Un amplio bloque político social progresista podrá garantizar una gobernabilidad democrática en Colombia

Es el momento de su consolidación unitaria y no el de la división sectaria.

En Colombia al momento se acumulan una serie de factores que hacen posible prever que se puede configurar de manera histórica un amplio bloque político y social progresista, comprometido con un programa de transformaciones democráticas, que en las elecciones de 2022 podría conseguir un gobierno democrático, mayorías en las corporaciones públicas y mantener respaldo en la gran movilización social popular y ciudadana que se ha desatado en exigencia de derechos y garantías.

Lograr este propósito requiere consensuar el programa de reformas y cambios a emprender; establecer las alianzas y acuerdos más amplios posibles entre todas las vertientes de izquierda, progresistas y alternativas; potenciar la participación de los diversos movimientos sociales, poblacionales y ciudadanos que han irrumpido con fuerza en ámbitos populares y democráticos; y dar lugar al entendimiento unitario y no al sectarismo, la descalificación y el ataque entre estas vertientes.

Los ejes programáticos del cambio requerido

Entre los distintos elementos programáticos que se destacan desde diversos proyectos políticos, sociales y expertos, podemos especificar estos siete elementos guías, referidos a contenidos centrales relacionados con reformas y políticas necesarias de asumir:

1. Cambio del modelo neoliberal y de la actual política de prelación del extractivismo minero energético, por políticas de desarrollo soberano, autónomo, de productividad diversa urbana y rural y soberanía alimentaria, sobre los presupuestos de bienestar social, cierre de la frontera agrícola, pacto de respeto a la naturaleza y efectiva recuperación ambiental.
2. Cambio de la política de favoritismo a las élites oligopólicas del capital transnacional y los grandes financistas y propietarios internos, por políticas de recuperación de la regulación estatal en coherencia con el Estado Social de Derecho, recuperación de derechos y garantías, objetivos de bienestar social para la población, del “buen vivir” anhelado por las comunidades y de armonía con la naturaleza en ruptura con el antropocentrismo y la depredación ambiental.
3. Cambio de la forma de gobierno autoritaria y violenta, proclive a la corrupción, de alianza con mafias y tolerancia a la ilegalidad, por una gobernabilidad democrática que implique: Respeto a la autonomía de las ramas del poder público, superación de la grave crisis en derechos humanos y derecho humanitario, recuperación de la justicia frente a la impunidad y posibilidad al ejercicio del control político institucional, los organismos de control y las formas de veeduría ciudadana.
4. Cambio de la persistencia de la guerra, la violencia sociopolítica y las economías ilegales con incrementos de la ilegalidad y la violencia, por la recuperación del proyecto de construcción de una paz democrática. Aplicación integral del acuerdo con las FARC, búsqueda de la paz con el ELN y desactivación de los factores y actores de violencia asociados a economías ilegales y sus formas de control por mafias y estructuras narco-paramilitares con aliados de diverso orden.
5. Cambio de las formas de poder y hegemonía excluyentes y discriminatorias, por un ejercicio del poder, del gobierno y de las relaciones sociales democráticas, con base en el reconocimiento del pluralismo, la diversidad en todos los órdenes, el respeto a la oposición y a la disidencia política e ideológica y el rechazo a todas las formas de neocolonialismo, clasismo elitista, racismo, xenofobia, aporofobia, patriarcarismo, homofobia, misoginia y demás formas de discriminación y exclusión.
6. Fomento de políticas efectivas de producción y amplio empleo, adopción del Estatuto del Trabajo sobre presupuestos garantistas de recuperación del trabajo decente, derechos laborales, a la negociación colectiva e igualdad y estímulos diferenciales a favor de la mujer y compromiso a distintos niveles con la economía del cuidado. Avance efectivo en reforma agraria y recuperación de las posibilidades de la economía campesina y de los planes de vida de pueblos indígenas y afros. Promoción de las formas de economía solidaria. Contra las políticas de privatización recuperación de la educación pública, de un sistema de salud integral y de posibilidades seguridad social y de otros derechos sociales y colectivos.
7. Cambio en la política internacional de subordinación incondicional al EEUU, los órganos financieros del capital internacional y las transnacionales y sus proyectos, por la recuperación de una política exterior sobre presupuestos de soberanía y defensa del interés nacional, multilateralismo, rechazo a las políticas de agresión y guerra en el ámbito internacional, recuperación de las relaciones respetuosas, de cooperación y amistad con todos los países y énfasis en la cooperación e integración subregional latinoamericana y caribeña. Respeto, participación y apoyo ante los entes intergubernamentales de cooperación a instancias de la ONU, relativos a los derechos humanos, sociales y ambientales a todo nivel y a los que propenden por la integración subregional como la CELAC.

