“…La UTCP, Unión Temporal Centros Poblados, confirmó la medida cautelar que suspende los efectos de la caducidad del contrato por $1,07 billones de pesos del escándalo con el Mintic.” Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la UTCP.
En la semana pasada, la conversación informal de la Comisión de la Verdad y el expresidente Uribe Vélez, con la presencia de tres de sus miembros, entre ellos, el sacerdote Pacho de Roux, le sirvió para lanzar al aire junto con su diatriba la propuesta embuchada de una amnistía general que cuenta con todo el beneplácito del Centro Democrático y sus aliados.
Por ingrata coincidencia, al poco tiempo apareció una tercera diatriba, no la de Bruno Díaz, no la de los 62 puntitos del Innombrable, sino otra la de Luis Carlos Restrepo, un activista de la izquierda radical en los años 70. Él envió, recordando sus tiempos de escritor clandestino, una carta publicitada por su jefe político para reclamar atención de la opinión por su causa, no fallada aún.
De ese modo, al menos, hay haciendo fila dos candidatos muy sonados para la lista, Uribe y Restrepo. Clasifican para ser cobijados por la amnistía soltada al viento del “estado de opinión”, que es la táctica más socorrida por el exsenador sub júdice que continua “sacándole la lengua” al Estado de derecho en Colombia.
Desde el bloque de la paz, el precandidato más opcionado, Gustavo Petro, aunque bajó un 8% en cuanto a preferencias ciudadanas entre abril y agosto, respondió a tal “bando” señalando que sí estaba de acuerdo con este cierre a la guerra nunca reconocida, paradójicamente, por el CD y su heraldo negro, el señor de las sombras.
Petro dice que sí, siempre y cuando se diga toda la verdad y se devuelvan todos los bienes despojados, en forma previa, por los amnistiados sin excepción. Hacerlo así sitúa en contravía, mal parqueado al twittero publicista de Llano Grande, porque sigue con la cantinela de la ilegitimidad de todas las instituciones nacidas de los acuerdos de paz.
Este miércoles, no repuesta la opinión pública de semejante cimbronazo, muy diligente, el Tiempo de Bogotá divulga en primera plana que los homicidios de líderes sociales bajaron a 84, esto es, 75 menos que durante la primera mitad del año 2020, cuando el macabro registro fue de 159. Es lo que acredita la Comisión Colombiana de Juristas y su investigadora Andrea Garzón.
A lo anterior se sumó el debate de control político contra la Mintic, Karen Abudinen, a raíz del contrato de conectividad para colegios en territorios rurales, que aparece afectado por la existencia de garantías falsas. Lo que significa para la gente que tributa en el país, una nueva pérdida cercana a los $70.000 millones. A este escandaloso hecho, debatido ante la comisión sexta del senado y en la cámara, se agregó la suspensión de la caducidad que había decretado el gobierno, pero este miércoles levantó dicha medida el mismo juez promiscuo de Puerto Colombia, declarándose incompetente para resolver de fondo.
Abudinen, en todo caso, con total descaro y desparpajo, anunció que la ETB, por ser la segunda oferente mejor calificada, será la encargada de realizar la conectividad a 7.277 colegios, y ¿qué casualidad? Sergio González, su presidente está enteramente de acuerdo. Dicho lo cual, será esta empresa la que pegue los platos rotos, y la alcaldesa Claudia López la que tenga que meterle mano a este manjar “contaminado” por una alta dosis de corrupción.
La brutal noticia de otra semana sangrienta
“la situación actual de nuestros líderes sociales demanda una acción extraordinaria del Estado.” Carlos Camargo, Defensor del Pueblo.
“El gobierno nacional ha decidido no implementar lo acordado en los temas sustanciales…” Rodrigo Londoño, presidente de Comunes. Intervención ante la JEP en Popayán, 24/08/2021.
“Tenemos unos enemigos comunes que son quienes están causando estos homicidios de excombatientes.” Emilio Archila, audiencia de Popayán con la JEP, 24/08/2021.
Luego, al comenzar esta semana, el país se desayunó amargamente con la información de la muerte de Esteban Mosquera, acribillado en el centro de Popayán, por un gatillero en el sector de Pamba. La víctima era aventajado estudiante de música en la Universidad del Cauca, y un activista de los D.H. Había perdido su ojo izquierdo, en la protesta de 2018, cuando recibió un disparo de un efectivo del ESMAD; práctica criminal que ha caracterizado a este cuerpo especial con el que contradice cualquier entendimiento del quehacer original de la Policía como un cuerpo civil.
