El 6D
En sus 21 años en el poder, el chavismo ha tratado de controlarlo todo. En 2015, para revertir el triunfo opositor en la Asamblea Nacional (AN), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le otorgó funciones legislativas al gobierno, el cual, en agosto de 2017, montó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para reemplazar a la AN. Las irregularidades de la elección del 20 de mayo de 2018, impidieron que más de 60 países reconocieran como presidente a Nicolás Maduro. El TSJ, en 2019, intervino los partidos opositores -Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular-, inhabilitó sus líderes e impuso directivas.
Se ha denunciado que además de la intervención de los partidos y el control comunicacional, la estrategia oficialista para impedir una elección competitiva el 6D[1] incluyó imposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), ampliación de 167 a 277 diputados y mínima actualización del censo electoral evitando la participación de jóvenes y emigrantes. También amenazó a quienes no fueran a votar con negarles cajas de comida o quitarles servicios, y desde los puntos rojos de presentación del “carné de la patria” controló el voto por el PSUV. Además, puso la maquinaria del Estado al servicio de candidatos chavistas, estimuló la abstención opositora, reemplazó sin auditorías las máquinas de votación e identificación y negó garantías para una veeduría de la Unión Europea, ONU u OEA, vinculando solo aliados como Rusia.
El oficialismo anunció que se habían depositado 6.251.008 votos, se adjudicó 4.276.926 (25% menos que en 2015 cuando obtuvo 5.625.248, y casi la mitad de los 8 millones que dijo tener para la ANC). De 277 diputados se quedó con 255, lo que le da mayoría absoluta. Pero el triunfo anunciado es precario. Según el informe oficial sólo participó el 30,18% del electorado mientras que en 2015 votó el 74%, o sea que, con aumento del padrón electoral -no regulado y con jóvenes o migrantes sin posibilidad ni deseo de participar-, la abstención casi se triplicó y se acercó al 70% por apatía y/o rechazo de la presión y represión.
El Gran Polo Patriótico (GPP) se fracturó. Los disidentes del chavismo a los que el TSJ también intervino -Patria para Todos, Tupamaro, Bandera Roja, Izquierda Unida, Compromiso País- participaron como Alternativa Popular Revolucionaria (APR) o como Partido Comunista de Venezuela. Los disidentes y los opositores de partidos expropiados obtuvieron muy pocos diputados. El régimen impondrá su hegemonía.
La disputa por el control de los poderes aumenta las tensiones en el chavismo. Maduro verá afirmado su sector si la AN la presiden Cilia Flores o Jorge Rodríguez. Si Diosdado Cabello fuera el escogido, podría impulsar cierta autonomía frente al gobierno y, como lo hizo antes en la AN o en la ANC, tratará de fortalecer su perspectiva.
La nueva AN cambiará lo que al oficialismo le incomode del entramado jurídico nacional. Buscará darle base legal a su estrategia de apertura y consecución de recursos con inversiones o endeudamiento externo, expedirá normas privatizando activos estatales o impulsará convenios para explotar los recursos, formalizando a su manera acciones de facto para dar la garantía pedida por sus aliados rusos iraníes, turcos, chinos. Y usará la AN para continuar con el acoso y persecución a opositores, disidencias y protestas sociales.
Errores y división opositora
La oposición no ha logrado articular una estrategia y se ha ido dividiendo. La agrupada en el G-4, que constituía la mayoría de la AN, decidió abstenerse en las presidenciales de 2018, y ante la posesión de Maduro centró su esfuerzo en una especie de mantra -cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres-, que defendió con iniciativas controversiales en los primeros meses de 2019: el 23 de enero designó a Juan Guaidó, que presidía la AN como presidente de la República encargado; el 23 de febrero intentó ingresar ayuda humanitaria internacional por la frontera colombiana anunciando que desataría un levantamiento popular al que se articularía el ejército; el 30 de abril y el 26 de junio lo reanunció. Al subestimar la apatía social y el poder militar-policial del régimen bolivariano esos intentos fracasaron, incluido el del 3-4 de mayo 2020 con desembarco de mercenarios.
