En Macondo no ha pasado nada, ni está pasando ni pasará nunca. Este es un pueblo feliz. Gabo, Cien Años de Soledad.
En Buenaventura, por sus calles principales, una multitud indignada, marchó y convocó al país, presidida por la principal autoridad civil, Víctor Vidal, uno de los voceros del paro cívico del año 2017. Entonces Buenaventura resistió por 22 días, y ahora él, la ciudadanía de todos los colores está comprometida con la movilización “SOS Buenaventura”.
Con él marchó también Monseñor Jaramillo, prelado de la iglesia católica. Todos exigen que paren la segregación, los asesinatos y se eliminen las bandas de Espartanos y Shotas, que son parte de una mayor, “La Local”. Estas siembran el terror en connivencia con poderosos intereses regionales y nacionales, que es necesario descubrir
Así, por fin, el diario más influyente de la nación, no le quedó más remedio que desconocer la voluntad de sus dueños, la familia Sarmiento Angulo. Abrió la ventana de la esperanza, al poner en primera página, la marcha de más de 80.000 colombianos, bonaverenses que, con tapabocas, quienes sin silenciarse gritan, demandan que el baño de sangre termine; y que las autoridades civiles y militares atiendan al SOS, el clamor de los abandonados, los discriminados, los olvidados de la tierra y el mar océano colombiano.
¡Qué miedo! Oh gloria inmarcesible.
“Hoy, como nunca antes, creo que debemos –quienes así lo sintamos- hacer pequeños actos éticos, así sea en la privacidad de nuestra casa, así sean simbólicos, como una señal de que todavía algo de dignidad nos queda.” Margarita Rosa de Francisco, “La Mencha,” ET, 11/02/2021, 1.12.
En contraste, sin embargo, en sus páginas editoriales, El Tiempo se trenza una confrontación y una advertencia, entre la columnista regular, la “Mencha,”, Margarita Rosa de Francisco, la corajuda periodista que escribe “Dilema ético”. Al lado aparece la amenaza que profiere, Luz Ángela Sarmiento, copropietaria de la casa editorial El Tiempo, con esta capitis diminutio pública:
“…seguirás siendo bienvenida en El Tiempo para expresarte libremente mientras estés dispuesta a respetar la honra y el nombre del resto de colombianos. Las difamaciones vulgares no serán toleradas nunca en este periódico.” (ET, 11/02/20, 1.12)
¿Quiénes son esos colombianos? ¿Los pobres, explotados, humillados y asesinados habitantes de la Costa Pacífica, y los que documenta tanto el Informe de la ONU, como el documento de HRW? Los representados en las denuncias de José Miguel Vivanco que pretenden debatir y excusar el gobierno Duque y su Consejera de D.H, Nancy Patricia Gutiérrez. Arguye con cinismo gubernamental, que “no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”.
Pues no, de quien habla Luz Ángela en la columna dirigida “A Margarita Rosa,” en primera persona, dando paso al derrumbe de la credibilidad y objetividad editorial del diario del que es copropietaria, es, ni más ni menos, “Luis Carlos Sarmiento Angulo, mi padre, y contra este periódico”.
Pero, ¿qué escribió Margarita Rosa?
“Cómo no preguntarme por la manera como están articulados los poderes hoy en Colombia?…los alcances de la corrupción empresarial asociada con la política, las autoridades de justicia, el paramilitarismo y el narcotráfico?” (ET, 11/02/2021, 1.12)
Ella misma, sin dar nombres, precisa: “¿Cómo no pensar en personas más innombrables que “el innombrable” dueños de todo el país, que financian las campañas de presidentes como el que hoy nos malgobierna?
¿Cómo no asombrarse con el monopolio abusivo del sistema bancario que él ha creado y que denuncian constantemente sus clientes por las redes?
Realidades y lecciones del “Pacífico”
“Como en Macondo aquel lejano 6 de diciembre de 1928. Quienes fueron asesinados a metralla y fuego de francotiradores con fusiles Catatumbo, de fabricación venezolana, murieron de muerte natural…” Sergio Ramírez, Aquí no ha pasado nada, ET, 24/12/20, p. 1.15.
Apenas este martes, un nuevo asesinato, el de un mototaxista, Deiner Castillo, un joven de 20 años, acribillado en el barrio Pampalinda, rompió el termómetro del temor y la paciencia de los pobres de la tierra y el mar reunidos en Buenaventura, el más rico e influyente puerto del “Pacífico” colombiano.
La presencia valiente, desafiante de monseñor Rubén Darío Jaramillo renovó la rebeldía ética que con el grupo de Golconda y monseñor Valencia, sacudió la comodidad de la iglesia cesárea. Permitió volver a recordar la campaña relámpago, y las denuncias de otro prelado emblemático.
Camilo Torres, con una plataforma de 13 puntos, interpelaba, concitaba con urgencia a conformar, con los de abajo, en particular, con los alineados, en su pluralidad manifiesta, el Frente Unido de los Movimientos Populares.
