Estos dos reprochables hechos muestran la profundidad de la crisis a que ha llegado esta región que limita con Venezuela; un país al que la política exterior del gobierno Duque graduó de enemigo per se, en una situación que hace rato entró en el meridiano de decisión de la geopolítica mundial, circunstancia que requiere de un manejo inteligente del gobierno, que priorice el interés nacional, que no aparece por ninguna parte.
El gobierno Duque señaló al ELN como autor del ataque a la Brigada del Ejército que el grupo insurgente desmintió, negación que agrega más sombras que luces al bombazo terrorista. Los dos ataques coinciden en un asunto vital: protuberantes fallas de seguridad. En el primero, el autor entró y salió como Pedro por su casa y duró dos horas en las instalaciones del Cantón; y en el segundo se pretermitieron todas las medidas de seguridad para el desplazamiento del Presidente. El oficialista periódico El Tiempo plantea, como una hipótesis fuerte, que los franco tiradores sabrían cuál era el helicóptero presidencial.[1] Estos acontecimientos constituyen un asunto de extrema gravedad, por tratarse de una región limítrofe que el gobierno colombiano ha convertido en un frente internacional de riesgo para el país.
No es casual que estos atentados se den en Cúcuta, capital del departamento del Norte de Santander, una región que es prácticamente de todos y de nadie[2]. Las condiciones sociales, económicas y de seguridad en el departamento se han profundizado, agravadas por la extensa epidemia del covid-19, circunstancias que han aprovechado los grupos irregulares dedicados al negocio de la siembra y exportación de cocaína para apoderarse de un territorio estratégico que el ejército colombiano no copó después del Acuerdo de paz. Pese a que ahora existe una importante presencia militar, esto no se ha traducido en seguridad para sus habitantes, ni en una reducción de los cultivos de coca. En la zona rural de Cúcuta, en el departamento y en el Catatumbo se han presentado varias masacres.
Cúcuta tiene una tasa de desempleo del 22.3% y una informalidad laboral del 70%, influida por la fuerte emigración venezolana que tiene que atender sin recursos, agravada por la degradación de las relaciones diplomáticas entre los dos países que mantienen absurdamente cerrados los canales diplomáticos y los pasos fronterizos. Las veredas más cercanas a Cúcuta (Vigilancia, Puerto Santander, la Silla, Aguaclara, Banco de Arena,) están plagadas de matas de coca y son objeto de la disputa territorial de todas las fuerzas irregulares que allí concurren por su interés estratégico, pues conectan de forma expedita a la región del Catatumbo vía Tibu.[3] En los alrededores de Cúcuta hay más de 300 hectáreas sembradas de coca.
En el Catatumbo, conformado por los municipios de Abrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorema y Tibu, así como crece la pobreza crecen los sembradíos de matas de coca y la violencia. Estos territorios son enclaves del narcotráfico, no solo por su capacidad de producción de droga, sino porque son la ruta hacia Venezuela y el Caribe colombiano.[4] La Serranía del Perijá que ocupa una importante área del departamento es un corredor de coca hacia el vecino país y de allí a los mercados internacionales que se mantienen plenamente abastecidos.
El departamento de Norte de Santander acusa el efecto globo, es decir, la estrategia elemental y conocida de los negociantes del cultivo de trasladar el negocio hacia áreas más promisorias y más favorables a sus intereses. El departamento reemplazó a Nariño como la región del país con más área sembrada de coca.
Todas estas dramáticas circunstancias se dan en el cincuenta aniversario de la guerra contra las drogas que no le ha traído la paz a Colombia, ni ha logrado acabar los cultivos ilícitos y sí ha producido miles y miles de muertos en este medio siglo de una guerra tan inútil como bárbara y a cuyo desenlace está atada la suerte del país.
Hace menos de un mes, el 9 de junio exactamente, el gobierno nacional sacaba pecho porque el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, de la oficina de las Naciones Unidas para la prevención de la droga y el delito, UNODC, anunciaba que producto de la política antidrogas del gobierno Duque los cultivos de coca se habían reducido en un 7% en el 2020, al pasar de 245.000 a 143.0000, 102.000 hectáreas menos.
