Los ataques atribuidos casi en su totalidad a los integrantes de la Fuerza Pública muestran una magnitud tal que, según las denuncias hechas por las organizaciones de derechos humanos, internas e internacionales, son del orden de 1.500 los hechos victimizantes graves, entre ellas al menos 24 asesinatos, 50 tentativas de homicidios, 16 violaciones sexuales y 11 desapariciones forzadas. La ONU a través de su Alta Comisionada para los Derechos Humanos en un pronunciamiento realizado el pasado 4 de mayo exigió a las autoridades colombianas cumplir con sus deberes internacionales e internos en materia de derechos humanos, cesar por parte de la Policía de disparar contra las personas manifestantes y conminó a la Fuerza Pública para que su actuación asuma el deber que le asiste de cumplir con los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad frente a las manifestaciones ciudadanas.
Con relación a los antecedentes, días previos a esta jornada de Paro Nacional el Gobierno Nacional buscó que las organizaciones sociales convocantes desistieran ante los riesgos de la pandemia, pero el nivel de inconformidad ante la gravedad de las medidas y reformas sociales regresivas en curso y ante el nivel de violencia desatada ante la inconsecuencia gubernamental con las medidas del acuerdo de paz, que la convocatoria fue ratificada. Y desde el aparato judicial se expidió un fallo por un alto tribunal judicial elaborado al momento emitiendo una orden arbitraria contra la realización del paro convocado.
En efecto, días previos el Gobierno nacional solicitó insistentemente al Comando Nacional de Paro suspender las manifestaciones previstas ante los riesgos de contagio del Covid 19. El día previo a la jornada de Paro Nacional un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión de las marchas ciudadanas previstas para el 28 de abril en número de 53 a realizar en 24 ciudades capitales departamentales y extendió la prohibición a la marcha tradicional del 1 de mayo que se realiza históricamente no solo en todas las ciudades colombianas sino del mundo en conmemoración del día del trabajo. El fallo determinó además un alcance indefinido a la prohibición de las manifestaciones de protestas ciudadanas, al condicionar su posibilidad “hasta que el gobierno garantice protocolos de bioseguridad o haya inmunidad de rebaño”[1].
Ante esta decisión del Tribunal de Cundinamarca organizaciones de derechos humanos con la coadyuvancia de organizaciones sociales radicaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares en defensa de los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y libertad de expresión en los espacios cívicos y la participación en la dirección de los asuntos públicos.
Así mismo, fueron numerosas las expresiones de diversos sectores en rotundo rechazo al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Al respecto es diciente el editorial publicado por el reconocido diario nacional El Espectador:
“Cuando los jueces de la república no respetan la Constitución, toda la Rama Judicial sufre un golpe en su legitimidad. Eso es precisamente lo que ocurrió con el auto expedido por la magistrada Nelly Villamizar, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el cual, un día antes del paro convocado, pretendía que se suspendiera. Las personas de todas maneras salieron a marchar en masa y la indignación generada por la decisión judicial (…) Como han expresado varios juristas, se trató de una peligrosa limitación del derecho a la protesta”[2].
La masividad de las protestas en muchas ciudades y municipios desbordó los cálculos previstos, el mismo diario El Espectador en su titular de primera página al día siguiente expresó lo que muchas voces diversas también afirmaban: “…pudo más la indignación que el miedo a contagiarse de covid-19…”.
El Paro Nacional convocado para el 28 de abril por el propio querer de la masiva presencia de la gente en la calle con una protesta que no cesaba en las horas ni en el trascurrir de los días, se extendió de forma indefinida. La Central Unitaria de Trabajadores estimó luego de una semana que se habían movilizado unos cinco millones de personas en más de 500 ciudades y municipios de todos los departamentos, además, se extendieron protestas de colectivos de ciudadanía colombiana en muchos países del mundo. Como es costumbre desde hace años, este tipo de protestas populares son pacíficas, civilistas, aunque por supuestos con fuertes mensajes, en los últimos años, de rechazo a las medidas neoliberales y conniventes con la violencia del actual gobierno nacional, pero son regularmente reprimidas con violencia por contingentes de la Policía, causando de manera arbitrariamente víctimas. En consecuencia, en muchas ciudades, ante tal represión violenta o producto de la acción provocadora de pequeños núcleos, sobre los cuales también se denuncia responsabilidad de infiltrados de organismos de seguridad estatal, se generaron frecuentes enfrentamientos entre sectores de manifestantes, especialmente jóvenes, y contingentes de la Policía.
