Si hay algún caso que confirme la existencia de un aparato criminal en las entrañas del Estado colombiano, donde se evidencian los estrechos vínculos entre diferentes personajes que hacen parte del gobierno nacional y los partidos políticos con los cárteles de la corrupción, abogados de baja reputación, expertos desfalcadores del Estado y contratistas con más prontuario que hoja de vida, es el del turbio contrato entregado por la ministra de Tecnologías de la información y las Comunicación, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe, a un consorcio que parece salido del sombrero de un mago: Unión Temporal Centros Poblados, Colombia 2020.
Los oscuros antecedentes de la licitación del MinTIC por más de $1.1 billones para llevar Internet a escuelas rurales, el perfil de los personajes que intervinieron en ella, casi todos con procesos judiciales en curso por corrupción, investigaciones fiscales y disciplinarias, incumplimiento de contrato, entre otros delitos, las “coincidencias” entre los ámbitos de trabajo, relaciones políticas, sociales y familiares y origen de los contratistas con los de la ministra, oriunda de Barranquilla, quien se desempeñó como secretaria de despacho de Alejandro Char en la Alcaldía de Barranquilla entre el 2016 y el 2017, y de Elsa Noguera, entre 2012 y 2014, y ha sido señala de ser la cuota política de Cambio Radical y del Clan Char en el gobierno Duque.
Como dijo la periodista Paola Herrera, quien fue la primera en destapar esta olla de corrupción, “todo empezó mal” con este contrato; y mal hace el presidente Duque en defender a su amiga de vieja data, a la prima hermana (o tía) de la esposa de Jerónimo Uribe, Shadia Farah Abuchaibe, y madrina de bautizo de uno de los nietos de Álvaro Uribe Vélez, en lugar de aferrarse a la Constitución, al decoro de su cargo, al deber de velar por los intereses del Estado, garantizando un manejo transparente y responsable de los recursos públicos, y exigiendo a las autoridades competentes investigar con celeridad y debida imparcialidad casos como estos, para que procedan a sancionar sin demora cuando haya merito para hacerlo. Pero en lugar de ello Duque llama “honorable” a la ministra y no le exige explicaciones, y ésta, empoderada y altiva, sabiéndose respaldada por la cúpula del uribismo, y por su jefe (que no es el pueblo colombiano, por supuesto) afirma desafiante: “Aquí estoy y aquí me quedo”. Además, asegura que el dinero no se perderá, cuando bien sabe que ya se perdió y nadie lo devolverá, como queda claro luego de escuchar las declaraciones del abogado Jorge Pino Ricci, el supuesto eslabón perdido en los viejos y oscuros contratos entre los Nule y la Nación[1], al asegurar que el dinero ya se invirtió.
Pliegos controversiales
El pliego de condiciones para la billonaria licitación no estipuló cuáles serían las entidades educativas que se beneficiarían, pues serían los contratistas quienes las buscarían y seleccionarían, como denunció la página web corrupción al día.
“En el anexo técnico del pliego de condiciones en el numeral 2.1.1.5 CAMBIOS, se contempla que las Instituciones Públicas podrán ser cambiadas, cuando el contratista evidencie en sus estudios de campo algunas situaciones, como “ausencia de interconexión eléctrica en los sitios definidos con energía interconectada en el listado de beneficiarios (Anexo Base Región A y Anexo Base Región B) , cuenta con servicio de conectividad a internet, bien sea prestado por otro proyecto del MinTic u otra entidad oficial o privada o cuando las Instituciones Educativas, si estas no cuentan con por lo menos dos (2) terminales (diferentes a teléfonos móviles) en funcionamiento, que, a su vez, permitan conectarse a la red Inalámbrica (wifi), entre otras. “Es decir que el Ministerio de las TIC les dejó a los contratistas la verificación de qué entidades tienen el servicio de Internet y por lo visto no cuenta con dicha información, luego, no queda claro bajo qué criterios y en qué informe se basó el Ministerio de las Tics para decidir o contabilizar el número de centros educativos a beneficiar”[2].
Así empezó la crónica de un desfalco anunciado
Hace ocho meses, la periodista de la W Radio, Paola Herrera, advirtió sobre los oscuros antecedentes de la licitación del ministerio de las TIC por más de 1.1 billones de pesos para supuestamente llevar internet a escuelas rurales; quince, diez mil o siete mil, llegando a lugares donde ni siquiera hay servicios públicos garantizados.
