El libreto de asustar a la opinión con el castigo de los mercados de capitales ya se había conocido cuando se presentaron los levantamientos contra el ajuste impuesto por la Troika en Europa en la crisis del subprime del 2008, y en América Latina con las movilizaciones de la última década. La pregunta es ¿por qué se oponen los mercados de capitales a las demandas sociales? ¿Acaso fue una coincidencia que después de las marchas en Colombia el 28 de abril del 2021 la deuda colombiana en los mercados internacionales se degradara a la condición de basura, y que Standard & Poor le haya quitado el grado de inversión?[i]
Quienes salen a asustar con el castigo de los mercados de capitales se están quedando solos, porque cada vez más economistas abandonan el barco de la ortodoxia. En Colombia un grupo de economistas reconocidos firmó una carta abierta[ii] rechazando las afirmaciones sobre el castigo de los mercados de capitales, y lo mismo sucedió en Chile[iii] cuando las protestas del 2019. Hoy día ya no se puede invocar la “sabiduría” de los economistas para justificar los ajustes macroeconómicos, porque desde la crisis del subprime, muchos renunciaron a esa visión estrecha. Dos hechos significativos muestran esta tendencia. El primero, fue la huelga de los estudiantes de Greg Mankiw en Harvard, en el 2011, quienes le dijeron a su profesor, el autor del texto más utilizado en los programas universitarios de economía, que “encontramos un curso que expone una determinada –y limitada– visión de la economía que creemos que perpetúa sistemas de desigualdad económica problemáticos e ineficientes en nuestra sociedad actual”. El segundo, fue la declaración de los “Economistas Aterrados” redactado en 2010[iv], firmado por una gran cantidad de economistas reconocidos, donde se critica la visión que para salir de la crisis se “recomienda reducir los gastos públicos, privatizar los servicios públicos, flexibilizar el mercado del trabajo, liberalizar el comercio, los servicios financieros y los mercados de capital”.
No se puede olvidar que cuando los representantes de los mercados de capitales amenazan a una economía grande, con gran poder político, la amenaza se les devuelve. Cuando Standard & Poor amenazó con rebajar la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos en la crisis del subprime, de AAA a AA+, la administración Obama contraatacó y sometió a las firmas calificadoras de riesgo a una investigación por parte del Departamento de Justicia, la cual concluyó que “Esta crisis no podría haber ocurrido sin las agencias de calificación. Sus calificaciones ayudaron al mercado a dispararse y su degradación en el 2007 y el 2008 sembró la destrucción por los mercados y las firmas”.[v]
Mercados de Capitales Castigan las Protestas
Los banqueros se oponen a los reclamos sociales, y la población se moviliza por reclamar derechos sociales, porque están disputando el excedente social: una parte creciente de las finanzas públicas se debe dedicar al pago de la deuda pública y para ello es preciso recortar el gasto social y aumentar los impuestos. El pago de los intereses sobre la deuda pública es un gasto para el presupuesto público, pero al mismo tiempo una renta para el mercado privado de capitales. Esa renta peligra cuando la sociedad reclama que el presupuesto público se debe orientar su gasto a proveer bienes y servicios sociales y construir infraestructura pública. Esta es una disputa por el excedente social, y se trata de una disputa entre el capital y el trabajo.
Los mercados de capitales le imponen condiciones al gobierno para financiarlo. Ello está relacionado con la llamada “autonomía” del Banco Central que cierra la posibilidad que dicho Banco financie al gobierno, y por tanto lo obliga a recurrir a los mercados privados de capitales, para completar los recursos del presupuesto público. Mediante este mecanismo la deuda y el servicio correspondiente crecen de forma exponencial, lo que conduce finalmente a la disyuntiva entre pagarle a los acreedores privados del Estado o financiar prestaciones sociales.
Se hace necesario hacer mención la “autonomía” del Banco Central para entender la discusión. La doctrina de los bancos centrales independientes se adoptó en América Latina con el argumento de combatir hiperinflación que azotó la región en la década de los ochenta del siglo pasado, afirmando que la disparada de los precios fue resultado del abuso de los gobiernos de la emisión monetaria. Se trata de una visión muy simplista, porque, de una parte, la hiperinflación latinoamericana de los años ochenta se dio bajo la tutela de los programas de ajuste del FMI en la región, cuyo eje central era justamente prohibir esa emisión para financiar el gasto público, obligando a los gobiernos a financiarse con bonos de deuda pública interna colocados en los mercados de capitales, bonos que a la postre tuvieron que ser rescatados con emisión monetaria del Banco Central para salvar a los banqueros tenedores de los mismos. Para pagar esa deuda el gasto público social fue contraído fuertemente (Giraldo 2009, cap. 2). De otra parte, no se puede olvidar que también se hace emisión monetaria cuando el sistema financiero privado otorga crédito, porque por esa vía se aumentan los medios de pago en la sociedad.
