En la letra de dicha Constitución quedo plasmado el marco valórico, ideológico y programático del Neoliberalismo y con precisión milimétrica la dinámica de una Sociedad articulada por los grupos de poder económico del mundo privado a través de un mercado cooptado por ellos y para nada libre. Se trata de una Constitución que en palabras de su principal mentor Jaime Guzmán “debe procurar que, si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para ser extremadamente difícil lo contrario”.
La Constitución del 80 está abrigada por lo que sus creadores denominaron Principio de Subsidiariedad (concepto elaborado por los neoliberales chilenos que no tiene nada que ver con lo que la politología clásica entiende por dicho principio) el que señala que “el Estado no podrá hacer nada que los privados puedan hacer”. Y ¿quiénes son los privados? en la práctica son los grupos económicos, menos del 1 % de la población nacional. Por lo mismo, la Constitución no deja muy claro quien define la frontera de lo que puede hacer o no el Estado o cuándo, cómo y hasta dónde puede actuar. Lo que sí deja claro es que el Estado no puede tener iniciativa empresarial, es decir, no puede crear empresas a no ser que sea autorizado por una ley aprobada por una gran mayoría de los legisladores, quorums elevados muy difíciles de alcanzar.
De esta manera el Estado, que por definición universal deberíamos ser todas y todos políticamente organizados y por lo mismo tener todas las facultades que le permitan a la ciudadanía de una Nación ir hacia el Desarrollo Sostenible, en el caso de la Constitución de Chile queda como un Estado débil, de escasa iniciativa y al servicio de los grandes grupos económicos. A modo de ejemplo, toda obra pública debe ser licitada a privados cuyo interés es el lucro, gran parte de los recursos naturales están privatizado o licitado y en aquellos servicios públicos en que puede actuar el Estado los privados también pueden actuar, sobre todo en aquellos que generan suculentas ganancias, a través de lo cual los Derechos Fundamentales son nominados en la Constitución pero no garantizados.
El despertar ciudadano, hacia la demanda de una Nueva Constitución fue paulatino. Es justo recordar que ya en los años en que se gestaba la Constitución del 80 surgieron voces como la del “Grupo de los 24” que en 1979 manifiesto que una nueva Constitución debía gestarse bajo determinadas condiciones: en un régimen con plena vigencia del derecho y las libertades públicas, mediante una Asamblea Constituyente y el 27 de agosto de 1980, en el marco de su intervención en un encuentro político a propósito del rechazo a la Constitución de 1980 en el teatro Caupolicán, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, junto con abogar por la vuelta a la democracia, llamó a la conformación de una Asamblea Constituyente que elaborara una nueva Carta Fundamental. La idea fue retomada años más tarde por la Alianza Democrática, que en el documento “Bases del diálogo para un gran acuerdo nacional” (1983) propone como uno de los ejes fundamentales para alcanzar un acuerdo con la dictadura, el convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución. Dicho documento fue suscrito por casi todos los Partidos que integran hoy al bloque Nueva Mayoría. Y en el debate de 1984, a propósito de la redacción de la Ley de Partidos Políticos, el Partido Comunista y el MIR también adhieren a la promesa de Asamblea Constituyente.
Sin embargo, tras la organización popular y triunfo para recuperar la Democracia a través del Plebiscito de 1988 a muchos les molestó la forma en que las cúpulas de los partidos políticos que acompañaron el proceso se acomodaron en el sistema de ordenamiento político, económico y social heredado de la dictadura a través de la Constitución de 1980. No fue agradable para la ciudadanía constatar que la promesa hecha tantas veces, de que cuando volviéramos a la democracia lo primero que se haría sería una Asamblea Constituyente para cambiar dicha Constitución por una democrática, se archivaba en los pasajes más oscuros de la memoria de las cúpulas partidarias. Al principio se podía entender que lo que los inmovilizaba era el miedo a un nuevo golpe militar pero nunca, hasta la fecha, existió desde las estructuras políticas la iniciativa por un cambio Constitucional, todo el proceso de demanda constituyente fue un lento y paulatino despertar colectivo de la sociedad. El año 2000 surge desde la ciudadanía la denuncia del primer caso de corrupción importante en el gobierno, el denominado caso Coimas, el que genera tal nivel de desorden Institucional que la Derecha se vio obligada a pactar con la centro izquierda, un paquete de Reformas de la Constitución aumentando los niveles de democracia y reduciendo mínimamente las amarras o trampas de autoprotección de la Constitución del 80, como sea fue un pequeño avance.
