Alberto Donadio llama la atención en el secreto oficial por 34 años de los hechos que indaga. Revela que un agente israelí Rafi Eitan asesoró al presidente Virgilio Barco en seguridad, de manera que, bajo el supuesto ataque a las guerrillas, según su testigo, presente en estas gestiones desde el alto gobierno, le propuso exterminar masivamente militantes de izquierda que constituyeran su base social.
Donadio explica el perfil del agente Eitan en términos de ser reconocido internacionalmente por emprender acciones con “licencia para matar” y en “alianza con el delito”, de forma que entre ellas estuvo “la cacería y eliminación de los palestinos” que participaron en el sabotaje violento que hicieron de los Juegos Olímpicos de 1972. Afirma que el presidente Barco hizo una reunión con él de asistencia muy selectiva y reducida, secreta, sin acta ni oficialización, en el palacio de Nariño. Narra que luego Eitan durante varios meses con un grupo de asesores recorrió varias zonas del país con apoyo de Ecopetrol.
En una segunda reunión con el presidente en las mismas condiciones, entre los participantes estaban el asesor Germán Montoya y un alto mando militar, de forma que Eitan propuso exterminar a la UP, ante lo cual se afirma que Barco no hizo ningún tipo de reparo a esta recomendación. Además, su versión es que el tema pasó en términos de quien haría la ejecución de esta propuesta, de forma que al ofrecerse Eitan, el alto mando militar presionó al presidente para que no lo contratara, habiendo asumido el estamento militar tal compromiso. Desde allí se habría desencadenado el exterminio masivo y sistemático de la UP, a partir de 1987.
De allí se deriva la hipótesis que entrega Donadio: “Hay razones para pensar que el presidente Barco tuvo un papel determinante en el exterminio de este conglomerado político cercano al Partido Comunista”[2].
A continuación, el artículo ilustra sobre hechos conocidos, pero que le permiten establecer hilos de relación con su hipótesis. La conversión en plan sistemático de asesinatos de los miembros de la UP en todo el país. El designio criminal que tuvo desde entonces continuidad y sistematicidad, con ataques que han llegado a ser caracterizados como genocidio por entes institucionales internos e internacionales contra la UP, el Frente Popular, A Luchar, el liderazgo social del ámbito popular y de defensores de derechos humanos. Situación que, además, tuvo continuidad “a lo largo de distintos gobiernos”.
Recuerda Donadio que el consejero presidencial del presidente Barco Carlos Ossa Escobar se alarmó por el hecho de que al informarle sobre este tipo de persecución a muerte contra la UP, al ministro de defensa general Rafael Samudio, de forma que le dijo: “todos los días está matando a un integrante de la UP”, éste le respondió: “a ese ritmo no van a acabar nunca”[3]. Igualmente, pone de presente declaraciones del mismo Carlos Ossa sobre la responsabilidad gubernamental y en particular del Ejercito al respecto, con apoyo en narcotraficantes y paramilitares: “El Ejército, por acción u omisión, había permitido que el narcotráfico con sus máximos líderes patrocinara a los grupos paramilitares en su sangrienta carrera de crímenes contra la Unión Patriótica”[4].
Al establecer Donadio el hallazgo de la contratación presidencial de Eitan, entrevista al abogado Ernesto Villamizar Cajiao, encargado de su tramitación, quien le confirmó la existencia del contrato, afirmó que conoció a Eitan y dijo que había sido una acción secreta, sobre la cual se negó a ampliar información, bajo el argumento de ser un “tema de seguridad nacional”. Y agregó: “Le ayudé mucho en términos de seguridad al presidente (Barco)”, pero aclaró que guardaba silencio, porque: “uno prefiere olvidar los términos. Uno se cuida mucho olvidando todo”[5].
En otro artículo especial para El Espectador Alberto Donadio relata cuando un grupo de dirigentes de la UP se reunió con el presidente Barco, tras ser asesinado su senador Pedro Luis Valencia, en agosto de 1987, de forma que cuando le plantearon al presidente la persecución a muerte sufrida por su movimiento político, según la versión de Beatriz Zuluaga, esposa del senador asesinado y presente en la reunión, el presidente respondió: “Barco permaneció callado todo el tiempo, pero al final les dijo: “pues ármense, ármense” (…) En una situación similar los presidentes ofrecen protección, no una exhortación a la autodefensa”[6], comento al respecto.
