El pasado 2 de septiembre, en la Universidad Industrial de Santander, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad -CEV realizó el “Encuentro por la Verdad; El conflicto armado en las universidades públicas: generaciones que no se rinden” (ver video (315) El conflicto armado en las universidades: generaciones que no se rinden – YouTube ) con el apoyo de la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal.
Se escucharon los testimonios de las víctimas y sus familiares, pero también de agentes del Estado, de los paramilitares y de exguerrilleros, en un esfuerzo orientado a la búsqueda de la verdad y a la identificación de medidas de reparación y de la no repetición.
Ya antes se habían realizado encuentros bilaterales con algunas universidades públicas, entre ellas la Nacional, la del Atlántico, de Antioquia o de Nariño. La CEV recibió al menos 27 informes sobre lo sucedido en las universidades.
El contexto de las responsabilidades del Estado
El comisionado Saúl Franco, encargado del informe, resaltó la recurrencia de la violencia perpetrada por agentes del Estado contra estudiantes, docentes y trabajadores sindicalizados: “Una violencia que se arraiga en la estigmatización y se exacerba en la persecución a la protesta social y al pensamiento crítico que suelen ser asociados con la insurgencia”.
Recordó que al menos desde 1954, con el asesinato de Uriel Gutiérrez y 9 estudiantes más de la UN, se ha padecido la violencia en las universidades. A ello contribuyó que entre 1958 y 1978 la protesta estudiantil sirvió para justificar, en gran medida, la periódica declaratoria del Estado de Sitio, a cuyo amparo se favorecieron graves violaciones a los derechos humanos.
Pero a la violencia en las universidades también contribuyó el Estatuto de Seguridad, bajo el gobierno de Turbay Ayala, donde se implementó la tortura como método para obtener información y nuevas detenciones. A lo cual debe sumarse que desde los años 80 se empezó a vivir el impacto de los grupos paramilitares contra la comunidad universitaria cuando se aplicó de manera sistemática la desaparición forzada y el asesinato selectivo por parte del grupo Muerte a Secuestradores -MAS
El comisionado Franco recordó que estos hechos de violencia desencadenaron múltiples casos de desaparición y de exilio y limitaron gravemente la libertad de cátedra y de investigación. Era común que la fuerza pública ingresara a los campus universitarios y disparara contra los manifestantes.
Citando casos concretos, hizo notar que la violación de los derechos humanos se extendió durante lo que va corrido del siglo XXI: “Si bien la violencia contra el movimiento universitario ha variado, persiste el discurso estigmatizador, sus consecuencias son un síntoma de la incapacidad social para aceptar la diversidad y el diálogo como base de la convivencia entre diferentes”.
Athemay Sterling, de la Universidad del Valle; Rosalba Campos Guevara, hermana de Gustavo Campos Guevara, detenido y desaparecido durante el caso conocido como Colectivo 82 y Gustavo Marín, sobreviviente de la masacre contra 15 personas de la Universidad de Antioquia ( Clic para conocer el informe de la Universidad de Antioquia ) relataron cómo vivieron la estigmatización y el tratamiento militar a la protesta estudiantil.
El general Oscar Naranjo, exdirector nacional de la Policía, presento un testimonio (ver video ¿Cuál es la verdad de la violencia en las universidades del Caribe? | EL ESPECTADOR ) que lo engrandece, y reconoció la estigmatización que, desde su propio mandato, se hizo a la universidad pública. Pero, al tiempo, admitió la necesidad de un cambio institucional que los jóvenes y otros actores sociales han reclamado en las recientes movilizaciones ciudadanas.
“Tengo que reconocer que en muchos casos nos equivocamos y que esas equivocaciones me llevan a pedir perdón genuino… la universidad estuvo atravesada por distintas formas de violencia, una de las cuales fue la estigmatización. Reconozco que mientras fui director de inteligencia a finales de los 90 contribuí a estigmatizarla porque creía en el prejuicio de que la universidad era una cantera vinculada a grupos armados y que de la universidad se alimentaban combatientes para las guerrillas. Que error tan grande”.
“Nuestra relación estuvo basada en la desconfianza con la comunidad estudiantil de las universidades públicas, pero desde la universidad también había un sentimiento de desconfianza… fue un error no haber agotado instancias de diálogo”.
