El documento es de gran trascendencia básicamente porque se centra en garantizar los derechos de las víctimas tanto a conocer la verdad, como establecer las pautas que permitan el adecuado proceso judicial a quienes participaron en la perpetuación de estos hechos criminales. Como se señala la priorización es el camino posible para superar la impunidad, a través de ella se está de ser una metodología que en lo fundamental consiste en impulsar investigaciones a través de “macroprocesos y no “caso a caso”, y en la satisfacción de los derechos de las víctimas: “reagrupar casos individuales, de conformidad con patrones criminales, construidos a partir del cruce de diferentes variables (temporales, geográficas, calidad de la víctima, etcétera), y de esta forma, concentrar los esfuerzos investigativos hacia determinados sospechosos u organizaciones criminales”, y establecer “un orden estratégico para la investigación y el juzgamiento [que], puede contribuir a mejores resultados”. Esta concentración de los esfuerzos investigativos y mejores resultados…”[1], se trata en todo caso de un procedimiento que permite hacer concentración de esfuerzos institucionales en la aplicación de herramientas proporcionadas por la justicia transicional, siempre brindando las mayores garantías a las víctimas.
Además está providencia judicial al optar entre su metodología la investigación de los casos de “abajo hacia arriba” con la cual se pretende identificar todos los “…partícipes determinantes y máximos responsables a nivel regional y local; posteriormente, y con base en la construcción fáctica y jurídica realizada en esos primeros peldaños, determinará si hay y quiénes son los máximos responsables a otros niveles de escala territorial y nacional.”[2] En general el propósito de esta metodología es establecer todo el entramado que se dio en el desarrollo de una estrategia institucional con la cual se busca obtener o presentar resultados favorables en la lucha antiguerrillera, pero que terminó promoviendo o estimulando que desde las distintas unidades militares de “reclutar” a jóvenes en barrios populares de distintas ciudades y municipios del país, para inmediatamente después ser asesinados y presentados a través de los medios de comunicación cómo guerrilleros dados de baja en combate, ejercicio criminal a través del cual los participantes de dicha práctica obtenían beneficios, entre permisos, bonificaciones, ascensos, viajes, entre otros.
Pero quizá el hecho más relevante que se da a conocer a través de este informe de la JEP en la revelación del número de víctimas identificadas por esta instancia judicial, y aunque el tema de las cifras siempre fue un tema de controversia entre las organizaciones de familiares de víctimas de los falsos positivos y las autoridades nacionales, el hallazgo “… de la investigación que ha adelantado la Sala a la fecha y de la rigurosa contrastación de los distintos informes recibidos, resulta que durante el período comprendido entre los años 2002 y 2008 aproximadamente 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional”[3], la cifra por sí sola da cuenta en todo caso de una práctica horrorosa que se llevó a cabo en el país durante muchos años, que no se restringe como lo ha manifestado las organizaciones de víctimas, en particular el movimiento nacional de víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales al periodo entre 2002 y 2008, sino que se ha tratado de una política institucional de la fuerza pública, desde antes y con toda seguridad después del periodo que comprende el informe de la Justicia Especial para la Paz, también llama la atención de la cifra, que es un número tres veces superior al reportado por la fiscalía General de la nación en el informe entregado a la JEP. Los datos oficiales de la Fiscalía, que hasta ahora ha manejado es de 2.248 víctimas.
Pero llama mucho la atención que una vez conocido el informe, no tardaron en aparecer las voces que en lugar de contribuir a un ejercicio de construcción de la verdad, que fueron lance en ristre de nuevo contra la JEP, así lo hicieron saber a través de un comunicado el Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Militares de Colombia (CGA) quienes el 25 de febrero rechazaron enfáticamente el informe indicando que se trata de cifras infundadas orientadas a desprestigiar la labor de las fuerzas militares contra los enemigos de Colombia, y llamaron a la extinción encargada de la investigación a ser objetivas e imparciales. Pero quizá la reacción más virulenta pues esa a través de Twitter en la cuenta el General Enrique Zapateiro, comandante de las fuerzas militares “No nos dejaremos vencer por víboras venenosas” el 18 de febrero.
Y la batalla por esclarecimiento de la verdad de los crímenes de los falsos positivos como otras actuaciones por parte de los miembros de la fuerza pública, es una batalla larga y llena de obstáculos, porque como lo ha señalado el Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado MOVICE, que señala “…la existencia de un pacto de silencio entre agentes estatales orquestado con el Fondo de Defensa Técnica Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (FONDETEC), con el propósito de continuar ocultando los hechos y circunstancias que rodearon las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas y, con ello, proteger la responsabilidad de altos mandos militares implicados en estas graves violaciones a los derechos humanos”[4]. Y es que la magnitud de las sillas en tanto que pasos positivos como las desapariciones forzadas en el país deben tener preocupados no sólo al alto mando militar comprometidos en estas prácticas criminales, sino a empresarios y políticos quienes con toda seguridad estuvieron detrás de la planeación, financiación de encubrimiento de dichas prácticas.
Más allá de las revelaciones dadas a conocer a través del informe de la JEP, y las reacciones de distintas organizaciones de derechos humanos, del sistema de Naciones Unidas, y al miles de familias para evitar no solamente por el crimen cometido contra sus hijos, sino por una práctica de ocultamiento y negacionismo liderada por el gobierno nacional que intenta no solo desconocer lo ocurrido, sino que alentar una práctica de impunidad evitando el juzgamiento de los máximos responsables que ordenaron estos crímenes.
En este sentido, se crea una gran expectativa en el país con la aplicación de la metodología adoptada por la Jurisdicción Especial para la Paz, para que en el menor tiempo posible se conozca todo el entramado que está detrás de miles de ejecuciones extrajudiciales, como también de otros crímenes cometidos por agentes estatales, pero sobre todo se pueda conocer cuales el papel del alto mando militar, de los ministros de defensa involucrados en estas prácticas, así como también la responsabilidad de los presidentes de la República durante los períodos en que se ejecutó a esta política de Estado.
Así mismo, como lo han expresado las víctimas se debe avanzar en el esclarecimiento de los hechos o en la “verdad como un presupuesto para garantizar la no repetición de crímenes atroces y esta se debe construir de forma plena y genuina”.
______________________________
[1] AUTO No. 033de 2021 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ SALAS DE JUSTICIASALA DE RECONOCIMIENTO DE VERDAD, DE RESPONSABILIDAD Y DE DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS Pag. 3 Bogotá D.C., 12 de febrero de 2021
[2] Ibidem Pag 7
[3] Ibidem pag 6
[4] Comunicado MOVICE 09 de febrero de 2021
Alfonso Castillo, Defensor de los Derecho Humanos
Foto tomada de: Infobae
Fue una política pública los falsos positivos de las FFMM y del Estado. Aplicaron el derecho penal del enemigo como una doctrina con los manuales de las escuelas gringas de las Américas de lucha contra el comunismo.