Pero estas cifras son aparentes, pues en el mismo período se incrementó la población “inactiva”, que son personas en edad de trabajar que no hacen parte de la población activa y que por lo mismo no cuentan, ni como parte de la población ocupada, ni tampoco como desempleada. Aquí figuran las personas que estudian, los discapacitados permanentes, los pensionados y rentista, los que no les interesa trabajar, y, oh paradoja, las personas que se ocupan de la economía del cuidado, que en la jerga de las cuentas nacionales figuran como dedicadas a los “oficios del hogar”, en su mayoría mujeres (el 63.2%).
En efecto, hasta febrero de 2020, la población inactiva ascendía a 14.635.471 personas, el 43.2% dedicadas a los “oficios del hogar. Durante la pandemia, esta población subió a 16.812.838, (el 64.7% mujeres), un incremento 2.177.367 personas, la mayoría de ellas personas que durante la pandemia perdieron su empleo y su trabajo, y que por razonas obvias, como el cierre de empresas, el confinamiento y los toques de queda, no buscaron un empleo, razón por la cual dejaron de ser parte de la población activa y por lo tanto su condición ya no clasificaba como “desempleada”. Si esta nueva población inactiva la agregamos a la población activa y a la población desempleada, la tasa de desempleo real no sería del 17.2%, sino del 24.2%, es decir, que la pandemia dejó sin empleo y sin ingresos a por lo menos 6.160.763 personas (¡!)
Antes de la pandemia Colombia contaba con un total de 22.103.879 personas ocupadas (trimestre móvil dic.19-feb.20). Durante la pandemia disminuyó el trabajo asalariado o dependiente, que pasó de ser el 50.6% del empleo total antes de la pandemia, al 48.3%. Aquí están incluidas las posiciones ocupacionales correspondientes a los obreros o empleados particulares, que disminuyeron en -17.0%, 1.502.019 personas, (esta posición ocupacional representaba el 39.9% del empleo total y pasó al 37.6%); los obreros y empleadas del gobierno, que disminuyeron -2.0%, las trabajadoras domésticas, -31.7%, que equivalen a 222.208 personas, y la categoría “jornalero o peón, -9.7%, 83.557 personas.
Por su parte, el trabajo por cuenta propia, que antes de la pandemia tenía una incidencia del 42.3% en el empleo total, incrementó su participación al 44.7%, pero disminuyó su número en -8.8%, los que equivalen a 674.089 personas. En cuanto al trabajo sin remuneración, que antes de la pandemia representaba el 3.4% del empleo total, incrementó su participación al 3.7%, pero disminuyó en su número: -18%: las “trabajadoras familiares sin remuneración” -3.7% y -14.3% los “trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares”. Finalmente, la posición ocupacional “patrón o empleador, que tenía una incidencia del 3.5% en el total, bajó al 3.3%, disminuyendo su número en -19.2%, que equivalen a 24.908 personas.
Desde la perspectiva de los diversos sectores económicos, los que más redujeron el empleo y la ocupación durante la pandemia fueron, en su orden: el sector de “alojamiento y servicios de comida”, -493.140; las “Actividades artísticas, de entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios”, -490.572; el “comercio y reparación de vehículos, -478.847. Estos sectores presentan una alta incidencia de trabajo por cuenta propia e informal. Siguen “las industrias manufactureras”, -348.104; transporte y almacenamiento, -272.130; Construcción, -256.806; las “actividades culturales, científicas, técnicas y de servicios administrativos”, -187.693; la agricultura, ganadería y pesca, -127.902; la Administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana, -102.363; las “actividades inmobiliarias”, -47.569; las “actividades financieras y de seguros”, -47.165; “información y comunicaciones”, -26.874; finalmente, “suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos”, -21.478. El único sector que incrementó el empleo durante la pandemia, fue el “explotación de minas y canteras”, 47.334.
El empleo que se recupera es principalmente trabajo informal
Al final del año, cuando la presión de los empleadores sobre el gobierno permitió que gran parte de los sectores económicos normalizaran su actividad, la tasa de desempleo se recuperó, alcanzando el 13.4%, muy cerca del indicador de marzo, 12.6%, pero muy lejano del indicador del mes de mayo, que había tenido el pico más alto, 21.4%. Sin embargo, gran parte del empleo y del trabajo que se generó fue principalmente informal, trabajo del rebusque ante la carencia de ingresos, que obligaron a miles de personas que no recibían ninguna ayuda del gobierno a rebuscarse cualquier trabajo que les permitiera algún ingreso, es decir, que el empleo que se generó estuvo por fuera de la noción de Trabajo Decente que promueve la OIT.