De otra parte, el conocido historiador británico y colombianista Malcon Deas publicó como réplica a Donadio el artículo “Las acusaciones contra Barco son pura fantasía” en La Silla Vacía[7]. Le hace cuestionamientos: Que “no existe récord de las reuniones”, pero resulta que fueron de carácter reservado, secreto y no legalizadas por el propio gobierno según la versión, lo cual es posible. Que este “tipo de plan estaba en contra de sus políticas”, lo cual no es argumento suficiente, pues si bien Barco tenía políticas contrarias a este proceder, a la vez bajo su mandato desde los militares y sectores de gobierno a niveles importantes se dieron hechos de participación o estímulo a la “guerra sucia referida”. Que “no hay pruebas documentales serias”, pero se trata de un testimonio que constituye un indicio importante, por supuesto a cotejar con otras versiones y hechos, a la vez que sí entrega documento y otro testimonio que atestiguan la existencia de la contratación del asesor israelí “. Que “el incremento de asesinatos de la UP obedeció a la lógica del conflicto”, grave afirmación porque parece tener un sentido justificante del hecho, además de que el gobierno era parte del conflicto, de la guerra y a la vez de las responsabilidades de protección del Estado a la ciudadanía.
La pretendida descalificación absoluta de Malcon Deas recurre también a un argumento de apreciación histórica que resulta ser falso. Afirma que el presidente Barco: “siguió con paciencia conversaciones con las FARC y con otras guerrillas”. Barco entre 1986 e inicio de 1989 se negó reiteradamente a cualquier nuevo diálogo de paz con las guerrillas. Heredó una mesa de diálogo con la tregua vigente con las FARC, la cual al año siguiente se rompió. Los diálogos de paz al final de su mandato, con el M19 y el EPL, fueron presionados por entes de la sociedad civil, del ámbito político y por las propias guerrillas.
Adicionalmente, en su artículo Deas de manera lamentable cae en un peligroso señalamiento con el cual carga la supuesta responsabilidad de la victimización sufrida a la propia UP, cuando afirma: Barco “no declaró ilegal a la UP” aunque había presiones para que lo hiciera, la UP actuó como “brazo político de las FARC” y “partido político armado”-lo cual es una grave falsedad histórica-. Por tanto, los ataques se darían “de hecho”, siendo “una situación imposible de manejar”. Es decir, a su juicio, inevitable y explicable este exterminio, supuestamente provocado por la propia UP según tales consideraciones.
“…no se debe olvidar que la UP fue originalmente el brazo político de las FARC, una guerrilla en armas y activa y que demoró bastante en distanciarse de sus orígenes– que iban a ser fatales, imposibles de manejar en la coyuntura colombiana”[8].
De forma que remata exonerando al presidente Barco de cualquier responsabilidad al respecto: Barco ofreció la “protección en grado posible”, pero “había limitaciones”. Buscó “mejorar las instituciones de seguridad (que) era un camino largo”, lo “pudo empezar”. Por lo cual, negando que Donadio aporte alguna “evidencia”, con simpleza y facilismo trata su revelación de preocupantes indicios de ser una “falsa noticia”.
También el importante historiador colombiano Jorge Orlando Melo publicó sobre este mismo asunto el artículo “¿Por qué no es creíble que Barco ordenara el exterminio de la UP?” en Razón Pública. Desde un análisis razonado afirma que “Barco es en algún sentido responsable, por omisión o por debilidad”, pero discute con Donadio que entrega “presuntas pruebas muy débiles” y “que contradicen muchas de sus actuaciones”. Lo primero es claro, existen múltiples pruebas, hechos, informes, casos de graves violaciones, que por acción y omisión comprometen a agentes estatales y gubernamentales durante el gobierno Barco, es insoslayable la existencia al respecto desde su gobierno de responsabilidades “por acción y omisión”. Sobre lo segundo, realmente Donadio entrega indicios, nuevos hechos que pueden constituir pruebas y teje una hipótesis que refiere como tal, pero, al contrario de lo dicho por el profesor Melo, no son débiles sino significativas, de un hecho que de documentarse y llegarse a probar es grave y no necesariamente lo revelado e interpretado se niega con la formal existencia de políticas formalmente a favor de los derechos humanos, que han tenido todos nuestros gobiernos, en medio de la continua tragedia humanitaria que los compromete en distintos grados.
