El jueves 15 de abril se produjo, por fin, el desenmascaramiento de Alberto Carrasquilla, el minHacienda de Colombia, quien destapó su rostro para hablar en público a la nación aterida, cual oráculo televisivo ante la asediada república, aquejada de tres males curables, pandemia, violencia social y política crecientes, y general recesión económica.
Esta república desde los tiempos de la seguridad democrática vive a cuenta gotas de sangre el desmonte “regresivo” de la untada de estado social de derecho que inauguró la treintañera Constitución de 1991, que en su primer quinquenio empezó a ser descuartizada con una cascada de “contrarreformas.”
Hoy, en este sainete trágico, que tiene como corifeo a Alberto y como consueta al exsenador subjúdice, el envalentonado establecimiento da nuevos y sonoros pasos hacia el Estado comunitario de los grandes propietarios del capital financiero, y de sus servidores más obsecuentes, los medianos dueños de tierras y empresas que se lucran de la agroindustria y la ganadería, por una parte.
De otra parte, se reconoce al ejército de funcionarios parásitos del capital financiero, los intelectuales que mediante fuentes legales e ilegales justifican con su jerga y recursos técnicos los procesos de especulación y acumulación con los que se despluma a los habitantes de esta nación segregada y desigual como la que más.
A unos y otros se responderá el 28 de abril con una movilización/paro de carácter nacional que pondrá en la Plaza de Bolívar a miles de protestantes, convocados por las centrales sindicales y un sinnúmero de organizaciones civiles y políticas, que, junto con los trabajadores independientes e informales, las mujeres y los jóvenes animarán la protesta.
Sin embargo, a este acto le han salido voces de advertencia con respecto a su eficacia, si de combatir a la reforma tributaria se trata. Esas voces claman, entre otras la del senador Gustavo Bolívar de la Colombia Humana, que si de paro es de lo que hablamos tiene que ser indefinido hasta que se caiga ese proyecto de acto legislativo presentado esta semana para su trámite inicial ante la comisión tercera del senado; compuesta por quince nombres cuya lectura permitirá desde ya ubicarlos de qué lado están.
Probemos el caldo
“Un Estado que en lugar de crear las condiciones para que se generen oportunidades de empleo y emprendimiento que le ayuden a salir de la crisis causada por la pandemia, lo que hace es arrinconarlas con impuestos adicionales por $28 billones al año, de los cuales a las personas naturales les tocará aportar el 60%.” Germán Vargas Lleras, Naufragó el barco. ET, 11/04/21, p. 1.16.
El nieto de Carlos Lleras, el insistente aspirante a la presidencia Germán Vargas Lleras, ha estado botando fuego desde sus columnas editoriales del domingo y, en particular, en la del 11 comentó el anuncio del ministro de Hacienda de “querer dejar el barco en medio de la tormenta para irse a la CAF.” Para él, hace lo contrario de un capitán quien tiene que ser el último en abandonar la nave ante el inminente naufragio.
¿Qué olas que agitan el mar del capitalismo azotan nuestras orillas? El Ulises criollo grita en cubierta: solamente hay caja para seis semanas, sirena de suspensión de pagos que toca a los asalariados a cargo del Estado; la urgencia de colocar 9 billones de TES, ante el riesgo inminente de perder el grado de inversión con el que las calificadoras internacionales del riesgo condenan al ostracismo a los países, tornándolos con su veredicto como “inviables”.
El conductor del “Cambio Radical” que se ha quedado en promesa, pero siempre compartiendo mermelada en las buenas y las malas, se erige como campeón de los sectores medios del país, y a ellos lanza sus redes para sacar provecho del “espantado” cardumen que da bandazos en las orillas.
Así, el pseudo Catón primero fija su atención en las personas naturales, para distinguir de ellas a dos grupos: el primero son los paganini regulares de impuestos, los asalariados; y los que evaden la carga fiscal, y entre ellos, los profesionales independientes, comerciantes y empresarios del agro y la ganadería que se benefician de la “informalidad total”.
El segundo grupo que diferencia Germán no serán los afectados. Lo que hace pensar que allí están protegidos la mayoría de los votantes del Centro Democrático, los Conservadores, las iglesias cristianas y no pocos neoliberales que son los coequiperos de César Gaviria y su delfín desde el año 2008, y de buena parte de los que se alinean en el paraguas multicolor que se distingue como Alianza Verde.