Lo anterior lo muestra el dato de afiliación al sistema de riesgos laborales, tal vez el indicador más fiable del grado de protección social y de formalización con que cuenta el empleo en Colombia. En febrero de 2020, la población afiliada a este sistema era de 10.377.151 personas, el 47.1% de la población ocupada: 9.683.615 correspondían a trabajadores asalariados o dependientes y 693.535 correspondía a trabajadores por cuenta propia, o independientes. En el mes de mayo, en pleno confinamiento, los trabajadores afiliados bajaron -5.4%, correspondiente a 559.297 trabajadores menos, una reducción que se produjo exclusivamente entre los trabajadores dependientes, pues los independientes incrementaron su participación. Al final del año, la afiliación se había recuperado, alcanzando la suma de 10.044.023, una cifra muy similar a la que había antes de la pandemia, correspondiente al 46.9% de la población ocupada.
Estos datos sobre la afiliación al sistema de riesgos laborales, lo que indican es que más de la mitad de la población trabajadora lo hace en condiciones de precariedad y por fuera del marco de la legislación laboral, y que fueron estos trabajadores los principales afectados por la pandemia, la mayoría de ellos trabajadores por cuenta propia. En Colombia, el trabajo regulado por la legislación laboral y con protección social ha sido siempre minoritario, lo cual es un indicador bastante claro del grado de desarrollo capitalista que tenemos, con predominio del capitalismo rentista, en el que las grandes empresas de todos los sectores y personas con gran influencia en el Estado, sacan enorme provecho de su posición dominante e influyente para incrementar sus resultados y enriquecerse de manera rápida y extraordinaria.
La protección del derecho al mínimo vital durante la pandemia.
Como anotamos arriba, la pandemia dejó sin ingresos a por los menos a 6.160.763 personas. Con estas personas, el Estado tenía y tiene la obligación constitucional de asegurarles el derecho al mínimo vital, más aún cuando la orden de confinamiento y de suspensión de la mayoría de las actividades económicas partió del mismo gobierno.
El derecho fundamental al mínimo vital ha sido reconocido desde 1992, (Sentencia T-426 de 1992), como un derecho que se deriva de los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta[1]. En concreto, el artículo 334 de la Constitución política indica que, “el marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho, (y que) en cualquier caso el gasto público social será prioritario”. Y establece que “el Estado, de manera especial, intervendrá para (…) asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos”.
El mínimo vital es el equivalente a la línea de pobreza, cuyo valor ha sido calculado por el DANE para 2019 en aproximadamente $327.674, por mes y por persona, y representa el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios, alimentarios y no alimentarios, según esta entidad.
La situación exigía de una amplia y profunda intervención del Estado, primero, para garantizarle a las personas y hogares que se quedaron sin ingresos el derecho al mínimo vital, y segundo, para evitar que la caída de la economía fuera menor y garantizar así una recuperación de la economía más rápida, (el consumo de los hogares es el factor más incidente en el crecimiento de la economía, representando el 69% del PIB).
Desde el principio había que establecer una Renta Básica de emergencia, como lo que han propuesto 54 miembros del Congreso de la República, y centrar la ayuda a las empresas del segmento de las Mypimes, que según cifras del DANE, “representan más de 90% del sector productivo nacional, generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia” (Portafolio, septiembre 26 de 2019), las cuales solicitaban una política concreta de subsidios para el pago de las nóminas y así evitar el cierre de muchas de estas empresas, como en efecto ha estado ocurriendo.
Pero ni lo uno ni lo otro hizo el gobierno del partido Centro Democrático. Las ayudas a las empresas se concentraron principalmente en los bancos, a los que el gobierno les entregó el manejo de los recursos para que estos a su vez los entregaran en forma de crédito, intermediación que favoreció principalmente a las empresas cercanas a estos bancos, y que les permitió a estos ganancias derivadas de la diferencia entre la tasa de interés del Banco de la República, y la que los bancos le imponen a sus clientes: en el mes de julio, por ejemplo, mientras la tasa interbancaria estaba en 2.48%, los bancos la prestaban al 15.18%.
Y en relación con población que se quedó sin ingresos por causa de la pandemia, es necesario evaluar en qué medida el gobierno ha estado cumpliendo con el mandato constitucional de proteger de manera efectiva sus derechos. La respuesta la hallamos en el boletín de información del 22 de diciembre de 2020 por parte de la Oficina de Comunicaciones del Departamento de la Prosperidad Social[2], la entidad que administra los programas “Familias en Acción”, “Ingreso Solidario”, “Jóvenes en Acción”, “Colombia Mayor” y “Devolución de IVA”. Sus resultados son los siguientes:
- Familias en Acción. Cobertura, 2.6 millones de hogares, inversión $3.8 billones por hogar, a través de 6 pagos ordinarios y 5 extraordinarios.