“En las negociaciones con las Farc existía la seguridad de que firmar el acuerdo debía significar poner en marcha un relacionamiento que deje atrás los parámetros del enemigo interno para dar paso a relaciones basadas en la democracia, en la tolerancia, el respeto y la dignidad de los ciudadanos”.
“La protesta social no solo debe ser respetada, sino dignificada con un tratamiento que enaltezca a los funcionarios públicos, y en particular de la fuerza pública y de la policía nacional. La protesta ha llegado como expresión de una ciudadanía indignada y esa indignación no se puede acallar solo con el uso de la fuerza legítima del Estado”.
“En el pasado me faltó hacer mucho para que el escuadrón móvil antidisturbios primero identificara responsables políticos sobre el uso de la fuerza en las calles… Hoy se requiere que el protocolo de actuación se ajuste a estándares mínimos de auditaje y de supervisión y de control de la sociedad civil”.
“Pido perdón a las familias de los jóvenes estudiantes y de los policías que han resultado víctimas. Digo con plena convicción que la CEV tiene un valor trascendente que debe ser exaltado como parte del camino hacia la reconciliación y para desechar la muerte como solución de los problemas de más de cinco décadas. Proteger la vida, proteger la verdad y pedir perdón genuinamente está en el corazón de esta Comisión a la que acudo con humildad”.
La intervención del general Naranjo confirmó, entonces, que la estigmatización y el señalamiento de la fuerza pública contra la universidad ha sido continúa y sistemática. Pero también que la doctrina del enemigo interno se aplicó en el manejo de los conflictos universitarios; que la alianza entre fuerza pública y organismos de seguridad del Estado con grupos de autodefensa y paramilitares tuvo efectos devastadores sobre la comunidad universitaria y que la impunidad ha sido otra constante.
Voces de la insurgencia
El encuentro se constituyó en una oportunidad para escuchar los testimonios de dirigentes que dejaron las armas (Álvaro Villarraga del Ejército Popular de Liberación -EPL, Carlos Velandia, del Ejército de Liberación Nacional -ELN y Pastor Alape de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc) y conocer su relato de cómo afrontaban el debate y del reconocimiento de acciones que contribuyeron al clima de violencia al interior de las universidades, pero invitando a generar condiciones para que no se repitan estos hechos.
“El EPL tiene su cuota de responsabilidad en este conflicto y nos sumamos a los pedidos de perdón”, dijo Álvaro Villarraga quien además explicó en su intervención que a partir de los años 80 esta agrupación empezó a priorizar las acciones políticas sobre las armadas, hasta suscribir el acuerdo de paz.
Pastor Alape, en nombre de las Farc, reconoció la autoría del asesinato de estudiantes en el Puracé y pidió perdón a sus familiares y a la sociedad. Lo propio hizo por el crimen contra el profesor Jesús Antonio Bejarano en la UN en 1999. Este crimen “violentó nuestra propia visión política” porque “en la concepción de las Farc nunca se vio a la universidad como un campo de batalla militar, sino política. En las universidades nuestra línea era la de la lucha de masas, no del tropel ni de las capuchas. Pido perdón en el sentido de que esto tiene que movilizarnos para que efectivamente no vuelva a ocurrir”.
Carlos Velandia, quien fue estudiante de la UIS y dirigente del ELN manifestó que “nunca recibí órdenes de la comandancia para afectar la marcha de la universidad… sí participe de las movilizaciones … considero que quienes hemos tenido responsabilidades debemos reconocer los actos y dar verdad… los caminos que me tocó recorrer han estado pavimentados de dolor y desasosiego,… reconozco que los campos universitarios son para el saber, no para la guerra… las universidades deben ser territorios de paz, sus instalaciones físicas no deben ser utilizadas para desarrollar hostilidades contra nadie y menos para ser usadas como depósitos de recursos bélicos o para la fabricación de los mismos… por los daños y afectaciones que por mi militancia insurgente haya podido causar, pido perdón. No es la vindicta y el temor lo que debe albergar en el alma de los colombianos, sino el reconocimiento de que podemos unirnos siendo diferentes… En el tramo final de mi vida que dedico a apagar el incendio que hace muchos años ayudé a encender, le ofrezco mi mano abierta y tendida a quienes he ofendido, no tengo más: solo mi mano y mi palabra”.