Varguitas no habla de los asalariados en general, por supuesto, sino quienes que tendrán que desembolsar el 10% por impuesto solidario sobre los ingresos desde junio de 2021, perderán también deducciones y exenciones, pagarán mayor impuesto de renta, y sufrirán los cambios anunciados en materia de IVA.
¿Qué pócima tomar para curar el daño causado por la crisis de la pandemia? Curioso remedio el de nuestro “arriesgado analista”. Resulta que lo que debe combatirse es la evasión y el contrabando que suman entre $40 y $60 billones por año. Pero esto viene ocurriendo por años, e incluye los gobiernos que iban a refundar la patria, a la chita callando, Pastrana Arango, Uribe Vélez, Santos y, ahora, Duque Márquez.
Pero a aquellos le faltó decisión política, que, por lo que se infiere, le sobra al heredero de la Casa Lleras, quien también tiene palabras de encomio para dos delfines “garosos”, Tomás y jerónimo, preocupados por la austeridad del gasto del actual gobierno, pero, a la vez felices, porque fueron exonerados de toda culpa como beneficiarios de primera línea de las zonas francas en las goteras de Bogotá. Estos “acercamientos” preelectorales despiertan más de una sospecha.
Destapando la Caja de Pandora
“Cualquier reforma tributaria debe prestar especial atención al impuesto de renta a las personas naturales de altos ingresos. Aquí el problema principal, como lo señala la Comisión, son los beneficios que reciben las rentas de capital (o no laborales en general) y ganancias de capital.” J.A. Ocampo. La reforma tributaria. ET, 4/04/21, p. 1.13.
Un economista de sobrados quilates, premiado con muchas residencias en el extranjero, hoy acreditado profe de la U. de Columbia, antes pasado por agua en las oficinas de la CEPAL, José Antonio Ocampo, se vale de uno de los think tanks, suena parecido a “tik tok”, la Comisión de expertos para diseccionar los alcances de la reforma del gobierno, en una columna titulada “La reforma tributaria”, que publicó El Tiempo una semana antes, que Vargas Lleras.
Él arranca diciendo con el apoyo a la idea de hacer la reforma para financiar un mayor gasto social de manera permanente, el placebo de un remedo de “renta básica”, y frenar los altos niveles del endeudamiento externo del país, que ya superaron los $156.000 millones de dólares. Esto último es grave porque alborota los capitales golondrinos que juegan en el casino global según su conveniencia.
Pero, el destape ocurre acá, en un país mojigato en otras materias, cuando define quiénes son los contribuyentes del marchito Estado social prometido hace 30 años: la tributación efectiva en Colombia es baja, 19,3 por ciento del PIB, cuando el promedio en la Ocde es 33,8 por ciento. La disparidad en la tributación se “descubre” en el impuesto a la renta que de modo general pagan las personas naturales, 1,2 por ciento frente al 8,1 por ciento en la Ocde.
Enseguida el turno es para el IVA, y Ocampo desdice al gobierno, para señalar que es falso que los mayores beneficios tributarios no se ocultan allí. Indica, apelando a la Comisión, de la que hizo parte, que la tasa efectiva de tributación “tiende a disminuir para el 5% y aún más para el 1% más rico de la población.”
Dicho lo cual, el impuesto a la renta tiene que tocar a los altos ingresos de las personas naturales, con una deducción máxima no superior al 25%. Elevar el impuesto a los dividendos, incluidos los pagados entre sociedades; gravar las pensiones altas, eliminando el doble beneficio tributario del que gozan hasta hoy (cuando se contribuye al sistema pensional y se recibe pensión). A lo anterior se suma prohibir el pago de gastos de consumo a través de ASA o empresas similares, y los que pagan las empresas para sus altos ejecutivos, los cuales no son más que formas de evasión tributaria.
En la seguidilla de golpes a los privilegios en materia de tributación, Ocampo lista también: los beneficios sectoriales para las personas jurídicas; el descuento del ICA del impuesto de renta establecido hace 2 años. Reclama que los beneficios, todos, sean temporales y evaluados de modo regular; revertir los beneficios de las zonas francas, que entre otros aprovechan los hermanos Uribe, e impedir la creación de nuevas zonas, el más reciente “obsequio” de la pareja reformadora Duque/Carrasquilla, por lo que Ocampo enfático en la derogación inmediata el decreto 278 de 2021. Igualmente, que las zonas francas paguen IVA, no más nuevas zonas uniempresariales.
