Producto del terror y la sospechosa inoperancia del Estado, alrededor de 100.000 personas se desplazaron abandonando 110.000 hectáreas, entre 1997 y 2003, en un territorio de 15 municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre en la subregión de los Montes de María. Después de la barbarie llegaron los compradores de tierra a menosprecio: “La guerra se va a ganar, ¡compren!, ¡compren!,” es lo que les dijo un inversionista a otros interesados en la zona, como Argos. La guerra se ganó hasta cierta forma porque las AUC se desmovilizaron y las FARC fueron expulsadas de la zona. Pero los ganadores no terminaron siendo los campesinos desplazados, sino los empresarios que compraron”.[1]
Durante el primer día de la ruta de la muerte paramilitar hubo 24 víctimas, 23 hombres y una mujer: 18 en el municipio de Ovejas, 3 en El Carmen de Bolívar y 3 en Córdoba; la mayoría asesinados con arma corto punzante, degollados o apuñalados.[2] Es inaudito que un despliegue de 450 hombres armados y apoyados por dos helicópteros durante una semana, haya pasado desapercibido por las fuerzas del establecimiento establecidas en la región: Primera Brigada de Infantería de Marina No 5, los batallones de Contraguerrilla de infantería de Marina No 31 y 33 y las unidades policiales en los cascos urbanos de los municipios y del Distrito de Policía del Carmen de Bolívar. En ese periodo la violencia y el terror se materializaron en 42 masacres que dejaron 354 víctimas fatales.[3]
Los Montes de María adquirieron importancia estratégica por su cercanía a la infraestructura portuaria de Cartagena y al Golfo de Morrosquillo, en función del contrabando de armas y las rutas del narcotráfico para evacuar hacia los mercados internacionales la cocaína producida en la Serranía de San Lucas (Sur de Bolívar) y el Bajo Cauca. Zonas bajo dominio paramilitar y por fuera de la órbita de la intervención estatal de los cultivos ilícitos concentrados en otros solares de la producción:
“La política de erradicación de cultivos ilícitos focalizada en las regiones del sur del país condicionó reacomodos en la organización territorial de la empresa del narcotráfico en Colombia, lo que implicó que varias zonas de cultivos ilícitos ubicadas por fuera de las coordenadas de intervención estatal adquirieran relevancia, con las que a su vez garantizaban proximidad entre las áreas de cultivo, procesamiento y exportación. Si los efectos de la acción estatal en el sur afectaron a los narcotraficantes, por extensión agravaron la competencia territorial entre paramilitares y guerrilla, dada su dependencia crítica de los recursos económicos del narcotráfico para la financiación de la guerra”.
Desde esos fatídicos sucesos de El Salado, hoy pasa exactamente lo mismo en las regiones cocaleras del país y en buena parte del territorio nacional. La coca se mueve y el gobierno no aprende. O solo obedece. Nada ha cambiado con el paso del tiempo a pesar del Acuerdo de Paz alcanzado con las FARC, ahora denominadas Comunes, bombardeado por las fuerzas más recalcitrantes del espectro político colombiano y estropeado y entorpecido de diversas maneras por distintas instancias del gobierno nacional.
Organización política a la que le están matando excombatientes y a sus familiares comprometidos con la paz, que están haciendo reincorporación con las uñas, en un escenario cada vez más parecido al exterminio de la Unión Patriótica. El punto fundamental del Acuerdo, la Reforma Rural Integral, no avanza y el tozudo empeño del gobierno nacional de fumigar con glifosato[4] los sembradíos de coca solo logra azuzar la violencia que se vive en la periferia del territorio y aun en sus centros urbanos.[5]
Entretanto, el negocio de la coca abastece sin mayores problemas el mercado internacional por puertos y aeropuertos del país y por las vías naturales que les facilita la geografía: el Golfo de Morrosquillo, el litoral pacífico, las selvas del Catatumbo. Su producción no se resiente y, por lo contrario, mejora en eficiencia y productividad y vive una verdadera bonanza que no amaina ni en la pandemia, a caballo de un dólar caro y la no presencia de forma permanente del ejército nacional en áreas críticas. Ante el desamparo, los ejércitos privados y disidencias copan y se reparten el territorio con los carteles mexicanos en la sombra.[6] Las disidencias hicieron del 2020 el año de su consolidación y expansión. Entre 2018 y 2020 su número, en crecimiento, alcanza los 4.600 combatientes, 2.600 armados y el resto en las redes de apoyo.[7]
La cruda realidad de la violencia contrasta abiertamente con los anuncios de éxitos del Gobierno Nacional. De las toneladas de incautaciones, de la reducción violenta del área sembrada[8], de la disminución de delitos y homicidios en un país confinado y de las detenciones o aniquilación de miembros de disidencias o grupos armados:
Norte de Santander desplazó a Nariño como primer productor de hoja de coca, según UNODC este departamento pasó de tener 41.903 a 36.964 y Norte de Santander de 33.598 a 41.711 hectáreas de coca sembradas en 2019. En la zona rural de Cúcuta hay más de 300 hectáreas cultivadas con coca, y en su vecina Tibú, más de 16 mil. 20.000 familias siembran coca en el departamento, un numero en aumento. Las disidencias y los distintos grupos armados se disputan el territorio al lado de la conflictiva y delicada frontera con Venezuela. Las masacres en los alrededores de Cúcuta, en el resto del departamento y especialmente en el Catatumbo, son frecuentes.[9]
El Pacífico colombiano y especialmente su litoral es prácticamente una región en guerra: En el Chocó la pobreza no da tregua como tampoco la violencia y el desplazamiento de comunidades indígenas y afros. Varios líderes sociales y ambientales han sido asesinados y los grupos armados controlan en la práctica el territorio y las rutas de la droga hacia los mercados internacionales.