Tampoco tiene razón Melo al afirmar: “Si lo que dice Donadío se acepta, su tesis podría llevar a exculpar a otros mandatarios”. Cada gobierno tiene su realidad y sus políticas y hechos que se desencadenaron. A la vez expresa lo que ha sido de consenso en ciertos sectores: “Hasta ahora se ha pensado que presidentes como Betancur, Barco, Gaviria y Samper fueron incapaces de frenar a las autodefensas y a sus aliados en el ejército y el gobierno, y que fue Uribe quien apoyó su acción en forma más o menos ambigua pero demostrada”[9]. Pero también existen otras opiniones, como también hechos, informes y casos numerosos que aseveran y pueden demostrar niveles de responsabilidades directas de gobiernos nacionales y entes estatales en el fenómeno paramilitar.
Y curiosamente, el respetado profesor Melo, incurre en el mismo error de Deas, al afirmar que Barco no podría tener la responsabilidad que se discute de su gobierno, porque “estaba interesado en avanzar en las negociaciones con la guerrilla”, hecho refutable por lo realmente sucedido durante los primeros tres años de su mandato de “pulso firme” antes discutido. Además, el argumento de Melo de conceder unas alcaldías a la UP, no puede plantearse como beneficio para “fortalecerla”, como lo afirma. Fue una medida tomada de forma coherente por Barco con la expedición del Acto Legislativo No 1 de 1986, de instauración de la elección popular de alcaldes, por igual para todos los partidos, independiente del que fuera, adoptó la política que al tener que nombrar alcaldes por procedimientos administrativos, lo haría designándolo del partido de mayor votación local última, que fue su proceder.
“…tan pronto se posesionó, y después de haber derrotado a Jaime Pardo Leal –el candidato de la UP que sacó el 4,5% de los votos en las elecciones presidenciales–, Barco decidió nombrar 24 alcaldes de la UP en sitios donde había tenido los mejores resultados, entre ellos, al primer alcalde comunista de Colombia, en Coyaima, Tolima”. Concluye que “Barco estaba por fortalecer a la UP”[10].
Es históricamente valioso para este tema retomar a Carlos Ossa Escobar, quien en un ensayo publicado en la Biblioteca de la Paz deja en claro desde el ejercicio de su consejería que Barco positivamente aplicó el PNR con indudables positivos resultados, con la expectativa de consolidar la tregua heredada de Betancur hacia una situación de paz con las FARC, pero que el exterminio de la UP, llevó al fracaso de esta aspiración:
“Con el correr de los meses, mientras se avanzaba poco con las FARC en las conversaciones, ningún acercamiento se concretaba con los demás grupos guerrilleros. Sin embargo, la gestión de Rafael Pardo fue consolidándose de manera paulatina pero vigorosa. (…) este resultado estaba implícito en la estrategia del presidente Barco ya que, en la medida en que el PNR con su metodología participativa se afianzara, se iban creando las condiciones que le generarían confianza y credibilidad a las FARC, (…) Pero la guerra sucia contra la Unión Patriótica y los dirigentes comunitarios cercenó totalmente esta posibilidad”[11].
Pero, además, en este mismo ensayo, de forma alarmante, el mismo Carlos Ossa nos legó otro indicio grave, la tolerancia en alto gobierno con el exterminio de la UP, la existencia en su seno de posiciones incoherentes al respecto y el compromiso directo que documentó y expuso en consejos de gobierno de la responsabilidad de las Fuerzas Militares “-por supuesto parte del gobierno y como tal responsabilidad de gobierno- en la acción de exterminio contra la UP. Ante lo cual se duele del silencio que guardó el presidente Barco, a la vez que reconoce que las acciones contra narcotraficante y paramilitares que pudo emprender, distaron mucho de frenar o impedir el genocidio que se empezó a gestar.