- Jóvenes en Acción: cobertura, 425.000 jóvenes, inversión, $1.1 billones.
- Colombia Mayor: cobertura, 1,7 millones de adultos mayores; inversión $2,8 billones de pesos, 12 pagos, los tres primeros por 80.000 pesos y los demás por 160.000 pesos.
- La Compensación del IVA: cobertura, 1 millón de colombianos, para lo que se invirtieron 375.000 millones de pesos entregados a través de 5 pagos
- Ingreso Solidario: “cubre hogares que no contaban con otro subsidio o transferencia del Gobierno”, “con una cobertura de 3 millones de hogares, invirtiendo 4,3 billones de pesos en los 9 pagos mensuales realizados este año”.
- Otros programas: Iraca, 23.891 hogares, (acompaña a comunidades étnicas); “Nuestra Red de seguridad Alimentaria”, 9.500 hogares; “familias en su tierra”, 36.160 hogares. “En estos la inversión superó los 538.821 millones de pesos”.
Si no se tratara de “falsos positivos”, como a los que nos tiene acostumbrado el Centro Democrático, la inversión total en estos programas durante el año y durante la pandemia sería de 11.6 billones, según el informe de la directora del Departamento de la Prosperidad Social. Sin embargo, tanto los programas “Familias en acción”, “Jóvenes en acción”, “Compensación del IVA”, como “Colombia mayor”, ya venían desde el año anterior y ya estaban presupuestados, por lo que los únicos programas nuevos para atender la pandemia son en realidad “ingreso solidario”, “Iraca”, la “red de seguridad alimentaria y “familias en su tierra”, por lo que la inversión nueva para atender la pérdida de ingresos provocada por la pandemia se reduce a $4.8 billones.
Los datos que hasta la fecha ha publicado el DANE sobre el crecimiento del PIB, indican que, hasta el tercer trimestre de 2020, el denominado “Gasto del consumo final del gobierno general” se había incrementado en sólo $6.9 billones en relación con el mismo período del año anterior, una suma que apenas representa el 0.9% del PIB y que indica los recursos nuevos que el gobierno ha dedicado para atender la pandemia.
Así que los $11.6 billones que supuestamente ha invertido el gobierno en las personas más vulnerables y en las familias más pobres, (no en todas las que perdieron sus ingresos por causa de la pandemia), en el mejor de los escenarios, es decir, con un crecimiento del PIB en el cuarto trimestre similar al del primer trimestre de 2020, apenas va a representar el 1.15% del PIB (¡!), una suma propia de una concepción ultraliberal que concibe que el Estado debe ser lo más mínimo posible, (eso sí, completamente funcional a los intereses del gran capital), y que es más eficiente mientras menos invierta en el bienestar de las personas.
En este sentido, si le damos crédito al informe de la directora del Departamento de la Prosperidad Social, según la cual, “con estos cinco programas sociales, se benefician hoy más de 8,5 millones de hogares”, con “transferencias monetarias (que) a diciembre 31 de 2020 será de 12.2 billones de pesos”, la inversión promedio por hogar sería de $119.608 por hogar mes, o de $34.174 por persona mes, una suma que apenas cubre el 10.4% del valor de la línea de pobreza.
Como puede verse, en este terreno, tanto el gobierno como el partido Centro Democrático que lo controla, obran completamente de manera inconstitucional, muy lejos de asegurarle a las personas el derecho al mínimo vital que consagra nuestra constitución política. En este sentido, es necesario que toda la población apoye y se movilice para respaldar la propuesta de los 49 congresistas que recientemente le han reiterado al gobierno la urgencia de establecer el programa de Renta Básica permanente, una propuesta que se había hecho desde el inicio de la pandemia, pero que el gobierno y la mayoría del Congreso rechazó. En carta dirigida al presidente de la república el 21 de enero de este año, esta bancada le propone nuevamente al gobierno, que “mediante decreto establezca el programa de Renta Básica Permanente que le propusimos al Ministro de Hacienda el mes de diciembre y que consiste en una transferencia monetaria mensual permanente a cada hogar en pobreza, en función del número de sus miembros, que garantice condiciones de vida en dignidad a cada uno de sus miembros”, “una Renta Básica Permanente que transfiera hasta $327.000 mensuales a cada persona que perciba ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria. Esta cifra es la cuantía mínima que el DANE reconoce que necesita un individuo para sostenerse dignamente”.
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[1] Cfr. entre otras las siguientes sentencias: T-005 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-015 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-144 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-198 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-500 de 1996 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-284 de 1998 (M.P. Fabio Morón); SU-062 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[2]https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/prosperidad-social-presenta-balance-de-atencion-en-2020/
Héctor Vásquez Fernández
Foto tomada de: Iván Marulanda
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