La misión especial de la ONU liderada por el señor Carlos Ruiz Massieu dio a conocer su último informe trimestral, que comprende lo sucedido entre finales de diciembre de 2020 y finales marzo de 2021. En la sesión referida de dicho consejo, máxima instancia permanente de la ONU, presidida directamente por su secretario general Antonio Guterrez, quien además asume y presenta oficialmente este tipo de informe. En su contenido llama a que cese la violencia contra excombatientes acogidos a la paz, comunidades, defensores de derechos humanos y liderazgos sociales. Detalla con alarma que en solo ese trimestre fueron asesinadas 14 personas excombatientes de las FARC acogidas a la paz, para un acumulado total desde la firma del acuerdo de 262 homicidios en su contra. En consecuencia, demanda medidas efectivas de protección, de seguridad, garantías eficaces, respuesta integral del Estado con este asunto y con el conjunto de los compromisos del acuerdo de paz, de manera que estima que su tratamiento debe ser concertado.
Dice al respecto el informe que se debe: “Asegurar la protección de excombatientes, comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos; garantizar la sostenibilidad del proceso de reincorporación; consolidar la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto; fortalecer el diálogo constructivo entre las partes y fortalecer las condiciones para la reconciliación”[1].
La exposición del informe en la sesión estuvo a cargo del representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien saludó algunos avances particulares del acuerdo, en particular relativos a los avances del SIVJRNR y estimó positivo el que después de más de dos años del mandato del presidente Iván Duque, al fin se hubiera producido una reunión entre éste mandatario y Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, conformado por el colectivo de excombatientes de las anteriores FARC EP. Sin embargo, al término de su intervención, varios de los integrantes del Consejo de Seguridad, entre ellos el de Rusia y el de China, criticaron la ocurrencia de los numerosos asesinatos contra exintegrantes de las FARC participantes en el proceso de paz y cuestionaron la existencia de un marco efectivo de garantías Estatales y gubernamentales.
En su intervención de reacción prevista en representación del Gobierno y el Estado colombianos la canciller Claudia Blum, a renglón seguido expresó que además de las responsabilidades con relación a la aplicación del acuerdo de paz que se le señalaban a la parte estatal, debían señalarse responsabilidades a la contraparte, de forma que expresó: “…debe considerarse la existencia de las disidencias de FARC como un incumplimiento, justamente, de las antiguas guerrillas convertidas ahora en partido político Comunes”[2].
El hecho de éste señalamiento resulta particularmente grave y peligroso para los excombatientes de las FARC acogidos al acuerdo de paz, porque precisamente con las llamadas disidencias se ha hecho por parte de quienes las integran es una ruptura violenta contra el acuerdo de paz, al cual ellos permanecen acogidos con fidelidad y, al contrario, han sido un factor de riesgo y con frecuencia de ataque violento contra ellos. No tiene ningún asidero con la realidad el que quienes se marginan del proceso de paz en curso, lo traicionan y retoman las armas para realizar acciones violentas, pretendan ser asociados o bajo supuesta responsabilidad, de quienes precisamente afrontando graves riesgos persisten en una acción civilista y pacífica de construcción de la paz. Más aún, como lo han señalado informes gubernamentales, judiciales y de organizaciones de derechos humanos, tales grupos disidentes aparecen entre los principales responsables de los ataques mortales contra la población de excombatientes acogidos a la paz.
Entre las voces internas e internacionales que protestaron por esta declaración del gobierno colombiano a través de su canciller, estuvieron las de Humberto de la Calle y varias de las otras personas que obraron como negociadoras por parte del gobierno de la época con relación a éste acuerdo de paz. La reconocida agrupación civil Defendamos La Paz (DLP) expidió un comunicado de fuerte reclamo y de exigencia al Gobierno Nacional de aclarar la situación y rectificar lo expresado[3]. El columnista de El Espectador Nicolás Rodríguez calificó la intervención de la ministra como “irresponsable, agresiva y equivocada”. Desde las comisiones de paz de Senado y Cámara y de ONG de paz y derechos humanos y organizaciones sociales hubo también indignados pronunciamientos exigiendo la rectificación pública interna e internacional al gobierno.
“Dirigiéndose al Consejo de Seguridad de la ONU y en reacción al informe, Claudia Blum responsabilizó a la antigua guerrilla, hoy partido político, por la existencia de disidencias. De ahí pasó, en un triple salto mortal, a responsabilizarlas de los asesinatos. (…) Una salida irresponsable, agresiva, equivocada pues la mayoría de excombatientes cumplieron. Y los que no cuentan con esquemas de protección derivados de funciones políticas ahora los matan”[4].
