¿En el reino de la impunidad qué duda cabe?

Basada en la información del fiscal Gabriel Ramón Jaimes, designado por el fiscal general Francisco Barbosa, para asumir la investigación que  había adelantado la sala especial de instrucción de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual había encontrado mérito suficiente para llamar a juicio, bajo medida de aseguramiento en prisión domiciliaria,  al exparlamentario, Álvaro Uribe Vélez, por el delito de soborno a testigos y fraude procesal, la Fiscalía General de la Nación, solicitó ante el Juez de conocimiento una audiencia de preclusión de la investigación  porque en su pesquisa encontró que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son, no se le pueden atribuir como autor o participe”  y que, como no halló  mérito para acusar al patrón y jefe de su partido el Centro Democrático, decidió solicitar la audiencia de preclusión, la cual se realizará “en la fecha que disponga la Judicatura”.

Esta decisión “podrá ser recusada por la contraparte y la Procuraduría General de la Nación”, precisó el comunicado de la Fiscalía General. Es lo que en mis tiempos de dirigente sindical llamábamos irónicamente “el sagrado derecho al pataleo”, este es en plata blanca, el último recurso que le queda a las víctimas de esta acción criminal, el senador Iván Cepeda Castro, el exfiscal Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Jorge Perdomo, pero seguramente la decisión está tomada y no habrá vuelta atrás.

Esta determinación causó profunda indignación entre las víctimas y  por supuesto entre los sectores de opinión que esperaban una actuación del fiscal Jaimes, en derecho y  apegada al mandato del juez de segunda instancia, en el cual le ordenaba  asumir la investigación desarrollada durante cerca de diez años y el abundante acervo probatorio aportado por la Corte Suprema de Justicia sobre el caso que, en más de 1500 páginas, sustentaban los hallazgos justificantes y el mérito suficiente  para llamar a juicio y  en prisión, al exsenador, precisamente para evitar que siguiera interfiriendo dolosamente en el proceso y respondiera por los delitos que le fueron imputados por la máxima instancia de la  justicia colombiana.

El exfiscal general Eduardo Montealegre, ante el anuncio de la Fiscalía, ha señalado que, parafraseando al nobel García Márquez, la decisión de proponer la preclusión del proceso es la “crónica de un prevaricato anunciado”. En efecto, todo indica que la renuncia del procesado a su curul de senador fue el comienzo de la planificada estrategia para eludir la acción de la Corte Suprema de Justicia y lo logró, porque el alto tribunal aceptó la tesis de pérdida de competencia para continuar a cargo del proceso y remitió el expediente a la Fiscalía General de la Nación. El fiscal Barbosa designó a su incondicional servidor, el fiscal Gabriel Jaimes, para que asumiera la investigación correspondiente. Las victimas recusaron tanto a Barbosa, como al fiscal Jaimes porque no ofrecían garantías de imparcialidad, dada su estrecha relación de dependencia política e ideológica, tanto del presidente real, como del subpresidente Duque y del Fiscal general.

A partir del momento en que la juez de conocimiento decidió que el caso pasara a la Fiscalía, el fiscal Jaimes, que actuó como vocero del ente acusatorio, asumió la defensa del acusado de quien dijo estar seguro de su inocencia. Es decir, que como bien lo señalaron las víctimas en sus declaraciones, desde el primer momento “se convirtió en el abogado de facto de la defensa del senador Uribe”, dejó claro que su misión era prevaricar para exonerar de toda culpa al jefe máximo de su partido. Luego, no fue sorpresa la cínica decisión de solicitar la audiencia de preclusión, en la cual tendrá que desvirtuar las contundentes pruebas recabadas y aportadas por la Corte Suprema de Justicia, con evidencias incontrovertibles y suficientes para incriminar al exsenador como el determinador y cómplice de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. No se conoce aún el documento en el cual el fiscal sustentará la preclusión que intenta absolver al procesado; pero, probablemente será un tratado de ficción e ilusionismo.

Las evidencias del prevaricato por acción y omisión, cometido por el fiscal Jaimes, que fueron denunciadas por el senador Iván Cepeda y su abogado y por el exfiscal Montealegre, son tan abundantes, que dan para “denunciarlo penalmente, no solo por prevaricato, sino incluso por fraude procesal” aseveró el congresista Cepeda, como en efecto lo harán, según lo manifestado en sus declaraciones. Estas son algunas de sus tropelías reseñadas por ellos:

1. Desconoció la decisión del juez de segunda instancia que declaró la validez de todo lo actuado por la Corte Suprema de justicia, desestimó el acervo probatorio y las evidencias recolectadas en casi diez años de investigación de la Corte, que señalaban a Álvaro Uribe como responsable, ordenador de los delitos cometidos y procedió a repetir la práctica de pruebas que ya habían sido realizadas por la Corte y que reposaban en el expediente, con la clara intención de favorecer al imputado.
2. Pasó por encima de la realidad procesal, al desconocer que, tanto el abogado de narcotraficantes, Diego Cadena en detención preventiva y sometido a juicio, como el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, a punto de ser enjuiciado, como cómplices de delitos presuntamente ordenados por el expresidente. Seguramente, a estos dos actores y cómplices del mismo delito, les espera la sindicación de haber cometido los delitos contra la voluntad del sindicado. Probablemente pasarán a fungir como los tristemente célebres chivos expiatorios de los delitos ordenados por su patrón.
3. Reciclaje de testigos, llamándolos a declarar nuevamente, para repetir la práctica de pruebas ya realizadas por la Corte, desconociendo que el máximo tribunal había descartado el testimonio de 24 testigos falsos presentados por la defensa del procesado, varios de ellos condenados por falso testimonio.
4. Favorecer los intereses de Uribe en el proceso, al actuar como defensor de facto del exparlamentario, al asumir como posiciones de la fiscalía los argumentos del imputado y su defensa, con la intención de invalidar de facto, lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia,
5. En actitud manifiestamente contraria a la ley, según el exfiscal Montealegre, no solo desconoció mas de 30 elementos probatorios aportados por la Corte, sino que solo recabó nuevas pruebas para favorecer a Uribe.

La actuación de “la justicia” del establecimiento, en este proceso, sobre el más pequeño de los delitos que presuntamente ha cometido el expresidente a lo largo de su oscura carrera política, deja evidente que el andamiaje institucional, económico, político, militar y, por supuesto jurídico, no fue construido para favorecer la democracia, garantizar los derecho humanos, civiles y políticos, proteger el llamado “interés general” y administrar justicia basada en los principios de igualdad e imparcialidad, sino para favorecer los intereses de la plutocracia en el poder, de los poderosos  amos del país, de sus aliados mafiosos y de sus  administradores los gobernantes, tapar sus delitos, exonerarlos de sus crímenes y asegurarles impunidad.

Si Álvaro Uribe es exonerado del delito que se le imputa, a pesar de la contundencia de las pruebas, delito, en cierta manera, de poca monta frente  a los crímenes de los cuales se le atribuyen en los centenares de procesos que cursan en su contra, en juzgados, tribunales, la Corte Suprema de justicia y en la  inútil Comisión de Acusaciones del Cámara de Representantes, lo que se espera es la  totalidad impunidad del expresidente que ha hecho del estado liberal un poderoso aparato criminal, una arrasadora máquina de muerte, que no solo anula opositores, críticos y contradictores sino que los elimina físicamente.

Qué duda cabe de que el genocidio que, según el presidente de la JEP, ha sido cuantificado provisionalmente por ese tribunal en 6.402 jóvenes civiles e inocentes masacrados, que superó con creces las cifras sumadas de las muertes causados por las dictadores del cono sur, para cumplir con la cuota de los litros de sangre exigidos como resultado de su terrorífica política de “seguridad democrática”, las masacres del Aro, la Granja, de la rivera del rio Ituango y tantas otras, que  acabaron con la vida de decenas de miles de hombres y mujeres inocentes, periodistas, educadores y educadoras, intelectuales, líderes y lideresas sociales, sindicalistas, campesinos y campesinas, indígenas, líderes y lideresas de negritudes, líderes agrarios, intelectuales, jóvenes y dirigentes estudiantiles, incluso niños y niñas violados y caídos por la bárbara acción combinada del ejército, la policía y las bandas paramilitares, de las cuales se dice fue su creador, quedarán en la más absoluta impunidad, por los que, de ser juzgado y condenado, necesitaría la vida que le queda y mil vidas mas para pagar sus crímenes.

Y, los entrampamientos a la paz, los perfilamientos a magistrados de las cortes, las chuzadas a periodistas, parlamentarios, académicos, intelectuales, políticos contradictores y de oposición, las  calumnias, las campañas de desprestigio e intimidación a sus  acusadores y sus familias, los asesinatos de defensores de derechos humanos como Jesús María Valle y Alfredo Correa de Andreis, ordenados presuntamente por él o inspirados en su desastrosa política de seguridad democrática, el constreñimiento al voto ciudadanos, la compra de votos con dineros de empresarios y narcotraficantes, el beneplácito al entrenamiento de mercenarios en territorio colombiano para agredir al país hermano de Venezuela, los bombardeos a presuntos campamentos guerrilleros ,a sabiendas de que allí se encontraban niños y niñas, la corrupción y el saqueo de los dineros del erario, delitos  todos cometidos bajo el manto protector del  “gran colombiano”, el patrón del mal,  que controla para  su beneficio y el de sus cómplices el conjunto de las putrefactas instituciones del Estado también quedaran cobijados  con el mato de la impunidad.

En fin, ¿qué duda cabe de que quienes hacen las leyes por órdenes de los amos del país, las hacen pensadas para ser aplicada a los de ruana y proteger a las cúpulas del poder, en cuyo favor crean túneles de escape para evadir la acción de la justicia cuando se sientan acorralados, como en el caso del presidente genocida que nos ocupa?

Tal es el tamaño de la responsabilidad de la juez 28, a quien la asignaron el caso, de quien se dice en las redes sociales, es uribista y con serios cuestionamientos éticos que circulan en las redes sociales. La historia se encargará de juzgarla según sea su sentencia.

José Arnulfo Bayona, miembro de la Red Socialista de Colombia

Foto tomada de: Semana.com