Pero el mismo día que le dispararon al helicóptero presidencial el gobierno norteamericano informó que las áreas de los cultivos ilícitos en el país habían crecido dramáticamente: Un 15%, al pasar de 212.000 en el 2019 a 245.000 hectáreas en el 2020. En lo que hay acuerdo en los dos informes es la enorme productividad que han logrado los productores: un incremento el 10%. Con guerra y todo.
En el país ha habido controversia en torno a la veracidad de las cifras planteadas por el gobierno Duque en torno al área erradicada. Según sus cifras, en el país no debería haber una sola mata de coca. Académicos y sectores campesinos sobre el terreno dudan de estas cifras, que pueden explicarse en su afán de mostrarse solicito ante el nuevo gobierno norteamericano luego de la debacle de la cancillería y la embajada de nuestro país en Washington al intervenir groseramente en la política interna al torcer al lado de Trump:
“El gobierno ha informado que al finalizar este año se habrán erradicado 130.000 hectáreas de coca, cifra que sumadas a las 100.000 del 2019, impresiona especialmente si se tiene en cuenta que según Naciones Unidas en el 2018 la extensión de esas plantaciones en el país alcanzaba 169.000 hectáreas. ¿Cómo puede ser que en solo dos años hayamos destruido 61.000 hectáreas más de las que había?”[5]
En Colombia hay un refrán que dice que “cae primero un mentiroso que un cojo”. Eso exactamente le está pasando al presidente Duque, al que nada le sale y el país se le complica más y más con cada día que pasa, propiciando situaciones que pueden alentar al mismo gobierno a suprimir las garantías democráticas en un contexto donde, a punta de bala, no puede extinguir las llamas del paro nacional que jóvenes desesperados continúan en Bogotá, Popayán, Pasto, Cali e impedir así su inminente derrota electoral del 2022 y la llegada de un gobierno alternativo. En torno a los dos atentados en la opinión pública hay una enorme incredulidad que las explicaciones del gobierno no ayudan a resolver.
El gobierno Biden, sobre el que se tejen muchas ilusiones, al igual que su antecesor, no descarta ninguna posibilidad en relación con el conflicto con Venezuela. El conflicto geopolítico que ya es Venezuela y la guerra contra las drogas. Dos opciones que se alimentan recíprocamente. El problema de las drogas es la punta de lanza para cualquier acción contra Maduro y su régimen.
En torno al problema de las drogas, la posición del gobierno Biden es ambigua y peligrosa. De un lado, la marihuana florece en los jardines de Washington y no es descartable, que como acaba de hacer México, declare el consumo recreativo del cannabis en todo el territorio de la unión americana. Del otro, en lo de la cocaína, su posición es inflexible: guerra contra las drogas, que es más exactamente guerra contra la cocaína, con la excusa de siempre, poco consistente, de atajar la droga en el terreno, para impedir que esta llegue a los ávidos consumidores gringos. El alcaloide no es, de lejos, la droga con la que se atosigan los norteamericanos.
De las discrepancias en torno a las mediciones entre los dos gobiernos no saldrá sino la continuación de la aspersión con glifosato, con el auspicio del gobierno Biden. Es decir, más muertos, más violencia, más atropellos contra masas campesinas empobrecidas, más destrucción de la naturaleza, más conflictividad con Venezuela. Para el bien de Colombia y de Venezuela, de sus dos pueblos, ojalá estas difíciles circunstancias, no le den paso a los tambores de guerra.
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[1] Investigan si hubo fallas en seguridad presidencial, El Tiempo, 26 de junio de 2021, Pág. 1.3
[2] Violencia en Norte de Santander, tierra de todos y de nadie, El Espectador, 1 de febrero de 2021.
[3] El resurgimiento del paramilitarismo en la zona rural de Cúcuta, El Espectador, abril 5 de 2021.
[4] Alerta en Cúcuta tras la llegada del clan del golfo, El Espectador, 12 de febrero de 2021.
[5] Yesid Reyes Alvarado, Glifosato: la estrategia del hámster, El Espectador, 29 de diciembre de 2020. Ver también: Daniel Rico, Las cuentas alegres de la coca, Revista Semana, julio 7 de 2020.
Fernando Guerra Rincón
Foto tomada de: El Tiempo
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