Vale la pena recordar que luego del apretado triunfo del No en el Plebiscito el 2 de octubre de 2016 fue necesaria la movilización social nacional e internacional en pro de la defensa de la vía del Acuerdo para cambiar la historia de más de 50 años de enfrentamiento armado y avanzar hacia la paz completa incluyendo al ELN; simultáneamente, esto propició un clima favorable para que el gobierno optara por un pacto de coalición mayoritaria, con base en el Artículo 22 de la Constitución de 1991, que se refiere a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Así se llegó a la introducción de ajustes a lo pactado en la Mesa de La Habana y a tramitar, a través del Congreso, los Actos Legislativos pertinentes para la terminación del conflicto armado y expedir las leyes y decretos para su implementación, con sentencia positiva de la Corte Constitucional.
En aquel momento, con el acompañamiento de Naciones Unidas y de Cuba y Noruega como países garantes, se planteaba la pertinencia de avanzar hacia una coalición que facilitara la elección de un gobierno de transición para implementar lo pactado en el Acuerdo de Paz. Contrariamente, dadas las fracturas políticas predominantes en los sectores políticos defensores del Acuerdo, el resultado fue la victoria de la ultraderecha con un mandato partidista orientado a hacer trizas los Acuerdos.
Como es evidente, incluso, sectores defensores del Acuerdo de Paz entraron en la coalición del nuevo gobierno, o han fluctuado entre ser partidos de gobierno o declararse en independencia. Hoy es más claro que al seno del propio Gobierno Santos anidaba la ambivalencia entre la defensa de la negociación y la perspectiva de reducir el Acuerdo de Paz a su mínima expresión. De allí, es explicable la entrada en escena, a través de la Fiscalía General de la Nación, de Néstor Humberto Martínez, quien llegó con una agenda enfocada en la construcción de una alianza con la administración de Estados Unidos en pro de la narcotización de la política exterior colombiana y el sabotaje al Acuerdo de Paz.
Como lo recuerda Medina (16,11,2020), el entonces Fiscal Martínez, después de visitar a la Fiscal de Estados Unidos, Loretta Lynch enfiló baterías contra la erradicación manual de cultivos de uso ilícito e impulsó la reanudación de las fumigaciones aéreas, desconociendo el Acuerdo de Paz e impulsando una alianza con la DEA. Al respecto, Medina hace referencia al Informe del periodista Edinson Bolaños (09,11,2020) con relación a la entrevista a Néstor Humberto Martínez donde este personaje queda en evidencia con respecto al entrampamiento realizado contra Jesús Santrich en una operación de narcotráfico con participación del Cartel de Sinaloa, representado por dos mexicanos que resultaron ser funcionarios de la DEA. Al respecto, el periodista de El Espectador da cuenta de la existencia de 24.000 audios del expediente Santrich que cubren la creación y el desarrollo de dicho montaje. El blanco de ataque no era solamente la extradición de Santrich y de Iván Márquez, sino el empeño por desacreditar a la Justicia Especial para la Paz. No obstante, ni la Fiscalía ni el Ministerio de Justicia ni las autoridades judiciales de Estados Unidos colaboraron con la entrega de pruebas a la JEP e incumplieron los protocolos relacionados con este tipo de trámites. La vuelta a las armas de un grupo de dirigentes de la exguerrilla de las Farc, además de un error estratégico de su parte, es el fruto de este sabotaje fraguado desde la Fiscalía.
De allí la importancia del debate de control político con respecto al papel de altos funcionarios del gobierno con respecto a este expediente, citado por los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras, Iván Cepeda y Antonio Sanguino.
No obstante, el papel de la Fiscalía en cabeza de Néstor Humberto Martínez, no es un hecho aislado; en junio de 2018, como lo refiere W Radio (23,11,2020), se generó tensión entre la Fiscalía y la JEP con respecto a las facultades referentes al inventario de los bienes de las Farc, incluyendo los relacionados con la extinción de dominio. En marzo de 2019 la Corte Constitucional le reconoció dicha atribución a la Fiscalía. Después del inventario entregado por las Farc el 15 de agosto de 2017, mediante decreto 1080 de 2020, el gobierno amplió el plazo que vencía en julio de 2020 hasta el 31 de diciembre. Contradictoriamente, la Fiscalía se adelantó a la finalización del inventario y a declarar testaferros a elementos y personas en 14 casos donde existen presuntos falsos testigos e irregularidades advertidas por los jueces.
A comienzos de noviembre de 2020, cerca de 2 mil excombatientes de la guerrilla, marcharon desde distintas regiones del país hacia Bogotá, en rechazo a los asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz. Hoy, día de aniversario de la firma, con el asesinato de Paula Osorio, en zona rural de Yuto-Chocó, según datos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el número de homicidios se eleva a 251. A diferencia de la Minga y gracias a la presión nacional e internacional, el Presidente Duque se reunió con una delegación para hablar de garantías. Así mismo, mediante el decreto 1543 del 24 de noviembre de 2020, el Gobierno reglamentó la posibilidad de acceso a tierras para los excombatientes, a través de la sociedad de Activos Especiales y bajo condiciones de contar con un proyecto productivo aprobado por la ARN; pese a no haber quedado consignado en el Acuerdo, se considera esto como un elemento fundamental del proceso de reincorporación.
En la coyuntura, también es de destacar la morosidad institucional, el marginamiento de la sociedad civil y la disminución del presupuesto para los entes encargados de la implementación del Acuerdo de Paz. Se presentan recortes en la Agencia Nacional de tierras, en la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de desarrollo Rural. Presupuestalmente, se establece un aumento del 10% para los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En septiembre, el Congreso aprobó la ley que autoriza asignar recursos de regalías mineras previstas para los próximos diez años a la implementación de PDET. Sin embargo, los partidos de oposición, incluido FARC, replican que los fondos siguen siendo insuficientes, ya que se están destinando a otros fines.
En el mes de agosto, la Contraloría General de la República, en su cuarto informe de seguimiento a la ejecución de los recursos en la implementación del Acuerdo Final, presentado al Congreso planteó que en 2019 la ejecución superó los años anteriores, ya al ubicarse en un 83%. No obstante, advirtió que, a ese ritmo de ejecución, la implementación se extendería a más de 25 años, frente a los 15 planteados inicialmente.
Como lo reporta el Informe del Secretario General de Naciones Unidas en la Misión de Verificación (S/2020/943), en el contexto de la pandemia, el gobierno Duque plantea como pilares la recuperación del empleo, el crecimiento limpio y sostenible. Dice proponer inversiones del 10% del PIB en compromiso con los más pobres y vulnerables, con el campo, la paz con legalidad y la salud. En contraste, los acuerdos de libre comercio golpean a los trabajadores del campo y se asiste al empobrecimiento campesino, mientras crece la importación de alimentos e insumos que se producen en Colombia, a la par que avanza la precarización urbana con un retroceso de más de diez años en materia de indicadores al pasar del 28% de pobreza al 36% en el segundo año de gobierno, mientras tanto, la deuda externa supera el 53.6% del PIB, según datos del Banco de la República.
En una coyuntura de radicalización de la violencia contra los líderes sociales y las comunidades, proliferan las masacres y asesinatos selectivos en diversas regiones, mientras los altos funcionarios gubernamentales adjudican los hechos al narcotráfico y abogan por la vuelta a la aspersión con glifosato, como solución.
En este contexto, se ha logrado que la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia emita fallos favorables al ejercicio de la protesta social. En contravía, el gobierno se ha manifestado reticente y sesgado frente al actuar violento de la policía, tanto en ciudades y campos como en centros de reclusión.
El momento político, sin embargo, deja interrogantes frente a la próxima entrada en escena del nuevo gobierno en Estados Unidos, en principio más proclive al respaldo del Acuerdo de Paz, dado que la administración Obama tuvo incidencia en el proceso de negociación, al tiempo que se va delineando la nueva coyuntura electoral en el país, con incidencia en nuevos alineamientos políticos que incidirán en la dinámica de los distintos partidos, incluidos los intereses electorales al seno del Centro Democrático.
En la coyuntura, es pertinente abordar temas estructurales contemplados en el Acuerdo de Paz:
Reforma rural Integral. Está planteada la adjudicación de 3 millones de hectáreas y la formalización de siete millones. La creación del Fondo de Tierras dentro de un enfoque de buen vivir, con proyectos necesarios en educación, salud, servicios básicos. Para ello, se considera la importancia de los 16 PDETs firmados. No obstante, a la fecha, solo uno (Catatumbo) tiene una ruta definida.
Según los líderes sociales de Buenaventura, Arauca, Caquetá y Cauca, hoy el objetivo de los PDETs parece haberse deformado. En la mesa que conforman organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Proceso de Comunidades Negras (PCN), entre otras, plantean que la Agencia de Renovación del Territorio (ART), viene ejecutando sin contar con las comunidades. Plantean que las entidades llegan a realizar obras sin informar y si se les critica, se van para otra parte. Como es de recordar, durante la fase de formulación consultaron alrededor de 220 mil personas, en ejercicios participativos lo que generó grandes expectativas. En contraste, hoy las veedurías a los PDET han sido desconocidas.
