Lo del Cagúan terminó mal como ya sabemos y sirvió para fortalecer a las fuerzas que estaban en el otro lado, la derecha extrema que se agrupó alrededor de la figura de Álvaro Uribe en las elecciones de 2002 que fue apoyada como hoy se sabe no sólo por lo más granado del establecimiento sino por las fuerzas de la parapolítica que controlaban el 36% del Congreso según declaraciones de Salvatore Mancuso líder paramilitar hoy preso en los Estados Unidos. Uribe inició una contraofensiva militar no solo convencional sino apoyada en el accionar de grupos paramilitares que golpearon no solo a la estructura militar de las Farc-EP sino a la población civil. Durante dichos años se multiplicó la crisis humanitaria y fueron desplazados millones de campesinos. Esos millones que han llegado a sumar cerca de 7 millones desde 1985 y a quienes se arrebató un poco más de 7.1 millones de hectáreas de tierra, según los informes de la primera Encuesta de la Contraloría General de la República realizada en el año 2015.
Los éxitos militares de las Fuerzas Armadas Gubernamentales que dieron de baja a varios miembros del secretariado y replegaron a esa guerrilla a zonas selváticas y marginales para la economía nacional, alimentó en un amplio sector de la opinión pública la creencia que por la vía militar se podría derrotar a las FARC-EP y esa percepción dio frutos para que esa derecha extrema procediera a la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe en el año 2006 con una amplia mayoría. Pero las guerrillas también cambiaron y desde el año 2008 iniciaron un proceso lento pero sostenido de sus acciones militares como lo demuestran las cifras de los diversos observatorios sobre el conflicto que registran las acciones militares de la confrontación interna. Estas cifras las suministraron entre otros el Observatorio de la Corporación Nuevo Arco Iris y el Cerac, para mencionar dos de dichos observatorios. Pero la intensificación de la confrontación armada interna dio -para que ante el fallo de la Corte Constitucional que declaro inconstitucional el intento de un referendo para habilitar a Uribe para un tercer período- para que se apoyara a Juan Manuel Santos que con las banderas de la derrota militar de las FARC-EP ganó en segunda vuelta la elección presidencial. Santos como se sabe desde el discurso de posesión acto en el cual de manera inusual estaba acompañado por Uribe anunció que la llave de la paz no estaba arrojada al mar sino que dependería de la actitud de las guerrillas el iniciar un proceso de negociación para salir por esta vía del conflicto armado. Desde entonces Uribe asumió la oposición a la salida política. Se iniciaron las negociaciones primero de la Agenda que culminaron en Agosto de 2012 y luego la instalación formal de las mismas en Oslo en Octubre y el inicio formal en La Habana en noviembre de dicho año.
Uribe decide mantener su postura de confrontación armada y derrota de la insurgencia por la vía militar. Y allí en medio de la negociación por parte del Gobierno con el respaldo mayoritario de la clase política y de los sectores democráticos y de izquierda llegamos a las elecciones del año 2014. El tema central de dicha campaña fue el de la paz negociada o la rendición de las FARC que fue sumamente clara y nítida en los discursos políticos desplegados por las diversas campañas en la primera vuelta presidencial. Zuluaga que finalmente gana en la primera vuelta con un discurso de rendición de la guerrilla y de rechazo a la negociación del Gobierno de Santos quien como presidente Candidato enarboló las banderas de la paz de manera timorata en la primera vuelta quedando en segundo lugar. Para la segunda vuelta se produjo un realinderamiento de fuerzas que dio como resultado que la política de negociación se impusiera en esa segunda vuelta por cerca de un millón de votos sobre la candidatura guerrerista de Zuluaga. Mayoritariamente los votos de la izquierda, cerca de dos millones que obtuvo Clara López y un sector de los Verdes que había acompañado a Enrique Peñalosa dieron el respaldo a Santos con la oposición de Jorge Enrique Robledo del Moir. Este triunfo dio oxígeno al proceso para su exitosa culminación el 26 de agosto de 2016 y para la firma pública el 26 de septiembre en Cartagena, pero se chocó con la realidad del plebiscito del 2 de octubre en que la opción del NO se impuso por cerca de 50 mil votos a quienes hemos sido firmes partidarios de la salida negociada al conflicto armado.
Ahora el tema central es la aplicación de los acuerdos y el avance de los mismos. Por una parte los desarrollos legales y normativos que permitan su implementación que quedaron en manos de la clase política tradicional que es ampliamente mayoritaria en el Congreso de la República y por otra, el cumplimiento de los acuerdos por parte de la insurgencia de las FARC-EP y posibles avances en la mesa pública de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional próxima a instalarse este 7 de febrero en Quito, Ecuador. Un tema central que podría incidir de manera muy positiva en el cambio de la percepción que un sector amplio de la sociedad tiene de que el país fue entregado a las exigencias de la insurgencia, es la implementación de los acuerdos. En contra de toda evidencia y producto de la desinformación y de la mentira repetida muchas veces, pues las medidas que se encuentran consignadas en los acuerdos lo que buscan -como lo hemos reseñado en éstas mismas páginas- es la creación de un campesinado medio que efectivamente sea una talanquera para las economías ilegales asociadas a los cultivos de uso ilícito así como a la minería ilegal y esta transformación se basa en tres herramientas consignadas en los acuerdos: un fondo de tierras de tres millones de hectáreas para distribuir gratuitamente entre familias de víctimas y familias campesinas sin tierra; la formalización de 7 millones de hectáreas teniendo en cuenta que el 64% de la propiedad en Colombia no está debidamente formalizada y un plan de dotación de bienes públicos en las regiones en las cuales se ha desarrollado con mayor intensidad el conflicto armado, tales como escuelas, hospitales y centros de salud, vivienda campesina digna, vías terciarias para sacar la producción, crédito de fomento. Esto lo que busca es el desarrollo de una economía campesina vigorosa que redundará para bien del conjunto de la sociedad con más y mejores alimentos para el conjunto de la población colombiana. Lo propio debe decirse de los acuerdos consignados en el punto 4 de la Agenda que se refiere a la sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito que debe coordinarse estrechamente con el punto de tierras para que pueda funcionar adecuadamente.
También depende de que las reformas políticas consignadas en el punto 2 se puedan implementar y principalmente cuatro que son de vital importancia para la profundización de la democracia en el país. (1) La puesta en marcha de las 16 circunscripciones especiales de Paz que daría vocería y visibilidad a representantes de las regiones que sufrieron con mayor rigor el conflicto pero ello requiere de una reforma legal que las haga posibles y que adicione esas 16 curules en la Cámara de Representantes para que se puedan elegir en el año 2018; (2)La aprobación del Estatuto de la Oposición y su puesta en marcha; (3) así como reformas a los poderes electorales en manos del clintelismo que los hacen inoperantes e inanes a temas como la corrupción y la captura de los recursos estatales en salud, educación y demás políticas públicas sociales. Esta última parte es crucial para el combate al clientelismo, la compra y venta de votos, el financiamiento ilegal de la actividad política y en general para el debilitamiento y la erradicación de las mafias de la contratación ahora que se habla de lucha contra la corrupción, y (4) el desmonte del paramilitarismo y la política criminal de estos grupos que vienen asesinando impunemente a líderes sociales, defensores de derechos humanos y dirigentes de la Marcha Patriótica que sumaron más de un centenar en el año 2016 y que ya son más de seis en lo que va corrido de 2017. Este último punto es clave para el futuro del proceso pues no puede repetirse la macabra historia de más de 3000 líderes de la Unión Patriótica asesinados, crímenes que permanecen en la más completa impunidad.
Ello para no hablar de contenidos de los acuerdos que son vitales pero que no alcanzarán a dar frutos antes de la contienda presidencial del año 2018. Nos referimos aquí a componentes del Acuerdo referidos a la Comisión de la Verdad, Tribunal de Justicia para la Paz, Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas y el programa de reparación a las víctimas. Estos instrumentos que podrían aportar al cambio de la percepción ciudadana sobre sus bondades para lograr un cierre del sangriento conflicto que hemos vivido en los últimos 60 años no darán frutos sino al mediano plazo. Si todo marchara bien antes de la contienda electoral apenas estarán configurados e instalados, los 38 jueces del Sistema Integral de Justicia para la Paz nombrados y en funcionamiento sus diversas instancias, la Comisión de la Verdad instalada y lo propio la Unidad de Búsqueda de Personas Desparecidas.
El gran problema es que en los temas sociales y en la inversión pública no se ven avances significativos. El Gobierno desaprovecho la reforma tributaria para dotar al Acuerdo de recursos propios y frescos y no hay claridad de dónde van a salir los recursos para poner en marcha los componentes sociales del acuerdo que son a no dudarlo los más costosos; nos referimos a lo que cuesta poner en marcha el Fondo de Tierras para la Paz, la construcción de la infraestructura y los bienes públicos que incorporen a las zonas marginadas escenarios de la confrontación armada a la economía nacional, por el contrario, la Oficina del Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia así como investigadores independientes han denunciado el copamiento de territorios dejados por las FARC-EP en su proceso de desmovilización por bandas criminales y por actores armados ilegales dentro de los cuáles estaría también el ELN. En esos territorios se han incrementado los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y con justa razón se demanda allí la presencia del Estado.
Ni siquiera hay certeza que las 26 zonas de concentración estén debidamente equipadas para albergar a los cerca de 6 mil guerrilleros que aún permanecen en zonas de preconcentración pues estas no han sido aún terminadas. Si esto es para la dotación de unas zonas cómo será la puesta en marcha de programas de contenido social que son lo más tangible para la población de los beneficios del proceso además claro esta del innegable alivio que ha traído el cese al fuego bilateral en términos de disminución del desplazamiento, cese de muertos y heridos producto de la confrontación militar para hablar de los más visibles.
PAZ Y COYUNTURA ELECTORAL
En estas condiciones afrontaremos la coyuntura electoral de las elecciones para Congreso en el mes de marzo del año 2018 y la primera vuelta presidencial en mayo del mismo año. Desde ya se avizora que lejos de los deseos de muchos en el sentido de diversificar la agenda para que abordemos temas centrales como el de la corrupción, la irritante desigualdad profundizada por políticas públicas propuestas y puestas en marcha por el Gobierno de Santos como la reciente reforma tributaria y la eliminación del impuesto a la riqueza por ejemplo, temas cruciales como la crisis de la salud, la ausencia de una política de educación que mejore su calidad y su pertinencia frente a los reales problemas del país así como una política industrial que dé impulso al mercado interno que proteja nuestro medio ambiente, es decir, el debate de una Agenda para el desarrollo económico y social del país, mucho me temo que pese a los esfuerzos de muchos y de los deseos de otros tantos, la agenda seguirá gravitando sobre el conflicto.
Sin desmedro de volver más adelante sobre el crucial tema de los contenidos de la contienda electoral quiero dar un vistazo general al panorama político como hoy se presenta. Hay dos grandes bloques que se vienen manifestando desde las elecciones del año 2014 y que ahora trasladan sus propuestas a la conveniencia o no de los Acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional en representación del bloque que salió victorioso con Juan Manuel Santos en las elecciones de junio de 2014. Ahora el centro de la disputa no es si se negocia o no, sino si se respalda el contenido de los Acuerdos suscritos el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. El rechazo a los Acuerdos lo lidera, de eso no cabe la menor duda, el expresidente y hoy Senador Álvaro Uribe Vélez quien mantiene una oposición parlamentaria y una retórica falaz y a pesar de las mentiras demostradas en los hechos sigue insistiendo en que el acuerdo garantiza la impunidad para las guerrillas pues él lo que quiere es una impunidad para los otros actores del conflicto armado como lo ha expresado en sus propuestas frente a los militares comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ahí están sus propuestas de reforma para protegerlos aún si ellos son violatorios del Estatuto de Roma y aún con el posible desenlace de que sean objeto de la justicia internacional, cosa que bien han entendido las Fuerzas Armadas aunque ellas tampoco cejan en restarle alcances a los mecanismos de justicia transicional que el Gobierno ha presentado al Congreso. Participa del debate pero se abstiene de votar los proyectos que buscan desarrollar la normatividad que hagan posible el cumplimiento de los Acuerdos de La Habana. Sus tres precandidatos enarbolan con leves matices esta postura.
En este bloque que acompañó a Oscar Iván Zuluaga se encuentra también un sector conservador, el que lidera Martha Lucía Ramírez, sólo que este se ha debilitado en el aparato del Partido. En efecto en la Convención de Diciembre el sector que acompaña al Gobierno de Santos se vio fortalecido en la nueva dirección lo que se refleja en que el nuevo presidente de esta colectividad sea el Senador Hernán Andrade amigo del gobierno y beneficiario del mismo. Allí la incertidumbre es mayúscula pues el sector mayoritario no cuenta hasta el momento con un precandidato que lo aglutine. A ello ha venido a sumarse justamente en esa Convención el ex procurador Alejandro Ordoñez quien se declaró militante conservador con lo cual vendrá a disputar su nominación pero a sabiendas de su debilidad lo que ha propuesto es una consulta entre los sectores que apoyaron el NO en el plebiscito que por lo menos para la primera vuelta resulta inalcanzable por los intereses políticos y personales que se mueven entre los distintos sectores que confluyeron alrededor de esta postura frente a las negociaciones de La Habana. A ellos se suma en el espectro conservador el ex presidente Andrés Pastrana y su reducido grupo de amigos.
Sin saberse a ciencia cierta cuántos fueron los votos de los sectores de las iglesias protestantes que se sumaron al NO en el plebiscito, muchos de ellos por su fundamentalismo es difícil que se inmiscuyan en el proceso propiamente electoral. Algunos de ellos apoyan de manera decidida y abierta al Centro Democrático de Uribe, pero, a la hora de las definiciones su peso se diluye y queda en manos de los actores políticos. Ellos trataran de influir en las plataformas electorales con sus propuestas retrogradas en materia de derechos civiles.
El panorama difuso de los actores del NO también se traslada a los sectores del SI en el plebiscito. En el liberalismo las cosas no son claras. Tienen una carta fuerte que es el exjefe negociador, Humberto de la Calle pero al mismo tiempo en su seno hay otros aspirantes de menor peso que han hecho saber sus intenciones de presentar sus aspiraciones a las bases liberales, se menciona a Viviane Morales que ha ganado visibilidad con un proyecto retrogrado de referendo que busca limitar la adopción por parejas del mismo sexo y por personas solteras que es por principio el proyecto más alejado del liberalismo, también se menciona a Juan Manuel Galán y al actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. De la Calle quien no ha manifestado aun abiertamente sus aspiraciones sin embargo ha dejado saber que no estaría dispuesto a un proceso de consulta con los otros aspirantes dado que realistamente piensa que el verdadero debate se dará en primera vuelta presidencial hacia donde enfilaría todas las baterías. Se habla de una convención para el mes de abril del presente año para tratar de encontrar el mecanismo de selección del candidato liberal.
En el Partido de la U las cosas están aún menos claras en materia de candidaturas presidenciales. Allí no hay una figura descollante o que sobresalga con mérito propio para alzarse con la candidatura. La baraja es incierta se habla de Roy Barreras y del actual embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón quien por lo demás siempre mantuvo una actitud hostil hacia los diálogos y negociaciones de La Habana. Allí en esas toldas la incertidumbre es aún muy alta aunque se podría pensar en un proceso de confluencia con los liberales si el candidato fuera Humberto de la Calle pero debería serlo de coalición para que se hiciera viable.
Cambio Radical si tiene las cosas claras con la salida del Vicepresidente Germán Vargas Lleras que ha aprovechado largamente todas las gabelas que le ha dado Santos al ponerlo al frente primero del Ministerio del Interior, luego del Ministerio de Vivienda y posteriormente como candidato y vicepresidente y ya en ese cargo le ha dado una abundante chequera en el financiamiento de las Obras Públicas primero del programa de las llamadas 100 mil viviendas gratis y luego de las vías de cuarta generación. Es quien más ha usufructuado el erario público en beneficio de su causa política. Totalmente ausente del tema de la paz y de las negociaciones y un crítico en los últimos meses sobre todo del Sistema de Justicia Integral para la Paz, solo vino a respaldar el plebiscito al final y por expresa solicitud de Santos. Si no es por eso hubiese pasado de agache.