El martes de esta semana, la JEP realizó en Popayán, la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para proteger a los excombatientes de las Farc-Ep, que adoptó en 2020. En esta reunión estuvo presente Rodrigo Londoño, y se realizó en el Cauca, por ser el lugar donde se han cometido más asesinatos contra los firmantes de la paz. La cifra es salvajemente escandalosa: 114, de los 283 contabilizados desde noviembre de 2016.
Ante tamaña, grotesca, sangrienta realidad, el director de la UIA, Giovanni Álvarez, aventuró dos tipos de análisis: “hay dos patrones en los homicidios de exguerrilleros: el desmonte de sus proyectos productivos económicos o comunitarios; y la prevalencia y disputa entre las disidencias de las Farc en las zonas de retaguardia del Bloque oriental, el Sur y el Comando conjunto Occidental”.
Enfrentando este infierno de impunidad, Archila se “solidariza” con Comunes de manera grotesca y cínica, y añade en tono sentencioso: “Tratar de buscar las causas de estos ataques tras un supuesto incumplimiento de parte del gobierno, en mi opinión, no es lo que debe hacerse.” (ET, 25/08/21, 1.2)
Pero, a dos días del asesinato, el miércoles 25, y un día después de la indiciaria audiencia de la JEP y el Comisionado Emilio Archila en Popayán, el Tiempo publica el estudio de la Comisión Colombiana de Juristas, CCJ, el cual señala que para el primer semestre de 2021 hubo una disminución de 75 homicidios de líderes sociales con respecto al año 2020.
Al recorrer la estadística de los casos con mayor detalle, queda claro que en 64 del total no se ha podido identificar al autor. Cuatro son los departamentos que puntean en este listado del horror e infamia: Antioquia, 15 muertes, Valle del Cauca, 12 y Cauca junto con Nariño, 10 muertes cada uno.
La anterior es la prueba fehaciente de la quiebra del gobierno actual de Colombia, y de contera la degeneración de su Estado, en materia de D.H., y de protección a las víctimas. Porque poquísimos lugares en el planeta pueden presentar tan escalofriantes cifras que insultan a la humanidad, porque mancillan impunemente el goce del más elemental y fundamental de los derechos humanos, el derecho a la vida, conculcándolo; para hacer de la Constitución de 1991, que proclamó la garantía de tales derechos, y sancionó un bloque de constitucionalidad para su observancia, un as de burlas.
A la vista de tales indicadores no cuesta dificultad alguna decir que Colombia sigue experimentado de manera gravísima, entre los años 2017 y la fecha, un fascismo social que suma el asesinato selectivo de 283 excombatientes firmantes de la paz acordada en noviembre de 2016. En la contabilidad de la CCJ, tomando en cuenta el número de asesinatos de líderes civiles contabilizados durante el primer semestre éste es el registro: sem I- 2017, 75 asesinatos; I-2018: 78, I-2019: 131, I-2020: 158, y I-2021: 84.
De este modo se sigue haciendo trizas el Acuerdo de Paz, con el uso discrecional e impune de la excepcionalidad de hecho, con una manera singular, y en correspondencia con lo denunciado por el filósofo y ensayista, Giorgio Agamben, inspirado en lo advertido desde los años 50, por la teórica de la política, Hannah Arendt, esto es, la debacle de los D.H, a ojos vistas de los crímenes de guerra perpetrados durante la II Guerra Mundial, por las potencias del eje y los aliados.
Es singular y brutal el despiadado ejercicio de la excepcionalidad de hecho en Colombia, porque está, al mismo tiempo en consonancia con la realidad acrecentada del llamado fascismo social, que de modo sarcástico, pero revelador, invierte la categorización de socialfascismo empleada por los partidos afectos a Stalin, cuando en lugar de unir a comunistas con socialdemócratas, así calificaba la internacional en caída libre, a los socialistas para combatirlos y desacreditarlos, en lugar de confrontar al fascismo encumbrado y asesino, haciendo trizas la democracia liberal italiana en ciernes, en medio de su división y sus tibiezas inaceptables.
Los arietes que golpean a la precaria paz existentes son dos, el régimen para-presidencial que en lugar de desmontarse con el acuerdo de paz firmado con el expresidente Santos se ha extendido bajo el despliegue del fascismo social, transportado del campo a las ciudades, para reprimir a los protestantes e intimidar a las comunidades que luchan contra el hambre, la miseria, duplicada por la pandemia sanitaria, manes todos del fantasma neoliberal a la vista.
