No obstante, en medio de estas manifestaciones, que no podían ser capitalizadas por un movimiento político en sus inicios, han aparecido posiciones encontradas y dividas respecto a diversos temas, los cuales se proyectan para el próximo escenario electoral. El impacto de las movilizaciones ha sido tal que se espera tenga repercusiones respecto a las elecciones de 2022 en el país, siendo un hito que no puede ser eludido por los sectores políticos y sus demandas deben ser recogidas en el sentir social.
Sería muy ambicioso intentar recopilar las posiciones respecto a la cantidad de demandas que se encuentran en estos momentos circulando en el país, dado que tienen diversas aristas y se presentan en diferentes niveles. Este texto se centra en plantear ideas respecto al tema de la seguridad y su transcurrir en esta nueva coyuntura.
El cambio en la concepción de la seguridad en la agenda política colombiana
La seguridad no es un tema secundario en la agenda colombiana; por el contrario, desde fines de los 80’ se ha planteado como uno de los principales focos de los gobiernos nacionales. La percepción respecto a lo que se considera una amenaza y en cuales de estas se van a centrar mayor cantidad de recursos es fundamental para entender el transcurrir de los asuntos políticos. Al respecto, el país ha sido versátil en la definición de la agenda, enfatizando en temas como el narcotráfico y los grupos armados ilegales.
No obstante, las movilizaciones han dejado entrever un cambio de estas dinámicas. Emerge un rompimiento parcial de la concepción de la seguridad “tradicional” en Colombia –con énfasis en la seguridad nacional-, y se ha ampliado el rango de actores que se encuentran involucrados dentro de la misma. Este cambio -de concretarse- es significativo en la medida que demuestra el desgaste de una lógica centrada en el Estado, a la vez que transforma la percepción respecto a las amenazas, sin que ello signifique un impulso a una concepción más democrática de seguridad.
Entendemos por seguridad tradicional, la que se asociaba a seguridad nacional, que tiene al Estado como principal sujeto de protección, es decir, que las amenazas a las que hay que hacer frente se definen a partir de las afectaciones que se considere pueden generarse a la institucionalidad. Estas se encuentra asociadas normalmente a temas militares, sin embargo, en Colombia, derivado del conflicto armado interno, ha incluido una variedad de las mismas relacionadas principalmente con el narcotráfico y los grupos armados ilegales, como principales amenazas al entramado estatal.
Síntomas y causas de la transformación de la concepción de seguridad
Lo primero a señalar es que las manifestaciones no son la causa de este cambio. El estallido social fue la condensación de circunstancias estructurales en un momento coyuntural, que permite analizar muchas de las nuevas realidades del país. La coyuntura actual es la foto de una realidad que ya venía gestándose. Se pueden señalar diversas causas del debilitamiento de la concepción de seguridad tradicional, queriéndose dar cuenta en este texto de las más importantes. De esta manera, se espera que a partir de los síntomas se puedan ver los patrones que han llevado a los debates actuales.
Un primer elemento a resaltar es el proceso de paz con las FARC. Este tuvo dos repercusiones claves: 1) La agenda de seguridad dominada por los grupos armados ilegales al interior del país se ha visto menguada con la desaparición de la principal amenaza para el Estado. Ninguno de los grupos armados ilegales actuales, ni el ELN, ni las disidencias de las FARC, los residuos del EPL, el Clan del Golfo, entre otros, representa una amenaza para la existencia de la entidad estatal colombiana. La victoria militar de una insurgencia como el ELN, es improbable en el escenario actual; asimismo, hay grupos con cierta capacidad armada pero que no buscan ser un contrapeso para el Estado como estructura, más allá de garantizar sus negocios ilícitos -caso del Clan del Golfo-.