Se produjo entonces pronto un comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, el cual en nombre del Gobierno nacional precisó que la intervención de la ministra o canciller Claudia Blum ante el Consejo de Seguridad de la ONU “recoge las orientaciones y lineamientos del Gobierno” y afirmó que en su intervención hizo fue “referencia a quienes habiendo sido miembros del acuerdo con las FARC, posteriormente se retiraron”, para que de tal forma se consideren “sus incumplimientos individuales”, agregó[5]. Es decir, el comunicado niega lo que realmente dijo la canciller, que fue difundido ampliamente por medios de prensa, no rectifica y afirma, contrariando la verdad, que la canciller habría dicho las afirmaciones que presenta.
Esta situación resultó ser una muy mala señal ante la gravedad de lo sucedido precisamente con la masiva victimización contra las personas excombatientes de las FARC, de forma que parte de ésta grave problemática reside en que son objeto de señalamientos y estigmatizaciones, de forma que el propio gobierno nacional resulta asumiendo tal tipo de posición contra los integrantes de Comunes y se resiste a reconocerlo, rectificarlo y aclararlo.
Dada ésta grave problemática humanitaria que golpea a fondo la implementación del acuerdo de paz, el pasado dos de abril Rodrigo Londoño, en nombre del partido Comunes, envió un mensaje crítico al gobierno, dirigido al propio presidente Iván Duque en los siguientes términos: “…quiérase o no su gobierno es responsable –por acción u omisión- de la ola de violencia que vive el país y el recrudecimiento del conflicto. (…) La “paz con legalidad” se percibe en los territorios como “un boicot a la implementación del acuerdo de paz”, esta percepción no es caprichosa, acentúa los temores e incertidumbres de los firmantes del acuerdo y de las comunidades rurales”[6].
En solo los cinco días previos a la entrega del informe de la misión de la ONU referido, se habían sucedido otros cinco asesinatos, para completar siete en lo corrido del mes, agregando nuevas víctimas mortales entre excombatientes de las FARC activos en el programa de reincorporación.
Según un informe dado a conocer recientemente realizado conjuntamente por el Programa Somos Defensores, Indepaz, la Comisión Colombiana de Juristas y otras ONG de derechos humanos colombianas, se estableció que entre noviembre de 2016 y junio de 2020 se produjeron 944 homicidios contra personas de liderazgo social o acción de defensa de los derechos humanos o excombatientes de las FARC reincorporadas. El análisis de los casos les permitió inferir la existencia de tres patrones de victimización: Sistematicidad, estigmatización e impunidad.
Leonardo González, investigador de Indepaz, una de las entidades gestoras de este informe declaró a la prensa: “Estos asesinatos afectan a grupos con características similares, se concentran en determinados sectores de liderazgo o defensa de los derechos humanos, o en la población excombatiente, y se focalizan en determinadas zonas”. Indicó que se trata de zonas que han sido altamente afectadas por el conflicto, la pobreza, ausencia de garantías estatales, violencia y frecuente peso de economías ilícitas. Agregó con relación al contenido de este informe que es mayor el número de personas victimizadas por señalamientos y formas de estigmatización, lo cual se relaciona con amenazas y casos de atentados y homicidios.
“Estos mensajes (de la estigmatización) pretenden dejar en entredicho su integridad y buscan dejar en duda su labor de defensa de los derechos humanos y liderazgo social, vinculándola con la guerrilla, con otros actores armados o con acciones de corrupción”[7].
La JEP ante la gravedad de la situación ha tomado cartas en el asunto. Decretó medidas cautelares de protección a favor de la población excombatiente afectada y exigió al gobierno adoptar un plan estratégico de atención, protección y logro de efectividad en medidas y garantías al respecto a su favor. En pasados días la JEP dio a conocer un informe que establece el registro de 289 homicidios selectivos contra excombatientes de las FARC, de los cuales 264 eran comparecientes ante la JEP. En su informe estableció que de los homicidios contra excombatientes 212, el 73%, no tienen establecido presunto responsable, de forma que sobre el resto en su orden aparecen las siguientes presuntas responsabilidades: Las disidencias de las FARC en 31 casos, otros actores diversos en 14, el ELN en 12, “Los Pelusos” (disidencia del EPL) en 6 y la Fuerza Pública en 3[8].
