El asunto es complejo, de acuerdo con la FAO al año 2019 135 millones de personas de 55 países tenían inseguridad alimentaria aguda, cifras que con la pandemia seguro se han seguido aumentando. Esto implica además que 75 millones de niños tienen retraso en el crecimiento y 17 millones padecen de adelgazamiento patológico (emaciación). También se ha demostrado, desde diferentes instancias públicas y privadas, una larga lista de enfermedades provenientes del consumo de productos que son perjudiciales para la salud humana, ya que contribuyen a problemas de obesidad, digestivos, respiratorios, cardiovasculares, entre otros. Se trata de una pandemia no oculta, pero que se pretende minimizar.
Distintas organizaciones multilaterales han estado llamando la atención sobre estas tragedias sociales. La malnutrición no solo da cuenta de los graves fenómenos de pobreza que se tienen en el planeta, sino de los hábitos alimentarios contraproducentes para la salud humana, que en el caso de niños, niñas y adolescentes deja la estela de generaciones sin las condiciones necesarias para enfrentarse a las exigencias de la vida, y esto incluso trasciende a los pobres, es un hecho social que atañe a todas las familias independiente de sus niveles de ingresos.
A este gran costo humano se suman otros que en el caso de la economía colombiana deben ser de toda la atención no solo de las autoridades gubernamentales sino de la sociedad. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud y Protección Social, el país debe gastar para atender enfermedades prevenibles unos 25 billones de pesos anuales. Siendo así, cualquier acción por prevenirlas y evitar estos gastos tendría un doble efecto virtuoso: Cuida la salud y reduce el gasto público improductivo. Así que las bebidas azucaradas, la llamada comida chatarra, o los malos hábitos en las dietas alimentarias, entre otros, hacen parte de unas prácticas sociales y productivas que tendrán, de alguna forma, que entrar a gestionarse de manera diferente.
Las alternativas para enfrentar las causas de estos fenómenos van desde no hacer nada hasta la prohibición total. Ambas problemáticas pero que tampoco dejan a otras medidas intermedias exentas de problemas tanto en su concepción como en su implementación. El Foro tenía como propósito explorar un impuesto a las bebidas azucaradas, pero la discusión permitió entender otras alternativas posibles.
Un impuesto como instrumento para incrementar los precios y lograr reducciones a la demanda de bebidas azucaradas es una figura exitosa que ya se ha venido implementando en más de 20 países y bajo recomendación de organismos multilaterales, los cuales se han planteado una tasa de al menos el 20% para que tenga efectos significativos sobre el consumo y por ende sea una medida eficaz para reducir la obesidad. México por ejemplo ha logrado en los últimos seis años disminuciones del consumo entre el 7.6% y el 12% y en Berkeley se documentaron descensos hasta del 21%.
De hecho y llevado a otros ámbitos, por ejemplo el ambiental, el mundo explora alternativas impositivas como garantía de unas trayectorias para reducir producción contaminante o incluso el consumo de productos, tal ha sido el caso de los plásticos, o más técnicamente para las reducciones de emisiones de carbono, que incluso le significó el otorgamiento del premio Nobel de economía 2018 a William Nordhaus. Son medidas de mercado no eficientes totalmente pero se constituyen en un camino para poder realizar pedagogías, aprendizajes en torno al uso y consumo de bienes.
Los instrumentos tributarios son importantes pero están atravesados por diferentes vicisitudes. Se podrían mencionar algunas, por ejemplo el que un mayor impuesto se le traslada al consumidor, esto hace que se disminuya la demanda de bebidas azucaradas, pero esto no acaba con el problema, simplemente lo disminuye. Otro factor es que esta demanda se pasaría a otro tipo de bebidas, por ejemplo alcohólicas, generándose un aumento de éstas y por ende la ampliación de otra problemática social y también de salud. Puede suceder que otras bebidas surjan como bienes sustitutos, sin que necesariamente sean saludables. Es decir, la disminución del consumo si se da con el impuesto, pero la sustitución no necesariamente es saludable.
