A seis meses de las elecciones legislativas (13 de marzo) y ocho de las presidenciales (29 de mayo) se hace evidente la falta de garantías plenas para la participación política, la igualdad y el respeto a los derechos fundamentales, así como el abuso de poder por parte de un gobierno que se resiste a cumplir con su deber constitucional y que prefiere tolerar, si es que no instigar, la persecución política contra sus principales detractores y las bases sociales ajenas a su proyecto de país. No queda nada bien que contratistas con el Estado hagan parte de una red de persecución y difamación contra líderes y voceros de la oposición.
El senador Iván Cepeda denunció un plan de persecución, intimidación y desprestigio contra políticos de la oposición y miembros del Pacto Histórico, en el que estarían involucrados miembros de la inteligencia del Estado colombiano y del partido político de Uribe Vélez. Todo ello en medio del genocidio desatado contra líderes sociales, indígenas y comunitarios, sin que hasta la fecha el gobierno asuma el deber de desarticular las redes mafiosas y paramilitares que dominan buena parte de los territorios y garantizar un proceso electoral transparente, seguro y genuinamente democrático.
En la página web del senador, se indica que “el plan fue revelado de manera anónima a través de una carta, en la cual se informa que, con ayuda de la inteligencia del Estado, se habría desplegado una labor de seguimiento a sus familiares y personas más cercanas”.
En su más reciente columna de opinión para el diario El Espectador, la periodista Cecilia Orozco Tascón, se refiere al tema de manera alarmante. “Doctor Cepeda, usted ya ha sido perfilado, así como muchos de sus compañeros y amigos; más temprano que tarde, usted, el doctor Petro, el doctor Roy, Bolívar y muchos otros estarán en el centro de una campaña de difamación de la que muy difícilmente podrán recuperarse”. Así termina la carta anónima que recibió el senador Iván Cepeda y que este reveló el miércoles pasado en rueda de prensa en la cual anunció, además de su contenido, que interpondrá acciones ante la justicia por hechos que ya han ocurrido y que coincidirían con las advertencias de la misiva”[1].
“Según la denuncia, los principales receptores de la información serían periodistas de reconocidos medios de comunicación que actúan de manera sincronizada con activistas e influencers afines al uribismo. Entre los hechos se menciona una reunión en la ciudad de Medellín, en la que habrían participado estrategas y coordinadores de la campaña de guerra sucia contra la oposición quienes, además, se estarían beneficiando de contratos con el gobierno del presidente Iván Duque.
Cepeda recordó que las amenazas y hostigamientos en su contra se han incrementado en los últimos días. Para el Senador, estas advertencias coinciden con hechos que las corroboran, con un claro modus operandi, en los cuales intervienen agentes del Estado: plan propagandístico para vincular al Polo Democrático con grupos ilegales; video en el que agentes asignados a la seguridad del presidente Duque grabaron al senador Roy Barreras y filtración de acuerdos de pago del senador Gustavo Bolívar con la DIAN.
La denuncia se radicará ante la Fiscalía por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones, interceptación de datos informáticos, violación de datos personales, concierto para delinquir, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, utilización indebida de información oficial privilegiada, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, calumnia e injuria agravada, entre otros[2].
Además de la gravedad de esta denuncia, que también fue elevada a instancias internacionales, otro hecho igualmente perturbador, cuestiona profundamente la calidad democrática del actual gobierno. En un suceso atípico -aún para la histórica barbarie nacional-, un gobernador elegido democráticamente, tuvo que recurrir al exilio para salvar su vida ante la declarada incapacidad del Estado de cumplir con su obligación de garantizarle sus derechos políticos, tanto a él como a sus gobernados. Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena reconocido como un fuerte oponente político de la actual administración y un decidido denunciante de las familias tradicionales que como mafias políticas capturaron el Estado y la renta pública, salió del país el pasado 19 de agosto, luego de conocerse un plan para atentar contra su vida.