El destape en compañía del economista Ocampo se cierra en forma general con la indicación que el impuesto al patrimonio tiene que ampliarse y elevarse, de una parte, y de otra, toca la causa del ambiente que vuelve a discutirse globalmente por estos días. ¿Cómo? Con impuesto a las emisiones de carbono, en lo que Colombia y su industria extractivista tiene grandes intereses, como los tiene también Estados Unidos, Europa, China, India y Rusia entre los más destacados miembros de este club.
Nos habla al final de otros impuestos ambientales, dependiendo de la existencia de alternativas orgánicas, con una coda, que advierte sobre lo que pasa con la autorización gubernamental por vía administrativa del uso de plaguicidas, y, en particular, el glifosato para dizque combatir con eficacia el cultivo de coca.
¿El vellocino de oro: solidaridad sostenible?
“El proyecto de Ley de Solidaridad sostenible con el que el gobierno pretende conseguir unos 23,4 billones de pesos que le permitan afrontar la crisis social y económica que generó la pandemia del Covid-19…” ET, 16/04/21, p. 1.4.
La reforma tributaria que ya fue presentada junto con la interlocución del minhacienda tiene para exhibir el componente de la “solidaridad” que es el gancho con que continuara el desmonte del Estado social y su reemplazo por el estado comunitario de los propietarios, que es el sueño dorado del “estadista” Álvaro Uribe Vélez, quien exigía para concretarlo, un ejercicio del poder ejecutivo in tuito personae por 20 años.
La aspiración del exsenador, quien espera que su causa penal precluya, no pudo cumplir su edad de oro como él quería. Entonces pensó que lo haría su protegido Santos, ante la caída de sus dos preferidos palafreneros, Arias, quien cumple sentencia por el escándalo de AIS, y Oscar Iván Zapata, salpicado por Odebrecht, derrotado en la segunda vuelta por Juan Manuel, traidor a la causa uribista de “refundar la patria.”
Esa causa, luego del aplazamiento, parece al fin cumplirse en cuerpo ajeno, con el presidente Iván Duque, quien se ciñe a los dictados de su patrón casi sin excepción. De esa estrategia es la “fórmula engañabobos” de la solidaridad sostenible, que se superpone ahora como emplasto a la solicitud de renta básica que levanta la oposición política. Una urgencia incuestionable a raíz del fenómeno arrasador de la pandemia, que en esta última semana alcanza la mayor virulencia, cuando se combina con una desigualdad de las más altas del planeta.
Para conseguir los $23,4 billones, las cuentas de Carrasquilla indican que provendrá del impuesto solidario a algo más de 7.000 contribuyentes, esto es, colombianos y empresas extranjeras cuyo patrimonio supera las 134.000 unidades de valor tributario (UVT). Suma que equivale a 4.865 millones de pesos. Una UVT, con la que se determinan las obligaciones tributarias, equivale a $36.308 pesos, según lo dispuso la resolución 000111 de 11/12/2020.
El impuesto solidario obra sobre la riqueza tiene a favor de los contribuyentes, el poder excluir el valor patrimonial de su vivienda, casa o apartamento, hasta $980 millones, esto es, 27.000 UVT. También se excluye el 50 % del valor patrimonial de bienes objeto de impuesto de normalización tributaria declarados para el periodo gravable de 2022, que hayan sido repatriados.
Las personas que reciban dividendos por encima de 29 millones de pesos anuales tienen también que tributar, y será del 15%. La tarifa se paga sobre cada peso que supera el límite de los $29 millones.
La carga impositiva se extiende a quienes ganan $10 millones o más mensuales, que incluye pensiones, y tendrán que pagar 10% sobre la base gravable, según lo establece el art 96 del proyecto de Ley que ya empezó su trámite el pasado jueves.
La miserable versión de la “renta básica” en Colombia, según lo propuesto por el gobierno Duque reconocerá un ingreso solidario hasta $366.000, para un hogar de 3 personas, y con un ingreso mensual máximo de $1 millón. Estas familias tendrán una devolución del IVA por $50.000. Las personas cubiertas con este ingreso solidario de hasta $ 416.000 serán 19 millones.