Al poco tiempo, empero, Camilo asediado e ignorado por las cúpulas partidista, tomó la decisión de enmontarse. Abandonó la disputa, sin armas, diferentes a la verdad y el ejemplo, por orientar la sociedad civil expósita de entonces y de ahora. También chantajeada por el terror, y una falsa promesa de seguridad para los de abajo. En verdad, antes, la defensa descarada del interés del bloque bipartidista dominante, reencauchado en otra alianza de clase, el Frente Nacional.
Por estos días, con la presencia de Diego Molano, otro de los amiguis del presidente Duque, militantes de la coalición que lidera el Centro Democrático, quieren ampliar el frente de la guerra social y asegurar sí las ganancias del capital transnacional. Haciendo oídos sordos de los asesinatos de los excombatientes de las Farc-Ep, agrupados ahora como Comunes, de los líderes sociales y comunales, a granel y en masacres.
Mientras tanto, este bloque oligárquico y reaccionario se dispone a depositar las cargas del desgobierno económico y sanitario sobre los hombros de los más, con la nueva reforma tributaria elaborada en secrecía, a la que ya le dio carta de aprobación el “innombrable,” después de lo cual vendrá la presentación ante un congreso dominado por la mayoría gobiernista, a algo más de un año de elecciones de Congreso, y luego, las presidenciales.
Las cuentas y los cuentos de la “estabilización”.
“En todos los frentes tenemos que lograr una decisión política de cumplir una planeación robusta y la irreversibilidad al final del 2021…en materia de víctimas, reincorporación, de planes de desarrollo con enfoque territorial, de sustitución voluntaria de cultivos y en lo relacionado con desarrollo rural integral.” Mauricio Archila, consejero para la estabilización, ET 9/01/2021, 1.5.
“Cristian Ramírez”, Diego María Yule, desmovilizado del sexto frente de las Farc, fue el número 252 de la macabra cuenta, y el tercer excombatiente asesinado al comienzo del año 2021. ET, 9/01/2021, 1.5.
“Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar.” Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los D.H, ET, 16/12/2020, 1.4.
Apenas en enero de este año, otra de los alfiles del gobierno que quiere otra paz, que no sea la pactada con los exguerrilleros, Emilio Archila, se ufanaba con descaro de los logros obtenidos en la implementación de los Acuerdos de paz durante el año 2020. Según sus cuentas el cubrimiento era de 170 municipios PDET, (Planes de desarrollo con enfoque territorial), que representan 16 regiones e impactan a 6,7 millones, con una inversión de 4,9 billones.
En diciembre de 2020, un excabildante indígena, Freiner Lemus, de 22 años, nada, del CRIC, del municipio de Páez, vereda de Guadualejo, oriente del Cauca, fue asesinado a tiros. Un mes después, un excombatiente participante de una ETCR en la Guajira resultó asesinado, aproximando día a día, la cuenta de asesinatos a la insultante, escalofriante cifra de 260.
Cuando Archila descomponía las cifras invertidas directamente en los firmantes de los acuerdos de paz de 2016, los municipios PDET beneficiados eran 71, con 100 proyectos productivos, que alcanzaban a 15.000 familias, y una ejecución de $24.187 millones, a cuatro años del posconflicto. Con la aclaración que no todos los aquí sumados son excombatientes de las Farc-Ep.
En su lugar, el Informe de la Misión de acompañamiento de la ONU, que corresponde al último trimestre de 2020, reconocía “reducción de los niveles de violencia, los avances de la justicia transicional, los adelantos en la reincorporación y la instrumentación de los PDET.” Pero, al mismo tiempo, la ONU recordaba al gobierno y la ciudadanía, 248 asesinatos de antiguos guerrilleros desde el 2016 (73 de ellos el año pasado) y 42 crímenes contra líderes sociales, el aumento de masacres.
A la vez, la Misión fijaba la atención, de modo especial, en la situación de cinco departamentos, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare, para insistir que “todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades” ante la JEP, y las instancias complementarias.
La macabra cuenta levantada en el posconflicto era también documentada por la alta comisionada de la ONU, de la Oficina para los D.H., que documentó 66 masacres perpetradas en 18 departamentos de Colombia, con un total de 255 asesinatos. A esta cuenta también hubo la respuesta de la consejera de D.H, insistiendo que “la protección de la población es la prioridad de la estrategia de seguridad dirigida directamente por el presidente Iván Duque.”
Para agravar el diagnóstico, el senador del Polo Democrático, Alexander López corregía las cifras del Informe rendido por Bachellet, con una afirmación concluyente: “Si la ONU atendiera a la realidad que maquilla Iván Duque, se alarmaría más al saber que son 83 masacres”. A lo dicho se sumó la sugerencia de la representante Ángela María Robledo, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en 2018, “Duque debería pedirle al ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, que se vaya.”.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD, Director Grupo Presidencialismo y Participación, Universidad Nacional de Colombia.
Foto tomada de: El Tiempo
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