Este 26, a parar la muerte y el hambre
El último reporte conocido de la vacunación en Colombia nos indica que hay 19’373.799 con primera dosis, 11’601.104 con segunda dosis, 2’721.996 con monodosis, y 14`323.100 con los esquemas de vacunación completos.
A la vez en materia de distribución de las dosis compradas y obtenidas, a 23 de agosto, el gobierno y los particulares han distribuido 35’940.954 dosis, y de éstas se han aplicado 33’696.899. La resta no muestra que hay algo más de 2.200.000 no aplicadas, lo cual prueba una situación deficitaria en materia de personal y fórmulas de adecuada aplicación todavía.
Por lo demás, esta es una situación grave, cuando Colombia no ha alcanzado y tardará en alcanzar la publicitada “inmunidad de rebaño”. En cambio, se abren las entidades educativas, y se anuncian más aperturas a partir del mes de septiembre.
En el entretanto, se sabe por fuentes oficiales, que el gobierno adquirió en contratación directa 12 millones de vacunas Sinovac que ya recibió, y de éstas los empresarios están aplicando 2.100.000. Pero, ya se agotaron los suministros fruto de la contratación directa, y a la mano sólo queda como recurso el mecanismo Covax, para las próximas semanas.
¿Cuál es el resultado? que las segundas dosis están casi paralizadas, y la única opción inmediata es acudir, para paliar el faltante, a los empresarios para que presten sus existencias al Plan Nacional de vacunación con las dosis requeridas, sin que ello implique perjudicar sus propios compromisos.
Este gobierno de Iván Duque, probando su impericia e improvisación, sigue en el corre-corre por el mundo para lograr una disponibilidad de la segunda dosis. La realidad de Bogotá, es prueba fehaciente de un desorden continuado, cuando las colas de pacientes se han tenido que enfrentar con sucesivas suspensiones después de estar por horas a la espera.
Esta situación, sumada a los incumplimientos de los numerosos pliegos firmados con las organizaciones sociales, cuyos líderes son masacrados de manera planificada, y bástenos totalizarlas con el conteo sin descanso de los asesinatos de excombatientes firmantes de la paz, junto al macabro registro discutido en Popayán por la Comisión, apenas a un día de un nuevo luto en la ciudad que protesta desde los tiempos del asesinato de Tuto González. Al que hoy se suma el asesinato a mansalva de otro joven activista, Esteban Mosquera.
Este estado de cosas, esta excepcionalidad de hecho extendida, hace urgente responder de manera multitudinaria al llamado del Comité nacional del Paro, para este 26 de agosto. No basta con gritar al unísono que “todxs estamos enojados”, sino que exigimos un cumplimiento inmediato de lo acordado con el gobierno, en materia de respeto a la vida de los colombianos, sin aceptar dilaciones ni prosopopeya encubridora.
Este 26 de agosto es para decirle al gobierno del CD y a sus turiferarios en el bloque de la guerra, que no hay amnistía para la impunidad de las ejecuciones extrajudiciales y la autorización para matar a civiles indefensos. Hasta tanto no le digan la verdad al país, y redistribuyan las grandes utilidades del capital financiero, mediante una reforma tributaria realmente justiciera, sin embaucar de nuevo a los contribuyentes con el remedo que circula en los sótanos del congreso, que quiere burlarse, una vez más, después del retiro de la primera versión.
Claro, para la oposición de todos los colores, ésta es una clarinada de alerta; y la oportunidad de conformar un frente único por la vida que no pase por alto la protesta de este 26 de agosto. Para sellar un pacto que saque del gobierno a la reacción y la derecha, promotoras vergonzantes del fascismo social y benefactores a ultranza del capital financiero y los grandes propietarios asociados con él.
Es la hora de llamar las cosas por su nombre. Es la oportunidad para que el enojo se transforme en auto-organización y autonomía creadora construyendo y reforzando las redes de poder constituyente, donde lo común en sus múltiples formas florecerá, con la contundencia de la no violencia organizada, para darle un desenlace democrático a esta crisis de hegemonía que recorre capilar y molarmente la sociedad colombiana.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD, Director del Grupo Presidencialismo y Participación, UNal/Minciencias, Unijus.
Foto tomada de: Noticentro
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