Paramilitares en las universidades públicas
El testimonio de paramilitares que sembraron de terror a las universidades públicas también fue parte del encuentro. Según la comisionada Martha Ruiz uno de los objetivos de la incursión paramilitar era “controlar el pensamiento y apagar la crítica, apagar los lazos comunicantes entre la universidad y las comunidades que sufrían con las masacres y desapariciones”
“La universidad es el lugar donde resuenan todos esos procesos sociales y de violencia. Quisiera señalar el daño profundo que generó en el debate público y en el pensamiento crítico, la pretensión de domesticar el pensamiento de la juventud, de los profesores y que el silencio se nos volviera costumbre”.
Otro objetivo de los paramilitares, explicó la comisionada, fue acaparar las rentas que las universidades regionales recibían luego de la expedición de la Ley 30 de 1992: “Principalmente en el Caribe fue lamentable el entramado de paramilitares, élites económicas, políticos regionales y directivas de algunas universidades para captar sus rentas públicas y realizar acciones clientelares de forma violenta”.
Guillermo León Marín, comandante del Frente Brigadas Campesinas del Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC, y Aníbal de Jesús Gómez Holguín, excomandante militar de la estructura, reconocieron su responsabilidad en los graves hechos de violencia y persecución en la Universidad de Nariño en la primera década del 2000. “En un acto voluntario pedimos perdón por los daños causados, humildemente pedimos perdón”.
Sobre el caso de la Universidad Industrial de Santander dio su testimonio Ivonne Suarez, coordinadora del archivo oral de memoria de las víctimas explicó que el Plan Pistola no fue una situación aislada, respondió a una política planeada de exterminio de la comunidad universitaria: “El terror funcionó como tecnología de poder, y la captura de los aparatos del Estado por el paramilitarismo llevó a una política planeada y sistemática de exterminio de la oposición y de los universitarios que apoyan el movimiento social”.
Carlos Arturo Romero, exintegrante del Bloque Norte de las AUC, reconoció que fue “uno de los que cometió varios homicidios en la universidad del Atlántico: quiero decirles a sus familias que estoy arrepentido por haberles causado tanto daño y dolor. Estos asesinatos no debieron suceder, pido perdón a la sociedad y reitero mi compromiso de no repetición”.
Las víctimas de la comunidad universitaria: generaciones que resisten
En un esfuerzo por mantener viva su memoria el encuentro permitió dignificar a las víctimas (se contó con diferentes testimonios de familiares y organizaciones, en particular de la Asociación de familiares de detenidos desaparecidos -Asfaddes). Se invitó a levantar monumentos que mantengan el recuerdo de casi 700 estudiantes asesinados en el país.
En esta perspectiva, al reconocer la importancia de las resistencias, la comisionada Alejandra Miller enfatizó en la importancia de “la construcción colectiva, que se resiste a desaparecer por la violencia, esa misma que no deja de buscar a los desaparecidos, de denunciar la injusticia, de mantener y construir nuevas redes de afecto y de denuncia desde el exilio”.
La presencia y las palabras del embajador de Alemania Peter Ptassek representaron no sólo una confirmación del apoyo de ese país al Acuerdo de Paz, sino al trabajo de la CEV que seguirá siendo indispensable al momento en que se presente el informe final. Las lecciones aprendidas del conflicto alemán representan, sin duda, un referente obligado para la construcción de paz en Colombia, con nuestras particularidades, pero reconociendo siempre la verdad, por dolorosa que sea, en primer plano. “Mantener la memoria viva es una forma de asegurar que esos terribles crímenes no se repitan”.
La voz del presidente de la CEV
El padre Francisco de Roux, presidente de la CEV, resaltó la Universidad como la Alma Mater, “la madre del espíritu, de la inteligencia, de la pasión por la vida, la madre de las críticas y de la construcción de un futuro colectivo”, e invitó a las universidades, pero en particular a los estudiantes, a recibir el legado de la CEV. Además, convocó a transformar las universidades en espacios de confianza colectiva, generando así un ejemplo para confirmar que en Colombia se puede y se debe avanzar hacia la reconciliación y la paz sobre la base de la verdad y la no violencia, reconociendo y aceptando las diferencias políticas y culturales. “Gozarnos las diferencias”, fue su llamado para insistir en que nadie sea asesinado por sus convicciones políticas.