La llegada en 2006 de la presidenta Bachelet puso en escena por primera vez desde 1991 un paquete de políticas públicas sociales y su gestión coincidió con la aparición en escena del movimiento estudiantil denominado “de los pingüinos” quienes se movilizaron por Educación Pública de calidad y gratuita, tras esto adquieren protagonismo los movimientos sociales demandando cambiar el sistema de pensiones (no +AFP), los movimientos ambientalistas frenando obras que impactan al medio ambiente, las demanda por igualdad de género, nuevamente surge un movimiento estudiantil importante en 2011 y en la trastienda de todos ellos comienza a gestarse un movimiento creciente que demanda la Asamblea Constituyente. El Movimiento Asamblea Constituyente MAC, liderado por Gustavo Ruz, la iniciativa Marca tu voto con AC (Asamblea Constituyente), inspirada en la séptima papeleta de Colombia que logro que un 10 % de los votantes lo hicieran y logro comprometer a la presidenta Bachelet a llevar a cabo un proceso Constituyente que se realizó durante 2016 pero que al entrar a la presidencia Sebastián Piñera en 2017 guardó en un cajón bajo 7 llaves con la complicidad del Partido del orden compuesto por sus partidarios y algunos miembros de la “oposición”.
El paño frío de Piñera duró hasta el Estallido Social de octubre de 2019 donde nuevamente los jóvenes nacidos después del fin de la Dictadura toman desde la calle la conducción de la agenda pública ciudadana y ponen en jaque a toda la institucionalidad política de la Nación, lo que obliga a que la gran mayoría de los partidos firmen el 15 de noviembre el acuerdo denominado “Por la paz Social y la Nueva Constitución” en el que se suscribe un cronograma para ir hacia una Nueva Constitución que incorpora un Plebiscito de entrada para consultarle a la ciudadanía si quiere o no una nueva Constitución y bajo qué método esta se realizaría, para lo que se plantean dos alternativas; una comisión mixta o una convención constitucional donde se elija a todas y todos los Constituyentes. El plebiscito se lleva a cabo el 25 de octubre y para la primera pregunta gana por amplia mayoría la demanda de una nueva constitución y para la segunda pregunta gana la alternativa convención constituyente.
Hasta ahí todo muy bonito lo malo viene cuando en el acuerdo se somete a la oposición a aceptar que para que todo lo anterior ocurra deben aceptar que el quórum de acuerdo para que algo quede escrito en la Nueva Constitución este debe ser aprobado por el 66% mas 1 de les Constituyentes. Otra vez sometidos a los quórums especiales, la misma fórmula que nos aplicaron para no cambiar la Constitución del 80 y condición que fue aceptada por los Partidos.
Una vez más la Ciudadanía debe bregar contra las trampas del proceso pero aun así el sentido común de este pueblo que tanto le ha tocado sufrir para recuperar su soberanía, su Estado, sus recursos naturales, una mayor igualdad, su dignidad, su participación y su posibilidad de realizarse personal e integralmente, lo hace participar en más de un 50% de gente que vota en un 78 % por el Apruebo y en la actualidad se moviliza por las elecciones de Constituyentes. No me cabe duda que después lo harán en torno a la Convención Constituyente para acabar con la codicia y abrirle espacio a la participación, la solidaridad y la colaboración en el trabajo mancomunado por el Desarrollo Sostenible.
Hay una gran sabiduría detrás de esta ciudadanía y es que como dijo Salvador Allende “más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase la mujer y el hombre, libres, para construir una Sociedad mejor”, y sobre sociedad mejor y las demandas y sueños de la Ciudadanía en Chile, América latina y el mundo escribiremos el próximo artículo.
Diversos
Día a día está despertando en Chile un pendiente colectivo, aquel que hace referencia al verdadero cierre de la transición, la democratización efectiva del sistema político en nuestro país, es decir, la necesidad de una Constitución elaborada por todas y todos a través de una Asamblea Constituyente, que sea la que norme la forma en que nos vamos a relacionar y la forma en que tomaremos las decisiones sobre la administración y uso de nuestros recursos procurando el bienestar de todas y todos quienes habitamos el territorio de Chile.
El triunfo del NO en el plebiscito de 1988 y, con ello, el inicio de la reinstalación de la Democracia en Chile, es a vista de la realidad, un proceso inconcluso; por lo mismo, lo es también la promesa de la Alegría ya Viene.