Como afirman los voceros de las comunidades, los programas se han reducido a la construcción de pequeñas obras de infraestructura, sin contar con el aval de las poblaciones. Generalmente, son obras de infraestructura sin participación comunitaria, por lo que no hay transformación territorial. Así mismo, se plantea que el catastro multipropósito se quedó en la planeación. El Gobierno sigue implementando el catastro multipropósito para actualizar los datos relativos a la propiedad y el uso de la tierra en todo el país, con miras a promover el desarrollo rural. De los 79 municipios incluidos en la primera fase del catastro multipropósito, se dio prioridad a 13 en una primera etapa de organización y titulación de tierras. En un municipio piloto, tras implementar el catastro se otorgaron más de 1.000 títulos de propiedad.
Participación Política. Su sentido consiste en brindar garantías para la oposición. Fortalecer la diversidad de voces en la política y lograr mayor participación en los asuntos públicos en un proceso que permita sacar las armas de la política. Al respecto, se han mantenido las garantías al Partido Farc con sus 10 curules en el congreso. En julio, la Senadora Griselda Lobo fue elegida segunda vicepresidenta del Senado para la legislatura 2020-2021. También, el Senador Israel Zúñiga fue elegido segundo vicepresidente de la comisión legal del Congreso sobre la población afrocolombiana.
No obstante, no se ha cumplido con la implementación de los 16 escaños circunscripciones especiales para la paz. Hay lentitud en implementación del Sistema Integral de garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Sisep.
Así mismo, la coalición de gobierno tiende a monopolizar los órganos del sistema de controles y contrapesos, nombrando miembros del gobierno en la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía y magistrados en las cortes y el Consejo de Estado, incluso, sin que cumplan con requisitos de experiencia e idoneidad. A la par, el uribismo no ceja en su empeño por atacar el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y voluntad de no repetición, especialmente, al orientar su ofensiva contra la JEP y la Comisión de la Verdad, piedras angulares del Proceso de Paz, con el fin de garantizar la impunidad.
Fin del conflicto. El gobierno ha puesto el énfasis en los elementos de la reincorporación a la vida civil y en la dejación de armas por parte de la guerrilla. Al respecto, esto se ha venido cumpliendo, con la anotación del sabotaje realizado mediante entrampamiento a Santrich y la vuelta de un sector Farc a la confrontación armada. Como se sabe, a través de la historia de los diversos procesos de paz en el mundo, generalmente, quedan grupos residuales en armas que van perdiendo los objetivos que inspiraron su conformación y accionar político-militar.
En la coyuntura de pandemia, el 3 de septiembre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización emitió una resolución prorrogando hasta el 31 de enero de 2021 las condiciones flexibles para que los excombatientes reciban asignación mensual y finalicen el diseño de las hojas de ruta colectivas e individuales.
Por su parte, el grupo FARC busca establecer un sistema nacional de reincorporación con mayor participación institucional en la implementación de la Ruta de Reincorporación, acorde con la Política Nacional de Reincorporación (CONPES 3931).
Existen 66 proyectos colectivos aprobados hasta la fecha, con 2.928 excombatientes (incluidas 837 mujeres), con asignación de fondos para 49 proyectos y 2.281 excombatientes (incluidas 650 mujeres). También se aprobaron 158 proyectos individuales, para 1.734 excombatientes (incluidas 379 mujeres). A la fecha, cerca de un tercio de los exmiembros de las FARC-EP han recibido apoyo financiero mediante proyectos individuales o colectivos.
Actualmente, más de 9.300 excombatientes viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación con mayores vulnerabilidades en cuanto a la seguridad, dificultad en oportunidades productivas y poco acceso al apoyo institucional. En agosto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y FARC iniciaron la implementación de la estrategia de reincorporación comunitaria.
En materia de seguridad, frente a los homicidios y agresiones, a la fecha, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación reporta 31 condenas y 20 casos en etapa de juicio relacionados con ataques contra excombatientes. Informa, así mismo, que fueron detenidos 4 sospechosos de autoría intelectual, sumando 15 desde la firma del Acuerdo Final.
Durante el año de 2020, en el contexto de pandemia, se han recrudecido las masacres y persisten los homicidios y agresiones contra las personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos. El departamento del Cauca se mantiene como uno de los más peligrosos para los líderes sociales. También, subsisten los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las comunidades locales debido a las operaciones de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en varias regiones, entre ellas Nariño, Norte de Santander y la zona fronteriza entre el Meta y Guaviare.
Desde la Comisión de Seguimiento de Naciones Unidas se ha insistido al Gobierno para que reactive la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y cuyo mandato es elaborar una política pública de desmantelamiento de grupos armados ilegales y redes de apoyo. Se insiste en que es perentorio que esta Comisión avance, muestre resultados, porque contar con esa política pública y su posterior implementación puede tener un efecto práctico importante en la evolución de la violencia en los territorios.
