Tensiones gubernamentales agravan situación
En la extensa y abigarrada frontera, Colombia y Venezuela comparten poblaciones cuya binacionalidad ha aumentado con las migraciones de un lado y otro. Además, las interdependencias sociales, ambientales, económicas, de seguridad, hacen de cada uno el mayor vecino del otro y multiplican tanto articulaciones como mutuas repercusiones de las problemáticas nacionales.
La situación se ha agravado en los últimos seis años. Maduro deportó miles de migrantes colombianos desde 2015 y ordenó sucesivos “cierres” o “aperturas” de la frontera, mientras aumentaba el éxodo poblacional desde Venezuela hacia Colombia. En octubre de 2018, Duque, afirmó: “Hemos mantenido la relación a nivel consular y un delegado a nivel de encargado de negocios. Pero, somos claros, lo que hay en Venezuela es una dictadura y como tal no tendremos embajador en ese país”[1]. Al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, ordenó el “cierre” de fronteras y, el 1 junio 2021, su reapertura, a lo que Maduro respondió que las mantenía cerradas porque era un acto unilateral de Colombia.
Las tensiones se multiplicaron con la reelección irregular de Maduro que llevó a la Asamblea Nacional (AN) a no reconocerlo en enero de 2019, y a encargar a Juan Guaidó de la presidencia de Venezuela, acto que fue reconocido por cerca de 60 países. Duque anunció que Maduro tenía los días contados cuando con varios presidentes acompañó el 23 de febrero a Guaidó a lanzar su estrategia -fin de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres-; y a intentar el ingreso de ayuda humanitaria desde Cúcuta, esperando lograr en Venezuela amplio apoyo de la población y división de las fuerzas armadas. Pero la operación fracasó. Maduro se aferró al poder, y expulsó al personal diplomático-consular colombiano.
Como ya se había paralizado toda la institucionalidad destinada al manejo de la vecindad, los dos países quedaron sin embajadores, cónsules o agregados de negocios, sin intercambio militar o judicial, sin ningún canal de comunicación que permitiera tramitar esa compleja vecindad, y con los gobiernos centrales lanzándose mutuas acusaciones.
Maduro pasa por alto en qué medida las crisis que ha profundizado contribuyen a agravar la problemática fronteriza. Detuvo a los dirigentes de Fundaredes, por haber denunciado apoyo del régimen a ciertos grupos irregulares colombianos, y demostrarlo en el choque armado en Apure entre una de las disidencias de las exFarc y la Fuerza Armada Bolivariana (que comenzó en marzo 2021, se ha prolongado luego de la liberación en mayo de 8 militares, y obligó a la población a cruzar el río hacia Colombia). Maduro con su fiscal dicen que Colombia y Fundaredes, “persiguen la desestabilización del Estado venezolano”[2], y con su ministro de Defensa asumen como provocación la llegada a Colombia de aeronaves F16, de los jefes de la CIA y el Comando Sur de Estados Unidos.
Frente a los atentados ocurridos en Cúcuta en junio pasado -el 15 con la explosión del carrobomba en la brigada 30 del Ejército, y el 25 con el ataque al helicóptero donde viajaban Duque y su comitiva de regreso del Catatumbo-, el gobierno colombiano ha señalado a Maduro como responsable argumentando que tiene una relación connivente y permisiva con el ELN y las disidencias de las exFarc, que esa alianza criminal usa a Venezuela como ruta de escape y lugar de ataques contra la institucionalidad colombiana. Y el 26 de julio, en el seminario internacional de análisis y prevención del terrorismo urbano, Duque pidió a Estados Unidos declarar a Venezuela bajo Maduro como promotor del terrorismo.
Ni Maduro ni Duquen examinan cómo sus actuaciones nutren la compleja problemática compartida. Según ha mostrado una reciente investigación de Pares[3], en buena parte de la frontera colombo-venezolana operan 28 estructuras armadas ilegales, muchas originadas en Colombia (ELN, disidencias de exFarc, el Clan del Golfo, los Rastrojos, reductos de EPL), otras en Venezuela (los Pranes, Tren de Aragua); y 13 tienen carácter transnacional. Esta grave problemática se alimenta desde los dos países y en ambos lados esos grupos hacen alianzas o se disputan el control de territorios y economías ilegales. Además, aprovechan que los poderes centrales se desentienden de las zonas fronterizas, suelen reducirlas a la línea limítrofe como se ha hecho manifiesto cuando Maduro o Duque ordenan “cierre de fronteras”. En realidad, con ello han bloqueado los siete pasos fronterizos formales mientras las poblaciones tienen que cruzar la frontera por desiertos, montañas, selvas o ríos compartidos. En consecuencia, los grupos armados irregulares y las bandas criminales que se disputan el control de esas trochas, extorsionan al comercio, y a la población la someten a homicidios, masacres, secuestros, reclutamiento forzado, minas antipersonas.
La pandemia ha agravado la situación económica y de seguridad en la zona fronteriza más densamente poblada y articulada. Eso ha llevado, por ejemplo, a que Norte de Santander se convierta en el primer departamento de Colombia en cultivos de coca, procesamiento de cocaina y narcotráfico. Los dos poderes centrales frenaron un productivo diálogo entre las autoridades de Norte de Santander y el Táchira que habían construido mesas de trabajo con los gremios económicos, y logrado acuerdos puntuales ambientales o de bioseguridad para el flujo de personas y mercancías.