El pasado 25 de agosto la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar la vida e integridad del funcionario.
“Debido a su marcado liderazgo académico como rector de la Universidad de Magdalena, Caicedo se convirtió en un destacado líder de su comunidad y defensor de derechos humanos en el Caribe colombiano, empeñado en reivindicar el derecho a la educación y garantizar a su comunidad condiciones de vida en dignidad. Ahora como gobernador, sus políticas también han estado enfocadas en dar garantías a los derechos de la ciudadanía. Esto, infortunadamente, lo ha convertido en blanco de grupos ilegales enemigos de la paz y la democracia.
Según información aportada por la Gobernación del Magdalena, el pasado sábado 14 de agosto una fuente altamente confiable informó al gobernador Caicedo sobre un presunto plan orquestado por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con el propósito de asesinarlo; esta información que, de acuerdo a lo dicho por la Gobernación, fue trasladada de inmediato al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y a los comandantes de la Policía en el Magdalena, fue ratificada por altos oficiales de la fuerza pública que sostuvieron una reunión virtual el día 17 de agosto con la fuente en mención”[3].
El hecho fue registrado por la prensa nacional e internacional, y fue tema también en la asamblea de diputados de España. Gerardo Pisarello, diputado por Barcelona y portavoz de la Comisión Exteriores, hizo un llamado para que la política europea defienda el multilateralismo, la democracia y los derechos humanos en América Latina. “Hace poco más de un mes, esta comisión aprobó una proposición de ley exigiendo que el respeto en Colombia de los Acuerdos de Paz y los derechos humanos en general, fuera inmediato, pero desde entonces hasta ahora hemos vivido una escalada de horror con nuevos asesinatos de activistas y miembros de la población civil, así como otras vulneraciones flagrantes de derechos civiles, políticos y sociales. Uno de los más terribles fue el asesinato de Esteban Mosquera, un estudiante de música y un líder estudiantil que ya había perdido un ojo durante las protestas estudiantiles de 2018, y que acabó asesinado muy presumiblemente por fuerzas de seguridad del Estado. Los números siguen hablando por si solos, solo en el 2021 se produjeron 67 masacre con 243 víctimas, fueron asesinados 109 líderes sociales y 35 firmantes del Acuerdo de Paz. Y volvieron los desplazamientos masivos de poblaciones como los ocurridos hace una semana en Ituango […]. Y eso hay que sumarle ahora que se están acercando las elecciones, pues amenazas y actuaciones contra miembros de la oposición, como el propio senador Gustavo Petro, así como contra cargos electos democráticamente, como el gobernador del departamento de Magdalena, Carlos Caicedo, que tuvo que salir del país amenazado de muerte por la organización paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Muchas de estas violaciones, ministro, se dispararon desde que Iván Duque llegó al gobierno, y nada hace previsible que eso vaya a disminuir…”[4].
Pese a la gravedad de las amenazas, luego de permanecer tres semanas en el exterior, el gobernador Caicedo regresó al país en las últimas horas. A través de su cuenta de Twitter, indicó que “pese a que el riesgo contra mi vida persiste, he regresado a cumplir el mandato popular y constitucional; expresiones de solidaridad de la comunidad internacional exigen al Gobierno mayor compromiso con mi seguridad y de mi familia. Aunque el riesgo continúa, el cambio no puede parar”. También afirmó que “espera que las medidas adoptadas por la Policía sean idóneas para brindarle protección ante cualquier amenaza que exista. Que me garanticen seguir trabajando por nuestra gente, enfrentando mafias y clanes políticos e impulsando con toda la fuerza el cambio que demanda el Magdalena. Gracias a todos por su solidaridad”[5].
Las amenazas y el plan de muerte contra el gobernador Caicedo no pueden tomarse a la ligera ni leerse fuera de contexto. Se está anunciando un posible genocidio contra líderes políticos en medio de un complejo proceso electoral, en el que, una vez más, toma protagonismo, sobre las ideas, las agendas y las propuestas, la propaganda negra, la violencia y el uso de las formas más bajas en el ejercicio de la política para manipular la opinión pública y evitar a toda costa, la llegada de una propuesta novedosa e independiente al poder.
