en lo que quedó registrado para la historia como la Masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre; los vimos también con el chaleco oficial invertido para ocultar su número de identificación para agredir con total alevosía e impunidad, a palo, patadas o puños a las personas que se cruzaban por su camino, los vimos recibir lo que podrían ser armas hechizas de personas de civil, lanzar bombas incendiarias contra viviendas, entrar a ellas sin orden para agredir a personas mayores, vimos la criminalidad del Estado así, expuesta, directa, cruda, registrada en los celulares de valientes y asustados ciudadanos. Y sentimos que algo muy grave estaba ocurriendo en el país, que las palabras “democracia”, “estado Social”, “derechos”, no tenían cabida en nuestra oscura realidad, que el lobo feroz enseñaba su verdadero rostro. Sentimos miedo y dolor de país.
Pero no eran estos hechos solamente los que nos confirmaban que luego de soñar paz, el país había caído, una vez más, en el agujero oscuro del dogmatismo ideológico de extrema derecha y en la barbarie consentida desde el mismo Estado. Esta violencia policial se producía en medio de un torbellino de violencia sin control, asesinatos de líderes sociales, de indígenas, de ex combatientes de la guerrilla, de niños y adolescentes, como ocurrió en Llano Verde, al sur de Cali, el pasado 11 de agosto, donde fueron torturados y degollados cinco niños de familias humildes y desplazadas por la violencia. Cuatro días después 9 jóvenes fueron asesinados en Samaniego, Nariño. Según el último informe de Indepaz, en 2020 se han registrado 65 masacres, en las que han muerto 260 personas. Los departamentos donde más masacres se han cometido son: Antioquia (14), Cauca (9), Nariño (9), Norte de Santander (6) y Putumayo (4).
Al oscuro panorama y al estado de profunda consternación que nos dejaba esta violencia desbordada, se sumaron las declaraciones de algunos congresistas de extrema derecha, alineados al uribismo, alabando a la fuerza pública; escuchamos también al presidente Iván Duque, luego del brutal asesinato de Ordoñez y cuando la cifra de personas asesinadas por la policía en Bogotá llegaba a 7 casos afirmar lo siguiente: “Hemos visto hechos dolorosos el día de hoy pero hemos visto también la actitud gallarda, férrea, no solamente de los comandantes de la policía sino también del señor ministro de la defensa y de toda la institucionalidad para que se hagan las investigaciones”, y no contento con ello, se disfrazó de oficial de la policía con lo cual su mensaje fue tan claro como demoledor: Tomaba partido, fuere cual fuere el contexto, por la fuerza pública, respaldaba su accionar, incluso su proceder criminal, lo justificaba y no acompañaba a las víctimas (de hecho no asistió al acto de reconciliación convocado por la alcaldesa mayor, Claudia López). Estaba con los victimarios, o al menos así lo sintió buena parte del país; con esos mismos dos victimarios de uniforme verde, que habían levantado su mano para hacer el juramento de bandera por la convivencia y la seguridad ciudadana, pero que luego de acabar con la vida de Javier Ordoñez, se atrevieron en alarde de cinismo y estupidez, y contra toda evidencia, videos y testigos, a afirmar que le aplicaron el ‘taser’, no en el pecho ni en la cara ni en los genitales, sino en la paleta, porque “uno no es tan salvaje […]en ningún momento lo asesinamos. Lo recogimos, se ve que le aplicamos el ‘taser’, lo llevamos en la patrulla, lo dejamos en el CAI y ahí empieza a golpearse contra las ventanas. Al parecer estaba bajo efectos [de drogas]”. El informe de Medicina Legal negó que Ordóñez estuviera bajo los efectos de alucinógenos.
Luego escuchamos al ministro de Defensa que a la vez que presentaba un perdón oficial y no sentido, “por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución” se negaba a acatar la orden de la Corte tras el fallo de una tutela en la que se le exigía pedir perdón público por el abuso policial ocurrido durante el Paro Nacional de noviembre de 2019, suspender el uso de las “escopetas calibre 12” (arma con la cual fue asesinado el estudiante Dilan Cruz), por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hasta que se constate la existencia de garantías para la utilización responsable y mesurada de dicho instrumento.
