Les conmina, así mismo, a adoptar en coordinación con la fuerza pública las medidas para levantar los que denomina “bloqueos internos” que se presentan en las vías y evitar la instalación de otros nuevos. Así mismo, les ordena adoptar las medidas para reactivar la productividad y movilidad; entre ellas, los controles de seguridad en vías y caravanas. También, dispone que se capture y judicialice a las personas que incurran en “actos delictivos” que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia y se decreten toques de queda frente a cualquier alternación significativa del orden público.
En el segundo artículo del mencionado decreto, titulado “Inobservancia de Medidas”, advierte a los gobernadores y alcaldes que serán sujetos de sanciones quienes omitan el cumplimiento de lo dispuesto en el texto.
Luego de un Consejo de Seguridad, como relata Infobae (29,05,2021) el primer contacto del Presidente Duque en Cali con la población fue en Ciudad Jardín, precisamente, el escenario de acciones armadas por parte de civiles que lo hicieron en presencia y presunta connivencia de miembros de la policía. Luego, en su recorrido por las calles de la ciudad fue cuestionado por ciudadanos que le reclamaron por no ir a los puntos donde están los manifestantes en Siloé y Puerto Resistencia. Como muestra Pulzo (29,05,2021), un joven le increpó diciéndole entre otras frases “Ustedes nos están matando. No tienen perdón, no tienen perdón”. Precisamente, el día anterior durante la jornada de protesta murieron, al menos 13 personas; entre ellas, 13 jóvenes manifestantes y un agente del CTI quien, en un hecho, también lamentable de justicia por mano propia, fue linchado presuntamente por manifestantes, luego que el agente asesinara a balazos a dos personas que estaban en las actividades de protesta en el sector de La Luna.
Los hechos, de amplia divulgación internacional, son ilustrativos del vacío existente en el Decreto 575 de 2021, de “Asistencia Militar”. Como bien lo plantea Uprimny (31,05,2021) el decreto, además de agravar la crisis resulta inconstitucional, tanto “por lo que plantea como por lo que omite”. Al respecto, refiere cuatro puntos relevantes en los que el decreto es inconstitucional:
- Al ordenar levantar mediante el uso de la fuerza todos los bloqueos desconoce que muchos de ellos están protegidos por el derecho a la protesta.
- En el caso de los bloqueos desproporcionados, los alcaldes y gobernadores deben priorizar el diálogo para lograr el levantamiento pacífico, previo al uso de la fuerza.
- El decreto no indica la proporcionalidad necesaria en el uso de la fuerza, cuando se agota el recurso de la concertación, por lo que no respeta los estándares legales ni los derechos humanos.
- También, resulta inconstitucional al no aclarar que la “Asistencia Militar” no implica usar el ejército para “levantar bloqueos o enfrentar manifestaciones”.
Por estas razones, el experto constitucionalista concluye que los alcaldes pueden y deben aplicar la excepción de inconstitucionalidad e implementar solo los contenidos e interpretaciones constitucionales del decreto.
Al respecto, recomienda la priorización del diálogo y la concertación para levantar los bloqueos desproporcionados y recurrir al uso de la fuerza en forma proporcionada, una vez agotada la fase de concertación, respetando los derechos humanos y sin recurrir al ejército para las tareas de levantamiento de las barricadas.
Uprimny concluye que el decreto forma parte de la estrategia del Gobierno Duque consistente en adoptar medidas de excepción mediante decretos ordinarios, con el fin de evadir controles. En el mismo sentido, exhorta al gobierno y a los promotores de las protestas para llegar a acuerdos rápidos.
Sin embargo, es de anotar, como afirman voceros del Comité de Paro, si Duque hubiera firmado el Acuerdo de Garantías acordado el 24 de mayo, se hubiera podido pasar a la fase de negociación del pliego de emergencia con todos los sectores, tanto en el ámbito nacional como regional y sectorial. No obstante, la desautorización al equipo de gobierno no provino desde la presidencia si no desde el expresidente Uribe, quien también objetó el acuerdo del 26 de mayo suscrito entre el Comité Distrital de Paro de Buenaventura y el Gobierno Nacional, firmado por los viceministros de Desarrollo Rural y de Relaciones Políticas, para fortalecer el corredor de abastecimiento de bienes y servicios, desde y hacia el puerto, para garantizar la cotidianidad de los habitantes del territorio nacional.
