A este régimen se le suele llamar narcogobierno, narcodictadura, cleptocracia, … el poeta Rubén Darío nombró al gobierno del hampa como canallocracia, hace más de un siglo. Construcción perfecta del griego cratos, poder, y canalla, aquel que obra la maldad, que comprende esta forma del poder colombiano.
En tal sentido, este 20 de julio se dio otro episodio de la cooptación criminal del Estado, cuando se eligió en la presidencia del senado, segundo reemplazo del presidente, a Juan Diego Gómez, un denunciado ladrón de tierras y estafador, por vender lotes que no le pertenecían, así como negociante con socios de narcotraficantes, y financiado por condenados en el escándalo de Odebrecht, como si fuera poco ha tenido pleitos por mala paga; mientras en la cámara eligieron como presidenta a Jenifer Arias, cuya parentela presenta antecedentes criminales, padre y hermano, además de hacer cabildeo por empresas de aviación vinculadas con el narcotráfico, cercana a los dos pilotos caídos contrabandeando cocaína, el último de ellos en el avión Azcárate. Parece que el uribismo no soporta funcionarios sin nexos con la criminalidad, a quienes no pueda chantajear: El vínculo en el partido de gobierno no son ideales políticos, sino la complicidad. Ahora el poder legislativo queda dirigido por truhanes.
Para cerrar con coherencia, aquel 20 de julio se hizo fraude en la elección de la segunda vicepresidencia del senado, que correspondía al senador Gustavo Bolívar por estatuto de la oposición, al pretender el partido de gobierno imponer veto a los senadores que no son de su gusto, mediante “la jugadita” del voto en blanco. Mientras tanto el gobierno manda a la policía como fuerza sicarial contra los manifestantes que denuncian la corruptela oficial, impidiendo el derecho a la protesta, a la reunión, y a la participación política, empleando los mismos recursos que sistemáticamente viene empleando en cerca de tres meses: Agresión a la protesta pacífica, para volverla violenta; detenciones arbitrarias, enmascaradas como traslados de protección; mutilaciones a manifestantes, especialmente con disparos en los ojos; violaciones carnales a damas que protestan; el recurso desfachatado al paramilitarismo, con complicidad policial; asesinato de ciudadanos que ejercen el disenso; desaparición forzada de protestantes que, de seguir el ritmo de crecimiento actual, pronto dejará a las dictaduras del cono sur como aprendices del terror. ¡Un veinte de julio memorable!
Como preparación a esta jornada, en una ilegalidad más, la misma policía decomisó cuantos elementos de protección usa la primera línea (cascos, gafas, escudos artesanales), de la misma forma en que años atrás el terror paramilitar usaba al Ejército de Colombia que pasaba por las veredas decomisando armas, escopetas, machetes, cuchillos de cocina, hasta azadones, para que de madrugada atacaran los paramilitares y no pudieran los campesinos defenderse. La descomposición policial ha llegado al grado que ellos, equipados con armas de fuego, las del Estado que han vuelto contra el pueblo, han presentado, mendazmente, un número de heridos propios, semejante al que ellos han ocasionado en la población civil desarmada. La canallocracia ha pervertido la policía desde el alto mando. No sólo a la policía, ha hecho de las Fuerzas Armadas el brazo armado del partido de gobierno, y sus asesinos ahora son producto de exportación, para cometer crímenes en otros países: La degradación de las Fuerzas Militares Colombianas es una amenaza a la seguridad internacional. No en vano corruptos de todo tipo piden pagar sus condenas en instalaciones castrenses.
La cooptación mafiosa ya se había dado en el ejecutivo, desde la elección presidencial de 2018, tiznada por documentadas denuncias de fraude, así como por la compra de votos que el narcotráfico hizo a favor de Duque, que resultó decisiva entre los dos candidatos finalistas. De lo cual Iván Duque resultó presidente, aunque sólo del puñado de plutócratas a los que empeñó la chequera del Estado.
La canallocracia impone su estilo: Se nombra a los que tengan prontuario delictivo, o provengan de familias unidas en el crimen; no se dice una sola verdad desde el gobierno, ni en los ámbitos internacionales donde miente con desparpajo. En su mascarada de circo fingió Duque, con cara de bravucón, luchar contra la corrupción, pero miró para otro lado cuando la Cabal y la Holguín fueron sorprendidas comprando votos; nombró al destituido por corrupción Alejandro Ordoñez embajador ante la OEA, respaldó a los probadamente corruptos Alberto Carrasquilla, y Néstor Humberto Martínez, o al sicópata de Diego Molano, y ahora estuvo al frente de la campaña para los nombramientos de Gómez y Arias en las presidencias de senado y cámara, repartiendo entre congresistas “mermelada” (asignaciones presupuestales), la que dice haber eliminado. A su programa de seguridad bautizado “El que la hace la paga”, los colombianos lo llaman “Al que la hace le pagan”, por el esmero en proteger a los delincuentes de su círculo y, como eliminó el programa de becas para estudiantes destacados, pilosos, o pilos, llamado “Ser pilo paga”, se nombra a su régimen como el de “Ser pillo paga”.
Eso sin contar la masacre que cada día el gobierno Duque Uribe comete para mantenerse en el poder, ni las respuestas burlescas a los llamados de organismos intergubernamentales y ONG de Derechos Humanos, para el respeto a los mismos.
Llama la atención la tolerancia del gobierno norteamericano con la criminalidad del régimen colombiano, la que ha mantenido con formas anticapitalistas como el latifundio, y con el ascenso al poder ejecutivo de personajes con origen lumpesco, a los que sacó de su listado de narcotraficantes buscados, a cambio de no se sabe qué, y ese qué enigmático es el que los mantiene envalentonados cometiendo atrocidades. En ese qué está la impunidad a la que aspiran, y ofrecen a quienes matan para ellos.
Si cada pueblo tiene el gobierno que se merece, desde el 28 de abril de 2021 no aplica para Colombia. Los sondeos de opinión marcan un altísimo rechazo de la ciudadanía al régimen, mientras tanto el pueblo se ha lanzado a las calles, por millones, a denunciar el poder criminal que mal gobierna. La canallocracia no se enfrenta a unos congresistas de oposición, se enfrenta a todo un pueblo, que encarna el ideal Platónico aristotélico de bondad y verdad, y a una comunidad internacional que desenmascara a este régimen.
José Darío Castrillón Orozco
Una acertada clasificación para el gobierno que actúa en Colombia, como canallocracia. Algún día, el pueblo acabará con estos estilos de bandidaje.
Criminales que se autoprotegen
En un discurso en recinto cerrado al país Duque hizo gala de su sadica oligocracia. Como “gente de bien” que se “protege” de los otros, los ciudadanos, sueña con el Congreso como unidad cerrada.