Parte del liderazgo opositor, incluidos diputados de la AN, fueron encarcelados o tuvieron que salir al exilio, lo que, sumado a su división, les hizo perder capacidad de conexión con la dramática situación de los venezolanos, con sus protestas, éxodos y expectativas. La presidencia interina de Guaidó y la AN centraron sus esfuerzos en buscar reconocimiento y presión internacional, pero no lograron poder territorial nacional y la mayor parte de sus decisiones legislativas no se realizaron. Al final del periodo para el cual había sido elegida mayoría de la AN, esa dirigencia rechazó ir a las legislativas del 6D por ausencia de garantías, y cuestionó a los opositores que participaron.
Margarita López Maya[2] muestra cómo los resultados del 6D terminaron con la hegemonía opositora de los partidos del G4. Al fracasar esa estrategia basada en la polarización y confrontación con el oficialismo desde un juego concebido como suma cero, del todo o nada, las fuerzas que lo propugnaron se han debilitado y fragmentado, al punto que no se sabe quién los representa. Entre los que fueron despojados de sus siglas se expresan al menos dos facciones con diagnósticos y propuestas distintas sobre qué hacer, los que están en el exterior tienen dinámica propia sin mucha coordinación con los que permanecen en Venezuela, el liderazgo de Guaidó se debilita y hay desacuerdos en su coalición en torno a su continuación. López agrega que los resultados del 6D exigen a la oposición cambiar la estrategia aprovechando oportunidades para rediseñar la ruta, atender a la población en dimensiones dramáticas de la crisis -salud, alimentación y migración forzosa-, luchar por mejores condiciones para participar en las elecciones regionales y municipales previstas para el 2021, y atender la expectativa social de construir una negociación que saque al país de la crisis.
La consulta opositora
La consulta popular preguntó si rechazaban los comicios del 6D, apoyaban elecciones presidenciales y parlamentarias libres, y aprobaban la presión nacional e internacional. Buscaba expresar el descontento contra Maduro y legitimar la continuidad de Guaidó y de la AN que preside, aunque sin precisar cómo materializarla.
El Comité Organizador dijo que para la consulta presencial habilitaron 2.500 puntos en más de 50 países[3], 92% de los centros instalados funcionaron normalmente y la mayor participación se dió en Táchira, Barinas, Mérida, Trujilllo, Zulia; en España, Marruecos, Colombia y Bolivia. Denunció intentos de represión por fuerzas de seguridad y colectivos armados en Aragua y Caracas.
El boletín con el 87,44% del escrutinio informó que respondieron 6.466.791 de venezolanos (2.412.354 por Voatz y Telegram, y presencial en Venezuela 3.209.714, en el exterior 844.728), o sea, 31,22% del registro, que según el CNE es de 20.710.421 electores. No mantuvo los casi 8 millones de votos de 2015 y la respuesta al llamado a protestar el 12 de diciembre fue escasa.
Para el Observatorio Electoral Venezolano[4], la consulta más que valor como votación trató de generar un hecho político; tuvo que basarse en las redes sociales pero se vió afectada porque mucha gente no le veía efecto real o no obtuvo información ni internet. Los resultados dejan varias dudas. Entregaron las cifras sin especificar cuántos votaron en contra o a favor de cada una de las preguntas. Los participantes debían anotar su nombre y firmar, pero no había controles para cotejar con otros lugares habilitados y evitar que quienes ya hubieran votado en las aplicaciones virtuales, lo hicieran presencial pues estaba permitido ir solo a depositar el código para validar el voto digital. Los resultados no fueron verificados por observadores externos y no se pueden revisar pues para evitar la represión destruyeron los cuadernos donde se anotaron los datos y borraron las fotos de cédulas o pasaportes de participantes virtuales. Y falta claridad sobre el camino que abre la consulta.
Lo que viene
Luis Vicente León[5] muestra que era previsible ese resultado del 6D, pero lo que viene es desalentador. Buena parte de la población no tiene interés en la política, la oposición no puede capitalizar como triunfo la abstención de esos comicios, se enfrenta a una persecución que busca llevar a Guaidó al exilio donde no podrá atender los retos de cómo convertir los resultados de la consulta en instrumento a favor de una negociación para el cambio. Un diálogo no es descartable hacia las elecciones regionales de 2021, aunque el oficialismo tratará de usarlas para mantener el control de gobernaciones, alcaldías y asambleas regionales.
El régimen que controla la nueva AN estigmatizará aún más a los opositores y buscará destruir la popularidad que le queda a Guaidó, cuyo apoyo, según Datanálisis, bajó del 70 al 25% entre 2019-2020. Como ese sector opositor a corto plazo no representa peligro, Maduro se dedicará a debilitar y estigmatizar a la sociedad civil que no controla, y a quienes sustentan informes de organismos como la Oficina de la Alta Comisionada de Defechos Humanos de la ONU, su Comisión Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela, la Corte Penal Internacional. Ya Diosdado Cabello advirtió que revisan la normativa que permite a las ONG recibir financiamiento externo, y han allanado oficinas, congelado cuentas bancarias, perseguido a defensores de derechos humanos, periodistas, organismos de apoyo humanitario.
Guaidó dijo el 13 de diciembre que comenzarán una ofensiva diplomática para garantizar que la mayor cantidad de países desconozcan esa nueva AN que se instalaría el 5 de enero de 2021 cuando harían manifestaciones en respaldo de la actual AN.
Para el exsecretario de la extinta Mesa de Unidad Democrática (MUD) Jesús Torrealba[6], el 6D y la consulta no tuvieron órgano electoral independiente ni observación internacional válida, fueron hechas para simpatizantes de cada lado; más que construir bien común, buscaban legitimar al respectivo actor político. Se está produciendo el cierre de un ciclo político. El reto es reconfigurar el campo opositor no como resultado de un acuerdo entre direcciones partidistas que llevan años equivocándose, sino de abajo hacia arriba -con sindicatos, gremios, movimientos sociales autónomos- y con nuevos liderazgos para rescatar la política al servicio del cambio. Y agrega, que no tiene sentido buscar nuevos eslogan para mantras oxidados ni permitir sanciones para asfixiar al régimen pues debilitan la sociedad, empobrecen al país y se suman al desastre del régimen. El debilitamiento de la sociedad fortalece a la cúpula gobernante.
Poco puede revertir esa realidad el respaldo internacional que logró tener Guaidó y los diputados de la AN que terminan sus funciones. Desde la comunidad democrática algunos prefieren concentrar el apoyo en la atención humanitaria. El gobierno de Joe Biden, en la medida que la compleja situación de su país se lo permita, introducirá cambios en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Ojalá articule iniciativas con la Unión Europea y Latinoamérica en favor de una salida negociada y pacífica a las crisis venezolanas.
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[1] https://es.noticias.yahoo.com/decálogo-trucos-chavismo-servido-mostrar-224200976.html
[2] https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-venezuela/venezuela-despues-de-las-parlamentarias-de-2020-77441?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Las%2520columnas%2520de%2520la%2520semana%2520en%2520La%2520Silla%2520Llena
[3] https://www.descifrado.com/2020/12/12/julio-borges-diaspora-venezolana-participo-efectivamente-en-la-consulta-popular-este-sabado/
[4] https://www.semana.com/mundo/articulo/nadie-nos-quita-la-esperanza-guaido-en-la-consulta-popular/202024/
[5] https://efectococuyo.com/politica/luis-vicente-leon-tras-los-resultados-del-6d-la-oposicion-debe-responder-al-y-ahora-que-conlaluz/
[6] https://drive.google.com/file/d/1md49OEFjFJAztb3X5oEmC_DaHmypLvpg/view
Socorro Ramírez
Foto tomada de: Portafolio
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