En octubre de 2020, varias de las empresas más reconocidos en el sector de las telecomunicaciones, como ETB, Hughes, China Great Wall Industry y Skynet, compitieron en esta billonaria licitación para realizar el proyecto de conectividad más grande del país. Lo más insólito del proceso, es que el oferente que ganó el contrato para llevar internet gratis a más de 10 o 15 mil colegios apartados del país, por un monto de 1,07 billones de pesos, resultó ser el que menos experiencia tenía en el campo: Consorcio Temporal Centros Poblados. Colombia 2020. Este hecho encendió las alarmas. Y quienes estaban al tanto del proceso se preguntaron por la razón de esta peligrosa decisión.
La periodista de la W investigó a los 10 consorcios que estaban participando en la licitación para ganarse el contrato con MinTic y advirtió que “las empresas de Centros Poblados no tenían experiencia, ni capacidad técnica o financiera” para llevar a cabo el proyecto que buscaba brindar internet gratis a los colegios rurales. Sin embargo, escribió que “a pesar de esas advertencias la mitad de ese contrato les fue entregado”.
Para vencer a estos gigantes de las telecomunicaciones, la unión temporal Centros Poblados Colombia 2020 integró cuatro empresas (tres de Barranquilla y una de Bogotá): 1. Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), con el Nit: 900.485.861-0; 2. ICM Ingenieros SAS con el Nit: 800.231.021-8; 3. Intec de la Costa SAS con Nit: 830.502.135-1 y Omega Buildings Constructora SAS con el Nit: 900.990.182-3. Fue igualmente llamativo que antes de participar en la licitación, varias de estas firmas cambiaron su razón social. “Entre el 11 y el 22 de octubre de 2020 de hacer canchas sintéticas de futbol y pavimentar calles y vías, tres de las empresas cambiaron su objeto social a internet. Precisamente detrás de los trámites para preparar a las empresas para la licitación aparece reiteradamente el barranquillero Rafael Arturo Cepeda Peña…”[3].
“Algunas pruebas documentales recolectadas por el Diario Criterio en bases de datos públicas y cruzadas “con testimonios de personas que conocen los detalles de la vida política en la costa Caribe y de este contrato, ayudaron a reconstruir el entramado empresarial detrás de Centros Poblados y visibilizar los nexos de todos los socios con la clase política en esa región, especialmente de Barranquilla, Atlántico y Cesar. En ellos de deja al descubierto que las cuatro empresas tienen en común sus relaciones con personas cercanas al partido Cambio Radical, el grupo de los hermanos Char y vínculos con polémicos contratistas como Emilio Tapia Aldana, Juan Cáceres Bayona y Jorge Iván Rozo Barragán”[4].
Al parecer al menos dos de las cuatro empresas (Intec de la Costa SAS y Omega Buildings SAS) compartieron los mismos socios. Y al menos uno de los contratistas es reconocido por sus nexos en el negocio de las canchas sintéticas en Barranquilla”[5].
De las cuatro firmas, la única que reportaba experiencia y contratos en el sector es Novotic, pero también en incumplimiento, y un extraño cambio de nombre, pero no de NIT. El resto tienen como actividad principal la construcción de vías, ferrocarriles y obras civiles, nada que ver con telecomunicaciones ni conectividad ni internet.
Pese a las advertencias de los proponentes perdedores y las denuncias en algunos medios de comunicación antes de la adjudicación, la ministra Karen Abudinen insistió en continuar con el proceso.
En diciembre de 2020, durante la audiencia de adjudicación de la licitación, W Radio alertó que el abogado de uno de los proponentes (SES INRED) era al mismo tiempo asesor del despacho de la ministra, Karen Abudinen. El abogado Camilo Ernesto Valencia Suescún, es al mismo tiempo asesor del despacho de la ministra, y además, contaba con otro contrato en curso como asesor de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. “Según denuncian las veedurías, al abogado Valencia se le preguntó dos veces, antes de la audiencia, sobre su situación legal con el Ministerio y su trabajo actual con el mismo, sin embargo, negó completamente que hiciera parte de la nómina y solo hasta que en la audiencia le mostraron el contrato aceptó su vinculación con la entidad”[6]. Mintió para hacerse al contrato, a nadie pareció importarle este gesto de deshonestidad, y la adjudicación se mantuvo en firme.