Sin plenas garantías no hay democracia
Las dificultades para el ejercicio político de la oposición siguen siendo extremas en el país, y el silencio cómplice del gobierno nacional se convierte en luz verde para la estigmatización y la acción criminal. El pasado 4 de septiembre el concejal de Chía por la Alianza Verde, Batman Camargo, firme abanderado de la lucha contra la corrupción, denunció un intento de secuestro y de asesinato, en el que varios hombres asaltaron su residencia y agredieron a miembros de su familia, entre ellos su padre.
“Llegaron un grupo de personas y nos dijeron que por ‘sapos’ nos hicieron esto. Entraron, intentaron secuestrarnos, dijeron que nos sacaran de aquí mientras fuera posible; rompieron el carro de un amigo, rompieron los vidrios de la casa e intentaron matar a mi papá, que hace pocos días salió de una delicada cirugía; le rompieron la cabeza a mi hermano, y nos amenazaron que nos iban a matar”, reveló el concejal”[6].
El Partido verde se pronunció rechazando los hechos y exigiendo garantías. “Grave denuncia de nuestro concejal en Chía. Pedimos a las autoridades brindar de manera urgente todas las garantías para salvaguardar sus vidas e integridad”.
Pero contrario a una agenda de trabajo concertada y una respuesta coordinada con los organismos responsables de garantizar seguridad y los recursos técnicos, logísticos y presupuestales para la defensa de los derechos ciudadanos en un clima preelectoral de máximo riego, el gobierno insiste en ignorar la realidad y en desconocer el clima de terror que enfrentan los líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras en las regiones cooptadas hoy por poderes mafiosos y paramilitares que actúan en connivencia con autoridades locales civiles, policiales y militares. El incremento de la violencia en tiempo electoral es una constante, como lo reconoce la Misión de Observación Electoral, MOE.
En su “Informe de Violencia contra líderes políticos, sociales y comunales”, la MOE advierte sobre el incremento de la violencia contra líderes políticos en un contexto preelectoral, señalando que los líderes sociales continúan siendo los más vulnerados en Colombia, siendo blanco del 52% de los hechos de violencia”[7]. La MOE también le propone al Estado abordar esquemas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género, étnicos y geográficos; así como fortalecer la intervención del Ministerio Público en las investigaciones penales sobre hechos de violencia contra líderes y lideresas.
“Durante el primer semestre del 2021 la Misión de Observación Electoral – MOE, registró un total de 247 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en todo el territorio nacional. Preocupa un aumento del 15,7% en las agresiones y del 106% en los hechos letales contra líderes políticos, frente al primer semestre del año anterior […]. Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “estas cifras resultan preocupantes, pues son evidencia del aumento acelerado en los patrones de violencia. Por lo que la situación debe ser señal de alarma para las autoridades, de cara al cierre del 2021 y a los procesos electorales del 2022”. Es de resaltar que la MOE ha sido enfática en la existencia de una relación entre la violencia contra los liderazgos y los hitos del calendario electoral.
Aproximadamente, un tercio de los hechos de violencia contra líderes se concentraron en los departamentos de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. Asimismo, la violencia se recrudeció significativamente durante el primer semestre del año en los departamentos de Cesar y Nariño. Al respecto, Pamela San Martín, coordinadora de la investigación, indica que “se requiere de la intervención urgente de autoridades del distinto orden territorial para proteger la vida de los líderes y lideresas en todo el país”.