De Roux recordó cómo los paramilitares transformaron a las universidades, en particular, del Caribe en un infierno y cómo recibían información de parte de las fuerzas de seguridad del Estado para establecer las listas de estudiantes, profesores o trabajadores, a quiénes había que matar.
Y también hizo notar que desde los años 80 también se tienen registros de testimonios recogidos por la Comisión, de acciones de propaganda armada por parte de guerrillas en campus universitarios. “Con estas acciones, las insurgencias profundizaron la guerra y la violencia en las universidades”.
“No dejemos que la guerra dañe a la universidad… sin negacionismos de ningún tipo podemos construir juntos una universidad inserta en los problemas nacionales y regionales; deliberando sobre sus alternativas de solución reconociendo las heridas heredadas del conflicto armado” fue otra de sus recomendaciones.
“Estamos en contra del negacionismo de todos los lados, y en contra de las mentiras de todos los lados que no quieren ver la complejidad de lo que pasó aquí. Estamos para honrar a las víctimas y si eso trae reacciones de cualquier lado, de la extrema derecha o del Estado o de la extrema izquierda, cargamos con eso”.
Así mismo, el presidente de la CEV invitó a replantear el modelo de docencia, investigación y proyección social, “lo cual requiere un diálogo profundo con la sociedad y la adopción de una perspectiva más incluyente y que garantice la pluralidad y el camino de la resistencia contra todas las formas de violencia”.
Al final, el padre de Roux, anunció que lo dicho en el evento será parte del informe final, porque “esto nos lo tomamos profundamente en serio y será parte del patrimonio nacional que deja la Comisión como parte de su legado”.
Síntesis y recomendaciones
De esta manera, y escuchando todas las voces, en el evento se hizo un relato sobre la violencia que han vivido las universidades, las modalidades de represión y estigmatización que han recaído sobre el movimiento estudiantil, sindical y profesoral, y se hicieron recomendaciones para la no repetición.
Los testimonios presentados permitieron confirmar que el Estado, la guerrilla y el paramilitarismo victimizaron a la comunidad universitaria mediante la infiltración, el reclutamiento, la intimidación, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la estigmatización y el exilio forzado, así como mediante el uso arbitrario del Sistema Judicial.
En el encuentro se describieron los patrones de victimización, y se resaltó la necesidad de contar con medidas para la reparación de las víctimas y la no repetición. Dada la importancia del tema, es importante que la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP abra un macro caso sobre los impactos del conflicto armado en las universidades públicas.
De otra parte, es de esperar que, los planes Integrales de reparación colectiva de las universidades del Atlántico, de Córdoba y Popular del Cesar, se estén ejecutando integralmente.
De manera particular se deben abrir canales especiales para el reintegro de estudiantes y docentes que por amenazas contra sus vidas debieron salir al exilio.
Y para fortalecer la memoria histórica, tanto lo conocido en el encuentro, como el informe final que produzca la CEV deben hacer parte integrante del sistema educativo colombiano. En este sentido, la cátedra Alfredo Molano que se está preparando entre la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE, la Asociación Colombiana de Universidades -ASCUN, la Fundación Alfredo Molano y algunas organizaciones sociales tendrá en dicho informe un insumo académico de gran valor para sus propósitos.
Los temas tratados en el encuentro confirman que la CEV merece todo el respaldo y acompañamiento del país y de la comunidad internacional. Por lo pronto, desde la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE se ha hecho llegar a la Corte Constitucional una carta de respaldo a la solicitud para que ese alto tribunal apruebe la solicitud de extensión del periodo de la Comisión.
En fin, se deben fortalecer los acuerdos políticos e institucionales orientados a mantener activa la defensa de la universidad como territorio de paz, insistiendo en la no violencia para el trámite de los conflictos.
Oscar Arango Gaviria, Profesor Universidad Tecnológica de Pereira, Coordinador Mesa Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal
Foto tomada de: El Tiempo
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