“A pesar de estas advertencias la mitad de ese contrato fue entregado a Centros Poblados [la otra mitad a Claro-Comcel] y la ministra Abudinen salió en la W Radio a decir que le garantizaba al país que todo estaba bien y que los niños tendrían su conexión a internet. “Aquí no gana el que tenga mayor experiencia, gana el que daba mayor número de centros, mayor velocidad y mayor tiempo”, afirmó.
Seis meses después de la firma del contrato, luego de un seguimiento periodístico sobre su desarrollo, la misma periodista Herrera informó que ambos contratistas (tanto Claro –Comcel como Unión Temporal Centros Poblados) estaban incumpliendo con el cronograma. “Nos dimos cuenta que Centros Poblados no había instalado ni un punto digital (Comcel sí y ya llevaba 700) y además que había recibido un anticipo de más de 70 mil millones de pesos, que equivalen al 7% del valor del contrato”[7].
Nuevamente salió la ministra a los medios a decir que todo estaba bien, y seguía garantizándole al país que la plata no se perdería. (Ver entrevista con la ministra en junio de 2021: Mintic responde sobre millonaria licitación para llevar internet a zonas apartadas).
La Contraloría y el mismo Ministerio, tras aprobar un anticipo de $70.243 millones en marzo pasado, convocó a todas las partes del contrato a una audiencia de seguimiento para evaluar esas demoras. “Uno de los convocados fue el banco Itaú, pues su nombre estaba impreso en las garantías bancarias que la unión temporal presentó para quedarse con el negocio. En junio de este año se conoció esa convocatoria, pero la entidad bancaria le contestó al Ministerio que no tenía nada que hacer en esa reunión porque no había emitido esas garantías”[8].
El Ministerio empezó un proceso administrativo sancionatorio que destapó las primeras señales del gran fraude, que ya advertía la periodista Paola Herrera, como afirmó en su Twitter: “En el curso de esta investigación encontramos que no fue solo una, sino que fueron tres las garantías bancarias falsas que se presentaron por parte de Centros Poblados. Estas tres pólizas tienen un valor total de $145.866 millones”, escribió el pasado 10 de agosto[9]. Sin embargo, el mismo medio corrigió la información tres días después al confirmar que una cuarta garantía bancaria, presentada el 28 de octubre de 2020, antes de que se adjudicara el proyecto -documento que le permitió a este consorcio quedarse con la región B de este importante proyecto- también era falsa.
Lo más grave es que el Ministerio parecía saberlo o al menos lo sospechó. Cuando “recibió esa garantía advirtió en las observaciones que el oferente (Centros Poblados) no cumplía porque no pudo verificar algunos elementos como la vivencia, la fecha y el plazo pactado del seguro y por eso le pidió a la unión temporal que allegara una carta directamente del banco que lo expidió aclarando esa información”[10].
Es decir, el Ministerio tuvo dudas en el transcurso del proceso sobre la garantía que presentó el consorcio, pero le permitió subsanar sin verificar que la información fuera cierta. “Por eso en noviembre de 2020, Centros Poblados corrigió el problema entregando una carta aclaratoria del banco Itaú en donde especifica los términos de la garantía, pero ese documento tampoco era real.
El mismo banco confirmó que no emitió el documento asegurando que: “ante el requerimiento del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia para analizar la Garantía de Seriedad de la Oferta, presentada al Proceso FTIC-LP-038-2021 por la Unión Temporal Centros Poblados, Itaú certifica que dicho documento no fue emitido por el banco”. Pero además la entidad financiera dijo que no encontró ningún registro de trámite alguno relacionado con esta garantía, tampoco se halló algún proceso de conocimiento del cliente para esta operación específica.
El banco también confirmó que “ni la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 ni los miembros que la conforman fueron objeto de estudio de crédito para esta finalidad (la expedición de garantías bancarias) y, por lo tanto, no existe aprobación de cupo de crédito con exigencia de garantías reales o personales, para esta operación”[11].
La W Radio informó además que “el intermediario que consiguió las pólizas falsas tuvo como abogado a Felipe de Vivero hoy alto funcionario del Mintic y quien se encargó de estructurar los pliegos del proceso para los centros digitales”[12].