Prenden las alarmas las regiones en las que se aplicaron los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, pues en 15 de ellas tuvo lugar el 54% de los asesinatos registrados en el país, siendo los líderes sociales los más afectados. Al respecto, Barrios señaló que “es necesario tener en cuenta que los candidatos a la Cámara de Representantes para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – CTEP, surgirán de las diferentes organizaciones y liderazgos sociales que operan en el territorio. Siendo necesario que con miras al proceso electoral se adopten medidas interinstitucionales dirigidas a garantizar las condiciones de seguridad para su participación en la política electoral”. Los liderazgos sociales son quienes sufrieron más afectaciones durante el año, con un 52% de los hechos registrados (128), concentrando también el 54% de los asesinatos contra líderes y el 52% de las amenazas. “Es decir, de cada dos líderes agredidos durante el 2021 en Colombia, uno fue social. Este contexto evidencia patrones de accionar violento, que más allá de disuadir el accionar de los líderes sociales por medio de intimidaciones, buscan silenciar su voz”, señaló Pamela San Martín, coordinadora de la investigación”[8].
La dirigencia política, toda, independiente de su orilla ideológica, tiene el deber moral, humano, social y político de levantar la voz, crear consensos en defensa de lo fundamental y reaccionar con valor ante un clima de profunda contradicción democrática. El caucano Luis Carlos Pérez, uno de los juristas más brillantes de todos los tiempos, dijo en una conferencia, de mediados de los setenta, que “La responsabilidad es mayor en los jefes políticos, es decir, los que pretenden pasar por tales, negando su vinculación con los sectores económicos de donde proceden, pero que en fin de cuentas como repitió Jorge Eliécer Gaitán en expresión no prescrita sino acallada, son los moradores de “ese oscuro reino donde no se piensa en Colombia sino en las elecciones”[9].
Al mismo tiempo, el maestro Gerardo Molina advertía que la clase política había llegado a un punto de desconexión con el pueblo y con sus problemas vitales, que era posible pensar que la democracia fuera sólo una quimera. Más de cincuenta años después dos investigadores y escritores norteamericanos advertían que en la actualidad “las democracias no mueren por golpes de Estado, ni por la presencia del fascismo o el comunismo o las usurpaciones del poder. Las democracias mueren ahora atacadas desde dentro, por vías de procesos electorales fraudulentos o irregulares, en particular con la presencia de elementos advenedizos, pichones de autócratas, que corroen desde el poder las instituciones de la democracia. “El retroceso democrático empieza en las urnas”, afirman en el libro Cómo mueren las democracias.
“Pero el retroceso no para en las urnas, sigue en los tribunales, en las labores legislativas, en los medios de comunicación, y prácticamente le vendan los ojos a la población que no se entera cómo va perdiendo las instituciones democráticas. La corrupción se instala y la impunidad se establece como parte de la normalidad del sistema político. “La población no cae en cuenta inmediatamente de lo que está sucediendo. Muchas personas continúan creyendo que viven en una democracia, cuando en realidad están en un lugar muy diferente”[10]
Para Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, autores del libro, cuando los políticos tradicionales abdican de su responsabilidad ante un líder que amenaza la democracia (siempre se reconoce), suele ser por una de dos razones: porque creen equivocadamente que puede ser controlado o porque creen que les dará lo que quieren.
Es necesario hacer un alto para repensarnos como país, para construir alternativas que hagan posible el surgimiento y desarrollo de un sistema de gobierno viable, que profundice la democracia, garantice la participación política en condiciones de equidad, permita alcanzar el Estado de bienestar que todos anhelamos no para unos cuantos sino para toda la sociedad. Es tiempo de que los silenciados y los marginados, los sabios, los filósofos y los académicos se pronuncien, los líderes genuinos nos guíen y respondan con eficacia a los desafíos que no pudieron ser resueltos durante 200 años de hegemonía bipartidista. Es tiempo de dar un giro -y de darlo en las próximas elecciones- no hacia la izquierda, no hacia la derecha, sino hacia la decencia.
