El pasado 20 de julio, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, radicó ante el Congreso el proyecto de presupuesto general de la Nación, presentado como una herramienta destinada a “contribuir con la reactivación económica y a la protección de los más vulnerables”.
El plan de gastos elaborado por el Gobierno asciende a 350 billones de pesos en 2022 y obviamente, está ligado a la disposición de recursos, es decir a la suerte que corra la anunciada reforma tributaria que ha de ayudar a reducir el déficit que agrava día a día la deuda de la Nación.
Debido a circunstancias inesperadas y a la ceguera o la insensibilidad de las autoridades que rigen el destino del pueblo colombiano, la reforma tributaria que presentó el ministro Carrasquilla fue rechazada por quienes estaban destinados a cargar el mayor peso, agobiados ya por los efectos de una pandemia cuyo fin no se vislumbra a corto plazo.
La propuesta radicada el 20 de julio con la que el Gobierno piensa recaudar un poco más de 15 billones de pesos, de los cuales un 60% provendría de las empresas no modifica mayormente la estructura tributaria actual. Incluye un aumento del 30 al 35% de la tasa de del impuesto a la renta para todas las empresas, una disminución del 50% de la deducción que estas hacen por los impuestos ICA pagados a los gobiernos municipales y, en forma transitoria, desde 2022 hasta 2025, una sobretasa de 3% en el impuesto de renta para las empresas financieras. El resto del proyecto contempla una reducción de los gastos del Estado de aproximadamente 1,9 billón de pesos, medidas contra la evasión fiscal y una normalización tributaria destinada a regularizar capitales de nacionales en el exterior. Con estas medidas el Gobierno piensa otorgar auxilios a las entidades territoriales para ayudarles a financiar el déficit operacional derivado de la pandemia, reducir la pobreza extrema de 15 a 9.6% y recuperar cerca de 500.000 empleos.
El nuevo proyecto, que no toca la clase media, y que llegó al Congreso con mayor consenso político que el concebido por Carrasquilla ha comenzado a recibir, sin embargo, nuevas propuestas e ideas de parte de los congresistas que tendrán que ser analizadas, discutidas y negociadas por los legisladores, de modo que, como decía un antiguo ministro de Finanzas, se sabe cómo entran las propuestas, pero no cómo salen.
También existe el temor en la ciudadanía de que los empresarios trasladen el costo del aumento del impuesto a los precios finales de los productos que adquieren los consumidores, lo que redundaría en una baja real de los salarios, una mayor pérdida de ahorro de los trabajadores o un mayor endeudamiento, de modo que la oferta seguiría siendo mayor que la demanda y, por consiguiente, una reducción de la producción e, inclusive, que no se reduzca el desempleo y aumente la inequidad.
Este gobierno, como los gobiernos que lo antecedieron, ha adornado sus planteamientos con el lema Austeridad y eficacia fiscal. Sin embargo, el proyecto no menciona ni una palabra acerca de un recorte burocrático, muchas veces anunciado y nunca llevado a cabo mientras, en contravía de lo dicho en campaña, el aparato burocrático crece sin cesar. Los últimos actos de esta inflación burocrática están presentes en las mentes de los colombianos: el aumento de la nómina en organismos de control que hoy están supeditados a la voluntad del gobernante. La Contraloría maneja ya una nómina que sobrepasa los 6 mil cargos y la Procuraduría acaba de aumentar su cuota a 5 mil cargos distribuidos en casi toda la geografía nacional. Estos hitos se suman a la creación de ministerios en esta administración que elevó el número de los mismos a 18, en momentos en que el crecimiento económico ha bajado al tiempo que se ha reducido la inversión productiva.
Algunos pueden manifestar perplejidad ante estos hechos, pero la respuesta al acertijo es fácil: la práctica política en Colombia descansa en el clientelismo y el país está ad portas de un año electoral que se anuncia muy incierto. Hay que cuidar las huestes y ganar adeptos si se quiere evitar el triunfo del adversario.
En todo caso, y al margen de consideraciones eruditas sobre la bondad y los efectos de la reforma que será aprobada por el Congreso, menos interesado en analizarla a fondo que de hacer rápido la tarea para dedicarse a lo suyo que son las próximas elecciones, se puede apostar a ojos cerrados y sin temor a que lo propuesto será un paño de agua tibia, insuficiente para reducir las enormes brechas de desigualdad que se han abierto y de garantizar derechos iguales a toda la ciudadanía, mejorar la calidad de los servicios públicos y poner freno a la corrupción que carcome las bases Estado.
Rubén Sanchez David, Profesor Universidad del Rosario
Foto tomada de: RCN Radio
Deja un comentario