Colombia vive una coyuntura histórica que hace posible el cambio democrático

En la sociología varios autores refieren el concepto de “estructura de oportunidad” que hace alusión a determinada situación coyuntura en la cual concurren varios factores importantes, de forma que se puede propiciar un cambio significativo en el proceso político social en curso en determinada sociedad o en el ámbito internacional. Tal estructura de oportunidad marca el momento histórico de la posibilidad de lograr determinados cambios significativos que pueden llegar a ser de alcance estructural y repercusión estratégica e histórica. (Favela, 2002)[1]. En Colombia, desde los últimos años hasta la actualidad, podemos afirmar que se presentan elementos de este tipo de situación. Se conjugan una serie de factores del orden sociopolítico e institucional, que permiten prever que podría darse una situación de inflexión histórica de repercusión estratégica, a partir de cambios en la relación de fuerzas y de resolución por la vía política, social e institucional de asuntos relacionados con las altas conflictividades que se viven en tales ámbitos y que se expresan en las disputas en curso. En tal sentido, desde factores críticos como el tener una de las mayores desigualdades sociales del mundo, marcado detrimento de los derechos sociales, formas de gobierno autoritarias, escenarios de guerra y de violencia, depredación sistemática del medio ambiente y mixtura entre legalidad e ilegalidad en muchos órdenes, entre otros factores, la sociedad colombiana podría dar el paso en esta coyuntura al logro de una fase de gobernanza democrática[2], la cual propicie soluciones posibles ante tales problemáticas, a partir del acceso al gobierno, al ámbito institucional estatal en diversos órdenes y la incidencia determinante desde los procesos políticos y sociales, desde una amplia convergencia político social y de opinión ciudadana progresista.

Entre los factores favorables en perspectiva del aprovechamiento de esta estructura de oportunidad, podemos hacer referencia -entre otros- a los siguientes:

• Entró en profunda crisis el modelo neoliberal impuesto en la región desde los años 80 con el llamado Consenso de Washington que se impusieron en la región EEUU y los organismos financieros internacionales, con apoyo de dictaduras militares y gobiernos autoritarios, dadas sus nefastas consecuencias: Afectación del Estado negando su capacidad de regulación económica, de las políticas sociales, privatización de sus entidades, precarización del trabajo, negación de derechos laborales, dominio del mercado controlado por el capital transnacional y financiero con quiebra masiva de sectores productivos y comerciales medios y pequeños, crisis agroalimentaria, masificación de la informalidad en condiciones de pobreza y exclusión masiva de sectores de la población de cualquier forma de inserción económica.
• Progresivamente en los países de la región se produjeron levantamientos sociales contra los “paquetazos” neoliberales –el conjunto de sus medidas aplicadas-, dando luego a una ola de gobiernos progresistas, desde mediados de los años 90, los cuales, con distintos niveles de logros y matices de moderación o mayor radicalidad, según las circunstancias y los proyectos enarbolados, han confrontado éste modelo y configurando alternativas. Todos los gobiernos de esta ola progresista reciente y con vigencia o acceso actual a determinados países de la región, tuvieron previas dinámicas de amplia movilización social en demanda de derechos y en sus programas y logros dieron prelación al logro de derechos sociales, medidas de bienestar social y en casos renegociación de deudas y compromisos financieros con órganos internacionales y medidas de nacionalización de entes, empresas y de revisión de contratos con entes y empresas transnacionales[3].
• En el panorama político colombiano de años recientes y actual, es notorio el descenso del liderazgo político y de opinión que fue mayoritario en el país en las décadas 2000 y 2010 por parte del expresidente y exsenador Álvaro Uribe, que le significó los dos mandatos presidenciales consecutivos (2002-2010) e incidencia directa en la elección de los otros dos presidentes recientes y presencia minoritaria pero importante en el Congreso a través del Partido Centro Democrático. Esta vertiente conocida popularmente como el uribismo, ha significado un proyecto regresivo de coalición de parte de sectores de las élites tradicionales de derecha con élites emergentes asociadas al fenómeno narco-paramilitar y relacionadas con redes mafiosas que han logrado importante inserción política, social e institucional[4]. El carácter autoritario del uribismo, profundamente regresivo en lo social, su oposición cerrada al acuerdo de paz, sus compromisos reiterados denunciados y con intentos fallidos de actuación de la justicia por casos de narcotráfico, paramilitarismo, corrupción y arbitrariedad y las implicaciones evidenciadas de Álvaro Uribe con el asesinato masivo de civiles por parte de las FFAA durante su gobierno y su relación con las Convivir y con el surgimiento y actuación de estructuras paramilitares, han llevado en el presente a la pérdida pronunciada de respaldo y popularidad en lo personal, de su partido CD y del gobierno de su partido en ejercicio como lo evidencian todas las encuestas de opinión.
• En las últimas dos décadas han irrumpido en reacción a las políticas neoliberales y sus efectos -aplicadas por todos los gobiernos colombianos sin excepción durante las últimas tres décadas-, fuertes paros agrarios, mingas indígenas, movimientos estudiantiles universitarios y magisteriales en defensa de la educación pública, movimientos sindicales y un paro nacional convocado por las centrales obreras y organizaciones sociales diversas en 2019 (21N), que fue retomado -tras el confinamiento por la pandemia- este año (28A), que derivó más allá de lo previsto por sus organizadores en un “estallido social” popular con gran participación de la juventud y la población de los barrios populares en numerosas ciudades y municipios, con alto impacto político y prolongación inesperada de más de dos meses, configurando la protesta social más importante registrada en la historia colombiana reciente.
• La fortaleza del Paro Nacional referido convocado por sindicatos y organizaciones sociales diversas causó el fracaso de los proyectos gubernamentales de reformas tributaria y de la salud, la salida de varios ministros y la profundización de la crisis en el gobierno actual. A pesar de la actual pausa se mantienen de forma intermitente movilizaciones sindicales y sociales, jornadas de las mingas indígenas y un movimiento popular juvenil barrial que se declaró en resistencia permanente. Esta dinámica social se mantiene, no obstante, la violenta represión en su contra del gobierno nacional a través de la fuerza pública y la actuación de grupos paramilitares urbanos, que han causado numerosas víctimas entre quienes protestan, lo cual ha sido objeto de denuncias, informes y exigencias al gobierno y el Estado colombianos por parte de organismos de la comunidad internacional.
• En desarrollo de estrategias hacia las elecciones en 2022 -en marzo al Congreso y en mayo a la Presidencia-, se han conformado dos coaliciones donde participan vertientes de izquierda y progresistas. El Pacto Histórico al cual han concurrido la Colombia Humana, PDA, UP, MAIS, Comunes y otros partidos políticos o agrupaciones de izquierda sin representación parlamentaria, varios de ellos son movimientos político-sociales y/o de notable representatividad regional (PC, Todos Somos Colombia, PTC, Unidad Democrática, MODEP, MCP, Alianza, ADA, Marcha Patriótica y Soy porque Somos)[5]. Este agrupamiento ha definido perfiles programáticos, realizar una consulta para candidatura presidencial y vicepresidencial y un acuerdo de candidaturas al Congreso en lista cerrada de composición paritaria de género. Y la Coalición por la Esperanza al cual han concurrido el PAV y los liderazgos de centro progresista de Sergio Fajardo y su agrupación Movimiento Ciudadano, el liberal Humberto de la Calle, el senador Jorge Robledo con su agrupación Dignidad, en ruptura con el partido Liberal Juan Manuel Galán que logra ahora el registro legal del Nuevo Liberalismo y Juan Fernando Cristo que también en ruptura con el liberalismo conformó la agrupación En Marcha. Esta convergencia definió unos principios de actuación política y éticos, bases programáticas y busca concertar una fórmula de acuerdo para candidaturas presidencial-vicepresidencial y hacia el Congreso.

