Para nada resultan extraños los señalamientos de que la JEP está infiltrada por las FARC, que es mentira que existan tantas víctimas (antes negaban que las hubiera) y que todo es una persecución en contra del señor Álvaro Uribe Velez. Esto hace parte de la información falsa que, en épocas de posverdad o de verdad emotiva, inunda a, alimenta a o es alimentada por los medios de comunicación.
Una lectura distinta, más reposada, nos muestra que la Sala de Reconocimiento de la Verdad actúa como un verdadero órgano judicial. En cualquier proceso judicial se recoge información sobre lo ocurrido. Así, escuchan tú versión, mi versión y tratarán de dar con la verdad, que no necesariamente es mi versión o tú versión. Muy seguramente será una versión distinta. Aquí ha ocurrido precisamente eso. Recibieron información del Estado (no siempre allegada de la mejor manera) y la han cruzado contra las bases de datos que soportan las versiones de otros interesados (no siempre precisa).
¿Qué arroja ese ejercicio? Un panorama distinto al esperado por todos. Los que reportaban menos casos, se han sorprendido de que fueran tantos; y quienes reportaban muchos casos, también se han sorprendido porque fueran tan pocos. Seguramente, habrá casos que nadie ha mencionado y que cuyo esclarecimiento no será posible o fue hecho en otro momento y nunca quedó incluido en el informe estatal o de alguna organización de la sociedad civil. Tristemente, el modelo de los macrocasos lleva a que algunas víctimas sigan invisibilizadas. Es un costo del modelo de juzgamiento asumido. Al margen de esto, cabe destacar la imparcialidad y la independencia con que ha actuado la JEP en este caso.
La independencia de la JEP se aprecia en que ha resistido las presiones de los grupos y entidades estatales sobre su proceso de investigación. Así, frente a quienes consideran que la JEP es un “nido” de milicianos de las FARC, la Sala de Reconocimiento de la Verdad ha partido de la información aportada por la Fiscalía General de la Nación y por la Justicia Penal Militar. De ser un “nido” de milicianos, simplemente habría desechado esa información por ser aportada por “el enemigo”. Podría objetarse que la JEP ha ocultado su carácter de “nido” de milicianos, precisamente, al tomar como base esa información. Se podría añadir que la menciona, pero que no la toma en cuenta. Esto contrasta con la explicación que la JEP hace sobre la manera en que llegó al número de posibles víctimas, que consistió en contrastar la información estatal y la privada y, además, depurar las bases de información de la sociedad civil. Es decir, no “tragó entero” la información dada por las partes interesadas. Con esto, además, muestra su independencia frente a quienes sostienen (o temen) que la JEP es una confabulación de la derecha, una especie de lobo disfrazado de oveja.
Junto a resistirse a las presiones externas, la JEP ha dado muestras de imparcialidad. Este punto es más difícil de apreciar, porque, en medio de tanta irreflexión, no es claro qué se espera del juez imparcial. En términos generales, podemos decir que la imparcialidad del juez consiste en que su decisión se basa en lo probado. Algunos, sea desde la academia o sea desde el discurso politiquero, suelen señalar que las decisiones judiciales y lo probado es dependiente de la ideología del juez. Así, por ejemplo, para quienes la JEP es un “nido” de milicianos de las FARC, lo que la JEP de por probado estará determinado por ese ilegítimo origen. Quienes piensen lo contrario, llegarán a la conclusión similar; así, posturas terminan en que la JEP no es imparcial.
Estas conclusiones, además de simplistas, son erradas. Simplistas porque se basan en prejuicios y ocultan intereses (desde el que no se sepa la verdad, hasta la enorme ganancia que la guerra significa para muchos), en lugar de un análisis reflexivo sobre la labor de la JEP. Son erradas, porque no advierten dos elementos clave. De una parte, la neutralidad con que ha operado la JEP y, por otra, la ausencia de una decisión de fondo. Ambos asuntos están ligados.
En un proceso judicial la neutralidad consiste, en términos prácticos, en reconocer iguales oportunidades a las partes involucradas, en valorar de manera igualitaria lo que afirman o presentan las partes involucradas y en no generar privilegios para una de las partes involucradas. Según se aprecia, a ninguna de las partes involucradas se les ha negado hasta ahora la oportunidad de participar activamente en el proceso. Todos han podido presentar, conforme las reglas de procedimiento previamente establecidas, los medios probatorios o indiciarios o como se quiera llamar a los soportes de sus versiones. También ha valorado de manera igualitaria la información oficial y la de la sociedad civil.
Antes de seguir, es importante advertir que la información de uno y otro lado no tiene un estatus privilegiado dentro del proceso. Es decir, la verdad de un bando (por ejemplo, la verdad que surge de la información que entrega la Fiscalía) no significa que se anule la verdad del otro bando (por ejemplo, de alguna organización de víctimas). Cosa distinta es que la información que ofrezca la Fiscalía, sobre los hechos investigados, o que ofrezca la Justicia Penal Militar, sobre los hechos juzgados, tengan un plus de verdad, debido a que fueron sometidos a un procedimiento reglado. Pero nada significa que nieguen otras versiones. Que la fiscalía acusó a Juan de realizar una ejecución extrajudicial sólo significa que esa persona fue acusada, no que Pedro o José sean ajenos al caso.
Volviendo al tema, la JEP ha mostrado neutralidad al valorar de manera igualitaria la información ofrecida por las partes involucradas, al punto que, como se mencionó antes, depuró las listas y ha soportado las actuaciones en evidencia mínima: testimonios, exhumaciones, etc.