El día 31 de mayo en Asamblea realizada en Asamblea Nacional, Minga Social, Popular y Comunitaria realizada en el corregimiento de Tunía, municipio de Piendamó-Cauca, como muestra el Senador Valencia (31,05,2021), se acordó “levantar los bloqueos en la vía Panamericana y en las vías alternas. Caminamos la Minga desde escenarios de diálogo y consenso”. Estas decisiones estuvieron soportadas en dinámicas de diálogo con la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán, como lo muestra Larrahondo (31, 05,2021) con resultados en el desescalamiento de bloqueos mediante concertación con comunidades campesinas en Cajibío, el desbloqueo de diez municipios del norte del Cauca “gracias a un trabajo articulado con organizaciones, sector económico, Alcaldes y Gobierno Dptal (SIC), mediante diálogo y escucha en mesas sostenidas los días 23 de mayo en Puerto Tejada, y 25 y 30 de mayo en Miranda”. También, la apertura de un corredor desde el 1 de junio en el sur del Cauca por cinco días y con posibilidades de ampliación con base en acuerdos nacionales, regionales y locales.
Del mismo modo, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, con el acompañamiento del Arzobispo, Monseñor Darío de Jesús Monsalve, establecieron una mesa de diálogo para desescalar el conflicto. Fruto de estas actividades el 31 de mayo se expidió un comunicado suscrito entre la Unión de Resistencias Cali y la alcaldía (31,05,2021). En dicho comunicado se valora el diálogo como el camino más efectivo, se adoptan garantías para la construcción de acuerdos y se institucionaliza la Mesa de Diálogo, se expide el decreto reconociendo la Unión de Resistencias para el diálogo con la Alcaldía y la sociedad; se crea un canal de salvaguardia de vidas para casos de capturas y traslado de personas en el marco de la protesta social, se abren espacios de movilidad y se convoca a la sociedad valorando el papel de la Arquidiócesis, de la Minga Social e Indígena, de la Mesa por la Paz y la Justicia, de Mapp-OEA, de ONU-Derechos Humanos, de la Misión de Naciones Unidas por el acompañamiento y por aceptar cumplir el rol de facilitadores, entre otros aspectos.
Así mismo, en Bucaramanga, como informa Vanguardia (30,05,2021), el alcalde destacó que “el balance general tras un mes de movilizaciones es: cero vidas perdidas, cero desaparecidos y cero desabastecimientos de alimentos” y teniendo en cuenta la actuación con base en criterios de proporcionalidad, valoró la garantía de canales de diálogo, así como la implementación de espacios de participación, teniendo como prioridad la defensa de la vida, la protección de derechos y el diálogo para encontrar soluciones.
Estas experiencias abren caminos de diálogo inclusivo, con los actores de las protestas en terreno, especialmente, con la juventud, la Minga social e Indígena y los campesinos. Así mismo, contribuye la decisión de la Alcaldía de Bogotá de iniciar procesos de reactivación e inclusión de la juventud asignando recursos para sostenibilidad. También, el Comité Nacional de Paro llama a avanzar en el des-escalamiento de los bloqueos, con el fin de ir generando el ambiente propicio para la negociación.