Por su parte, la Corte Constitucional estudia tres tutelas que podrían llevar a un fallo que establezca responsabilidades gubernamentales y estatales por incumplimientos del acuerdo de paz y de sus compromisos relativos a las garantías firmadas, que podría llegar hasta declarar dadas las graves situaciones con la implementación del acuerdo una nueva situación de “estado de cosas inconstitucional” (ECI), como lo hizo con anterioridad en casos como las desatenciones en derechos contra la población víctima de desplazamiento forzado y la población carcelaria. Es decir, el ECI hace referencia al desconocimiento masivo y generalizado de los derechos que debían ser garantizados y protegidos para éste colectivo humano.
“La Corte preguntó (a entes gubernamentales y estales competentes) por cumplimiento de metas en la implementación, por protocolos que ya deberían estar en marcha, por la situación financiera de la UNP, por cuantos homicidios de ex-Farc han sido esclarecidos con imputaciones en firme. También quiere saber en qué van los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDEP) y qué tanto atienden la Fiscalía y la Policía las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo”[9].
Rodrigo Londoño discute en la actualidad que “es indispensable que el Gobierno implemente, en su espíritu y letra, lo acordado en La Habana”. El partido Comunes dio a conocer que elevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la solicitud de convocar a una audiencia que convoque su participación y la del Estado y el Gobiernos colombianos, para que se analice con su concurso la situación dada la gravedad que ha asumido.
Por su parte, el consejero presidencial Emilio Archila declaró a los medios de prensa que el objetivo del gobierno es que no existan éstas muertes, que vienen actuando en correspondencia y negó que existan responsabilidades gubernamentales o estatales al respecto. “…no existe negligencia ni complicidad de parte de ninguna entidad del Estado con los homicidios contra excombatientes”[10].
Y entre tanto, como lo denuncian los integrantes de la sociedad civil que hacen parte de la instancia de la Comisión Nacional de Garantías conformada por el acuerdo de paz, en una carta enviada éstos días al presidente Duque, esta instancia creada para diseñar la estrategia de desmonte de los grupos sucesores del paramilitarismo señalados en muchos informes de numerosos crímenes contra liderazgos sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, no ha sesionado para discutir las propuestas que han presentado con el concurso de ONG de DDHH y organizaciones sociales sobre el tema, mientras que la situación de violencia se agrava en los territorios[11].
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[1] Informe trimestral ONU, misión especial en Colombia, citado en: “ONU urge frenar la violencia contra los excombatientes”, María Isabel Moreno, Escuela de Periodismo, Multimedia El Tiempo, 8 de abril de 2021, página 1.6.M
[2] Intervención de la canciller Claudia Blum en el Consejo de Seguridad de la ONU, 21 de abril de 2021, https://www.semana.com/nacion/articulo/fuego-amigo-en-el-gobierno-por-declaraciones-de-canciller-claudia-blum-ante-la-onu/202148/
[3] Defendamos La Paz, comunicado, 22 de abril de 2021.
[4] “La canciller de palabras rápidas”, Nicolás Rodríguez, El Espectador, 24 de abril de 2021, página 17.
[5] Comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, Bogotá, DC, 23 de abril de 2021.
[6] Mensaje público de Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, al presidente Iván Duque, Bogotá, 2 de abril de 2021.
[7] “Cinco regiones concentran el mayor número de casos de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados”, El Tiempo, redacción justicia, 5 de abril de 2021, página 1.4
[8] Informe del Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, Bogotá, abril de 2021.
[9] “Seguridad de ex Farc, a estudio de la Corte Constitucional”, Felipe Morales Sierra, El Espectador, 21 de abril de 2021, página 4.
[10] Declaración de Emilio Archila, consejero presidencial, en: “Radiografía de los crímenes contra exintegrantes de las Farc”, Julián Ríos, Monroy, redacción justicia, El Tiempo, 24 de abril de 2021, página 1.2.
[11] “Carta al presidente Iván Duque y al alto comisionado para la paz Miguel Ceballos”, Franklyn Castañeda Y Gustavo Gallón de la Plataforma de DDHH, Camilo González y Jaime Caicedo, expertos, y Rosa Emilia Salamanca y Linda Cabrera, invitadas permanentes, Bogotá, 26 de abril de 2021.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: https://www.infobae.com/
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