Solución al Problema de las drogas ilícitas. El gobierno persiste en su empeño de implementar la fumigación con glifosato. De 99.097 familias inscritas en el PNIS, 35.393 están encabezadas por una mujer. Solamente el 2.1% tiene proyecto productivo avalado para reemplazar la hoja de coca. Son preocupantes también las condiciones de seguridad en varias regiones en que se cultiva coca, donde comunidades y líderes siguen enfrentando riesgos y la inseguridad repercute en las visitas de monitoreo.
Víctimas. EL Gobierno fracasó en su campaña de objeciones a la JEP. No obstante, mantiene su campaña de hostilidad contra todo el sistema de Verdad, Justicia; reparación y Voluntad de No Repetición. Incluso, cuestiona las declaraciones hechas por los excomandantes de Farc frente a su responsabilidad en los seis casos de homicidios donde se incluye a Álvaro Gómez Hurtado.
Es de anotar que La Jurisdicción Especial para la Paz sigue avanzando en sus siete macro casos. A la fecha se ha acreditado cerca de 308.000 víctimas, en su mayoría mediante acreditaciones colectivas de comunidades étnicas. También, miembros de la Fuerza Pública dieron 26 versiones individuales en el caso 003, relativo a ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes estatales presentadas como bajas en combate (conocidas como “falsos positivos”). En septiembre, varios dirigentes del partido político FARC comparecieron ante la Jurisdicción Especial para dar sus versiones en relación con el caso 007, relativo al reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
Es de destacar la prórroga de la Ley 1448 por diez años más. Sin embargo, se persiste en priorizar la reparación individual sobre la reparación colectiva, con bajos niveles de ejecución y cobertura, en un país de más de ocho millones de víctimas individuales y más de 655 casos de reparación colectiva que incluyen a organizaciones campesinas, étnicas, sindicales, de periodistas, de municipios y de ONG´s.
Implementación, Verificación, refrendación. No se presentan avances en el Capítulo étnico ni en el sistema de información para el postconflicto. Tampoco se ha tomado ninguna medida con respecto a la recomendación formulada por la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos al Consejo Nacional de Reincorporación para crear una mesa técnica sobre cuestiones étnicas, y en el período sobre el que se informa no se ha avanzado en integrar un enfoque étnico en el proceso de reincorporación
En cuestiones de Género, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo un importante motivo de preocupación, dado el incremento de los riesgos en el contexto de pandemia. Los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales continúan ejerciendo la agresión sexual para intimidar y controlar el territorio, afectando a las mujeres, las niñas y la población LGBTI.
La Misión y el Secretario General impulsa en Colombia el cese del fuego, en procura de lograr una importante reducción de la violencia en ese periodo. Así mismo, insisten en que se capture y juzgue a los autores materiales e intelectuales de crímenes contra los líderes sociales y excombatientes, dado que esto es, también, un elemento disuasivo.
Por último, la antesala de la coyuntura electoral, la entrada del nuevo gobierno en Estados Unidos y los cambios en los gobiernos latinoamericanos va trazando un nuevo escenario de oportunidades, al resquebrajar la estrategia geopolítica y estrechar el margen de maniobra del gobierno Duque, con el languidecimiento del Grupo de Lima y sus pretensiones de incursionar en Venezuela. Esto, puede tener consecuencias en la dinámica interna y puede constituir un factor interesante en la dinámica sociopolítica que se avecina.
Fuentes:
Medina Medófilo. El atentado de la Fiscalía y la DEA contra el Acuerdo de Paz. Razón Pública. Noviembre 16 de 2020.
Ver: https://razonpublica.com/atentado-la-fiscalia-la-dea-acuerdo-paz/
Bolaños Edinson. Los audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP sobre el caso “Santrich”. El Espectador. Noviembre 09 de 2020.
Redacción Política. El Nuevo Siglo. “Nos preocupa seguridad de excombatientes y comunidades”. Bogotá. Noviembre 22 de 2020.
Redacción Colombia 2020. “Los PDET están divorciados del Acuerdo de Paz”: los reclamos de las comunidades El Espectador. 24 de noviembre de 2020.
Redacción Colombia 2020. Gobierno expidió decreto para que exguerrilleros tengan acceso a tierra. El Espectador. 24 de noviembre de 2020.
Actualidad. W Radio ¿Falsos testigos de la Fiscalía respaldaron casos de supuestos testaferros de Farc? 23/11/2020
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia – Informe del Secretario General (S/2020/943). 25 nde septiembre de 2020.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: La Vanguardía
Deja un comentario