Sin embargo, como se evidenció a través de entrevista al expresidente Uribe (02,06,2021), su directriz acatada por el Gobierno Duque se mantiene en absolutizar el tema de los bloqueos como la cuestión medular para desconocer los preacuerdos sobre garantías y negar al Comité Nacional del Paro y a los actores sociales de los territorios como interlocutores del gobierno en el proceso de negociación, con base en la estigmatización de la protesta social asimilándolos a actores violentos dedicados a la “combinación de formas de lucha” orientada a las elecciones de 2022. Al tiempo, el uribismo pretende cerrar el camino a experiencias relacionadas con los logros del movimiento social chileno. Sin embargo, soslaya que el movimiento social colombiano está centrado en la defensa del Estado Social de Derecho y en el desmonte de factores estructurales de políticas neoliberales, lo que en lo inmediato no pasa por una reforma de la Constitución desde la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
Desde su óptica endogámica, el Centro Democrático apunta a diseñar proyectos de ley sobre temas relacionados con “soluciones sociales” y ejercicio de la autoridad como criterios de hegemonía gubernamental, que no pasa por la concertación ni por la negociación con las comunidades y organizaciones sociales. Así mismo, la coalición de gobierno ha acudido a la concentración de los poderes gubernamentales, del Congreso, de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, de los medios de comunicación y de la alianza con los gremios económicos para desconocer la legitimidad de la protesta social. Se han construido narrativas para el interior del país y para los medios internacionales. También, se ha pretendido condicionar el acceso y la opinión de los organismos de derechos humanos, incluso, restringiendo el acceso o la agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH. En esa misma tónica, actualmente se encuentra una gira de una delegación del Centro Democrático de procura de posicionar su narrativa en el ámbito internacional y se abren procesos en la procuraduría en contra de tres congresistas de la oposición, de siete alcaldes, diez concejales y un gobernador, supuestamente, por incumplir el Decreto 575 de 2021 sobre “Asistencia Militar”, como muestra en el Periódico El Colombiano Arboleda 02,06,2021).
En este proceso, desde la parte gubernamental han imperado las tácticas dilatorias con sus antecedentes que vienen desde 2019; han pasado por la dilación, la evasión, el uso de factores de distracción y confusión, la estigmatización de la protesta, la represión, la censura y obstaculización de la conectividad, los cortes de luz y la combinación con acciones de civiles armados o la presentación de actores de las disidencias o del ELN como participantes del paro nacional cuando, por lo contrario, se ha podido demostrar por parte de las entidades que hacen monitoreo del comportamiento de este tipo de actores ilegales que aquellas no están en dichas zonas de cobertura y que siguen en sus espacios de conflicto y/o rutas de narcotráfico. Incluso, desde 2019, también han acudido a la desviación de los actores y métodos de protesta usando a la población migrante venezolana para estimular la xenofobia, la infiltración de la protesta con minorías violentas o el aprovechamiento de sectores radicalizados para desacreditar al conjunto de expresiones que han sido predominantemente pacíficas y, a menudo, artísticas y lúdicas, o adjudicándole a Gustavo Petro la responsabilidad del descontento social usando los altavoces de los grandes medios de comunicación a su servicio.
Como afirma el Fiscal de la CUT, Fabio Arias (02,06,2021), la pretensión gubernamental es desgastar las fuerzas del paro nacional y hacerlo invisible en la calle y en los medios de comunicación. Por ello, para contrarrestar dicha estrategia, la propuesta es mantener la movilización pacífica y avanzar en la desactivación de los bloqueos para dejar sin argumentos al gobierno. En el mismo sentido, se pronuncian los jóvenes en Cali y en Bucaramanga. Incluso, insisten en que por razones de seguridad en el caso de Cali han optado por estar en los puntos de resistencia hasta las 8 PM. Después de esa hora aparecen actores armados de procedencia indeterminada quienes cometen acciones violentas con la intención de adjudicarlas a la protesta o de asesinar a los jóvenes.
Como se ha visto, el paro nacional ha sido mayoritariamente el fruto de un estallido social diverso, como producto del descontento frente al cúmulo de elementos generadores de desigualdad, afectación del derecho a la vida, corrupción estatal, destrucción del Acuerdo de Paz y precarización social. Su dinámica en vez de menguar tenderá a la adopción de diversas formas de expresión social, imposibles de condensar en una sola estructura o tendencia política.