Gobierno Duque: autoritarismo, elitismo y violencia que le ocasionan amplio rechazo ciudadano 

El actual gobierno del presidente Iván Duque fue elegido en 2018 por una coalición de extrema derecha liderada por su partido Centro Democrático, con participación del partido Conservador y el partido Justas Libres (cristianos) y apoyo de los partidos de centro derecha (Liberal, U y Cambio Radical). Llamó a un acuerdo nacional que nunca ha realizado, ni siquiera con sus aliados, aunque sí realiza acciones de favoritismo para conseguir apoyos particulares con otorgamiento de cargos en el gobierno y contrataciones a sectores de los partidos de derecha. Su talante de gobernante ha sido muy bajo y ha causado malestar en la opinión la incidencia directa, con frecuencia de forma pública, de Álvaro Uribe en sus decisiones.

Adoptó en lo económico medidas de favorecimientos con subsidios y exenciones de impuestos a favor de los grandes capitales, con el falso argumento de que significaban la ampliación de posibilidades laborales, a la vez que gravó con impuestos y medidas de detrimento en bienestar a los trabajadores y a las clases medias. Publicitó la adopción de la “economía naranja”, de iniciativas y servicios en sectores de medios, publicidad y creación artística, sin lograr resultados.

Propuso en el Congreso medidas en contra el acuerdo de paz en implementación con las FARC, caso del proyecto para desnaturalizar en su naturaleza y funciones a la JEP y desfinanciar sus programas, en lo cual fracasó ante la oposición de la mayoría de las bancadas. Con relación al mismo acuerdo de paz ha inaplicado las medidas de control territorial y de garantías a los pobladores de las regiones afectadas por el conflicto los excombatientes guerrilleros reincorporados a la legalidad, que incluyen la disolución de las estructuras paramilitares y redes mafiosas, de forma que se ha generado en las regiones una reiteración de expresiones de conflicto armado y violencia, causando una grave crisis humanitaria con más de mil personas asesinadas asociadas a liderazgos sociales populares asesinadas y de más de 280 excombatientes de las FARC en la vida civil, sin que cese la ocurrencia de tal situación. Suspendió el proceso de paz con el ELN, el cual tenía avances sustanciales consolidados en la negociación que realizó con esta guerrilla el anterior gobierno del presidente Santos y desatiende las iniciativas al respecto de recuperar este proceso de paz internas y de la comunidad internacional.

El presidente Duque asume una posición autoritaria de señalamiento a sectores de la oposición y a movimientos sociales de protesta calificándolos de “terroristas”, de “vándalos” y atribuyéndoles de forma infundada hechos de violencia y de supuesta relación con grupos armados ilegales, propiciando formas de señalamiento y criminalización, contrarias a los derechos a la oposición y a la protesta social. De tal política, se han derivado arbitrariedades como la masacre de presos que protestan en exigencia de medidas de bienestar en las cárceles, ataques de la fuerza pública violentos contra campesinos reclamantes de apoyo para el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y el ataque mortal y de uso de armas de fuego y desproporcionado de la fuerza contra las protestas sociales y ciudadanas, con alto número de víctimas. Bajo éste gobierno ante la persistencia de expresiones del conflicto bélico, las FFMM se han visto de nuevo comprometidas con ejecuciones extrajudiciales y bombardeos con víctimas civiles y con casos de niños/as masacrados.

