En simultaneo, en Colombia, la opinión pública se enteraba del escándalo de corrupción que corroe toda la estructura de la Policía Nacional y cuya nuez lo constituye las turbias y comprobadas relaciones entre esta institución y más de 520 de sus agentes, incluidos altos oficiales, con los carteles del Golfo y de Sinaloa.[2] Estos hechos refuerzan la tesis del fracaso de esta guerra, aupada por Washington desde 1971, basada en el prohibicionismo[3] y en la falsa y cándida idea de un mundo libre de drogas, que tanto daño le hace a Colombia.
Esta relación de la policía antinarcóticos con los carteles tiene que ver con la permisividad de agentes y oficiales de media y alta graduación para coronar cargamentos de droga en Europa y varios países de Centroamérica. Los puertos y aeropuertos colombianos son un verdadero coladero para estos efectos, es decir, el apetecido producto colombiano sale sin problemas por la puerta principal de la casa. Es tan alta la cantidad de droga que pasa sin control por estos canales que nadie se atreve a dar un estimado.[4] Se calcula que un 70% de la cocaína colombiana sale por estas vías.[5]
Un solo caso lo ilustra: El 29 de diciembre de 2018 salieron por el puerto de Cartagena dos toneladas de cocaína camufladas en un contenedor de tortas de palmiste. Agentes de la policía antinarcóticos ordenaron que el contenedor no pasara por el escáner ni tampoco hicieron uso del paso del canino. Si no ponen los perros no tienen como delatar el cargamento. Casos como estos hay cientos en la Policía antinarcóticos.[6]
Lo más oscuro del asunto es que estos hechos se han conocido por denuncias de autoridades extranjeras, como el caso Odebrecht. El embarque por el puerto de Cartagena que terminó decomisando la policía española, se conoció por una directiva de la oficina de Aduana y protección Fronteriza de Estados Unidos.
Según fuentes de la Fiscalía, las oficinas de interceptación de la policía son una verdadera estructura criminal que utilizan la información para extorsionar a los que escuchan. También se han lucrado inescrupulosamente de dineros de cooperación internacional para la lucha contra la mafia. Se inventan falsos testigos para cobrar las incautaciones. Estas estructuras llevarían más de cinco años chantajeando a delincuentes, narcotraficantes y a grupos armados ilegales.
La corrupción en la policía ya no parece un caso de una manzana podrida. Demasiados elementos involucrados, desde agentes hasta generales. Las amenazas entre sus miembros cunden y de ellas no se salvan ni el general Salamanca quien teme por su seguridad y la de su círculo cercano.[7] Inexplicablemente el gobierno nacional ha cerrado filas con la cúpula de la Policía, fuertemente cuestionada por estas andanzas.
En realidad estos hechos no son nuevos en la Policía Nacional y en el devenir de esta atormentada República. Todas las instituciones colombianas han sido tocadas por la influencia perversa del narcotráfico: La Presidencia de la Republica, el Congreso Nacional, todas las armas de la República, el avión presidencial, el buque Escuela Gloria, sectores económicos, industriales y grandes finqueros. Sobre el actual gobierno pesa la sospecha de la financiación ilegal de la campaña por sectores ligados al narco. Hay mucho Estado metido con el narcotráfico.
El narcotráfico ha sido funcional a la acumulación de capital de sectores económicos en el país. En ese sentido les es utilitaria la ilegalidad del negocio. Distraen el blanco persiguiendo campesinos cultivadores y raspachines, los eslabones más débiles de la cadena, mientras sectores poderosos incrustados en el Estado y por fuera de él se lucran de la actividad. Investigadores afirman que el negocio de la cocaína mueve alrededor del 5% del PIB.[8]
Este estropicio en la Policía Nacional, del que todavía faltan desarrollos, pone de manifiesto el gigantesco y creciente poder disolvente del narcotráfico en todos los ámbitos de la vida nacional. Y su enorme capacidad corruptora toca, desde la Casa de Nariño, hasta el más apartado y pobre de los municipios en las periferias del territorio, donde el narcotráfico impone las condiciones y hace que la vida de miles de compatriotas sea desagradable, incierta, brutal y corta y no se realice el objetivo del Estado de paz y justicia.
En muchas partes del territorio nacional y en áreas extensas de las grandes ciudades, la sociedad colombiana ha sido incapaz de desarrollar una autoridad centralizada capaz de hacer cumplir las leyes, resolver conflictos de manera pacífica y proteger a los débiles de los fuertes, características de sociedades anárquicas y sin Estado. En el Tambo, Cauca, al Ejército Nacional no le permiten entrar al territorio. En muchos municipios del litoral pacífico, la actividad del narcotráfico le proporciona los únicos ingresos al grueso de la población, y la compra de gasolina, uno de los insumos para la elaboración de la pasta, es la fuente de ingresos más importante de sus presupuestos.
En el marco de la paz con legalidad, la versión Duque de la guerra contra las drogas, el proceso de paz está hecho jirones por acción u omisión deliberadas del gobierno nacional. Que lo único que ha producido es una violencia creciente en los territorios, donde el miedo es continuo y la muerte violenta, como se evidencia en las más de 84 masacres con más de 350 colombianos muertos en lo que va del 2020. Muertes en condiciones de indefensión a lo largo y ancho de la geografía nacional, en una sangría que no parece tener fin y donde caen sacrificados hombres y mujeres jóvenes, como resultado del absurdo de tratar un problema mercado, de oferta y demanda, a punta de plomo y glifosato. La atomización de los carteles disparará aún más la violencia.
De un mercado en auge no en declive. Una evidencia, otra más, del rotundo fracaso de esta guerra sin fin. Un reciente informe de la Comisión europea de drogas informó que el mercado de la cocaína es el único que no se ha visto mermado por la pandemia, que la pureza de la droga que llega a Europa es la mejor de los últimos años y que las incautaciones en los puertos del viejo continente no son ni un cuarto de las cantidades inimaginables de cocaína que abastecen su mercado.[9]
En su libro, La Guerra sin Fin (Aguilar 2020) el exministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, hace un recuento de esta guerra, entre la exhortación a un enfoque distinto y un dejo de prohibicionismo, señala que “desde los ochentas nuestro país ha sido el primer exportador de cocaína del mundo, y desde mediados de los noventa, el primer productor mundial de hoja de coca. Una realidad dramática, en la cual ninguna estrategia antidrogas ha funcionado plenamente. Ni la erradicación, ni los guardabosques, ni la fumigación, nada”.
El narcotráfico, la ilegalidad de ese mercado, es el principal problema colombiano en conjunto con la pobreza del campo y el abandono estatal. Altera profundamente el proceso democrático y el desarrollo de una economía inclusiva. Alcanzar una paz estable y duradera es imposible mientras este problema cardinal no sea resuelto.
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[1] Western Hemisphere drug policy comisión, Washington DC 20006, December 1, 2020.
[2] El diario El Espectador ha dado cuenta de este escándalo en sendas entregas en el informe El telón de fondo de una pelea entre generales, en sus ediciones del 6-7 de diciembre de 2020, de donde se desprende que la corrupción en la Policía Nacional ha rebasado todos los diques. En una indelicadeza donde están involucrados 167 pilotos y comprometidos $100.000 millones, miembros de la fuerza han tumbado a la institución con las horas de vuelo registrando 25.000 horas de entrenamiento en el simulador por horas de vuelos reales relacionadas con la policía antinarcóticos. Por la corrupción en la institución se cayó un avión al que le pusieron repuestos no autorizados. En el accidente hubo cuatro muertos. Otros oscuros negocios tienen que ver con millonarios contratos con la firma 7M quien en los últimos tres años se ha quedado con el 76% de los mismos, por un valor de $34.000 millones para compra de parque automotor, motos, carros, tanquetas. El otro lio que enfrenta a generales de la República es el de las casa fiscales en San Luis, Tolima, contratadas desde 2011, no terminadas aún y destinadas a familiares de los comandos Jungla dedicados a tareas contra el narcotráfico, con hallazgos fiscales por $ 5.364 millones. Inexplicablemente, la Fiscalía cerró la investigación al general más implicado en el escándalo.
[3] Las políticas prohibicionistas en el tema de drogas ha sido históricamente una fuente de intervención de los Estados Unidos en los países acorde con sus intereses estratégicos globales y rigen la institucionalidad global en ese terreno. El Plan Colombia es un instrumento en ese sentido y ha contado con la anuencia de los gobiernos colombianos. Muy seguramente esa concepción de la lucha contra las drogas no cambie en lo fundamental con Biden a pesar del informe de la Comisión. El Plan Colombia es un fracaso como un todo.
[4] El telón de fondo de una pelea entre generales. Segunda parte. El Espectador. Lunes 7 de noviembre de 2020, Pág.3.
[5] hhps//youtu.be7-geM4MyYZp0
[6] El telón de fondo de una pelea entre generales.
[7] Mi vida y familia están en peligro: general salamanca denuncia, www.semana.com
[8] hhps//youtu.be7-geM4MyYZp0
[9] Producción y consumo de coca, disparados como nunca, El Tiempo, Internacional, 14 de diciembre de 2020.
Fernando Guerra Rincón
Foto tomada de: https://es.theepochtimes.com/
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