El cuadro de contribuyentes empieza con los que tienen entre $2,5 y $ 4 millones de ingreso mensual por persona, no pensionados. Pagarán renta por primera vez, y su número se estima en 1 millón de personas. El otro grupo es de quienes ganan $7 millones o más, pensionados, que pagarán por primera vez, y su número calculado es de 28.000. Están en el vértice de la pirámide, quienes ganan $10 millones o más, quienes pagan el impuesto de renta, y le adicionan el 10% por 6 meses. Este grupo lo constituyen 400.000 colombianos y extranjeros.
Conviene precisar, siguiendo lo que informa el director de la DIAN, Lisandro Junco, que pagarán impuestos de renta por sus ingresos en 2022, los asalariados que ganen más de $50 millones al año ($4,1 millones al mes); en el 2023, lo harán quienes tengan ingresos superiores a $35 millones; y desde el 2024, aquellos cuyos ingresos superen los $30 millones ($2,5 millones mensuales).
Entonces, lo dicho contrasta con lo que se establece para el año 2023, en tarifa efectiva de asalariado, porque quienes ganen $36 millones anuales, tendrán que pagar en el año, el 0,20, y del 2024 en adelante, el 1,10%.
La anterior progresividad tiene el objetivo de incrementar el número de contribuyentes en Colombia, que a la fecha no supera los 3,5 millones, según consta en lo documentado para el año 2020. Se aspira, entonces, a doblar este número. En lo que tiene que ver con el impuesto a las pensiones, lo pagarán quienes reciben más de $7 millones. Se suma el IVA del 19 % en los servicios públicos de los estratos 4,5,6, con la eliminación de la contribución ya establecida para los estratos 5 y 6.
En cuanto al IVA, Carrasquilla es tajante al comparar el caso colombiano con el promedio de los países de la OCDE, para decir que hoy, el país recauda el 39% del potencial, y ahora se aspira a alcanzar el 43%, mientras que en la OCDE es del 56%.
¿Angostando el Estado?
“Más impuesto a la renta. Castigo tributario a empleados. Impuesto a las pensiones. IVA a la canasta familiar. IVA a los servicios públicos. Peaje dentro de las ciudades. Que pague la clase media…” Roy Barreras, ET, 16/04/2021.
Para recaudar los 23,4 billones se proclama la austeridad en el sector público, eso sí, exceptuando el personal de la fuerza pública, a quienes sí se les incrementarán los salarios.
En particular, se conceden estímulos aquellas entidades que bajen los contratos de prestación de servicios en el mismo valor que se modifica la planta de personal; igual pasará con las entidades sobre las que el presidente ejerce facultades extraordinarias.
Lo prospectado indica que entre los años 2022 y 2026, los gastos que corresponden a entidades del presupuesto general de la nación no pueden superar la meta de inflación esperada para cada año en el marco fiscal de mediano plazo. En específico, la ley puesta a consideración del legislativo, solicita que se otorguen facultades especiales al presidente con el fin de que fusione, suprima o reestructure entidades y otros organismos.
De igual manera, el gobierno revela que busca realizar un cambio en la regla fiscal, que busca entre los años 2022 a 2031, para subir la inversión a $ 280 billones. Se advierte, eso sí, que la regla fiscal solo tiene metas sobre balance fiscal y no sobre endeudamiento, porque sus metas dependen de variables no observables.
¿Qué hacer?
“Lo que pretende el gobierno de Iván Duque con la reforma tributaria es hacer más precaria la situación de los pensionados y de la clase trabajadora del país, busca llevar al pueblo colombiano a la miseria absoluta”.
“Acá están cosas de la Comisión de expertos, de Fedesarrollo y de Anif, tres opiniones que valoramos y consideramos, que aportaron al debate.” Alberto Carrasquilla, MinHacienda, ET, 16/04/2021, p. 1.2.
“No es cierto lo de los productos que pasan del régimen exento al excluido del IVA. En la canasta familiar quedaron incluidos los bienes y servicios que se necesitan para la producción de esos bienes. El pollo pasa de exento a excluido, pero el maíz quedó con el 5%:” Richard Aguilar, senador liberal.
Al hacer del balance de lo calculado por el gobierno, las llamadas cuentas de la lechera, el comienzo del denominado ajuste “progresivo” ordeña las siguientes tetas: el impuesto de renta y patrimonio de las personas naturales, junto con pensiones y dividendos: $17 billones al año; el IVA y sus cambios que dará $7,3 billones, al eliminar la categoría de exentos, que ordeña a los contribuyentes por la puerta de atrás; y por último, $ 3,7 billones que tributarán las empresas.