Pero, esta valoración igualitaria no significa que ha decidido que en realidad ocurrieron ejecuciones extrajudiciales en el número mencionado en el auto. Han señalado que es posible que sea ese número. Eso significa que, frente a los territorios mencionados en el auto, la cifra puede variar. También, que falta indagar sobre qué ocurrió en otras zonas del país.
Esto también es muestra de neutralidad, pues toma en serio toda la información presentada y no ha decidido hasta que se indague de manera más profunda. También, que existen voces que no se ha escuchado y que la JEP tiene el deber de escuchar y tomar en serio.
Una vez que se tenga toda la información relevante (pruebas suficientes), la JEP deberá entrar a decidir y podremos valorar su grado de imparcialidad. Por lo pronto, bastante imparcial es decidir, ante la existencia de cierta evidencia, que se debe seguir indagando.
Pero más allá de un análisis de la decisión de la JEP de hacer públicos estos hallazgos y sus decisiones de procedimiento, surgen preguntas importantes, que deben ser respondidas. ¿Pone la JEP en tela de juicio el honor militar? Con su actuación ¿mina la JEP la moral de las Fuerzas Militares? Y, si así fuere, ¿es un riesgo para la seguridad nacional?
Si entendemos honor militar en el sentido de antaño, en que los cuestionamientos al honor se resolvían con duelos, es evidente que la JEP ha puesto en tela de juicio del honor militar. Esa forma de entender el honor, como ausencia de cuestionamiento, y que liga honor con estabilidad, no es extraño en el mundo contemporáneo. Está presente en distintas decisiones, como callar a la prensa, que es el caso venezolano; en juzgar al detractor, como hace Putin; en silenciar al bloguero, como ocurre en China; o denigrar del opositor, como hizo Trump o nuestros líderes de derecha e izquierda.
Pero si entendemos el honor militar vinculado a valores modernos o contemporáneos como la confianza y la accountability (o, como sugieren algunos, rendición de cuentas), lo único que ha hecho la JEP es fortalecer el honor militar. No se puede negar que para muchos las Fuerzas Militares son un “nido” de asesinos. Para muchos, encontrarse con los militares en los caminos de Colombia es un martirio. Eso se debe a la falta, no de respeto, sino de confianza. No se confía, entre muchas razones, porque los abusos (que siempre ocurren en organizaciones grandes y conformadas o determinadas por seres humanos; por eso mismo existe un sistema de juzgamiento) no son tramitados como la sociedad espera. Pues bien, la JEP ha quitado el velo sobre las ejecuciones extrajudiciales y, con ello, genera la posibilidad de que quienes sean responsables por tales actos, “rindan cuentas”.
Pero más allá, abre la posibilidad de que la institución misma rinda cuentas. Ni los seres humanos, ni nuestras creaciones son perfectas. Se han dado, hay y habrá fallas. El honor, en el sentido, llamémosle así, medieval, pretende ocultar esas fallas, pues la legitimidad estaba ligada a la pretensión de perfección. Eso no refleja el mundo moderno; no es lo que una sociedad racional espera. Ella espera que, ante las fallas, estas se corrijan. Pero cuando el silencio impera, no hay espacio ni para la reflexión, ni para la corrección.
Ahora, pedirle a las Fuerzas Militares que rindan cuentas, ¿mina la su moral? Pues depende del soporte de su moral. Si la moral de las Fuerzas Militares de Colombia depende de que nunca se les llame a rendir cuentas, existe un deber jurídico y ético de minarlo. A nadie se le puede olvidar que en una democracia constitucional y bajo un Estado de derecho no existen actuaciones personales o institucionales, libre de juzgamiento. Y, éticamente, tendríamos un deber de enfrentar el autoritarismo que la tesis del “hecho del príncipe militar” entraña. Pero dudo que esa sea la postura de las Fuerzas Militares.
Podría ser que la moral de las Fuerzas Militares se mine al cuestionar su actuación, sin considerar las condiciones de la guerra irregular. En eso estoy de acuerdo. Nada más complejo que juzgar bajo condiciones de una guerra irregular, pues el derecho internacional humanitario nació de la guerra regular y se ha ido adaptando a la irregular. Seguramente habrá vacíos, imprecisiones y zonas grises. Pero, de ahí a negar la rendición de cuentas ante hechos que, claramente, se salen de la órbita de lo militar (pues el acto no es militar según quien lo realiza, sino si es una conducta propia de militares y en escenarios militares), so pretexto de minarse la moral, hay un largo trecho.
Esto pone de presente que lo que realmente mina la moral de las Fuerzas Militares es el falso positivo. Dar por muerto en combate a quien simple y llanamente es víctima de un asesinato, más que minar la moral, la aniquila. Despoja a las Fuerzas Militares de su condición y las degrada al nivel de una banda criminal, una vil BACRIM (Nota para los juristas. Valdría la pena, luego de leer esto, seguir con la discusión del tema en la obra de H. Hart “El concepto de derecho”).
Esto nos lleva a la tercera pregunta, relativa a la seguridad nacional. La ausencia de rendición de cuentas da razón a quienes, desde afuera y atrincherados en sus pitidictaduras, maldicen de las Fuerzas Militares de Colombia. He ahí el riesgo a la seguridad nacional. La falta de rendición de cuentas sea por iniciativa propia o como resultado de las actuaciones judiciales de la JEP o cualquier otro órgano judicial, impide distinguir entre quienes fueron fieles al honor militar y quienes enquistaron una BACRIM dentro de la fuerza pública.
Henrik López Sterup, Profesor de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes. Sus opiniones no necesariamente reflejan las de la Universidad de los Andes.
Foto tomada de: https://www.infobae.com/
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