Este gobierno ha maniobrado para lograr progresivamente el control de la Fiscalía, de los organismos de control, en cierto grado de las altas cortes de justicia, de la Defensoría del Pueblo, desvirtuando la independencia de los poderes públicos. Duque de manera arbitraria ante fallos judiciales incluso de altas cortes, se ha pronunciado en contra, ha asumido actitudes de desacato y promueve tal postura, a la vez que ante los casos judiciales que comprometen con investigaciones y sindicaciones por graves delitos contra el expresidente Álvaro Uribe y otras personas integrantes del Centro Democrático o de su coalición de gobierno, interviene directamente con opinión y presión en busca de favorecer de manera indebida a éstas personas que deben responder ante la justicia. En tal sentido, ha resultado particularmente grave la actuación de la Fiscalía, bajo el actual y recientes directores nacionales, abiertamente afectos y defensores de los implicados en tales casos, desvirtuando su propia función constitucional y legal.

En materia internacional la política de éste gobierno ha sido la de atizar la conflictividad con la hermana República Bolivariana de Venezuela, al punto de llamar al derrocamiento de su gobierno y de apoyar agresiones patrocinadas por el gobierno anterior de EEUU en tal sentido. En tal contexto fracasó el Grupo de Lima del cual fue particular promotor, al proyectar junto con EEUU esta estrategia, siendo a la vez su posición de vergonzosa sumisión a Trump y el conjunto de sus políticas. En la actualidad el gobierno Duque cuenta con gran cuestionamiento internacional ante el tratamiento violento dado a las protestas sociales al interior del país y ante la inaplicación en buen grado de las medidas del acuerdo de paz con las FARC, las cuales cuentan con solidaridad y apoyo de la comunidad internacional.

En el manejo de la pandemia el gobierno colombiano está entre los peores en resultados internacionales e internamente quedó al desnudo el desmantelamiento de la infraestructura de salud pública ante la privatización y mercantilización del servicio, impuso medidas de concentración de poder con del funcionamiento del Congreso y las ejecuciones resultaron afectadas por corrupción.

El presidente Duque cuenta con alta ilegitimidad ciudadana, un rechazo ciudadano actual entre el 70%/80% y de apoyo del orden del 10%/20%, según lo revelan las encuestas realizadas por distintas empresas. Es diciente el que las grandes movilizaciones sociales referidas de los dos últimos años, que según también las distintas encuestas han gozado de altos porcentajes de apoyo ciudadano, se han expresado con mucha fuerza y resonancia contra su gobierno y de manera general contra “el uribismo”.

La unidad es condición para el triunfo democrático, la división y el sectarismo propiciarían la derrota

Entre tanto, las vertientes de izquierda, progresistas o alternativas se fortalecen con acciones en defensa de las posibilidades de la democracia, los derechos sociales, la paz y los derechos humanos, con aún minoritaria pero importante y creciente presencia en el Congreso y otras corporaciones públicas territoriales a través de bancadas del PDA, PAV, coalición Decentes (Colombia Humana, UP y MAIS), indígenas y partido Comunes (desde la garantía conseguida por las FARC en el acuerdo de paz). En los debates en el Congreso y sus votaciones las bancadas de izquierda y progresistas han filado en defensa de medidas del acuerdo de paz, tanto las antes referidas como en coalición con los partidos de centro derecha Liberal, U y Cambio Radical y con parte de sus integrantes en otros temas e iniciativas de carácter democrático.

En la pasada elección presidencial el candidato Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, con fórmula vicepresidencial de Ángela Robledo, consiguieron en la segunda vuelta con respaldo del PDA, parte importante del PAV y de sectores del partido Liberal e independientes más de ocho millones de votos, configurando por primera vez una alternativa viable de acceso al gobierno. Sin embargo, Iván Duque ganó la presidencia con más de diez millones de votos con la coalición de extrema derecha y apoyos de centro derecha referida antes, pero de forma que las denuncias sobre el apoyo que obtuvo de sectores de la mafia, con inmensos capitales ilegales para la compra de votos, le restaron legitimidad y dejaron en duda la realidad de su elección, en hechos que han quedado en la impunidad ante la justicia.