Aunque se conocen cifras de disminuciones del consumo por los impuestos implementados, eso que los economistas llamamos elasticidades; no son evidentes los datos de rentabilidad. Es decir, un impuesto puede no ser trasladado a los consumidores sino ser asumido por el productor a través de aceptar una disminución en su tasa de ganancia, que aún a pesar de ello, sigue siendo lo suficientemente alta para mantenerse en el negocio. O compartirlo, tal y como ha sucedido con las bebidas alcohólicas; hechos que reducirían el efecto del impuesto. Así que se tendrían que plantear algunos temas necesarios de profundizar:
- ¿Cuánto se quiere disminuir el consumo? Esto nos llevaría a tener tasas impositivas que irían desde niveles mínimos, hasta tasas que volverían inviable la producción y comercialización de las bebidas azucaradas.
- Una elevación del precio afectaría el consumo que al segmentarlo perturbaría en primera instancia a los sectores de bajos ingresos, aspecto que si bien es una medida loable por sus efectos sobre la salud y el gasto, se convierte en inequitativa tributariamente y en un argumento a favor de quienes se contraponen al impuesto.
- ¿Se suben los impuestos a tal punto que simplemente son tasas equivalentes a una prohibición? Si es así pues se podría proponer la prohibición de este tipo de bebidas, tal y como se hace con otros productos.
Si bien entonces un impuesto a las bebidas azucaradas genera impactos que son beneficiosos para el conjunto de la sociedad, también lo es, que produce enormes dudas sobre su efectividad, es decir, que termina siendo una medida de impactos limitados. Se podrán entonces complementar con otras alternativas no punitivas, como una mejor educación; unos cambios culturales en el consumo que implican largos períodos de tiempo; el control a la publicidad engañosa dirigida al consumo energético para niñas, niños y adolescentes; la erradicación de las dietas escolares o la implementación de campañas costosas como las que se hacen con el consumo de bebidas alcohólicas o con el tabaco. Todas siguen siendo parciales, los problemas de salud y por ende de destinación de gasto público para atender sus efectos persistirán. En esto también entran otras discusiones como la comida chatarra y la necesidad de informaciones suficientes a través de etiquetados.
El mundo se apresta a entender que otras formas de producir y de consumir son necesarias si se quiere mantener la viabilidad del planeta. La idea de la sustentabilidad tiene que ponerse a la orden del día en nuestras agendas académicas y políticas y esto no es solamente un tema con la naturaleza, es también con todas las especies y con los seres humanos. La economía circular, la idea de lo verde es noble pero no suficiente para enfrentar las enormes cargas de materia y de energía disipada que existen. De hecho en Colombia solo se recicla el 21% y las grandes ciudades ya deben enfrentar cierres temporales debido a los altos niveles de material particulado.
Con los alimentos pasa lo mismo. La biotecnología nos tiene que servir para obtener cada vez mejores semillas, así como un control y mejoramiento a las cadenas productivas que nos conduzcan a tener alimentos cada vez en mejores condiciones para una vida sana. La producción industrial, de otro lado, debe hacerse bajo las más estrictas normas que garanticen la salud humana. La expedición de registros de sanidad deberá revisarse con sumo cuidado. No se trata que no produzcan, es que lo hagan de manera que el costo de sus externalidades negativas no se convierta en un problema humano y social de proporciones incontroladas.
El agua como derecho es otro componente de la discusión. Agua potable y disponible para el consumo humano sin restricciones de acceso. Muchos de los lugares del país, en especial la ruralidad no cuenta con agua potable pero si acceso a bebidas con altos componentes de azúcares. En estos sitios no hay posibilidad de optar por otros consumos, las bebidas azucaradas son prácticamente obligatorias.
Los nuevos tiempos, esas otras realidades en las que estamos, nos vienen revelando otras posibilidades. Las economías campesinas, que se ha demostrado no solo tienen una alta productividad sino que son producciones ecológicamente sanas, han sido capaces de abastecer los mercados internos. El hambre en las ciudades no es un problema de oferta, es de demanda por la caída de los ingresos. Adicionalmente, su distribución se realiza a través de circuitos cortos, más eficientes tanto económica como ecológicamente. Las producciones sanas desde las economías campesinas deben ser el camino para encontrar alternativas de consumo saludable. Consumo de lo nuestro y además sano, son los elementos de un nuevo paradigma de la vida, que debe ser del cuidado propio y de los demás.
Jaime Alberto Rendón Acevedo, Director Centro de Estudios e Investigaciones Rurales, Universidad de La Salle
Foto tomada de: https://www.eltiempo.com/
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