En Cali las protestas fueron de mayor dimensión, intensidad y radicalidad, ante la violenta represión desatada por la Policía y su ESMAD. Se sucedieron enfrentamientos y grupos de jóvenes que resistieron desde barricadas improvisadas en varias zonas y se mantuvieron allí de forma permanente como forma de resistencia de la protesta y de protección de sus territorios ante la agresión oficial. La concejala de Cali Ana Erazo -del Polo Democrático, de forma coherente y valiente acompañó la protesta y denunció la arbitrariedad de la Fuerza Púbica, de la cual fue víctima directa. De igual forma, el senador Wilson Arias del mimo partido de izquierda fue a las calles de Cali y denunció con claridad y valentía operativos de la Policía con hechos que calificó de maltrato, tortura, capturas ilegales y reclusión sin respeto a las debidas garantías. Mencionó nombres de mandos policiales implicados y afirmó: “La Fuerza Pública está asediando a la población en medio de una marcha pacífica”[3]. El 30 de abril el ministro del interior Daniel Palacios informó el aumento en Cali de la presencia de la Policía en 2.000 efectivos y del Ejército que realizaban patrullas mixtas.
Las protestas se extendieron también de igual manera con intensidad a otros municipios del Valle del Cauca. El CRIC el 1 de mayo a través de sus 127 autoridades indígenas territoriales tomó la decisión de realizar una “Minga hacia afuera” para ir en apoyo y protección comunitaria de la población que protestaba en Cali ante la violenta represión oficial sufrida y sobre la cual se anunciaban crecientes cifras de víctimas ocasionadas.
Por su parte, el presidente Iván Duque ante las denuncias de hechos violatorios que se fueron masificando y haciendo sistemáticos se negó a reconocer las responsabilidades oficiales, estatales y de los organismos de la Fuerza Pública en los hechos. Afirmó que se trataba solo de algunas conductas individuales aisladas. A la vez, el gobierno asumió en sus discursos y pronunciamientos el señalamiento estigmatizante contra las organizaciones sociales y las personas masivamente participantes en las protestas, adjudicándoles el apelativo de “vándalos” e incluso de “terroristas” y afirmando que estaban apoyadas y financiadas por la guerrilla del ELN, las disidencias de las FARC o incluso por el gobierno de Venezuela.
El 1 de abril el expresidente Álvaro Uribe –que ejerce reconocida influencia determinante sobre el propio presidente Iván Duque-, envió un twitter pidiendo que soldados y policías utilizaran sus armas de fuego contra la juventud y las demás personas de sectores de la ciudadanía que se mantenían en las protestas: “Apoyamos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Fue de tal gravedad su pronunciamiento, por incitar directamente a la violencia oficial mortal contra la población civil, que la misma empresa de este medio virtual suspendió su mensaje.
El 2 de mayo el presidente Iván Duque informó sobre el retiro del proyecto de reforma tributaria y simultáneamente anunció la medida de “asistencia militar”, para el despliegue de tropas de las Fuerza Militares en las ciudades y municipios que mantenían las protestas ciudadanas. “…hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público, nuestras Fuerzas Militares están apoyando el trabajo de la Policía Nacional”, expresó ese día desde su declaración oficial desde el Palacio de Nariño. El Código de Policía exige que tal medida se consulte con los alcaldes, hecho sobre el cual hubo denuncias de omisión del gobierno nacional, a la vez que alcaldías importantes como la de Bogotá y la de Medellín, así como la gobernación de Magdalena, criticaron la medida y se distanciaron del interés del gobierno nacional de militarizar el tratamiento del conflicto social que implicaban las protestas.
Entonces, según lo registraban reportes de prensa, mensajes en redes sociales y comunicaciones de organizaciones de derechos humanos, se siguieron sucediendo graves violaciones por parte principalmente de contingentes de la Policía contra las personas manifestantes en distintos lugares del país. En tomas de video se evidenciaron disparos oficiales y ataques violentos de contingentes especialmente de la Policía contra manifestantes, sin justificación, transgrediendo los principios de limitación en su actuación demandados por los derechos humanos y recordados expresamente por la ONU. En este sentido, un nuevo editorial de El Espectador cuestionó expresamente el uso ilegítimo de la fuerza que se asumía por parte de la Fuerza Pública:
“Si bien existen condiciones que hacen necesario el uso de la fuerza legítima del Estado, lamentablemente lo que hemos visto en estos días en ese sentido ha sido más bien un uso bastante ilegítimo de la fuerza del Estado (…) lamentablemente nuestra Fuerza Pública, en particular demasiados miembros de la Policía Nacional y entre ellos sobre todo el escuadrón que se supone está entrenado para manejar las protestas, viene desde hace tiempo de una manera que se aleja de la respuesta legítima del Estado. Responder a una patada con un balazo, por mencionar uno de los casos de abuso policial más documentados de éstos días, no es un uso legítimo de la fuerza del Estado”[4].
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, tras presiones ciudadanas para que hiciera presencia e informara de los hechos de violencia arbitraria cometidas contra las protestas ciudadanas, dio a conocer un reporte el 4 de mayo pasado, en el cual reconoció el que habían sido asesinadas 18 personas en el curso de las protestas y un oficial de la Policía, once de las víctimas en la ciudad de Cali. En esta ciudad la Red de Derechos Humanos informó de numerosas violaciones a los derechos humanos contra las personas manifestantes y le exigió al gobierno aclarar quién había dado la orden a la Fuerza Pública de disparar.
Se sucedieron entonces muchos pronunciamientos de reconocidas organizaciones de derechos humanos internacionales denunciando la responsabilidad estatal colombiana en los ataques contra esta protesta de organizaciones y sectores del ámbito popular social y ciudadano colombiano. Desde el ámbito humanitario internacional el vicepresidente del CICR, a nivel mundial, Gilles Carbonnier, entregó declaraciones sobre el incremento de conflictos armados y de contextos de violencia en lo internacional y de manera particular en Colombia, a pesar del llamado del Secretario General de la ONU y de su Consejo de Seguridad a declarar una tregua global de carácter humanitario, ante la situación de la pandemia.
“…a pesar del llamado que hizo el secretario general de las Naciones Unidas de hacer una tregua humanitaria para que se pudiera prevenir la expansión de la pandemia, el nivel de conflictividad en el mundo entero aumentó, no solo en términos de conflicto armado, sino de violencia armada y violencia en general”[5].
Y con referencia expresa a Colombia especificó:
“Más de la mitad de los departamentos sufrieron el impacto de varias consecuencias humanitarias: desplazamientos masivos, homicidios de civiles y de líderes, accidentes por artefactos explosivos, ataques a la misión médica y la desaparición de personas, que tiende a aumentar”[6].
Ahora bien, en lo relativo a las graves violaciones a los derechos humanos de presunta responsabilidad estatal en este Paro Nacional, vale revisar los términos de la declaración hecha desde Ginebra, Suiza, por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puesto que al respecto constituyen un enérgico pronunciamiento que señaló con voz de alarma que la Policía disparó contra las personas que protestaban en Cali causando muertos y heridos; denunció persecución contra integrantes de organizaciones de derechos humanos; y exigió a las autoridades estatales y gubernamentales colombianas cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos de la ciudadanía y en particular a la Fuerza Pública también el deber de “respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones”.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida. (…) las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado, con la convocatoria de una manifestación masiva mañana 5 de mayo. Hasta la fecha, la mayoría de las protestas han sido pacíficas. (…) Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. (…) Desde el 28 de abril, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, entre ellas la de al menos un agente de policía”[7].
Tres días después, todos los organismos del Sistema de Naciones Unidas con presencia en Colombia emitieron un comunicado desde Bogotá con relación a la arbitraria y violenta represión gubernamental contra las masivas manifestaciones de protesta ciudadana en ocurrencia permanente desde el pasado 28 de abril, en igual sentido, señalan expresamente el “uso desproporcionado de la fuerza” por parte de la Fuerza Pública, llaman a las autoridades colombianas a garantizar los derechos asociados a la protesta ciudadana y exhortan a que con celeridad se investiguen, juzguen y sanciones las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto. Igualmente, en el marco de la conflictividad social presentada rechazaron todas las expresiones de violencia registradas, llamaron a que cesaran las restricciones al suministro de alimentos a la población y exhortaron al respeto a las misiones sanitarias, médicas y humanitarias en beneficio de la población y las víctimas.
“En relación con los acontecimientos ocurridos en la última semana, en varias ciudades del país, donde han sido reportadas pérdidas de vidas humanas, incidentes de violencia y el uso desproporcionado de la fuerza en el marco de algunas de las movilizaciones sociales, el Sistema de Naciones Unidas en Colombia: Hace un llamado a que se garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica y a la protesta, e insiste que toda acción de la fuerza pública debe observar plenamente la protección y el respeto por los derechos humanos. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 ofrece elementos para reglamentar estas garantías y fortalecer la participación ciudadana. Resalta la importancia que las protestas se realicen de manera pacífica y condena cualquier tipo de acción violenta, incluidos violencia sexual, actos contra la infraestructura y todos aquellos que vulneren los derechos humanos. En este sentido, exhorta a la celeridad en los procesos investigativos, de judicialización y sanción. (…) Llama a garantizar el libre acceso a insumos alimentarios básicos, la Misión Médica y misiones humanitarias para la población que requiere asistencia en medio de la pandemia. El Sistema de las Naciones Unidas continuará apoyando los esfuerzos en esta dirección…”[8].
Por su parte, el Tribunal Permanente de los Pueblos emitió desde Paris un comunicado sumándose al indignado rechazo por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra las personas participantes en las protestas populares en Colombia, en especial por parte de la Policía Nacional y su escuadrón ESMAD, lo cual estima que se relaciona con la situación registrada en el país durante varias décadas con manifestaciones de intolerancia y represión arbitraria contra movimientos sociales y sectores de la ciudadanía que protestan en demanda de derechos, sobre lo cual afirman que abunda numerosa información de los informes recabados en el proceso de acusación por genocidio frente al Estado colombiano que adelanta este tribunal, con realización de recientes sesiones en varias ciudades del país.
“El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se suma a las voces de indignación manifestadas por los eventos ocurridos en varias ciudades de Colombia en los últimos días. Los hechos denunciados por organizaciones sociales colombianas en defensa de los derechos humanos y mencionados por numerosas instituciones internacionales (…) La represión ejercida por las fuerzas de policía colombiana, en particular el ESMAD, se tradujo en homicidios, detenciones arbitrarias y diferentes formas de abusos contra los participantes a manifestaciones en su mayoría pacíficas, sin ocultar la presencia de ciertos elementos perturbadores. (…) La Presidencia y el Secretariado general solicitan expresamente las autoridades colombianas a que pongan fin a la violencia en el país, en todas sus formas, y que tomen las sanciones apropiadas contra los autores de estas violencias en la forma prevista por la legislación nacional. Pedimos a la comunidad internacional, en particular la ONU, la OEA y los Estados amigos del proceso de paz seguir ayudando al cumplimiento de estos acuerdos de paz”[9].
En el curso de la presente semana el senador Iván Cepeda junto con un grupo de ONG, plataformas y grupos de trabajo de derechos humanos presentaron un informe con un extenso listado de “delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos por unidades policiales y militares durante las manifestaciones públicas”, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de ONU[10]. “Piden a la fiscal de la Corte Penal Internacional que realice una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos. Señalan al presidente Iván Duque; al ministro de Defensa, Diego Molano; al comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro y al director nacional de la Policía, general Jorge Luis Vargas, como máximos responsables”[11].
“…El informe, contiene evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas. Da cuenta de al menos 1595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran violaciones de DD.HH. De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas. Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular. (…) Dichas acciones, según los firmantes, han ocurrido con carácter sistemático y se vienen cometiendo, en su mayoría, por unidades de Policía que constantemente minimizan o directamente ignoran la existencia de los crímenes cometidos. Aseguran que los altos responsables, no han sido investigados, procesados o sancionados por el sistema de justicia colombiano. Por el contrario, están siendo postulados para ascender en su cargo, como es el caso del director de la Policía Nacional, el mayor general, Jorge Luis Vargas…”
“…solicitan a la CPI que analice la información suministrada a la luz del Estatuto de Roma para que “determine la existencia de fundamento razonable para incluir dentro del examen preliminar sobre el país esta situación”. Asimismo, solicitan a la fiscal, Fatou Bom Bensouda que realice una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos. En concreto, sobre la investigación, procesamiento y sanción judicial de los responsables materiales y máximos responsables involucrados en los presuntos delitos de lesa humanidad, ocurridos durante las recientes protestas sociales del país. (…) Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales (…) nos permite asegurar que se alcanza el umbral de prueba necesario en esta etapa”, concluye el informe[12].
Es así como Colombia, atraviesa una intensa, dramática y contradictoria coyuntura que ha captado la atención internacional del mundo como no había sucedido con anterioridad. Se registra la mayor expresión de movilización y protesta ciudadana civilista en reclamo de sus derechos vulnerados o en detrimento por el actual gobierno, de forma que ya consiguió con éxito derrotar algunas de éstas medidas, con base en una acción colectiva organizada y con claros propósitos. Irrumpe en el escenario público de esta inmensa protesta una gama diversa de ciudadanías del ámbito popular y democrático que cuestiona las formas elitistas, regresivas y arbitrarias del ejercicio del gobierno nacional actual, pero de forma que ante todo por su masividad y contundencia se destaca la presencia juvenil, de las nuevas generaciones que de forma original y renovada demandas posibilidades de presente y de futuro.
Se registra a la vez esta grave crisis en derechos humanos en el marco de ésta protesta de Paro Nacional, la cual se relaciona con la crisis humanitaria que por tres años padece Colombia ante el asesinato sistemático de liderazgos sociales del ámbito popular y de excombatientes acogidos a la paz, y a la vez se liga con la crisis humanitaria de mediano plazo de más de nueve millones de víctimas acumuladas en las décadas recientes de guerra interna e intensos conflictos.
Y en medio de esta situación, se debate Colombia en dilemas que habrá de resolver pronto de manera decisiva, tanto en búsqueda de las soluciones inmediatas que exige el tratamiento de éste conflicto social y las de mediano plazo que cuentan con escenarios para 2022 como las elecciones parlamentarias y las de presidencia de la república, de forma que el debate, las agendas y las definiciones que pueden llevar a soluciones democráticas y progresistas para el país, son un asunto proyectado con fuerza desde esta intensa y dramática coyuntura presente.
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[1] “Pese al pico por covid y orden de suspensión, el paro sigue firme”, Esperanza de la Calle, El Espectador, 28 de abril 2020, página 4.
[2] “Una decisión por completo arbitraria”, editorial, El Espectador, 29 de abril de 2021, página 18.
[3] “Un 1° de mayo en estado de agitación”, El Espectador, 1 de mayo de 2021, página 4.
[4] “De la “asistencia militar” y la legitimidad del Estado”, editorial, El Espectador, 5 de mayo de 2021, página 16.
[5] Entrevista con Gilles Carbonnier, en: “La conflictividad en el mundo entero aumentó”, Kelly Johanna Rodríguez Durán, El Espectador, 28 de abril de 2021, página 11.
[6] Entrevista con Gilles Carbonnier, en: “La conflictividad en el mundo entero aumentó”, Kelly Johanna Rodríguez Durán, El Espectador, 28 de abril de 2021, página 11.
[7] “Declaraciones de la Portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre situación de Colombia durante manifestaciones”, Portavoz de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos: Marta Hurtado. Ginebra, Suiza, 4 de mayo 2021.
[8] Comunicado del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Bogotá, 7 mayo 2021.
[9] “Tribunal Permanente de los Pueblos rechaza represión durante las protestas en Colombia”, Philippe Texier, Presidente, Gianni Tognoni, Secretario general, Paris, Francia, 13 de mayo de 2021. https://www.colectivodeabogados.org/tribunal-permanente-de-los-pueblos-rechaza-represion-en-colombia/
[10] La denuncia fue presentada por Iván Cepeda, senador de la República; Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña Defender la libertad un asunto de todas; Alejandro Lanz y Alejandro Rodríguez, codirector y coordinador de la plataforma GRITA de Temblores ONG; Alberto Yepes Palacio, coordinador de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Oscar Ramírez, vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y César Santoyo Santos, director ejecutivo de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB.
[11] “Denuncian ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones en Colombia”, Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2021. https://coeuropa.org.co/denuncian-ante-la-corte-penal-internacional-y-ante-naciones-unidas-crimenes-de-lesa-humanidad-durante-manifestaciones-en-colombia/
[12] “Denuncian ante la Corte Penal Internacional y ante Naciones Unidas crímenes de lesa humanidad durante manifestaciones en Colombia”, Bogotá, D.C., 13 de mayo de 2021. https://coeuropa.org.co/denuncian-ante-la-corte-penal-internacional-y-ante-naciones-unidas-crimenes-de-lesa-humanidad-durante-manifestaciones-en-colombia/
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: https://s.rfi.fr/
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