La firma SES Colombia, contratada por 500 millones de pesos para revisar la documentación de Centros poblados, confirmó que no se realizaron consultas a las entidades que expidieron las pólizas, porque presumieron que los documentos eran auténticos, y que “los particulares en sus relaciones con el poder público actúan de buena fe”.
Sin embargo, basta con investigar en medios los nombres de quienes a través de sus empresas integran el consorcio temporal para ver la dimensión del desfalco y las alianzas políticas que se tejen cuando se trata de adueñarse de los jugosos contratos del Estado y de sus recursos. No hay buena fe cuando no se evalúan las condiciones del contratista ni se toman medidas para evitar el desfalco.
El consorcio unión temporal centros poblados Colombia 2020 esta integrado por las siguientes firmas:
1. Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, Funtics – Novotic- (con una participación del 35 %)
“La Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), aparece registrada en la Cámara de Comercio con el mismo NIT de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información, Funtics, que resultó cuestionada por incumplir contratos celebrados con entidades territoriales como las gobernaciones de La Guajira, Norte de Santander y Tolima, los mismos que Novotic presentó para respaldar su documentación de experiencia y ganar la licitación como socia del consorcio.
Lo que quizás de manera intencional hicieron los socios de Funtics fue cambiar la razón social de la compañía, registrar dicho cambio en la Cámara de Comercio de Barranquilla, obviamente dejando el mismo NIT de la primera, para poder soportar su experiencia y poder ganarse la billonaria licitación, así estuviera cuestionada.
Como se puede evidenciar en el certificado de Cámara de Comercio de Barranquilla, los socios de Funtics realizaron el Acta número 22 el 25 de septiembre del 2020 y la inscribieron un mes después, el 23 de octubre del 2020, con el objetivo de cambiar el nombre a la fundación. En este punto, las duda que surge es si el Ministerio de las Tics tenía conocimiento del origen de Novatic, o si sencillamente hubo la intención clara de beneficiar a esta firma que en realidad es Funtics”[13].
No solo eso. Entre su junta directiva figura el nombre del cuestionado e investigado Carlos Enrique Paramo Samper, investigado anteriormente por la fiscalía y la contraloría[14]
El otro personaje cuestionado de esta firma es Juan Carlos Cáceres Bayona, que tras la fundación Fultics cobró 22.873 millones por cinco contratos de servicio de internet no prestados a los colegios públicos de la Guajira, Magdalena y Norte Santander. Luego apareció con Carlos Páramo Samper, quien era parte de la junta de la empresa NIUTelco SAS, en el cuestionado contrato por 11 mil 400 millones de pesos para dictar cursos de inglés en la Guajira y Santander, el cual, por intervención de organismos de control se suspendió”[15]. Uno de los contratos aseguraba desarrollar clases en 38 municipios de la Guajira, cuando solo tiene 15.
El portal La Silla Vacía informó “sobre la Fundación Novotic, que fue la única en acreditarse experiencia en montar conexiones de internet en zonas rurales. “Pero en el pasado estuvo involucrada en escándalos justamente por irregularidades en la construcción de puestos de internet como los que tendrá que hacer ahora”, aclaró La Silla Vacía.
Esta fundación además tuvo cambios en junio 2020. El primero, fue que se cambió el nombre, antes se llamaba Funtic. Y el segundo, que cambió de representantes legales, el que había, Juan Carlos Cárdenas, estuvo al frente de los contratos cuestionados.
“En 20 contratos de Funtic (Novotic) que revisó la Contraloría reportó sobrecostos hasta de 65%, que llevaron internet a sitios donde ya había y cobraron por servicios que no prestaron”, expuso el medio digital”[16].
2. Fundación telecomunicaciones, ingeniería, seguridad e innovación. ICM Ingenieros SAS (con una participación del 35 %)
“En 2009 la firma ICM Ingenieros, que manejaba [el ex gobernador de Cundinamarca] Álvaro Cruz junto con Luis Guillermo Mesa Sanabria y la empresa Incoasfaltos conformaron la Unión Temporal Asfaltos 2009, con la que participaron en la licitación del contrato 192 de ese año, cuyo objeto era el suministro de asfalto y emulsiones asfálticas para restaurar la malla vial de Bogotá, por un valor de casi $24.000 millones. La Fiscalía tiene evidencias de que Cruz pagó $800 millones para quedarse con ese negocio. Jorge Rozo, su cuñado, era accionista indirecto de ICM a través de la firma Inversiones en Infraestructura S.A.S”[17].
Cruz fue condenado a seis años de prisión e inhabilidad por el mismo tiempo para ocupar cargos públicos por los delitos contra la administración pública, y por los cargos que aceptó: “interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y abuso de confianza calificado”.
El congresista David Racero denunció a través de un hilo en Twitter algunos antecedentes de esta firma, que, aun siendo públicos, no fueron considerados por el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: “En 2015, Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá declaró el incumplimiento parcial e hizo uso de la cláusula penal contra ICM Ingenieros S.A.S, por incumplir obligaciones ambientales. IDU cobró a la empresa $485.545.718, el 30% del valor del contrato.
El contrato 032 de 2011 firmado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) con la empresa Ingenieros para la construcción de la calzada sur de la avenida La Sirena (153) desde la avenida Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) hasta la Avenida Boyacá por 12 mil millones de pesos represento otro desfalco a la ciudad. La empresa buscó conciliar a fin de que le fueran revocadas las sanciones impuestas por el IDU pero su petición fue denegada”[18]. Ver su recomendación en el siguiente cuadro.
3. INTEC de la Costa SAS (con una participación del 15 %)
Intec de la Costa SAS de Barranquilla fue creada por José Fernando Lorduy Fernández, nacido en Cartagena, pero con negocios en Barranquilla. “Se movía hace dos años en la construcción de canchas sintéticas de fútbol y obras de mitigación en Sucre, y el mantenimiento de carreteras en Córdoba”[19].
La “empresa Intec de la Costa SAS, estuvo involucrada en el escándalo de corrupción por la adjudicación de un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar. Esta empresa hacía parte del consorcio Vías de San Jacinto del Cauca que cedió el contrato 10 días después de haberlo firmado”[20].
Esta firma, con el 20% e ICM Ingenieros SAS (la del caso Cruz) con el 50% recibieron un contrato de $117 millones del Invías para mejoramiento de la Transversal Quibdó-Medellín. Intec de la Costa S.A.S., luego de los cuestionamientos en 2018, tiene las cuentas embargadas por un proceso judicial[21].
4.- Omega Buildings Constructura SAS (con una participación del 15%)
Jalim de Jesús Rebaje García, el empresario que se dio a conocer nacionalmente en septiembre pasado tras la brutal agresión a la pediatra Dalila Peñaranda y su empleada Carmencita Pérez, en Barranquilla, cuando ellas reclamaban por la rumba y el escándalo a altas horas de la noche y en plena pandemia cuando se recomendaba evitar este tipo de actividades, figura al frente de esta firma. Y es también el mismo personaje que aparece como uno de “los subcontratistas en el escándalo de corrupción en los escenarios deportivos para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015, en Ibagué.
Precon P y R S.A.S. representada por Eding Asis Palis L’ Hoeste y Jalim de Jesús Rebaje García fueron contratados para obras de redes eléctricas por $6.551 millones. Jalim de Jesús Rebaje García también apareció como de la firma OLT Logistic, cuestionada en un contrato para construcción de tres ciclorrutas en Medellín en contrato por $4.000 millones (narrado antes).
Omega Buildings Constructora está hoy en manos de Juan Sebastián Vergara Ortega, nacido en agosto en Montería, Córdoba, pero opera desde Barranquilla.
El 23 de octubre de 2020 el barranquillero Rafael Arturo Cepeda Peña con cédula de ciudadanía 86.644 reapareció tramitando el cambio del objeto de la compañía Omega Buildings Constructora S.A.S. Sigla O.B. Constructora S.A.S. como aconteció con otras empresas del consorcio que aparecieron ganadoras”[22].
La estrategia de la caducidad del billonario contrato de MinTIC
La ministra Abudinen afirma con insistencia -y sin sonroja- que su prioridad es recuperar los $70.000 millones que se entregaron como anticipo en el contrato 1043 de 2020, y que una vez iniciado el proceso liquidación correspondiente se requerirá al contratista para que haga la devolución del anticipo, aunque sabe, como lo sabe todo el país, que es muy poco probable que esto ocurra; pues de acuerdo con lo declarado por el consorcio y su abogado, esos recursos, que pasaron a un paraíso fiscal, ya fueron ejecutados.