Adendo: Que la mayoría de nacionales tengamos la certeza de que la moción de censura contra la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) Karen Abudinen Abuchaibe, no tiene ninguna opción de prosperar, y no porque no tenga responsabilidad en ese oscuro contrato, que significó la pérdida de más de 70 mil millones de pesos y la exclusión y frustración de miles de niños del país, es un indicativo de cuan precaria en nuestra democracia. Y no prosperará porque nunca lo ha hecho, porque las condiciones para la inoperancia siguen siendo las mismas, o quizás peores, porque se trata de un instrumento politizado, maleable y sin dientes que es fácilmente reducido por las dominantes fuerzas políticas del congreso, poco interesadas en fortalecer la democracia y en garantizar transparencia administrativa. ¿Se pierden cuantiosos recursos públicos, que terminan en un paraíso fiscal, la ministra sale a vociferar en vez de ofrecer claridad y nadie responde política ni penalmente? Que el ministro del Interior haya llamado a los jefes de los partidos para sabotear la presencia de la periodista Paola Herrera en el congreso durante la moción de censura, es otra muestra del talante antidemocrático de quienes gobiernan. Pero curiosamente la falta de democracia se cura con más democracia.
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[1] En El Espectador; “¿Campañas de desprestigio para manipular elecciones?”. Bogotá, 8 de septiembre de 2021. Consultado en:
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/cecilia-orozco-tascon/campanas-de-desprestigio-para-manipular-elecciones/?fbclid=IwAR1Y8__r1JYxHwlm2cvc_45u7PGt7S4e8l_GpZCa91wXObGTwfPNbIXlvQI
[2] Iván Cepeda (página oficial); “Senador Iván Cepeda denuncia campaña de desprestigio contra dirigentes del Pacto Histórico con apoyo de agentes de inteligencia del Estado”. Bogotá, 1 de septiembre de 2021.
Consultado en: https://www.ivancepedacastro.com/senador-ivan-cepeda-denuncia-campana-de-desprestigio-contra-dirigentes-del-pacto-historico-con-apoyo-de-agentes-de-inteligencia-del-estado/
[3]Comisión Colombiana de Juristas; “CCJ solicita medidas cautelares ante la CIDH en favor del gobernador Carlos Caicedo”. Bogotá, miércoles 25 de agosto de 2021.
Consultado en: https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=568
[4] Twitter Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) “Hoy en Madrid volvemos a denunciar las vulneraciones de DDHH en Colombia bajo el Gobierno de Iván Duque. Desde el asesinato del joven Esteban Mosquera y otros líderes sociales hasta la persecución de miembros de la oposición. Siempre bajo la sombra mafiosa del uribismo”. España, 30 de agosto de 2021. Ver en: twitter.com/G_Pisarello/status/1432470171806015490
[5] El Tiempo; “Carlos Caicedo regresó, pero advierte que peligro en su contra persiste”. Septiembre 8 de 2021. Consultado en:
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/carlos-caicedo-regreso-al-pais-pero-advierte-que-peligro-persiste-616493
[6] Estrategia Medios; “Concejal de Chía, Batman Camargo. denunció agresiones e intento de secuestro en su contra”. Chía, 6 de septiembre de 2021. Consultado en: https://extrategiamedios.com/concejal-de-chia-batman-camargo-denuncio-agresiones-e-intento-de-secuestro-en-su-contra/
[7] Misión de Observación Electoral (MOE); “Se acercan las elecciones y aumenta la violencia contra políticos”. Bogotá, 28 de agosto de 2021. Consultado en: https://www.moe.org.co/%E2%80%8B%E2%80%8Bse-acercan-las-elecciones-y-aumenta-la-violencia-contra-politicos/
[8] Ídem,
[9] Pérez, Luis Carlos, Molina, Gerardo; Torres, Mauro; La crisis moral en Colombia. EL dedo en la herida. Tercer mundo. Colombia, 1975
[10] Acento; “¿Está muriendo nuestra democracia?”. República Dominicana, 25 de abril de 2019. Consultado en: https://acento.com.do/editorial/esta-muriendo-nuestra-democracia-8675066.html
Maureén Maya
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