“El asesinato de Jaime Pardo Leal conmovió fuertemente”, el presidente Barco citó a una reunión a varios ministros, mandos militares y del DAS, “se oyeron voces para mí francamente absurdas, que asociaban los asesinatos de la Unión Patriótica con la acción de las mismas FARC, (…) Nadie quiso responder al diagnóstico en el cual se señalaba que, en nuestro concepto, el Ejército, por acción u omisión, había permitido que el narcotráfico con sus máximos líderes patrocinara a los grupos paramilitares en su sangrienta carrera de crímenes contra la Unión Patriótica. El presidente Barco siempre guardó silencio…”[12].
Así, a renglón seguido explica que el gobierno entonces asumió “una ofensiva contra los carteles de la droga encabezados por Rodríguez Gacha y Pablo Escobar. Pero ya el monstruo era demasiado poderoso”[13], de forma que lamenta que siguió el exterminio contra la UP, con referencia a casos como el asesinato de Bernardo Jaramillo y otros líderes políticos de varias vertientes.
Si es la hora del esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la recuperación y la construcción de la paz, antes que apresuradas justificaciones ante políticas y actuaciones gubernamentales que merecen revisarse y esclarecerse, vale la invitación a recibir constructivamente todas las nuevas informaciones, indicios e hipótesis en tal perspectiva. A la vez, en no cejar en el empeño de discutir y refutar las posiciones justificadoras o negadoras de la grave crisis en materia de derechos humanos padecida durante las más de cinco décadas anteriores.
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[1] “Virgilio Barco y el exterminio de la UP”, Alberto Donadio, 10 de enero de 2021. https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/
[2] “Virgilio Barco y el exterminio de la UP”, Alberto Donadio, 10 de enero de 2021. https://losdanieles.com/columnista-invitado/virgilio-barco-y-el-exterminio-de-la-up/
[3] Caracol Radio, 2 de junio de 2011.
[4] El Espectador, 10 de junio de 2011.
[5] El Espectador, 10 de junio de 2011.
[6] “El espía Rafi Eitan habría venido a proteger al presidente Virgilio Barco”, Alberto Donadio, El Espectador, 13 de diciembre de 2020
[7] “Las acusaciones contra Barco son pura fantasía”, Malcon Deas, La Silla Vacía, 12 de enero de 2021. https://lasillavacia.com/opinion/las-acusaciones-contra-barco-son-pura-fantasia-79701
[8] “Las acusaciones contra Barco son pura fantasía”, Malcon Deas, La Silla Vacía, 12 de enero de 2021. https://lasillavacia.com/opinion/las-acusaciones-contra-barco-son-pura-fantasia-79701
[9] “¿Por qué no es creíble que Barco ordenara el exterminio de la UP?”, 18 de enero de 2021. Razón Pública. https://razonpublica.com/no-creible-barco-ordenara-exterminio-la-up/
[10] “¿Por qué no es creíble que Barco ordenara el exterminio de la UP?, 18 de enero de 2021. Razón Pública. https://razonpublica.com/no-creible-barco-ordenara-exterminio-la-up/
[11] “El gobierno Barco reveló la magnitud del conflicto y la dificultad de lograr la paz”, Carlos Ossa Escobar, en: Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M19.Biblioteca de la Paz, Fundación Cultura Democrática, Álvaro Villarraga (compilador y editor), p. 33.
[12] “El gobierno Barco reveló la magnitud del conflicto y la dificultad de lograr la paz”, Carlos Ossa Escobar, en: Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M19.Biblioteca de la Paz, Fundación Cultura Democrática, Álvaro Villarraga (compilador y editor), p. 35.
[13] “El gobierno Barco reveló la magnitud del conflicto y la dificultad de lograr la paz”, Carlos Ossa Escobar, en: Se inician acuerdos parciales, pacto político con el M19.Biblioteca de la Paz, Fundación Cultura Democrática, Álvaro Villarraga (compilador y editor), Bogotá, DC, 2009. p. 36.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: https://www.las2orillas.co/
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