Ahora, de cara a las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República en el 2022, de cara al panorama descrito, se presenta el panorama referido de estructura de oportunidad, con evidente posibilidad de un triunfo electoral en ellos de una amplia convergencia de centro izquierda. Esta gran convergencia cuenta con un referente muy importante en el Pacto Histórico en conformación que reúne las vertientes de izquierda, varias expresiones de centro y reconocidos movimientos sociales diversos del ámbito popular y democrático. Igualmente, la Coalición de la Esperanza reúne un potencial democrático importante, con proyectos de centro izquierda y desprendimientos del liberalismo que se inclinan hacia la socialdemocracia y la defensa de la paz.

Predomina el ánimo de entendimiento entre las vertientes de izquierda y progresistas que puede permitir que se tejan acuerdos entre estos dos sectores hacia fortalecer un gran bloque político social y de opinión ciudadano que consiga el cambio de gobernabilidad democrática esperado. Sin embargo, también se registran lamentables expresiones de sectarismo y descalificación desde algunas expresiones de éstos sectores. Es el caso tan lamentable expresado desde posturas que pretende señalamientos infundados y de extremo sectarismo, especialmente dirigidas contra Gustavo Petro –el líder de izquierda y alternativo más representativo en Colombia- y en contra del proyecto que lidera Colombia Humana, al señalarlo de forma infundada y falaz como supuestamente violento y pregonar que una convergencia democrática sería desde una supuesta neutralidad o solo desde un centrismo “contra Uribe y contra Petro”. Posición de absoluta equivocación que ha sido reprobada por la inmensa mayoría de las vertientes de izquierda y progresista, que llaman a una unidad sin prejuicios, señalamientos, ni exclusiones sectarias. Superar este tipo de equivocadas expresiones es condición necesaria para allanar la unidad y proyectar las posibilidades del triunfo democrático que urge en Colombia, país que no puede ser la excepción en la ola de transformaciones progresistas que reclama la región.

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[1] Fabela G., Diana Margarita. (2002). La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales en sistemas políticos cerrados: examen del caso mexicano. Estudios Sociológicos, El Colegio de México, A.C., México.

[2] Aunque ha sido controvertible en ámbitos académicos y políticos el concepto de “gobernanza democrática”, lo utilizamos por su utilidad para lo que nos interesa indicar, en el sentido de la coherencia en términos de propósitos democráticos, desde distintas esferas de gobierno, del Estado y de la participación e incidencia desde la ciudadanía. Desde los años 90 entes de la ONU y otros de la comunidad internacional introdujeron este término para significar este sentido y asociarlo con los conceptos de legitimidad, de gestión política y de referencia a la participación, incidencia y presión de la sociedad ante los entes de gobierno y gestión pública a todo nivel. https://www.utel.edu.mx/blog/10-consejos-para/conoce-la-definicion-de-gobernabilidad/

[3] Gobiernos progresistas en la región elegidos por lo regular por coaliciones de izquierda y sectores progresistas se han dado con importancia entre otros partidos de la región en Brasil, Uruguay, Argentina siendo vigente al retornar, Chile, Paraguay, Ecuador, Venezuela, El Salvador, Nicaragua y recién electo en Perú. Entre ellos además de lo anotado hay notorias matizaciones y circunstancias diferenciadas que incluyen propias problemáticas, pero que propenden por ciertos logros sociales y de recuperación de la soberanía y la cooperación regional progresista.

[4] Varios autores. (2007). Parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Mauricio Romero (editor), CNAI, Intermedio Editores, Bogotá, DC. Varios autores. (2010) …y refundaron la patria… De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Claudia López (editora), Debate, Dejusticia, Moe, Bogotá, DC. Varios autores. (2011). La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política. Mauricio Romero (editor), Debate, CNAI, Random House Mondadori SA, Bogotá, DC.

[5] El valioso movimiento de izquierda progresista Fuerza Ciudadana del Caribe que se ha extendido a nivel nacional ha hecho parte del proceso de Pacto Histórico, pero al no compartir el acuerdo de una lista cerrada negociada para el Congreso, ha definido inscribir una lista con candidatos propios de voto preferente, que puede dar lugar a que tenga convergencia con algunas otras agrupaciones políticas o sociopolíticas regionales.

Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática