Además de irresponsable, el trino del ex presidente Uribe raya con lo criminal. El código penal en su artículo 348 señala el delito de instigación a delinquir. A mi juicio no se configuran los elementos típicos de la conducta, pero se les acerca mucho al sugerir que la fuerza pública pueda activar armas, de por sí muchas de ellas prohibidas en el desarrollo de las manifestaciones sociales, incluso para proteger bienes. Me explico. Una cosa es operar las armas en el ejercicio de la legítima defensa, que a su vez está condicionado por los criterios de necesidad y proporcionalidad, y la otra es hacer uso de las armas para proteger bienes. Detrás del concepto de vandalismo terrorista, pretenden justificar el uso indiscriminado de las armas contra la población civil.
Nadie justifica los hechos de vandalismo. Son reprochables, atentan contra el patrimonio público y privado, desdibujan la protesta y opacan a la gran mayoría de manifestantes que de manera pacífica salen a marchar. Los actos vandálicos deben ser investigados y juzgados, eso manda la ley y la constitución. Pero la respuesta no puede ser el uso de las armas. Incitar a que ese sea el manejo de los desmanes equivale simplemente a autorizar ejecuciones extrajudiciales.
No se han todavía esclarecido los fatídicos hechos del 9 y del 10 de septiembre del año anterior en Bogotá donde la policía de manera indiscriminada activó sus armas de fuego en contra de la población civil, dejando como saldo 13 jóvenes muertos y más de 70 heridos, cuando el irresponsable del ex senador sale con esa perla. En el discurso, en el mensaje, en la capacidad de acogida que tiene la figura más representativa de la política durante las últimas décadas, debería recaer una gran responsabilidad por los excesos de fuerza. Uribe no es un ciudadano cualquiera. Cada palabra suya puede desencadenar una serie de reacciones violentas. Tan es así que la red social Twitter, en un hecho sin precedentes en nuestra historia decidió bloquear su trino.
Y es que no es para menos. Ante la impávida y pasiva mirada de los órganos de control y ante los discursos y aplausos incendiarios del ministro de la defensa, algunas organizaciones reportan más de 30 muertos y varios desaparecidos. Las cifras oficiales, al momento de escribir la columna, indican que se tiene información sobre 17 civiles y un oficial de la policía asesinados. Nunca antes en manifestaciones recientes se había llegado a estos niveles de violencia.
Los videos que llegan de todas partes del país, muestran cómo incluso a manifestantes que se han pronunciado en paz y sin desmanes, la fuerza pública ha aplicado una inexplicable represión. La ciudadanía lejos de amilanarse se ha armado de celulares para reportar en tiempo real lo que sucede en las calles. Así como se denuncian los deplorables hechos de vandalismo que en nada contribuyen al debate democrático, es menester también denunciar los abusos de los que muchos ciudadanos han sido víctimas.
Atentar contra la vida de los colombianos es un crimen de Estado. En Colombia no existe la pena de muerte. Las ejecuciones extrajudiciales son delito internacional. Es la muestra fehaciente del fracaso del Estado en garantizar la vida, la democracia y el Estado de derecho. Es el primer puntazo hacia una dictadura. Ese tipo de represiones ya se vivieron en otras latitudes. Chile, Argentina, Brasil, Venezuela. Todos lugares que padecieron represiones y abusos de autoridad. Un golpe de Estado no sólo ocurre cuando se tumba un gobierno, sino también cuando se pretende acallar a la democracia.
Las imágenes que nos deja la semana pasada, coincidencialmente cuando el ex presidente envía un mensaje que de manera soterrada pretende legitimar el uso de las armas por parte de la fuerza publica, son el retrato de un crimen de Estado.
Gabriel Cifuentes Ghidini, @gabocifuentes
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