Con esta comprimida mirada queda más que claro, que la reforma progresiva, tal y como se cacarea por el gobierno, es una contrarreforma regresiva, en la medida que está claro, uno, que los que menos tributarán serán las empresas capitalistas, que, por ser obvio, no conviene en ningún caso pasarlo por alto. Porque han sido sus ejercicios especulativos, y la errónea dirección de los empresarios la que afecta al orden capitalista local y global, cuando menos, desde el año 2008.
En relación con los $7,3 billones por concepto del IVA, sabemos que el retorno por ese concepto, los que ganan hasta $1 millón, por familia de 3, y los de menos ingresos, a lo sumo se beneficiarán de un reembolso de $50.000 mensuales. Dicho lo cual, es evidente que los directamente afectado serán los diferentes estratos de la clase media, del 2 en adelante, en el que se ubican en el extremo entre los dos niveles.
En lo que tiene que ver con el grueso de los aportes, quienes tendrán bajo sus hombros la responsabilidad del rescate de la quiebra del Estado colombiano, es la clase media, en efecto, a partir de los estratos 4, 5 y 6. Aunque la última de las categorizaciones oculta a los superricos que no por eso dejan de ser menos visibles, y hoy más que nunca resultan ser los verdaderos dueños del país, como los bautizó en un celebre libro de los años 70, Julio Silva Colmenares.
El cuento de Álvaro Uribe, que esta es una “reforma tributaria, social y de ahorro”, queda reducido a que estamos en presencia de una fábula de Pacho Cuca, quien morirá de inanición si toma en cuenta lo informado por el ministro estrellado, Carrasquilla, quien con desparpajo dijo que la canasta de huevos en Colombia cuesta $ 1800. Sí, en efecto, es una contrarreforma tributaria, antisocial y despilfarradora. Esto último, por la potísima razón que deja la vena rota para quemar recursos en la guerra interna contra las insurgencias rebeladas contra la estafa al proceso de paz pactado en 2016, como ellas lo repiten.
Además, deja el chorro abierto para seguir gastando billones al pago a las fuerzas armadas y de policía, en lugar de destinar el medio millón de hombres en armas a tareas productivas y no destructivas. Sigue destinando recursos para librar una “guerra contra las drogas”, que en verdad es una guerra social contra los pobres del campo, para quienes desde 1961 se les promete y no se les cumple la reforma agraria y la transformación de las condiciones de vida en el campo. Y ahora cuando se pactó una reforma agraria integral se la desagrega en ejercicios corrientes, y conocidos, propios del Estado comunitario de los propietarios, en detrimento de los pobres de los campos, y las minorías que los habitan.
Es necesario, en seguida, que las fuerzas de oposición estructuren un pacto social y democrático cuya cuota inicial sea la elaboración de un programa de reformas alternativo, que recoja el clamor de los muchos, de las multitudes subalternas, que sea viable y aplicable en lo inmediato y mediato. Que no se deje timar por el cuento de Vargas Lleras, quien advierte de manera sofística: “Esta reforma es el verdadero despropósito nacional. Quién lo creyera, se nos anticipó la reforma Petro.”
Nada que ver. Es bien importante que el mejor equipo de economistas y estudiosos del gobierno y la administración, y un equipo, el más calificado de especialistas en salud y educación, quienes en interlocución con las regiones y los municipios levanten un pliego de demandas y acciones inmediatas y mediatas, con bases auto-organizadas en torno a ellas, cuyo segundo acto sea la convocatoria a un paro cívico y popular nacional indefinido, votado por estas públicamente.
Un proyecto de reforma que se presente en la Plaza de Bolívar el día 28 mismo, y que tenga una vocería removible con los congresistas de oposición que lo suscriban, y estén dispuestos a defenderlo dentro y fuera del Capitolio.
Estamos a pocos días, el tiempo para la rebeldía con fundamentos y pasión por la verdad es indestructible. Es el tiempo de la democracia sin más aplazamientos.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, Ph.D. Director Grupo Presidencialismo y Participación, UNIJUS/Colciencias
Foto tomada de: https://www.elmundo.com/
Deja un comentario