No hay duda que el Paro Nacional, la explosión social, la rebeldía de los jóvenes, para mencionar algunos de los nombres que se le ha dado a esta importante y prolongada protesta ciudadana, sólo tiene un claro camino de su superación, que es el del diálogo, la concertación y la negociación. Pese a que puede ser un poco demorada, es la vía adecuada y cierta de superar esta situación.
Todos sabemos que esta manifestación masiva y continuada de descontento y rechazo social fue la convergencia de múltiples causalidades, que en la región del suroccidente y especialmente en la ciudad de Cali –epicentro de la misma-, van a tener su máxima expresión. No sólo era unas demandas sociales reprimidas, aplazadas y agravadas por la pandemia de la Covid-19 y sin respuestas claras desde el ámbito estatal, pero que tocaban especialmente a millones de jóvenes descreídos, a quienes la sociedad no les ha brindado opciones claras ni de estudio, ni de trabajo, ni de realización personal. Adicionalmente con un Acuerdo de Paz, embolatado, con una implementación a pedazos, lo cual contribuyó a que la situación social y de expectativas de transformación regional que de allí se esperaba, se encuentre por el momento en el limbo y con un incremento de cultivos de coca –especialmente en la región del suroccidente- y la presencia concomitante de grupos de crimen organizado ligados a esta actividad, incluida las relaciones con grupos de crimen organizado transnacional.
A esto se le suma las siempre distorsionadas y parcialmente burladas demandas de las comunidades indígenas –particularmente del Cauca-, que estimula a que la Minga indígena y otras expresiones de las luchas de los pueblos originarios, terminen sumándose a este tipo de protestas sociales y por supuesto la cercanía física y de solidaridades –no se puede omitir las luchas de pueblos originarios por ‘recuperar’ lo que ellos consideran sus tierras ancestrales y las tensiones que de allí se derivan con propietarios-empresarios del Valle del Cauca-, estimulando igualmente que ésta termine manifestándose en espacios como el de la ciudad de Cali.
Todo esto para resaltar que en Cali se concentraron, en buena medida, los distintos ingredientes de este estallido social, que a su vez generó respuestas desde lo estatal y desde lógicas que podemos considerar como para-estatales, primando el uso de la violencia y la coerción. Pero igualmente, allí como en muchas otras regiones del país, incluida la propia capital, observamos una doble y crecientemente divergente dinámica, la que lideraban el Comité Nacional del Paro y la que expresaban estas movilizaciones de jóvenes, que se fueron convirtiendo –como había sucedido en 2019- en la base de la movilización social y que cada vez actuaban con una dinámica propia y crecientemente autónoma. El resultado fue lo que vimos en lamentables términos de muertes, heridos, detenidos, desaparecidos, en una palabra de víctimas. Sin embargo, sería preocupante que se fuera a profundizar un agrietamiento entre el Comité Nacional del Paro, que tiene sus niveles de legitimidad y representatividad y los liderazgos locales y regionales, que igualmente representan las nuevas dinámicas y demandas localizadas en lo territorial y en la población joven. Ese es un desafío que esperamos se pueda manejar de manera adecuada.
La crónica detallada del desarrollo del movimiento, con sus altibajos, protagonistas, estrategias y tácticas, respuestas desde lo estatal, etc. Es algo que está por escribirse y con seguridad conoceremos análisis muy ilustradores.
En este escrito quiero centrarme en destacar la construcción de la salida, que hasta el momento, pese a las dificultades parece comenzar a imponerse, la de la opción concertada y negociada. Para ello es fundamental señalar que se requirió desde el inicio la presencia de actores y voces con legitimidad como la de la Iglesia Católica en la ciudad –representada por el Arzobispo Darío Monsalve-, la de la comunidad internacional –Misión de Observación de la ONU, la MAPP-OEA, entre otros- y unas autoridades locales y regionales siempre con la disposición a explorar y consolidar salidas concertadas –esa fue la actitud del Alcalde de Cali y la Gobernadora del Valle-; en el campo de los protestantes en el primer momento hubo una gran atomización de la misma –lo que no significa anarquía-, pero progresivamente se van conformando y legitimando liderazgos locales, que van decantando sus demandas y finalmente llegan a conformar la ‘Unión de Resistencias de Cali – Primera Línea – Somos Todos y Todas’ que se va a convertir en el interlocutor necesario para ir construyendo ese proceso de negociación, del otro lado estará la Alcaldía y representantes del gobierno nacional y de la Gobernación del Valle, con lo cual ya están las partes fundamentales, una agenda de demandas centrada en lo local, la presencia de un Comité Facilitador y un Comité de Veedores y algo que va a ser muy importante una Comisión de Derechos Humanos y un denominado Canal de Salvaguarda de Vidas, todo ello explicitado en el Decreto de la Alcaldía Distrital de Cali antes referenciado “Por el cual se Adoptan Garantías para la Construcción de Acuerdos, se Institucionaliza la Mesa de Diálogo en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, en el Marco del Paro Nacional del 28 de Abril de 2021 y se Dictan otras Disposiciones”.
No hay duda que en la ciudad de Cali, con la intervención de diversos actores, tanto gubernamentales como sociales, así como de la comunidad internacional y el rol fundamental de la Iglesia Católica, se abre un camino para ir construyendo salidas a las problemáticas sociales y económicas que están en la base del estallido social. Por supuesto, esta opción de salida no está exenta de amenazas de parte de sectores de la extrema derecha política para los cuales ninguna salida se concibe al margen de las autoritarias-coercitivas y en esa medida es probable –como ha empezado a vislumbrarse- se comience a buscar torpedear esta opción, que no sólo es una alternativa para el caso de Cali, sino que marcaría una ruta para otras localidades y autoridades locales.
Es importante resaltar el numeral uno del Comunicado a la Opinión Pública de la Unión de Resistencias, porque allí se destaca la importancia del diálogo como la vía para encontrar las soluciones a esta conflictividad social. Dice así el documento mencionado: ”Reconocemos que el diálogo es el camino más efectivo para avanzar en la interlocución entre las partes, en la búsqueda de soluciones concertadas y en la resolución pacífica de los conflictos y las demandas luego de más de un mes de movilización social.”
Esperamos, que la sociedad que fue capaz de sacar avante una solución concertada con una de las guerrillas más antiguas de la región, pueda construir soluciones, igualmente concertadas, a esa especie de ‘explosión de inconformidad social’, justamente viabilizada por la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en el cual el mensaje que se le envió a la sociedad colombiana es que las armas no tienen ya ninguna legitimidad para invocar luchas políticas y en esa medida se coloca en el orden del día la protesta social, la lucha ciudadana, por sus derechos y reivindicaciones.
Alejo Vargas Velásquez, Profesor Titular Universidad Nacional, Director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Dialogo de Paz
Foto tomada de: agenciademedioshoynoticias.com
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