El ajuste promovido por el FMI en América Latina en la década del ochenta del siglo pasado produjo un cambio en las reglas monetarias: se hizo emisión primaria para salvar a los capitalistas tenedores de bonos de deuda pública, pero se prohibió para financiar gasto del gubernamental. Este es el principio implícito en la creación de los bancos centrales autónomos en América Latina, lo cual se llevó a cabo entre finales de la década del ochenta y comienzos del noventa del siglo pasado. La llamada autonomía del Banco Central, si bien cierra la posibilidad de financiar presupuesto público, conserva la función de prestamista de última instancia para rescatar a entidades financieras privadas que se declaren ilíquidas. En este caso no hay prohibición para la emisión monetaria.
Esta función es uno de los pilares de la existencia del Banco Central, que es la de mantener el sistema de pagos de una sociedad, porque, si por ejemplo, una entidad financiera privada no puede devolverle los depósitos al público y esa entidad no es rescatada con emisión por el Banco Central se puede generar un pánico bancario, en el cual todos los tenedores depósitos en el sistema financiero se volcarían a retirar los fondos para convertirlos a dinero fiduciario emitido por el Banco Central (billetes), y como estos no estarían disponibles porque los fondos están prestados, se interrumpiría la cadena de pagos de la sociedad. Los créditos emitidos por las entidades financieras privadas, y los depósitos que con ellos se crean, suponen su convertibilidad en dinero estatal fiduciario emitido por el Banco Central sin limitaciones, y ello requiere que dicha entidad intervenga cuando esa conversión atraviesa por dificultades. El Banco Central tiene la función de mantener el sistema de pagos no sólo en el sentido que no se interrumpa, sino que el dinero que emite mantenga su valor, de tal forma que pueda cumplir con su función de unidad de cuenta, es decir, que exista estabilidad de precios para que dicha moneda sirva de referente de precios y de equivalente general para los intercambios comerciales. Esa moneda estatal (legal) es también con la que se recaudan los impuestos y se hace el gasto publico.
Estas son las funciones principales del Banco Central, y dentro de estos parámetros es que se debe circunscribir el financiamiento que hace a los agentes privados y al gobierno, el cual se enmarca en un conjunto de reglas dentro de una red organizada de bancos, mercado de capitales, y hacienda pública. Por ejemplo, la financiación de los gobiernos y del sector privado no puede ir más allá de la estabilidad de precios, porque ello atentaría contra la función del dinero que emite el Banco Central, que es la unidad de cuenta, y el equivalente general en el intercambio. Pero esas decisiones entran en el campo de lo político, y deben pasar por un proceso democrático, donde 1) sean claras las obligaciones de la sociedad en el pago de los impuestos porque los gastos públicos no se pueden financiar con emisiones monetarias insostenibles, 2) claros los derechos que tiene la sociedad y que son materializados con presupuesto público, y 3) claras las obligaciones de los banqueros respecto al manejo del crédito. La emisión monetaria tiene límites así el costo de fabricar moneda sea insignificante, y esos límites hacen parte del contrato social, el cual debe pasar por un proceso democrático.
Así como una ruptura del contrato social consiste en financiar gasto público sin límite con recursos del Banco Central, porque ello significaría arrebatarle a la gente, a través de la hiperinflación, la capacidad de consumo a la que tiene derecho de acuerdo con el trabajo realizado (como está pasando en Venezuela desde el comienzo del siglo XXI hasta la fecha de estas notas, 2021), también es una ruptura de dicho contrato las políticas de control a rajatabla de la inflación (inflación objetivo), donde la prohibición de financiar presupuesto público hace que el gobierno deba endeudarse en los mercados privados de capitales, con lo cual el pago de los intereses se convierte en un cáncer que absorbe los recursos que la sociedad paga mediante impuestos. Y poner como centro del objetivo de la entidad una baja inflación, no es otra cosa que valorizar los activos financieros y sus rendimientos, ya que a medida que la inflación es más baja, el valor real y la rentabilidad de los activos financieros aumenta, que es lo que más les gusta a los mercados de capitales. Lo más perverso de esta figura es que cuando los gobiernos se ven en dificultades para pagar la deuda pública que está en manos de los mercados privados de capitales, en ese momento el Banco hace emisión primaria para comprarle a dichos mercados la deuda pública, para que los inversionistas recuperen su inversión (esto es lo que se llama operaciones de mercado abierto). Se emite para salvar al banquero, no para cumplir la función social del Estado.
En la figura del Banco Central independiente, las decisiones al interior de la institución son una caja oscura, dentro de la cual mueven las fuerzas los acreedores del Estado, a espaldas de los procesos democráticos, a través de múltiples mecanismos, como la calificación de las firmas calificadoras de riesgo, la valoración de los bonos en los mercados de capitales, las misiones banqueros, y los acuerdos ocultos de los grupos económicos con el poder. Como dice Pierre-Manigat (2020) “con la autonomía del Banco Central, la orientación y elasticidad de la política fiscal quedan definidas al margen de la discusión ciudadana y de las elecciones ” (párrafo 70)
Hay que tener en cuenta que la figura de Banco Central independiente se adoptó en América Latina estuvo acompañada de las reformas del Consenso de Washington, entre las cuales se tiene el desmonte de los controles de la tasa de cambio, la liberación de los movimientos de capitales y la apertura comercial, lo que dejó a las economías abiertas a la volatilidad financiera internacional. Ello se acompañó con el desmonte de los impuestos al capital sustituyéndolos por impuestos al consumo y la flexibilización laboral (Giraldo, 2007, cap. 3)
Es una ingenuidad pensar que la banca central independiente es una institución apolítica, y que la moneda es una institución neutral que funciona sólo como instrumento de intercambio. Quienes promueven esa visión no son ingenuos, vienen del mundo de las finanzas privadas, y buscan legitimar una regulación orientada a maximizar la ganancia financiera (Pierre-Manigat). La idea central que se está desarrollando aquí es que existe una disputa por el excedente social, que expresa la relación capital trabajo contemporánea, y que se expresa, de una parte, en el reclamo por los derechos sociales por parte de la ciudadanía, que significa presupuesto público, y de la otra, el ajuste fiscal que reclaman los acreedores del Estado porque quieren que los impuestos se destinen a pagar la deuda pública la cual es la principal fuente de renta financiera en los mercados de capitales contemporáneos, ya que los bonos de deuda pública son, de lejos, el principal activo de los mercados privados de capitales. Eso es lo que se está expresando en las movilizaciones callejeras.
Privatizaciones
La disputa por el excedente social en torno a la finanza pública tiene que ver también con las privatizaciones, ya que muchos pagos que la sociedad le hacía al Estado mediante la modalidad de impuestos, contribuciones, tarifas, o precios por el pago de servicios públicos, ahora van a monopolios privados. Esto se observa, por ejemplo, las privatizaciones de la seguridad social (salud y pensiones), de los servicios públicos domiciliarios (electricidad, agua, comunicaciones, gas natural), y las concesiones de infraestructura a los privados lo que les da la potestad de cobro de peajes y derechos de uso. Esto no sólo erosiona los ingresos del Estado, sino que extrae recursos de los bolsillos de las personas, y las obliga a generar más ingresos monetarios a través de mercantilizar su trabajo. Como dice Federici (2019, pág. 51) “cada vez más dependemos del mercado para nuestra reproducción, en la medida en que el Estado está cortando todas las inversiones en los servicios públicos. Hoy debemos pagar por lo que alguna vez se podía conseguir gratuitamente porque estaba subsidiado, como la educación, la salud, las guarderías”
Han surgido nuevos bienes públicos universales, que han sido entregados como monopolios a los privados. Se trata de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), como es el caso del internet. la telefonía de celular, el software (por ejemplo, el Word de Microsoft con el que se escriben estas notas). Estos bienes en la actualidad son monopolios privados, fuente de rentas por las que la gente deber pagar. Una parte de esta discusión tiene que ver el afán del capitalismo de privatizar la generación de valor que se produce con el trabajo intelectual e inmaterial, el cual aumenta su importancia en la producción del capitalismo, lo que ha sido llamado de manera eufemista “economía del conocimiento” o la cuarta revolución industrial. Según Vercellone (2013) se trata de “capitalismo cognitivo” el cual es “el resultado de un proceso de reestructuración del capital a través del cual éste último intenta absorber y someter, a menudo en forma parasitaria, las condiciones colectivas de la producción de conocimientos” (págs. 7 y 8). Se trata de “actividades como por ejemplo la investigación, la producción de software … el producto permanece incorporado en el cerebro del trabajador y en consecuencia es indisociable de su persona. Este elemento contribuye, entre otras cosas, a explicar la presión ejercitada por el sistema empresario, por obtener una transformación y un reforzamiento de los derechos de propiedad intelectual a fin de apropiarse de los conocimientos producidos por el trabajo y de bloquear los mecanismos que permiten su circulación” (pág. 11)
La extracción de rentas se da a través de pagar por la patente al acceder a un software, o al uso de un medicamento, como es el caso de las vacunas en la actual crisis del Covid-19. Pero va más allá. Se cobra por el uso de servicios de comunicación como por ejemplo los servicios de internet y telefonía móvil, los cuales tienen unos costos de operación cercanos a cero, de forma tal que el cobro de tarifa por su uso es prácticamente renta pura, una vez se descuentan los costos iniciales de inversión en infraestructura. Y esto se extiende a la creación de superlogos en el diseño de ropa y calzado, donde el diseño y la marquilla genera un derecho de renta, basado en el estatus que confiere su uso. La legislación a través de las patentes, la propiedad intelectual, y la concesión de monopolios por el uso de los servicios, está creando rentas monopólicas, que son una vía de extracción del excedente social.
Lucha Global
Es por esto por lo que gran parte la lucha social se centra por los mecanismos de distribución social de la riqueza que a su vez pasa por la regulación económica, los estatutos fiscales, el régimen de propiedad intelectual, los planes de ordenamiento territorial. La lucha del capital y el trabajo se termina expresando de una forma global. La actual regulación económica favorece al capital, y es resultado de las reformas económicas llevadas a cabo a raíz de la crisis de la deuda externa Latinoamericana de los años ochenta del siglo pasado, las cuales fueron promovidas por los acreedores, quienes impulsaron una regulación económica favorable al capital financiero. Esas reformas fueron presentadas como neoliberales, invocando el discurso del mercado en la promoción de las reformas económicas e institucionales.
Nótese que la confrontación entre capital y trabajo cada vez se expresa menos en el sitio del trabajo, llámese fábrica o empresa, y más en la calle. Como anota García Linera (2010), en la actualidad no hay una cultura obrera concentrada porque no hay grandes concentraciones laborales. Con base en esto algunos argumentan que el trabajo dejó de ser el origen de construcción del proyecto social. De hecho, la política social actual ha utilizado categorías diferentes al trabajo: pobreza, exclusión y vulnerabilidad. Pero el trabajo sigue existiendo y es la principal forma de inserción social de las personas. Si una persona sana en edad de trabajar no tiene una posición en el mundo económico que le permita generar los ingresos monetarios para su supervivencia, no puede tener una inserción social ya que tiene que depender de otros para su supervivencia, bien sea el Estado (a través de los subsidios públicos) o la familia. Los únicos que se escapan de esta restricción son los rentistas, pero ellos de todas formas viven del trabajo de otros, o las formas campesinas de autoconsumo las cuales no requieren de ingresos monetarios. Pero estas formas campesinas están en retroceso.
En este punto es preciso hacer una advertencia. En la medida en que existan actividades económicas que escapen a la formalidad surgen espacios de poder que entran a disputar los circuitos de valorización, y generan expresiones políticas y sociales. Se trata de las economías criminales, como son el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Eso es especialmente válido en sociedades como Colombia, México y parte de Centro América. La economía popular está en esa encrucijada entre los poderes basados en rentas criminales, la tensión del capital financiero por la extracción de rentas por la vía de la finanza, y el Estado por extraer tributos. Para ello promueven la bancarización y el uso del dinero electrónico, estas formas de pago dejan un rastro en sistema financiero que puede ser detectado por la autoridad tributaria. Para escapar al control de los bancos y de la autoridad tributaria la economía popular prefiere hacer sus transacciones en dinero líquido.
El Contrato Social Está Roto
Los derechos sociales deben ser materializados y ello implica gasto presupuestal, razón por la cual su desarrollo supone una contradicción con los acreedores del Estado, como se señaló atrás. Se induce la ecuación según la cual los derechos sociales son déficit fiscal porque son gasto público, y que cuando hay crisis económica hay que reducir el gasto social. No se trata de afirmar que no existan restricciones fiscales, sino preguntarse cómo son abordadas, porque al fin y al cabo en un momento dado los recursos son limitados. Desde el discurso se dice, primero, que el presupuesto público debe ajustarse a la programación macroeconómica, de forma tal que primero se deben lograr los equilibrios macroeconómicos antes de pensar en la asignación del gasto. Segundo, que los recursos son escasos por lo que hay que focalizarlos donde más se necesitan, que en lo social significa que los subsidios lleguen a los más pobres. Y, finalmente, tercero, que el Estado debe dejar al mercado la provisión de los bienes que son privatizables, porque el mercado es más eficiente, como es el caso de la construcción y mantenimiento de infraestructura básica, y la provisión de “bienes preferentes” como son la educación, la salud, y los servicios públicos domiciliarios.
El presupuesto público implica una relación política que conlleva la obligación del ciudadano de pagarle impuestos al Estado a cambio del derecho de recibir unos bienes sociales por parte de dicho Estado. La relación política no es una relación mercantil o contractual, en la cual se paga de acuerdo con lo que se recibe. El principio de la tributación significa que cada uno paga de acuerdo con su capacidad y recibe de acuerdo con su necesidad. La capacidad se puede definir de muchas maneras: ingresos, patrimonio, consumo, el valor de lo transado. La necesidad igual: derechos sociales o seguridad física (léase represión). La combinación depende del régimen político correspondiente, pero se trata de una relación política.
Ese contrato social no existe cuando la mayor parte de la población económicamente activa no tiene derechos sociales, en el momento que se inserta en el mercado para generar los ingresos necesarios para la supervivencia de sus familias. Por esta razón esa población tampoco está dispuesta a declarar a la dirección de impuestos sus ingresos para que sean sujetos de tributación. Sobre todo, cuando la gente sabe que de todas formas paga impuestos porque la mayor parte de la tributación es indirecta y está gravando su consumo. Esta es la realidad de los sectores populares en América Latina
Por eso la gente sale a la calle a protestar. Y más allá de los treinta pesos del metro en Chile, y de los impuestos al huevo en Colombia, lo que se reclama es un cambio del modelo económico, social y político, y nuevas formas de representación política para la mayoría de los jóvenes que tienen trabajos precarios, cuando lo tienen, y de la mayoría de los trabajadores que deben rebuscarse la vida en la informalidad, y que el poder los criminaliza. Se trata de una lucha entre el capital y el trabajo.
Bibliografía Citada
FEDERICI, Silvia (2019). Comunes y comunidad ante las desposesiones del neoliberalismo. En Patricio Dobrée; Natalia Quiroga Diaz (Compiladores). Luchas y alternativas para una economía feminista emancipatoria. CLACSO. Buenos Aires. Libro Digital: descarga y online. ISBN 978-987-722-448-1
GARCÍA LINERA, Álvaro. (2010). Comentario a Toni Negri el movimiento de movimientos. En: Pensando el mundo desde Bolivia. I Ciclo de Seminarios Internacionales. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
GIRALDO, César (2009, 2da ed.). Finanzas públicas en América Latina – La economía política. Ediciones Desde Abajo. Bogotá
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[i] https://www.semana.com/economia/inversionistas/articulo/bonos-de-deuda-de-colombia-se-negocian-como-basura-en-los-mercados-internacionales/202114/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20Bloomberg%2C%20los,crediticia%20de%20grado%20de%20inversi%C3%B3n.
[ii] https://lachachara.org/analisis-de-los-academicos/[iii] https://www.pauta.cl/economia/dream-team-economistas-fondo-soberano-regla-fiscal-12-mil-millones-covid
[iv] http://personales.us.es/lhierro/Luis_Angel_Hierro/Principal_files/Manifiesto%20de%20economistas%20aterrados.pdf
[v] https://www.lavanguardia.com/economia/20110819/54201765651/estados-unidos-investiga-el-papel-de-s-p-en-la-crisis-hipotecaria.html
César Giraldo
Foto tomada de: RCN Radio
Cesar Giraldo : excelente artículo que a pesar de su tecnicismo muestra la realidad de la lucha entre el capital y el trabajo. Ahora entre el capital especulativo internacional y las necesidades apremiantes de los trabajadores y de los desempleados. Esa es la marca mayor del neoliberalismo. .Un modelo corporativo que solo le interesa maximizar las ganancias sobre los hombros del trabajo. Cesar supongo eres el mismo que conocí en Uniandes y que no volví a ver. Un abrazo.