En Quibdó se siente las disputas y la zozobra en sus calles. En 2018 se presentaron 218 homicidios y en 2019 fueron 216. Entre enero y mayo de 2020, en comparación con el mismo periodo, aumentaron los homicidios de 29 casos a 75. En Nuquí, Bahía Solano y Juradó, poblaciones que bordean el Pacífico chocoano, desde hace una década la pesca de cocaína es una práctica habitual para generar ingresos entre los jóvenes.[10]
Es tal la dinámica de la violencia en las regiones que este cuadro se le agregan regiones y muertos todos los días.
En Buenaventura, las bandas armadas que se disputan el territorio y las rutas del negocio, patrullan a pleno día con armas largas los barrios marginales del puerto olvidado y segregado, a donde no les es permitido llegar a las fuerzas armadas oficiales, ante la impotencia de las autoridades que hoy dirigen los destinos del puerto, surgidas de las protestas ciudadanas que lo paralizaron durante 21 días en el 2017.
El desplazamiento de personas es permanente e inter barrial. No hay barrio que no esté expuesto. A muy buena parte de los porteños les toca encerrarse a las cinco de la tarde. Buenaventura despidió el 2020 con una masacre donde perecieron siete personas que se agregan a los casi treinta asesinatos con los que cerró este sangriento enero. La tasa anual de homicidios en 2018 fue de 111 asesinatos, y en 2019, de 113.[11] El desempleo en el puerto, antes de la pandemia era del 75%, un terreno abonado para que jóvenes sin esperanza engrosen las distintas bandas, grupos guerrilleros y disidencias.
En Argelia, El Tambo y Guapi, un triángulo que es un verdadero clúster de la cocaína, los grupos armados que se disputan las rutas imponen el orden, desplazan sus habitantes y asesinan concejales.[12] En Nariño existen, según Fundepaz, 15 grupos armados ilegales. El desplazamiento de la población es frecuente. Once humildes moradores fueron apresados en el camino entre Tumaco y el municipio de Mosquera y a esta hora no se conoce su suerte. Quizás no aparezcan nunca, engrosando la oprobiosa lista de los N.N que ha dejado este interminable conflicto. En los últimos han ocurrido once muertes violentas y aparecen fosas comunes.
Buga y Tuluá, en el centro del Valle, es teatro de disputa por distintos grupos ilegales, igual que Jamundí y el norte del Cauca. Estos territorios son ruta de narcos.[13] Cali y Popayán están rodeadas de matas de coca y de marihuana. En Buga, masacraron cinco jóvenes recientemente cortando de tajo su futuro.
Antioquia es la región de Colombia donde más masacres se han presentado. En el bajo Cauca, sus habitantes se habituaron al miedo y opera la ley del silencio. En Caucasia, Tarazá, Cáceres, El Bagre, Nechí y Zaragoza se cometieron once masacres de las veintiuna que se perpetraron en el departamento, donde hubo 2012 homicidios en el 2020. Las bandas armadas y las economías ilícitas imponen su ley.[14]
En síntesis, de los macabros acontecimientos de El Salado hace veinte años, la misma política equivocada produce los mismos resultados: regreso a la barbarie, perpetuación y agudización de la violencia, pobreza, desplazamiento, abandono, miedo, incertidumbre. La ilegalidad de las drogas complica enormemente el presente de la Nación y compromete su inmediato futuro. Las posibilidades de paz se van trasformado lenta y paulatinamente en nuevos ríos de sangre.
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[1] https://lasillavacia.com/historia/la-dificil-reconciliacion-de-argos-con-montes-de-maria-52428
[2] La Masacre de El Salado: Esta guerra no es nuestra. Informe del Centro Nacional de Memoria histórica. Taurus, Semana, Bogotá 2009.
[3] Ibíd., Pág. 100.
[4] Insistir en lo inútil, El Espectador, Editorial. 23 de diciembre de 2020.
[5] Así funciona el gobierno criminal en zonas de Medellín, El Tiempo, 20 de diciembre de 2020, Pág. 1.12
[6] Pactos y disputas de los carteles mexicanos en Colombia. El Espectador,20 de enero de 2021, pág. 7
[7] Para las disidencias de las Farc, el 2020 fue el año de la consolidación y expansión, El Espectador, 12 de enero de 2021.
[8] Al cierre de este escrito se ha desatado una controversia en torno a la erradicación de las matas de coca. Campesinos e investigadores han denunciado que el gobierno nacional ha inflado las cifras de erradicación para cumplirle a Washington. https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/02/las-cifras-de-erradicacion-de-coca-en-colombia-podrian-ser-falsas/
[9] Violencia en Norte de Santander: tierra de todos y de nadie. El Espectador, 1 de febrero de 2021, Pág. 2.
[10] Guerra y Coca. La maldición del Edén Chocoano. Los pescadores de coca. Especial del periódico El Colombiano de Medellín.
[11] La local, una banda armada que impone el silencio en Buenaventura, El Espectador, 10 de enero de 2021, Pág.18.
[12] La disputa territorial que recrudeció la violencia en Argelia, Cauca, El espectador, 29 de enero de 2021, Pág. 14.
[13] Así son las rutas de la droga y la muerte en el suroccidente de Colombia, El Tiempo, 21 de diciembre de 2020.
[14] Radiografía de la región donde ocurrieron más masacres en el 2020. El Tiempo, 17 de enero de 2021, Pág. 1.15.
Fernando Guerra Rincón
Foto tomada de: BBC
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