Hay algo que a la gente le está molestando desde el comienzo del proceso de democratización, que quizás por un bendito miedo que nos permitió mantenernos vivos en tiempos de dictadura, se fue postergando en la priorización de sus demandas.
Las generaciones anteriores deben entender que mucha gente, la mayoría, no comparte el sistema de Partidos Políticos actualmente existente y consideran que la forma en que nos hemos organizado no es la que ellos y ellas quieren, lo que se comprueba con el alto nivel de abstención, pero al rayar AC en el voto claramente estarán manifestando que quieren otro sistema de organización y que ese debe ser participativo, es decir, conversado.
Pero hay promesas que por su profunda lógica se instalan de manera estructural en el imaginario colectivo y esperan un gatillante para que su demanda emerja. En este caso, el gatillante fue el proceso de movilización de los estudiantes de 2006, de los movimientos sociales y, sobre todo, las masivas movilizaciones del 2011.
La comunidad intuía que la Constitución del 80 iba a significar muchos males, pero tuvimos que ver en forma material la constatación de aquello para despertar este pendiente, el esperado cumplimiento de la democratización de las reglas del juego, es decir, la necesaria elaboración participativa de una Nueva Constitución que suplantara la ilegítima y sangrienta de 1980.
No es posible que las familias en Chile dejen de sentir la agresión que significa elegir entre varias hijas (os) o nietos(as) cual será el que vaya a la Universidad, o en el caso que vayan todos, adquirir un endeudamiento que coarta la posibilidad de una vida digna. Imposible no indignarse ante la muerte de tantos y tantas por negligencias y la falta de atención de una salud pública de calidad garantizada. Tampoco pueden ser indiferentes cuando con sus pensiones unos pocos hacen grandes negocios y lo que ellos reciben al final de toda una vida de trabajo no les permite ni siquiera en ese momento disfrutar de sus esfuerzos. La familia chilena ha cumplido con la demanda de esfuerzo que le hace el sistema hasta más allá del nivel del sacrificio, hasta más allá de lo posible, pero hoy despierta y nos dice que el costo no puede, ni debe ser tan alto.
Resulta muy impresionante y emocionante evidenciar que los padres y abuelos despiertan este pendiente de su imaginario colectivo gracias a la acción de quienes han vivenciado y sufrido junto a ellos sus esfuerzos y sufrimientos, los estudiantes.
La demanda de cambios estructurales al sistema, según las últimas encuestas, se ha instalado en más del 83 % de la Comunidad. Es una conciencia colectiva, un saber normativo, común a los miembros de la sociedad e irreductible a la conciencia de los individuos, ya que constituye un hecho social. Por ello decimos con paz y tranquilidad que la Asamblea Constituyente, más temprano que tarde va, para, como decía Salvador Allende, abrir las grandes alamedas en que hombres y mujeres construyan una sociedad mejor.
Pero si todo esto se lo debemos principalmente a los estudiantes y al movimiento social, entonces debemos comprender que los esfuerzos para que lo antes posible se lleve a cabo la Asamblea Constituyente es un esfuerzo de mayorías. Debemos lograr que ese 83 % se exprese y se escuche, por lo que cualquier campaña que emprendamos, como es el caso del marcatuvoto con AC (Asamblea Constituyente) no puede poner ninguna traba para que todas y todos los que quieran manifestar su demanda por AC lo hagan rayando el voto presidencial este 17 de noviembre.
Aquí hace falta que las generaciones más adultas comprendan que como dice Ortega y Gasset “yo soy yo y mis circunstancias” y que, por lo tanto, tan valido es que un votante que marque una preferencia presidencial marque también el voto con AC, como que lo haga un joven o adulto que sólo marque el voto con AC y no tenga ningún candidato o candidata que lo represente.
Las generaciones anteriores deben entender que mucha gente, la mayoría, no comparte el sistema de Partidos Políticos actualmente existente y consideran que la forma en que nos hemos organizado no es la que ellos y ellas quieren, lo que se comprueba con el alto nivel de abstención, pero al rayar AC en el voto claramente estarán manifestando que quieren otro sistema de organización y que ese debe ser participativo, es decir, conversado. En lo particular, la mayoría estamos de acuerdo en ello.
Entonces, a sumar todas las fuerzas de la comunidad para que lo antes posible, quienes habitamos en Chile, nos sentemos a conversar el tipo de sociedad que queremos y cuáles serán las reglas del juego para lograrlo.
Claudio Sule Fernández
Foto tomada de: BBC
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