“El alto tribunal, en una decisión de 14 puntos, también ordenó que el Ministro de Defensa, en las próximas 48 horas, presente disculpas por los excesos de la Fuerza Pública, en especial, por los cometidos por el Esmad durante las protestas desarrolladas en el país a partir del 21 de noviembre del año pasado. … El alto tribunal consideró que estas disculpas deberán difundirse por radio, televisión y redes sociales. Esto, sumado a que el alto gobierno debe expedir un acto administrativo en el cual ordene a todos los miembros de la Rama Ejecutiva, mantener neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso, si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Estado”[3].
Luego de que varios juristas señalaran que la orden de tutela era obligatoria y que de no cumplirse el funcionario estaba en riesgo de desacato, lo que podría acarrearle desde una multa hasta el arresto, el ministro Trujillo reitero de manera soberbia y obligada sus frías disculpas. Nadie la tomó en serio.
Esta barbarie que nos regresa a un pasado oscuro que creíamos estar superando, además de quebrantar la confianza de la ciudanía en sus gobernantes e instituciones, de ponerla de frente a una espantosa realidad que nos degrada humana y moralmente como sociedad, confirma que esta creciente ola de violencia, de crímenes de Estado, de inseguridad en los territorios, de perfilamientos ilegales, intentos de censura a la prensa, abusos y persecución, no son ajenos a un proyecto político autoritario, antidemocrático y profundamente represivo y regresivo en términos democráticos y de libertades ciudadanas; un proyecto que además se propone obstaculizar la implementación del Acuerdo de paz y condenarnos como nación a una nueva era de guerra, violencia y terror. Se trata del resurgimiento de un modelo de gobierno fascista de corte mafioso y raíces paramilitares; un modelo que se alimenta de la degradación moral, la indolencia, la falta de empatía y la pérdida de referentes éticos y humanos esenciales para la sana convivencia.
Pero aun cuando hoy sean poder no tienen ganada la partida de la historia. De manera simultánea importantes fuerzas democráticas nacionales han logrado articularse con organismos internacionales que observan con mucha atención la realidad que vive Colombia, escuchan a las víctimas, conceden máxima credibilidad a las organizaciones sociales, financian estudios e informes y hacen seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz y a posibles nuevas negociaciones con otros grupos armados. Y el gobierno debería tenerlo claro. No basta con repetir frases edulcoradas ante la ONU o con exponer cifras engañosas ante el mundo porque la realidad del horror atraviesa fronteras y en algunas altas esferas es tema de preocupación.
Durante la apertura del cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en Ginebra, Suiza, la Alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, se refirió a Colombia para rechazar los abusos policiales en las manifestaciones, los asesinatos de líderes sociales, y pedir garantías para la total implementación del Acuerdo de Paz.