2) Hay una apertura de las demandas ciudadanas ante el silencio del principal actor del conflicto armado en el país. Esto permitió que diferentes sectores pudieran manifestarse, hubiera un proceso de mayor participación ciudadana y emergiera una mirada más amplia -progresivamente- en las agendas secundarias. Esto lleva a mayores reivindicaciones ciudadanas en cuanto a la posibilidad de contemplar la seguridad más allá del Estado, aflorando problemáticas que se encontraban más cercanas a la ciudadanía que a la institucionalidad. Estas, no son nuevas, sino que habían estado ‘invisibilizadas’ en el contexto del conflicto armado.
Igualmente, hay una transformación de la mirada internacional respecto a Colombia. Se pasó de ser considerado un Estado “problema” o “fallido”, a uno que podía y quería proponer dentro del escenario internacional. Esto lleva a que el país sea visto con mayores compromisos respecto a temas como derechos humanos, ya que la excusa de un conflicto armado está en declive y se mostró una estructura estatal con mayores capacidades que podía hacer frente a las demandas ciudadanas. De la misma manera, la comunidad internacional brindó su apoyo material y político a la concepción de un nuevo escenario para el país, lo cual ratificaba los compromisos de Colombia con un cambio.
El discurso del conflicto armado se estaba agotando en diferentes escenarios y otros significantes como Venezuela, el narcotráfico, el crimen organizado, no lograrían cubrir discursivamente las realidades complejas que vivía el país -la región y el mundo- en términos de seguridad. Hay un nuevo escenario en el que se debe hacer frente a problemáticas que no se consideraban centrales y que comienzan a serlo.
Este nuevo entorno se ve agudizado por las vicisitudes desatadas por la pandemia, en la cual se pone en jaque de manera definitiva la idea de que la seguridad del Estado es equivalente a la de su población. Por el contrario, en este escenario era necesario priorizar a los ciudadanos, así como la seguridad se vio ampliada de manera forzosa por la importancia de un virus global. Los recursos de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía) se vieron volcados a una nueva realidad: contrarrestar los efectos del Covid-19, era un cambio drástico y necesario en las prioridades en la agenda política, representando un golpe definitivo a la seguridad tradicional.
Las movilizaciones y el diagnostico de una nueva agenda
Las movilizaciones, como se ha afirmado, reflejan en el ámbito coyuntural transformaciones que se venían presentando de forma estructural. En ese orden de ideas, el primer cambio de importancia es la relevancia que cobra la seguridad ciudadana ante la estatal. Aspectos como la delincuencia común, las riñas, la exposición al coronavirus, el control de aglomeraciones, han sido vitales en el nuevo ciclo que atraviesa el país. Las mismas instituciones del Estado han visto aumentadas sus tareas para garantizar sus atribuciones misionales.
Asimismo, el costo social que ha conllevado la movilización social y la pandemia, con un aumento en cifras del desempleo y pobreza, así como las pocas garantías en salud y educación, han influido para que se dé una concepción más integral respecto a la seguridad. La seguridad, vista desde la supervivencia de las personas, en el contexto actual, pasa por la garantía de las condiciones materiales de existencia. En este caso la población misma amplia el concepto al considerar que su propia preservación va más allá de las consideraciones del uso de la fuerza.
En cuanto a las movilizaciones, estas han dejado entrever una brecha importante en relación con la garantía de los derechos y las percepciones que se tienen en cuanto a las manifestaciones sociales. Esto ha estimulado un debate en el ámbito nacional que es fundamental en cuanto a los alcances y las implicaciones que tiene el derecho a la protesta, hecho que tiene precedentes más no en los términos que se está dando en la actualidad.
En el pasado se pudo dar una criminalización de los sectores sociales y sus formas de protesta desde el argumento de la infiltración por parte de los grupos armados ilegales; del mismo modo, se han ‘recalentado’ acusaciones como la intervención por parte del “Foro de São Paulo”, Venezuela, Cuba y, como tal, de la izquierda internacional. Sin embargo, estos argumentos -utilizados por diferentes sectores políticos- han perdido capacidad explicativa en las actuales manifestaciones; el calado y la intensidad de éstas llevan a la imposibilidad de una amplia influencia por parte de factores que no sean meramente el descontento social con el gobierno y su gestión.
No obstante, esto no ha impedido que se intente cambiar el significado de la protesta y de la seguridad a partir de la misma. Así, se hace un llamado a criminalizar determinados aspectos o grupos de las manifestaciones -ya no es una influencia externa sino los medios internos-, dentro de los que resaltan: 1) los bloqueos que, dependiendo de sus características, pueden darse en el desarrollo normal de una movilización; 2) las ‘primeras líneas’ que en muchos casos han atenuado el impacto de las respuestas policiales en las manifestaciones; 3) la presencia de defensores de derechos humanos que, además, se han cuestionado como politizados.
La concepción de la protesta ha llevado a una renovada disputa respecto a lo que se debe considerar o no como una amenaza, planteándose discusiones como el “derecho” a la legitima defensa con el porte de armas por parte de los civiles, los alcances de la protesta social y los hechos de violencia que se han derivado de la misma, el uso de la fuerza por parte de la Policía, entre otros. Estos temas ya no se intentan resolver de manera directa como pie de página del conflicto armado interno, por el contrario, han tomado relevancia por sí mismos como fenómenos sociales. Esto cambia radicalmente el esquema dado que es diferente ver la amenaza desde un grupo armado a un escenario de manifestaciones ciudadanas, en el cual no se coloca en el centro la seguridad del Estado sino de la misma ciudadanía -afectada de diferentes formas en medio de la coyuntura-.
Esto termina de profundizarse con la seguridad vista más allá del ámbito nacional. La seguridad por mucho tiempo fue concebida como una responsabilidad que tenía que ser resuelta de manera central por el mandatario nacional; sin embargo, en la actualidad han cobrado especial relevancia los mandatarios locales. Ya no es el presidente el único que tiene voz respecto al manejo de la Policía ni en la definición de la amenaza, por el contrario, dado el carácter diferencial que ha tenido el paro a nivel nacional, este se ha desarrollado de manera local y regional, a partir de las realidades contextuales y alejado de una mirada omnicomprensiva. Esto termina socavando la seguridad tradicional y vuelve a hacer énfasis en las necesidades de las poblaciones
Las consecuencias: una mirada a las elecciones de 2022
El escenario actual en relación con la priorización de un tipo de seguridad aún es difuso, no hay consenso respecto al mismo y resulta ser nuevo para el país en el orden de la ampliación que se requiere. La definición de la percepción es fundamental al momento de llegar a una amenaza, siendo esta un campo de disputa que se ha abierto en la medida que se transcurre a un nuevo horizonte institucional.
En el panorama nacional se alcanzan a entrever los efectos de las movilizaciones en las propuestas para las elecciones del año 2022. Diferentes sectores políticos se posicionarán en relación con uno u otro entendimiento de seguridad, dado que, dependiendo de ello se construye una percepción, así como se puede dar una asignación de recursos para enfrentar diversas problemáticas.
La seguridad ha sido uno de los temas centrales en el pasado en la definición de las disputas electorales en el país y es posible que para el 2022 no cambie de manera significativa. Sin embargo, si bien la forma puede permanecer, se está abriendo la posibilidad para que se dé un debate de fondo que tendrá repercusiones en la futura agenda.
Esto no implica que los temas de seguridad tradicionales hayan desaparecido de la agenda nacional, por el contrario, se señala como rompimiento parcial en la medida que estas temáticas persisten. No obstante, la relevancia que se les da y, por lo tanto, la asignación de recursos cambiará dependiendo de qué problemáticas sociales salgan a flote y se transforme la concepción de seguridad. El momento actual definirá ese cambio y seguramente será objeto de análisis en las futuras elecciones, y la ciudadanía probablemente se preparará para futuros escenarios de manera crítica y pensando la posibilidad de reflejar los cambios en sus percepciones.
Alejo Vargas Velásquez: Profesor Titular de la Universidad Nacional y Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Farid Camilo Rondón Raigoza: Politólogo y estudiante de la maestría en Estudios Políticos de la Universidad Nacional, y miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Foto tomada de: https://www.las2orillas.co/
Deja un comentario