En medio de la incertidumbre generada por la pandemia del covid-19, la política electoral conquista espacios en las mentes de los colombianos y diferentes sectores políticos se agitan con miras a concretar alianzas para las lecciones nacionales de 2022 sin que se atisbe con certeza la configuración de las fuerzas que se enfrentarán en las urnas.
En este contexto de fronteras sinuosas y cambiantes resurgió la idea de unificar las elecciones presidenciales y regionales, idea que se expone con cierta regularidad y es objeto de rechazo por sectores que tienen claro el origen de lo dispuesto en la actual Constitución Política de Colombia.
Esta vez la propuesta fue lanzada una vez más por Gilberto Toro, presidente de la Federación de Municipios y el representante a la Cámara Alejandro Chacón – su principal impulsor – con el argumento de que ello permitirá al Gobierno contar con más recursos para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia, ahorrándose más de 400 mil millones de pesos, y de contera coordinar los planes de desarrollo nacionales y regionales. Loable intención mas no convincente.
Como se dijo, el proyecto no es nuevo y las respuestas provenientes de varios sectores e, inclusive, del Presidente, han sido negativas. En esta ocasión fue la misma y tajante por cuanto el corolario del proyecto es extender el período de gobierno de los actuales mandatarios dos años, lo que a todas luces atenta contra las reglas vigentes y la frágil democracia del país.
El proyecto, no solamente viola la Constitución, irrespeta la voluntad popular que eligió a sus representantes por un período determinado y, sin lugar a dudas, habría sido rechazado por la Corte Constitucional, sino que es inviable operacionalmente. Además de modificar las fechas de inscripción de los candidatos para las próximas elecciones, y trastocar la organización de las mismas, tendría que pasar la aprobación de ocho debates en el Congreso para ser puesta en acción, lo cual no está asegurado.
La propuesta no puede ser entendida sino como expresión de un concepto de Estado patrimonial ajeno a la idea de Estado de derecho liberal y a la importancia de las instituciones cuya razón de ser es garantizar el funcionamiento del aparato estatal sirviendo de marco para adelantar políticas sustantivas en el entendido de que permiten producir resultados previsibles.
Las reglas institucionales son un factor que afecta la conducta de las personas y los grupos y, en consecuencia, la sustancia misma de la política, y si bien no están condenadas a ser algo fijo, sino como algo que evoluciona, los nexos entre la política y las instituciones son complejos y pasan siempre por la mediación de las conductas de los individuos. El pasarlo por alto ha llevado, como lo atestigua un estudio reciente de la Universidad de los Andes, a que la satisfacción con la forma como funciona la democracia en Colombia haya caído a su nivel más bajo en los últimos diecisiete años pues apenas dos de cada diez ciudadanos aprueban la manera como hoy se gobierna en el país.
Rubén Sánchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: Semana.com
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