Transcurrieron pocas horas desde que la jueza 30 dejó al exmandatario en libertad cuando éste ya se dirigía al país desde El Ubérrimo leyendo un documento de 38 puntos en el que hizo algunos comentarios sobre su proceso y expuso algunas reflexiones sobre “el presente y el futuro de Colombia” en lo que parece ser una hoja de ruta con miras a las próximas elecciones presidenciales.
Insiste Uribe en afirmar que la JEP ha consagrado “la impunidad total a atrocidades como el secuestro y la violación de menores”, que “las víctimas siguen burladas”, que se debe “insistir en la derogatoria de la JEP y en la reforma de los acuerdos de La Habana”, que “la derrota de la impunidad y del narcoterrorismo … constituye premisa para una mayor eficacia del principio de Seguridad con Legalidad” que guía al Presidente Duque (¿no es este el de ” Paz con Legalidad”?). Insiste en reducir el tamaño del Congreso y la burocracia y oponerse a “las confiscaciones del socialismo, a sus impuestos y restricciones asfixiantes que inhiben la creatividad”, reemplazándolos por una “Economía Fraterna”.
Para lograr sus propósitos, el expresidente propone un referendo y para atraer a los electores a las urnas, ofrece reducir los impuestos, apoyos económicos y sociales, becas y progresos en conectividad; reducir la jornada de trabajo y bono solidario para los niños de hogares de menores ingresos. Todo ello sin mencionar dónde están los recursos para lograr el cometido.
Comenzaba el país a asimilar el planteamiento de Uribe cuando surgieron dos propuestas más de acudir al mecanismo del referendo como estrategia electoral: la del senador Roy Barreras y la del senador por Cambio Radical, Rodrigo Lara. El primero, conocido por ser un ardiente defensor del proceso de paz y de la JEP, propone la revocatoria del mandato para el Presidente, así como el derecho al salario mínimo universal y la educación gratuita. El segundo, también propone someter varios temas a consideración de los electores como una renta básica para los sectores más desfavorecidos, definir un marco tributario progresivo que favorezca a la pequeña empresa y crear un programa público para quienes hayan perdido su trabajo, pero como Uribe y Barreras no aclara de dónde saldrían los recursos.
No solamente obviar el tema de los dineros para hacer realidad lo prometido genera incredulidad. También debe tenerse en cuenta el asunto de los tiempos y los obstáculos a vencer.
Cuando en la cúspide se su popularidad, Álvaro Uribe quiso sacar adelante lo que hoy propone, así como el tema de las Contralorías y del Consejo de la Judicatura, solo una de las 20 preguntas planteadas superó el umbral. Hoy, en el ambiente de crispación política que reina en el país, convocar un referendo es una tarea compleja. En primer lugar, para que la propuesta tenga éxito, se requiere reunir, ante todo, un número de firmas equivalente al 5 por ciento del censo electoral, es decir, cerca de 1.800.000 firmas para que el Congreso apruebe la convocatoria. A continuación, para que el referendo sea avalado se requiere un número aproximado de 9 millones de votos en cada pregunta, la mitad de los cuales debe ser por el “si” para que sea aprobado. Ello, sin tener en cuenta el tiempo para adelantar todos los trámites antes de las elecciones puesto que la votación no puede coincidir con ningún otro acto electoral, ni los costos de la operación en la situación que conoce el país en estos momentos. De ello se desprende, como lo han anotado varios analistas, que estas son jugadas que buscan captar algunos factores de agitación con miras a 2022.
Y mientras la clase política se prepara para la liza electoral, estudia posibles alianzas y prepara consignas de campaña, la deslegitimación de los poderes públicos erosiona la confianza de los colombianos en sus instituciones. No pasa una semana sin que se conozca la muerte de un líder social, de un excombatiente de las FARC o un acto de corrupción que opaca al de la semana anterior.
Para no desentonar con lo que ocurre en otras latitudes, el Gobierno y sus áulicos se distinguen cada vez más por su talante autoritario y soberbio. La actitud despectiva hacia los reclamos de sectores populares y la minga de los indígenas y las negritudes son prueba palpable de ello, a lo que se suman las crecientes pruebas de nepotismo y censura al pensamiento. Primero fueron las perfilaciones de los forjadores de opinión o comentaristas de la realidad nacional; después la censura de programas de televisión y el cese de contratos de periodistas críticos o independientes. Lo último ha sido el vergonzoso acto de intimidación de la Fiscalía que ordenó la inspección de las instalaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) como retaliación por las denuncias que hiciera la periodista Marcela Díaz quien puso al descubierto las malas prácticas de su jefe, Juan Pablo Bieri, cuando este era director de RTVC y censuró el programa Los Puros Criollos de Santiago Rivas. Además, como si fuera poco, según Naciones Unidas con el asesinato de Juan de Jesús Monroy, quien era un impulsor de la paz en el Meta, se ha llegado a la aterradora cifra de 234 desmovilizados asesinados desde el Acuerdo de Paz, 146 en el actual gobierno.
Según un adagio popular “muerto el perro, muerta la sarna”. Muchos, en esta sociedad, atormentada por sus odios y rencores parecen pensar que “muertos los opositores, muerta la oposición”. Los meses que quedan antes de las próximas elecciones presidenciales serán testigos que una creciente agitación social atizada por la difícil situación de millones de colombianos empobrecidos cuyos clamores no llegan a la cúspide del poder y a su círculo de amiguetes. ¡Ojo con el 2022!
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: El Confidencial
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