Es una candidatura de la derecha y precisamente sus dificultades estriban en que ese espacio tiene hoy ya varios comensales que se le han adelantado. En ese espacio está el Uribismo ya instalado y también el sector de derecha del conservatismo con Martha Lucía Ramírez, Ordoñez y últimamente Pastrana. De modo que su problema es de espacio político. Se especula que sería posible una alianza con el Uribismo pero no lo veo probable para la primera vuelta toda vez que Uribe requiere un candidato dócil pues su proyecto ha sido gobernar en cuerpo ajeno y parece ser que ahora piensa que ese personaje es Iván Duque Márquez como en el 2010 pensó que era Juan Manuel Santos dada la derrota de Andrés Felipe Arias en la consulta conservadora. Y nada más opuesto a una personalidad manejable que la del candidato de cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Esta candidatura enfrentará varios problemas pues el Partido proporcionalmente más permeado por el paramilitarismo fue precisamente Cambio Radical que ahora se ha visto además en el centro de la polémica al haber apoyado a Kiko Gómez Cerchar a la Gobernación de la Guajira y quien ha sido condenado a 55 años de cárcel por tres asesinatos. Desde esa campaña habrá muchos dardos a los contenidos de los Acuerdos de La Habana.
En las toldas independientes y de la izquierda democrática las cosas no están mejores en este panorama de la fragmentación política. En el Verde despegó con iniciativa propia y ante la falta de propuestas audaces, Claudia López, mientras que Sergio Fajardo mantiene una buena imagen pero no logra visibilizarse en el elector independiente. López con su propuesta de consulta popular en contra de la corrupción y con la propuesta de un frente amplio que haga de la lucha contra la corrupción el centro de la campaña presidencial ha logrado visibilizar una candidatura que en principio no se veía clara. Mucho la ayudo las indecisiones políticas y programáticas de Fajardo. En este frente se ha dicho estarían Antonio Navarro y Jorge Enrique Robledo, del Polo. Además ha anunciado públicamente que no buscarán ni esperan acuerdos con el agrupamiento político que surja de las FARC-EP cuando se convierta en Partido Político. En medio de la polarización política en el país alrededor del proceso de paz esta propuesta ha traído un aire pero a mi juicio aún falta que corra mucha agua bajo el puente para ver si la consulta logra los apoyos requeridos y la propuesta de frente amplio en la lucha contra la corrupción logra impactar como sus impulsores quisieran.
Y finalmente en el Polo las cosas son aún más inciertas. El Senador Jorge Enrique Robledo del MOIR picó en punta lanzando su precandidatura presidencial en medio del vacío generado por la renuncia a la presidencia del Polo de Clara López y su asunción del Ministerio de Trabajo. Esto profundizó las diferencias que venían desde la segunda vuelta presidencial cuando Clara López con el apoyo de la mayoría del Polo adhirió en Segunda Vuelta a la candidatura de Juan Manuel Santos. Robledo estuvo en contra y llamó a la abstención o al voto en blanco. Se habla de la inminente renuncia de Clara López del Ministerio del Trabajo con lo cual regresaría al Polo y sobre el tapete se pone el tema de la candidatura presidencial y una eventual consulta interna que por ahora Robledo dice no aceptar. Tampoco en las toldas amarillas hay claridad pero si aspiraciones manifiestas.
La suerte de Gustavo Petro es aún más incierta. Con una inhabilidad impuesta arbitrariamente por Ordoñez está a la espera que el Consejo de Estado finalmente resuelva de fondo su demanda en contra de la sanción que es la que lo inhabilita para presentarse a la contienda por la presidencia de la República en el 2018. Aunque marca bien en las encuestas su controvertida Alcaldía no lo ayuda mucho aunque a su favor y de obtener un fallo favorable en el Consejo de Estado le daría argumentos para alegar el obstruccionismo de que fue objeto en su gobierno en la Capital de la República. En la lucha contra la corrupción tiene méritos desde su época parlamentaria y sus denuncias por el carrusel de la contratación pero su suerte está en manos de los jueces que no han mostrado ninguna diligencia para resolver su situación.
En esas estamos en la coyuntura. Por ahora es muy pronto para lanzar hipótesis definitivas. Hay una gran fragmentación en el presente pero es muy temprano para decir que la campaña se vaya a desligar del dilema de paz o guerra que nos ha acompañado en las campañas presidenciales de los últimos 20 años. Sería muy importante que eso fuera así pero no estoy muy seguro de ello pues hay actores a quienes les conviene seguir atizando esa confrontación así ahora se haga en torno a la conveniencia o no de los acuerdos firmados y que se están poniendo en marcha.
Pedro Santana Rodríguez: Director Revista Sur
Bogotá 26 de enero de 2017.
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