Pero antes de hacer un análisis sobre los riesgos que implica la judicialización de la política, es preciso advertir las inconsistencias jurídicas de la decisión de la Fiscalía de Barbosa. Ello daría cuenta de la falta de rigor técnico y de la ausencia de imparcialidad en este y otros casos, argumento que a la vez contribuye a demostrar que desde el Búnker se ha montado una oficina con una clara agenda política.
Según el ente investigador, el ex gobernador de Antioquia habría incurrido en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, a raíz de la firma de un empréstito por un valor de 77 millones de dólares en 2013. A juicio de la delegada ante la Corte Suprema, para 2020 se habría ya generado un detrimento patrimonial de unos 320 mil millones de pesos como consecuencia de la devaluación; detrimento que supuestamente le es imputable a Fajardo.
La tesis de la Fiscalía es absurda y genera un nefasto precedente. Eso sin contar que con ese mismo rasero deberían terminar en la cárcel, nada más ni nada menos, que los ministros de hacienda y los co-directores del Banco de la República, quienes a diario toman decisiones sobre empréstitos con organismos internacionales. Volviendo al caso, el ente acusador considera que Fajardo habría fallado al no haber previsto la volatilidad del dólar, así como también por no adquirir una cobertura cambiaria.
Exigirle a un mandatario prever la variación del dólar es tan ridículo como pedirle que pueda vaticinar el futuro. Dicha acusación no tiene ni pies ni cabeza y se cae de su propio peso. Recordemos que desde 1999, a solicitud del Fondo Monetario Internacional, se derogó el decreto 444 de 1967 que le daba al Banco de la República el control del cambio. A partir de 1999, se decidió manejar un sistema de flexibilidad cambiaria, lo cual hace del valor del dólar algo, por su misma definición, volátil e imposible de calcular.
Ahora, frente a la omisión por la no adquisición de una cobertura cambiaria, cabe señalar que este tipo de seguros son excesivamente costosos y no son obligatorios. Hacerlo hubiera podido mitigar parcialmente el golpe de la devaluación del peso, pero habría implicado al mismo tiempo un riesgo disciplinario, fiscal y penal por su alto costo.
La decisión de la Fiscalía desató una serie de respuestas tanto de reputados penalistas, como de los sectores políticos y de opinión. Incluso líderes que han mantenido distancia con el ex gobernador salieron a criticar la imputación de cargos. Y es que no es para menos. Además de carecer de fundamentos legales, económicos y técnicos, tal y como advirtieron el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía, o abogados como Francisco Bernate, marca un funesto antecedente político en una campaña que ya de por sí no ha sido conducida limpiamente.
La fiscalía de Francisco Barbosa se metió de lleno en la carrera presidencial y parlamentaria de 2022 y está dispuesta a ejercer un sicariato judicial para debilitar a los oponentes del actual gobierno y del proyecto político que encarna el uribismo. De manera calculada y abierta, Barbosa ha logrado limpiar los pecados del ex presidente Álvaro Uribe y de su entorno político, mientras ha reactivado investigaciones contra personajes como Sergio Fajardo, Claudia López y Aníbal Gaviria, entre otros.
Y ¡Ojo! Este es el comienzo de una andanada de imputaciones temerarias que saben que, a pesar de no tener sustento ni vocación de éxito, hacen mucho daño ante los tribunales de la opinión pública. Con tan solo un comunicado pueden ensuciar la imagen de un candidato y dotar de artillería a sus detractores políticos. Mientras tanto, procesos verdaderamente graves como los de Odebrecth, Reficar o la misma “Ñeñepolítica” donde estarían involucrados el mismo presidente Duque y varios de los asesores del ex presidente Uribe, duermen en los archivos de la fiscalía.
Los culpables de delitos deben responder, no importa su color político. Lo único que se espera es que se actúe dentro del marco de la legalidad y de las debidas garantías procesales. Mal haríamos desde este espacio poner en tela de juicio la justicia colombiana. Como juristas y como demócratas, debemos presumir la legalidad de sus actuaciones. Acatar y respetar sus fallos. Acudir a las instancias donde seamos invocados, responder con la verdad y colaborar en todo momento. Esta es y debe ser la única guía de comportamiento de todos los ciudadanos y líderes políticos. Pero no por ello, se debe omitir el peligro que implica en un Estado de Derecho la cooptación de la rama judicial y el adelgazamiento de la independencia de los poderes públicos. Y desafortunadamente, ese proceso ya comenzó y está en marcha.
El mediocre desempeño del gobierno de Iván Duque, quien no ha logrado tramitar una sola reforma estructural en sus casi tres años de administración, contrasta con su habilidad en haber puesto a sus aliados políticos a la cabeza de los organismos de control y en la misma fiscalía. El verdadero proyecto político del uribismo está en perpetuarse en el poder para avanzar en la captura de la rama judicial y así blindar a sus líderes frente a los más crasos abusos de corrupción y de participación activa en el conflicto armado.
Se han venido multiplicando las voces que piden fusionar las altas cortes, derogar la Jurisdicción Especial de Paz, limitar el ejercicio de las tutelas y el control que se pueda ejercer sobre el presidente, reducir el presupuesto de la justicia o incluso, garantizar los derechos de las víctimas del conflicto vía formulario enviado por email. Todas estas iniciativas provienen del mismo sector: el uribismo. Ese mismo que celebra las actuaciones de Barbosa cuando favorecen a su jefe político pero que no ahorran epítetos y amenazas contra las decisiones de la Corte Suprema o de la JEP cuando destapan esa dosis de dolorosa verdad que los involucra como protagonistas en escandalosos delitos. En un juego esquizofrénico y maniqueo han acostumbrado a su fanática audiencia a tolerar el doble rasero en la justicia. La que conviene es buena, la que acusa es mala.
No es gratuito que, a un año de las elecciones, el candidato más reconocido del centro político y que mantiene grandes chances de competir por el Palacio de Nariño, sea investigado y su imputación se anuncie a pesar de la carencia del rigor técnico y jurídico de los méritos por los cuales es llamado a responder. El caso de Sergio Fajardo es la antesala de una escalada de procesos judiciales en contra de todos los que puedan derrotar al uribismo en 2022. Entramos oficialmente en la era del sicariato judicial.
Gabriel Cifuentes Ghidini @gabocifuentes
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