La Renta Básica permite que la dignidad humana se accione. La persona en situación de vulnerabilidad, un pobre de solemnidad, como dicen las “señoras de bien”, cae en las humillaciones, declina muchas veces toda reacción ante el agravio y se somete hasta a tratos infames con tal de lograr una ayuda de los que son pudientes o por un trabajo ocasional y miserable, o una limosna callejera. Como decían los romanos, se les aplica la capitis deminutio (disminución de la capacidad), y pierde la libertad personal, así “disponga de ella” para circular (aunque no esté preso ni detenido), pero su vulnerabilidad no le permite reaccionar, y le es pisoteada la dignidad; perdiendo coetáneamente varias libertades conexas con los derechos humanos como la libertad al trabajo y a los oficios (artículos 25 y 26 de la Constitución), “libre de escoger profesión u oficio”, pero cómo , si ha sido excluido, no ha podido escolarizarse ni capacitarse. Además, la aporofobia extendida (odio o aversión hacia los pobres), en vastos sectores sociales los apartan. Y la misma libertad personal, artículo 28 de la Constitución, queda sin poderse gozar porque su personalidad jurídica es mutilada por la marginalidad, la falta de oportunidades y el despojo, quedan sin patrimonio.
La Constitución Nacional se expidió a nombre del pueblo de Colombia dice el preámbulo, para asegurar a los integrantes de la Nación, la libertad, entre otras garantías. Y el Estado fue organizado como una Democracia pluralista fundado en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas, dice el artículo primero de la Constitución, como principio fundamental. La Renta Básica sirve para soliviantar o apuntalar la dignidad humana, este es el pilar de los derechos humanos, pero esa Renta Básica, debe ir acompasada con el funcionamiento de los derechos sociales, de las personas seleccionadas para la asignación mensual, y del goce de los derechos sociales de aquellos que se mueven en su entorno. Esto es lo que no se ha hecho en Colombia durante los 30 años de la expedición Constitucional (1991/ 2021), el cúmulo de exclusiones nos llevó a este estallido social.
El preámbulo de la Declaración Universal de los derechos humanos de la ONU , consideró que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales de todos los miembros de la familia humana; y que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada de las personas; por ello consagró en los artículos 7 y 25 que, “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. Y que, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Si en la Democracia decide el pueblo y es un sistema para el pueblo, según el argumento liberal clásico; cómo es posible que Colombia un país de 21 millones de pobres, con 15 millones en situación de pauperización progresiva, en pleno tercer pico de la pandemia y en medio de un estallido social, se atrevan unos congresistas a entrabar la discusión legislativa para crear una Renta Básica que serviría lograr algo de equidad y justicia, como deber democrático. Esa renta básica no se necesitaría si en este país se cumpliera con proporcionar el pleno empleo que contempla el artículo 334 de la Constitución. En Colombia el solo hecho de la estratificación urbana para los barrios de menor nivel es un estigmatizador la geografía barrial, y el vestuario, otro diferenciador social: Otra marca de la pobreza. Y sin empleo, peor.
La propuesta del ingreso ciudadano a manera de Renta Básica Condicional se presenta, así como una alternativa diferente de las políticas de transferencias de ingresos a las personas y familias hoy en vigor (familias en acción o familias guardabosques, o lo que se mantenga de ellas). Los actuales programas que pagan ingresos no tienen este mismo propósito, están condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos debidamente certificados por la autoridad competente y no están integrados con el sistema tributario.
La integración fiscal progresiva del ingreso ciudadano y familiar lo vuelve un instrumento potente para aumentar la autonomía económica de las personas y, por lo tanto, su autonomía para ejercer sus libertades políticas. En otras palabras, permitiría generar condiciones para alcanzar el ideal republicano de «libertad como no dominación», al reducir la interferencia del poder político y económico sobre las opciones de vida elegidas por las personas.
Claro que debemos agotar primero el debate sobre los problemas del empleo en Colombia y la incapacidad del actual sistema de atender los nuevos escenarios de precariedad laboral e insuficiencia de ingresos, la extendida informalidad del rebusque, así como las trasformaciones de los mercados de trabajo que ponen en cuestión la posibilidad del pleno empleo.
Las fuentes financieras para hacer viable económicamente la Renta Básica y darle sostenibilidad fiscal pueden ser: dineros del sistema de participación; crear una tasa a las transacciones financieras para esta renta básica, los bancos deben aportar de sus ganancias al bienestar social de la población; cerrando las válvulas de la corrupción; simplificando una larga lista de ayudas existentes que se pierden en las oficinas de bienestar social porque no las aplican sino que las desaguan; impuestos a las sociedades; impuestos a herencias existentes; impuestos sobre donaciones; modificación de los sistemas actuales del impuesto a la renta; al 20% más rico de la población se le podría imponer una reforma fiscal progresiva para financiar la Renta Básica. Todo esto se justifica por el alto grado de pobreza, desempleo y precariedad en que está sumida la población colombiana.
En Alaska se creó una renta básica hace 43 años, la forma de financiarla se logró mediante una gran fundación semipública-semiprivada. En otros países del mundo, como Finlandia se implementó; en Holanda se ensayó en una ciudad. Lo destacable es que se están demoliendo las barreras culturales o mentales que hay en contra de la Renta Básica. La pandemia, el encierro y el hambre motivaron a muchos gobernantes renuentes para proponer formas de renta básica, algunos propusieron remedos miserabilistas. Todo el dinero que los evasores evitan pagar en impuestos es dinero que no irá a hospitales ni colegios públicos ni a la justicia social. Se podría pagar una renta básica de una cantidad igual al umbral de la pobreza, como han mostrado distintos estudios tanto en la región vasca de España, o en Cataluña.
Alberto Ramos Garbiras, Magíster en Ciencia Política (Universidad Javeriana); PhD en Política Latinoamericana, Universidad Nacional de Madrid (UNED- España); ha sido profesor de las cátedras: derecho internacional y derecho constitucional, en la Universidad Libre y la Universidad Santiago de Cali (USC). Profesor de la cátedra: derechos humanos.
Foto tomada de: Prensa Latina
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