Como se recordará, Javier Ordóñez fue asesinado a manos de agentes policiales en el CAI de Villa Luz en Bogotá en la madrugada del 9 de septiembre de 2020. Por este hecho, está condenado a 20 años de prisión por el delito de homicidio el expatrullero Juan Camilo Lloreda quien, finalmente, aceptó cargos. