Tampoco pudieron menguarla las puestas en escena de noches de miedo, con supuestos ataques vandálicos a conjuntos residenciales en Cali y Bogotá; ni la parodia de “Conversación Nacional” que el Gobierno Duque prolongó hasta mediados de marzo de 2020 y cerró lánguidamente, con paños de agua tibia, al margen de la negociación del Pliego presentado por el Comando Nacional de Paro, conformado por las diversas organizaciones sociales.
No obstante, la movilización tuvo su punto de inflexión con la pandemia del covid-19. El confinamiento provocó una pausa en la calle, pero, no logró acallar los reclamos ni las dinámicas de articulación. Los intercambios entre organizaciones y diversas expresiones sociales migraron, también, como otras actividades educativas, culturales y económicas, a los espacios de comunicación en línea y a las redes sociales.
Paralelamente, continuaron los asesinatos de líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos, ambientales y de excombatientes; las agresiones del ESMAD continuaron, incluso, en acciones de desalojo de comunidades marginadas y proliferaron las masacres. La sociedad se empobreció y las banderas rojas flamearon en las ventas de las viviendas en barrios precarizados, marginados de los beneficios, en medio del clamor por la renta básica universal a la que el gobierno nacional respondió, de manera parcial, con un ingreso solidario, paliativo e irrisorio, para tres millones de familias, mientras campeaba la corrupción a través de los auxilios alimentarios de emergencia a sectores de la población, con ostensibles sobrecostos, se paralizaban sectores de la producción con afectación de la economía informal, de las ventas ambulantes y quiebra de pequeñas empresas, mientras los bancos elevaban sus tasas de interés, en medio de la pandemia.
El abuso policial, unido a los comparendos, se intensificó en contra de ciudadanos del común, mediante detenciones arbitrarias y agresiones en varias ciudades, hasta el punto de provocar la muerte de personas en diferentes hechos. La indignación de la ciudadanía se desbordó en barrios de distintas ciudades con ataques a los CAIs que tuvieron como respuesta la represión policial con armas de fuego, como ocurrió en Bogotá por parte de la policía en los luctuosos hechos ocurridos entre el 9 y el 14 de septiembre, cuando hubo más de 12 mil personas participando en más de 112 acciones de protesta colectiva.
Gradualmente, ha comenzado a reactivarse la movilización callejera, en un nuevo contexto garantizado por la respuesta positiva de la Corte Suprema de Justicia y de los Tribunales Superiores de Cundinamarca y de Bogotá, frente a recursos de tutela y demandas presentadas por grupos de ciudadanos para proteger el derecho a la protesta social pacífica, de reunión y de prensa, mediante el diseño e implementación de protocolos relacionados con acciones preventivas, concomitantes y posteriores, así como en la no estigmatización de la misma y la suspensión del uso de armas como la escopeta calibre 12 y del uso de gases lacrimógenos; esto último, por parte del juzgado quinto laboral del circuito de Bogotá, frente a los riesgos causados por la pandemia del Covid-19.
Simultáneamente, la movilización de la Minga que durante el mes de octubre recorrió más de 500 kilómetros, desde el Cauca para llegar a Bogotá, en un nuevo intento de reunirse con Duque, constituyó un ejercicio de pedagogía de la movilización social que le mostró al país el contraste de liderazgos, de motivos, de propósitos y de autoridad moral. Un conglomerado de organizaciones sociales indígenas, campesinas y estudiantiles acompañadas de liderazgos sociales y de la guardia indígena, planteando la defensa de la vida, del Acuerdo de Paz y del territorio, frente a un equipo de gobierno huidizo, evasivo y calumniador, incapaz de sentarse a conversar con aquellas comunidades a las que en campaña dijera defender.
El camino de la movilización se reactiva con la jornada de paro nacional del 21 de octubre, con acompañamiento de la Minga Indígena en Bogotá y con manifestaciones en más de treinta ciudades del país. Son expresiones sociales que mantienen los objetivos del Comando Nacional de Paro y que evidencian el sentido del autocuidado y del cumplimiento de normas sanitarias en el contexto de pandemia, así como el consistente ejercicio de protesta ciudadana de carácter pacífico, capaz de contrarrestar los consabidos discursos y mensajes estigmatizadores y descalificadores a su validez social, política y legal. Además, la situación se ve agravada por la continuidad de crímenes contra líderes sociales y masacres. Tal fue el caso del, afortunadamente fallido, intento de asesinato del Senador Indígena Feliciano Valencia, en el departamento del Cauca y el indignante crimen cometido contra Jorge Solano, líder social, presidente de la organización de Víctimas de desaparición forzada ASVIDA, asesinado el 03 de noviembre en Ocaña.
En esta coyuntura, se dinamiza el proceso de análisis de la situación política, social y económica del país y se afianzan procesos de unidad que van a permitir articular esfuerzos y acciones conjuntas en la preparación del Paro Nacional del 19 de noviembre próximo, mediante la realización de concentraciones y movilizaciones para denunciar las amenazas contra la dirigencia sindical de Fecode y de la Central Unitaria de Trabajadores, así como frente a la violación de derechos humanos con respecto a los asesinatos y masacres y en defensa del pliego de emergencia en el contexto de pandemia, crisis económica y emergencia social que vive el país.
El último bimestre de 2020 estará engalanado con la expresión social y cultural en las calles y plazas del país, en dinámicas de conmemoración del paro nacional del 21N. Al respecto, el Comando Nacional de Paro –CNP- cuenta con una nutrida agenda de actividades que vienen desde el mes de octubre y se proyectan desde el 5 de noviembre en apoyo a los trabajadores de la salud, a los campesinos con respecto a la protección del sector agrario, en conmemoración de la muerte de Dylan Cruz a manos de un oficial del ESMAD y en la promoción del 25 de noviembre como el día de la no violencia contra las mujeres, contra el terrorismo de Estado y el 10 de diciembre en el apoyo al día internacional de los Derechos Humanos.
En estos ejercicios de reflexión y acción social, cultural y política se busca avanzar hacia la interlocución con el gobierno Nacional en procura de la negociación del Pliego Nacional de Emergencia. Para ello, además, se precisa la realización de asambleas de organizaciones sociales, el fortalecimiento de comités departamentales y municipales de paro, así como activar la diversidad de expresiones socioculturales.
Por todo ello, no es para nada casual que, en un intento por desviar la atención ciudadana, el Gobierno Duque programe para el día 21 de noviembre como el tercer día sin IVA del año, en vano esfuerzo por restar visibilidad y fortaleza a la movilización ciudadana.
Así que, como típica costumbre, fiel a la consigna de “si no puedes convencerlos confúndelos”, la contraparte gubernamental acudirá, con el concurso de los grandes medios de comunicación, al impulso de mensajes distractores, al sedante decembrino y a las luces navideñas. Con ello, pretenderá soslayar el descontento e indignación frente a la hambruna que se cierne sobre muchos hogares. Su propósito es silenciar y acallar la indignación social frente al alto nivel de vulnerabilidad frente a la pandemia en las zonas marginadas donde son comunes el hacinamiento, la carencia de servicios sanitarios, la desprotección y el uso de medidas punitivas de desalojo mediante el ejercicio de la brutalidad policial, como pan de cada día en distintas ciudades de Colombia, coherente con la indiferencia gubernamental frente a los derechos humanos.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Semana.com
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