“En Colombia mi oficina ha documentado 47 asesinados de defensores de derechos humanos en 2020, 44 casos más están en proceso de verificación…En relación con las recientes protestas en Bogotá y Soacha -donde el uso excesivo de la fuerza puede haber causado la muerte de hasta 13 personas, dejando más de 300 heridos, incluidos 77 con heridas de bala-, mi oficina está verificando los casos y ha ofrecido asistencia técnica en el manejo de las protestas con un enfoque de derechos humanos y democracia”. También afirmó que “el Acuerdo de Paz de 2016 abrió un nuevo capítulo para todos los colombianos y las colombianas, y debe ser implementado plenamente para prevenir más violencia y violaciones y abusos de derechos humanos”[4]”
No fue la única voz que desde el exterior exigió el retorno de Colombia al camino de la paz. Durante la ‘Primera Conferencia del Acuerdo de Paz’, convocada por el colectivo Defendamos La Paz (DLP), la parlamentaria alemana Heike Hänsel dijo que la implementación está siendo saboteada por el gobierno Duque, como se constata en su intento por minar y cambiar el mandato de la JEP. Igualmente, advirtió que la asistencia financiera y otras formas de cooperación con el actual gobierno de Colombia deben ser verificadas sino ofrece seguridad para los antiguos combatientes de las FARC y líderes sociales y no se respetan los Derechos Humanos. “Es inaceptable que la Unión Europea siga contribuyendo con fondos para la paz que son controlados por el gobierno. Se deben canalizar a las organizaciones que trabajan por la paz. Por su parte, Melanne Verveer, directora ejecutiva del Instituto para la mujer, la Paz y la seguridad de la Universidad de Georgetown, afirmó que “el proceso colombiano es un modelo ante el mundo. Colombia ha llegado lejos para permitir que la violencia y otros ataques minen esta búsqueda de la paz y la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia que tomó tanto en alcanzar. Yo digo con todos ustedes que debemos defender la paz. ¡Defendamos la paz!”[5]
El gobierno ya no puede limitarse a afirmar que el incremento de las masacres (que llama “homicidios colectivos” en un intento fallido por maquillar su verdadero rostro ante la historia) se debe al crecimiento del narcotráfico, heredado de la anterior administración; y no puede hacerlo porque ya lleva dos años de desgobierno, y porque no es esa no la única causa de la violencia. En los territorios hay una disputa entre los grupos ilegales interesados en dominar la economía, la política y la vida social, el Estado no hace presencia como debiera y solo propone explotación y represión en lugar de inversión social, la fuerza pública es entrenada para reprimir y atacar a la ciudadanía como si fuera una horda enemiga a destruir, y sus agentes reciben órdenes precisas de actuar de sus superiores (siendo una estructura jerárquica no es creíble que los abusos que son sistemáticos son causados por manzanas descompuestas, cuando lo que hiede es todo el árbol). Pero sin duda la principal causante del auge de la violencia y de este progresivo desvertebramiento constitucional del Estado Social es la luz verde que se emite desde la Casa de Nariño cuando se ha propuesto sabotear la implementación del Acuerdo de Paz.
Cuando en Colombia languidece la democracia y se incrementan la violencia y la corrupción es porque estamos ante el retorno del embrujo autoritario, pero no hay embrujo que dure cien años ni democracia que lo resista. Y su final está cada vez más cerca. Una nueva conciencia empieza a llenar el vacío del no gobierno en el cuatrienio de la no democracia. Ya se empieza a sentir y se verá en las calles el próximo 21 de noviembre en el gran Paro Nacional.
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[1] Noticias Uno; “Reconstrucción de escena de muerte de Juliana da pistas de verdad del hecho”. Bogotá,
27 septiembre de 2020. Consultado en: https://www.noticiasuno.com/nacional/reconstruccion-de-escena-de-muerte-de-juliana-da-pistas-de-verdad-del-hecho/
[2] El Tiempo; “¿Quién regula los retenes?” Redacción Judicial. Bogotá 9 de abril de 2003.
Consultado en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-987778
[3] Vanguardia; “Corte Suprema ordena suspensión de escopetas calibre 12 usadas por el Esmad”. Bucaramanga; 22 de septiembre de 2020. Consultado en: https://www.vanguardia.com/colombia/corte-suprema-ordena-suspension-de-escopetas-calibre-12-usadas-por-el-esmad-DK2914445
[4] Noticias RCN; Michelle Bachelet ofrece apoyo frente a las protestas en Colombia”. Bogotá, 14 de septiembre de 2020. Consultado en: https://noticias.canalrcn.com/internacional/michelle-bachelet-ofrece-apoyo-frente-las-protestas-en-colombia-362799
[5] Defendamos La Paz (DLP); “Primera Conferencia del Acuerdo de Paz’, Para ver la grabación completa ir a: https://www.facebook.com/watch/live/?v=655698851795990&ref=watch_permalink
Maureén Maya S
Foto tomada de: https://www.lafm.com.co/
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