Así, aunque las realidades internas de ambos lados aumentan las mutuas repercusiones negativas, en lugar de hacerle frente a la grave problemática de seguridad en la frontera compartida, los centros políticos de los dos países se responsabilizan mutuamente.
Búsqueda de salidas a las crisis venezolanas
Los intentos de diálogo desde 2014, fueron liquidados por el gobierno de Maduro. Con represión y maniobras impidió el referendo revocatorio intentado por la oposición en 2016, impuso una constituyente en 2017 para anular la Asamblea Nacional electa con mayoría opositora, montó “protectores” que controlaran e interfirieran la gestión de opositores elegidos como gobernadores o alcaldes, y adelantó las elecciones presidenciales en 2018. Al fracaso de esos diálogos también contribuyó la fragmentación opositora y el apoyo de algunos de sus líderes a la estrategia de Trump de “todas las opciones sobre la mesa”, sin excluir la intervención militar.
Desde sectores de la sociedad civil venezolana, en particular la articulada en el Foro Cívico Nacional, han venido empujando a gobierno y oposición, a dar pequeños pasos para hacerle frente a urgencias como la pandemia, la crisis humanitaria y la generación de garantías electorales. Por primera vez en 17 años, dos opositores y sus suplentes, hacen parte del nuevo Consejo Nacional Electoral que ha empezado a generar algunas condiciones básicas para las megaelecciones del 21 de noviembre 2021 -de 23 gobernaciones, 335 alcaldes, 250 diputados regionales, 2.400 concejales. El 80% de rechazo al gobierno, la pugna por el poder entre los sectores de Maduro y Diosdado Cabello, la creciente división en las regiones que muestran las primarias del PSUV, generan condiciones políticas favorables para renovar el liderazgo de abajo hacia arriba si hay garantías, si el chavismo no usa recursos estatales o medios de comunicación públicos a favor de sus candidatos. Pero el régimen sigue inhabilitando, persiguiendo, encarcelando y forzando al exilio a líderes opositores y sociales. Algunos opositores creen que esa ruta electoral corre el riesgo de legitimar a Maduro como presidente, y la división de la oposición impide candidaturas unitarias, lo que podría imposibilitar que, aun si gana la mayoría de gobernaciones y alcaldías, pueda abrirle paso a la vía constitucional del referéndum revocatorio.
Hay pequeñas evoluciones que pueden conducir al décimo intento de acercamiento en más de dos décadas de gobierno chavista. En mayo, Guaidó anunció su disposición a negociar con el oficialismo para conseguir un acuerdo de salvación nacional que lleve a elecciones libres y permita enfrentar las crisis de Venezuela. Maduro respondió que se reuniría con los opositores si hubiese un previo levantamiento de sanciones internacionales y reconocimiento de su gobierno y de la AN escogida en 2020; y ahora, sin lograr que mitiguen las sanciones, anuncia que en agosto, arrancaría una negociación en México con mediación noruega. Sectores opositores dejan de condicionar la posibilidad de lograr un acuerdo a la repetición inmediata de elecciones presidenciales y parlamentarias o a la celebración de comicios sin Maduro en el poder.
Países europeos dejaron de considerar a Guaidó como presidente interino para asumirlo sólo como líder opositor y examinan cómo garantizar una real observación de las elecciones venezolanas de noviembre. El pasado 26 de junio, en comunicado conjunto la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá expresaron su disposición a escalonar el retiro de sanciones al régimen de Maduro, al ritmo de avances comprobables en la negociación hacia elecciones democráticas y competitivas.
En contraste, el gobierno de Duque no solo no percibe esa evolución sino que sigue insistiendo en la estrategia de Trump de todas las cartas sobre la mesa para lograr que el régimen de Maduro cese la usurpación. En lugar de ayudar a generar condiciones para que se abra una transición política en Venezuela y actuar como acompañante de ese proceso crucial para ambos países, Duque y su partido uribista continúan responsabilizando de los problemas a una conspiración desde Venezuela. Su maltratamiento a la protesta social llevó al gobierno y el congreso de Estados Unidos a condicionar el desembolso de recursos de cooperación a Colombia, al respeto a los derechos humanos; mientras la Unión Europea y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reiteraron la condena al uso excesivo de la fuerza en el marco del paro y las manifestaciones. Joe Biden le señaló a Duque, en la única conversación que han tenido, la necesidad de ampliar el consenso internacional a favor de una negociación que conduzca a elecciones libres y justas en Venezuela y no puso como condición previa la salida de Maduro del poder.
En medio del agravamiento de problemas de ambos lados y de mutuas repercusiones, y para aproximarse a la complejidad de la situación fronteriza o binacional y a la negociación entre régimen y oposición venezolanos, los dos gobiernos deberían generar ya al menos canales de comunicación y de atención consular vía terceros países. Y asociar a actores fronterizos -autoridades, organizaciones gremiales y sociales- al examen conjunto de la situación que reemplace las mutuas acusaciones y permita construir caminos de solución.
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[1] https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/la-diplomacia-de-duque-ha-hecho-más-peligrosa-la-frontera-donde-fue-atacado/
[2] https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210707-fiscal-de-venezuela-defiende-cargos-por-terrorismo-contra-cr%C3%ADticos-de-maduro
[3] https://pares.com.co/wp-content/uploads/2020/02/INFORME-DE-SEGURIDAD-EN-LA-FRONTERA-1.pdf
Socorro Ramírez
Foto tomada de: https://www.kienyke.com/
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