La opción de hacer efectiva la cláusula penal en contra de Unión Temporal, por la suma de hasta 39 mil millones de pesos, como mencionó la ministra, tampoco garantiza su retorno, aunque haya solicitado la asesoría de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de la Contraloría.
¿Y ahora qué sigue?
El dinero no será recuperado. Basta con leer las declaraciones que dio el abogado del Consorcio para tenerlo muy claro. En diálogo con W Radio, el apoderado de Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, aseguró que las empresas que hacen parte de la unión temporal han sido muy afectadas por todo lo que ha pasado con el proyecto. Por esa razón, esperan poder revocar la orden de caducidad que ya dio el Gobierno y, después de eso, ceder el contrato a la firma holandesa New Skies Satellites.
Según el abogado, a la fecha este consorcio está al día con la ejecución del contrato y el pago del anticipo por $70.000 millones está amortizado y se legalizó completamente. Señala que esto queda evidenciado en que se invirtió en la compra de equipos, baterías y todo lo relacionado con la instalación de los centros según el objeto del proceso.
Justamente, sobre las versiones por la salida de esa plata del país, la cual fue girada a una empresa en Estados Unidos, dijo que se trató de un pago por $58.000 millones por concepto de la compra de los equipos (baterías y paneles solares) que se importaron de la empresa Nuovo Security, para conectar las escuelas en las regiones que le adjudicaron.
El resto de los recursos, es decir $12.000 millones, se pagaron a la empresa Inselsa de Barranquilla, que fue subcontratada por Centros Poblados para llevar a cabo el proyecto en algunas zonas que tienen.
Sobre las garantías bancarias, el abogado Pino Ricci insistió en que por ahora no se puede decir que son falsas, ya que solo un juez podrá determinarlo. Y es que, según la defensa de la unión temporal, el documento fue adquirido a través de una firma especializada en seguros, con más de 25 años de trayectoria. Ellos, a su vez, la compraron a través de otro intermediario, quien manifestó que tenía cupo de crédito con el banco Itaú y que así fue como la consiguió.
…Pino Ricci señaló que se trata de un problema entre el banco y los intermediarios, que en caso de comprobarse que falsificaron documentos deben ser castigados por la ley. Así, insiste en que ellos (Centros Poblados) obraron de buena fe, ya que pagaron más de $2.000 millones de pesos por esas garantías.”[23].
La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por las presuntas irregularidades presentadas en medio de este contrato y ha vinculado a “Adriana Vanessa Meza Consuegra, representante legal delegada de FunTIC y secretaria general de Ministerio, Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, quien era director de infraestructura de esta cartera y, además, el supervisor del contrato 1043 firmado con el consorcio. Por parte de la unión temporal se investigará por su posible responsabilidad fiscal a las cuatro empresas que hacen parte de la misma y que son la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Building Constructora”. También se incluye en este proceso a la firma SES Colombia, encargada de revisar la documentación, pólizas y garantías del contrato, a la firma PE2020 C Digitales que es la interventoría del proyecto y aprobó el anticipo y a la fiduciaria del BBVA de donde se giraron los recursos para el consorcio”.
Según el órgano de control, “en cumplimiento del artículo 16 de la Ley 610 de 2000, se procedió a decretar las medidas cautelares correspondientes y se adelantaran las diligencias de versión libre y práctica de pruebas para llegar a una pronta y oportuna decisión de fondo, sobre la ejecución de los recursos públicos destinados a la instalación de los centros digitales en el país y entregados en calidad de anticipo a la UT Centros Poblados”[24].
Este no es un hecho más de corrupción ni de abuso ni de intencional negligencia en el manejo de los recursos de la nación. Es la radiografía de un país que ha naturalizado la inoperancia institucional, la corrupción, el mal manejo de los recursos del Estado “porque no son de nadie” y la burla a la justicia. Desde el alto poder se considera que es deber del jefe de Estado proteger a sus funcionarios, blindarlos de la justicia y ejercer su defensa pública, cuando su deber es proteger los intereses de la nación, garantizar la independencia de poderes y permitir, sin obstrucción alguna, que la justicia y los organismos competentes realicen las debidas investigaciones e impongan las debidas sanciones sin considerar si se trata del gran amigo del presidente o de un detractor político.
Claramente ya no se trata de “reducir la corrupción a sus justas proporciones”; como cínicamente afirmaba el ex presidente Julio César Turbay Ayala. No hay justa proporción que sea tolerable en un país que desea cambiar su historia. La corrupción institucionalizada y la creencia de que el poder político sirve para enriquecerse, violar la ley, garantizar impunidad y malversar los recursos de la nación, han condenado al país al atraso, la desigualdad, la violencia y la degradación de la justicia y la democracia. En 2020 Transparencia Internacional concluyó que Colombia es uno de los países con los niveles más críticos de corrupción, y advirtió que no controlar significativamente la corrupción está alimentando una crisis global en la democracia.
La respuesta de un gobierno desdibujado por sus erradas acciones, ha sido débil y arrogante. No le sirve a la legitimidad del gobierno de Duque un escándalo de semejantes proporciones, pero tampoco le sirve a un país roto que necesita con urgencia recuperar su gobernabilidad, depurar sus instituciones y construir confianza ciudadana.
Es imperioso que la ministra presente su carta de renuncia y responda ante la justicia como corresponde. Se anuncia debate de control político en el Congreso, y con toda seguridad no saldá bien librada, ni ella ni su cartera (sobre la que circulan nuevas denuncias de manejos irregulares) ni el gobierno de un jefe de Estado que insiste en no reconocer las prioridades, deberes y dignidad del cargo que ostenta (inmerecidamente) para defender a su amiga (anclaje político), antes que defender la institucionalidad y el decoro en la función pública.
“Un país donde a diario se roban los recursos públicos, donde los implicados terminan favorecidos por la ” justicia”, donde el “presidente” sale públicamente a respaldar la corrupción de una ministra, es un país que hace décadas volvió normal lo anormal” @Huerfano1.
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[1] “El nombre de este abogado experto en contratación fue mencionado en conexión con el polémico contrato de bienestarina que ganaron los Nule en el Icbf y que, según la directora Elvira Forero, Pino Ricci firmó a nombre de la institución. Y este fin de semana, El Espectador contó que los primeros contratos de los Nule a nivel nacional fueron con el Idrd en Bogotá, donde Pino era asesor jurídico de Alicia Arango (cuando dirigía esta entidad), la ex secretaria privada de Álvaro Uribe en Casa de Nariño”. “Jorge Pino Ricci ¿el eslabón perdido entre los Nule y el Estado?”. Bogotá, 9 de mayo de 2011.
Ver: https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/jorge-pino-ricci-el-eslabon-perdido-entre-los-nule-y-el-estado-/
[2] Corrupción al día; “El descaro de Mintics: revive la cuestionada Funtics camuflada como Novotic y le adjudica billonario contrato”. Bogotá, 20 de diciembre de 2020. Consultado en: https://corrupcionaldia.com/el-descaro-de-mintics-revive-la-cuestionada-funtics-camuflada-como-novotic-y-le-adjudica-billonario-contrato/
[3] Anonymous oficial; “Los oscuros antecedentes de la licitación del MinTIC por más de $1.1 billones para llevar Internet a escuelas rurales”. Colombia, 11 de agosto de 2021.
Ver en: facebook.com/anonymoussocialmedio/videos/552221506113512
[4] Diario La libertad; “Investigación de los $70 mil millones de MinTic, no «Da Espera» e involucran al grupo Geneco con Centros Poblados y otros allegados”. Bogotá, agosto 13 de 2021. Ver: https://diariolalibertad.com/sitio/2021/08/13/investigacion-de-los-70-mil-millones-de-mintic-no-da-espera-e-involucran-a-grupo-geneco-con-centros-poblados-y-otros-allegados/
[5] Corrupción al día; Op.Cit.
[6] Infobae; “Polémica por asesor de la ministra TIC que participa en una licitación millonaria de esa cartera”. Bogotá, 2 de diciembre de 2020.
Consultado en: https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/02/polemica-por-asesor-de-la-ministra-tic-que-participa-en-una-licitacion-millonaria-de-esa-cartera/
[7] Ver Twitter Paola Herrera (@PaoHerreraC)
[8] El Espectador; “La historia de cómo el anticipo de un billonario contrato terminó en un “paraíso fiscal”. Bogotá, 14 de agosto de 2021. Ver en: https://www.elespectador.com/investigacion/la-historia-de-como-el-anticipo-de-un-billonario-contrato-termino-en-un-paraiso-fiscal/
[9] El Tiempo; “La periodista que habló del escándalo de las Mintic, denuncia intimidaciones”. Tendencias. Bogotá, 15 de agosto de 2021. Ver en: eltiempo.com/justicia/investigacion/contratos-mintic-paola-herrera-periodista-denuncia-intimidaciones-610509
[10] The World News; “La cuarta garantía falsa que presentó Centros Poblados. Agosto de 2021. Ver en: https://theworldnews.net/co-news/la-cuarta-garantia-falsa-que-presento-centros-poblados
[11] W Radio; “La cuarta garantía falsa que presentó Centros Poblados”. Bogotá, 13 de agosto de 2021. Consultado en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/la-cuarta-garantia-falsa-que-presento-centros-poblados/20210813/nota/4158294.aspx
[12] Twitter Paola Herrera (@PaoHerreraC)
Ver en: https://twitter.com/PaoHerreraC/status/1425165777154543620
[13] Corrupción al día; Op.Cit
[14] Ver su historia y los procesos en los que ha sido cuestionado e investigado en: Las 2 Orillas; “Los dudosos personajes que se quedaron con la licitación de 1.1 billones que hoy tiene enredada a la MinTIC”. Por Héctor Mario Rodríguez. En: https://www.las2orillas.co/los-dudosos-personajes-que-se-quedaron-con-la-licitacion-de-1-1-billones-que-hoy-tiene-enredada-a-la-mintic/
[15] Ídem.
[16] Infobae; “Ya hay cuestionamientos a empresas que ganaron millonaria licitación de MinTIC para dotar de internet a 14.745 colegios rurales”. Bogotá, 17 de diciembre de 2020.
En: https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/17/ya-hay-cuestionamientos-a-empresas-que-ganaron-millonaria-licitacion-de-mintic-para-dotar-de-internet-a-14745-colegios-rurales/
[17] Las 2 Orillas, Op.Cit
[18] Ver Twitter de Davis Rasero:
https://twitter.com/DavidRacero/status/1425916567204900870/photo/1
[19] Diario La Libertad; “Los oscuros antecedentes de la licitación del MinTIC por más de $1.1 billones para llevar Internet a escuelas rurales”. Colombia, 15 de agosto de 2021. Ver en: https://diariolalibertad.com/sitio/2021/08/15/los-oscuros-antecedentes-de-la-licitacion-del-mintic-por-mas-de-1-1-billones-para-llevar-internet-a-escuelas-rurales/
[20] Corrupción al día; Op. Cit
[21] Ver más información en: Infobae; “Ya hay cuestionamientos a empresas que ganaron millonaria licitación de MinTIC para dotar de internet a 14.745 colegios rurales”. El proyecto que tiene una inversión de $1,06 billones y busca dotar de internet gratuito a 14.745 escuelas en áreas rurales de 32 departamentos del país hasta 2031. Bogotá, 17 de diciembre de 2020.
En: https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/17/ya-hay-cuestionamientos-a-empresas-que-ganaron-millonaria-licitacion-de-mintic-para-dotar-de-internet-a-14745-colegios-rurales/
[22] Las 2 Orillas; “Los dudosos personajes que se quedaron con la licitación de 1.1 billones que hoy tiene enredada a la MinTIC”. Por Héctor Mario Rodríguez. En: https://www.las2orillas.co/los-dudosos-personajes-que-se-quedaron-con-la-licitacion-de-1-1-billones-que-hoy-tiene-enredada-a-la-mintic/
[23] W Radio; “Centros Poblados cedería millonario contrato que habría ganado con irregularidades”. Bogotá, 3 de agosto de 2021. Consultado en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/centros-poblados-cederia-millonario-contrato-que-habria-ganado-con-irregularidades/20210803/nota/4155576.aspx
[24] W Radio; “Buscarán bienes y cuentas de involucrados en escándalo de MinTIC”. La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $70.243 millones. Bogotá, 18 de agosto de 2021. Ver en: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/buscaran-bienes-y-cuentas-de-involucrados-en-escandalo-de-mintic/20210818/nota/4159246.aspx
Maureén maya
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