En este sentido, son de valorar los logros relacionados con la caída de la reforma tributaria, el hundimiento del proyecto de reforma de la salud, la renuncia de varios ministros y las dinámicas de territorialización de las agendas, sin perder las perspectivas sectoriales y nacionales. Al respecto, emergen la juventud y la Minga Social e Indígena, así como la construcción de símbolos, la redenominación de sitios, de lugares emblemáticos, la potenciación de expresiones culturales y la formación de lazos de solidaridad en las primeras líneas de protección de las manifestaciones, de la defensa jurídica, de la protección en salud, de la atención psicosocial y de la construcción de las ollas comunitarias como espacios de solidaridad y cooperación en la lucha contra el hambre y por el cuidado colectivo.
En el plano internacional, se avanza en la movilización de las colonias de migrantes colombianos en infinidad de ciudades del mundo. En la solidaridad y compromiso de medios de comunicación, de organizaciones internacionales de derechos humanos, bancadas parlamentarias que se solidarizan y pronuncian en Estados Unidos e Italia, Embajadores como los de la Unión Europea que se erigen en facilitadores de procesos de diálogo y entendimiento. Así, se va develando la verdadera naturaleza antidemocrática y violenta del gobierno colombiano.
Es notable la desconexión gubernamental y de los factores del poder con estos avances que van dejando lecciones y logros. En medio del drama humanitario provocado por la brutalidad policial y el paramilitarismo causante de víctimas mortales, de heridos, de personas detenidas, torturadas y desaparecidas, así como de las agresiones y violaciones sexuales, del incumplimiento de los protocolos que competen a las autoridades en relación con el respeto al ejercicio pacífico de la protesta social crece la conciencia social y política. A la vez surgen nuevas formas de organización con potencial para avanzar en la formación de formas inéditas de incidencia social y política, las que ya no se amoldan a las aventuras armadas de los años sesenta y setenta, ni se reducen a las élites juveniles impulsoras de la séptima papeleta que fue determinante en la constitución de 1991, ni tampoco se reducen a los denominados jóvenes “Ni-Ni”, dado que estamos en presencia de un conglomerado social movilizado, con diversos sectores sociales rurales y urbanos en una interesante dinámica de articulación, de reconocimiento mutuo y politización democrática la que, por supuesto, es imposible constreñir en una forma de organización política o en una campaña electoral; aunque dado el contexto, también pasa por el 2022 y a eso le teme el Uribismo, como le teme a la verdad y a la judicialización de sus dirigentes, en especial de su caudillo.
Fuentes:
Ministerio del Interior. Decreto 575 de 2021. Cali. Mayo 28 de 2021.
Infobae. Iván Duque fue recibido entre aplausos en Ciudad Jardín durante su visita a Cali. Mayo 29 de 2021.
Pulzo. “No los estamos matando”: Iván Duque, frente a joven que lo confrontó llorando en Cali. Mayo 29 de 2021.
Ver: https://www.pulzo.com/nacion/joven-llorando-confronto-ivan-duque-su-visita-cali-PP1054804
Uprimny Rodrigo. El decreto de “asistencia militar” de Duque es inconstitucional. La Silla Vacía. Mayo 31 de 2021.
Ver: https://lasillavacia.com/opinion/decreto-asistencia-militar-duque-inconstitucional-81799
Valencia Feliciano. @felicianoValen. Mayo 31 de 2021.
Ver: #ParoNacional
Larrahondo Carabalí, Elías. @LarrahondoElias. Mayo 31 de 2021.
Unión Resistencia de Cali -Primera Línea- Alcaldía de Cali. Comunicado de Prensa a la opinión pública. Tercer Canal. Junio 1 de 2021.
Ver: @Tercer-Canal.
Vanguardia. “Bucaramanga no será militarizada”, dijo el Alcalde. Mayo 30 de 2021
¿El Centro Democrático dejó solo al presidente Duque? Habla Álvaro Uribe. W Radio Colombia transmitió en vivo. Junio 2 de 2021.
Arias Fabio. “Toma de Bogotá el próximo 9 de junio”, anuncia miembro del comité del paro. Pulzo. Junio 02 de 2021.
Arboleda Hoyos Alejandro. Los congresistas y alcaldes investigados por su actuar en el paro. El Colombiano. Junio 02 de 2021.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: https://www.hrw.org/
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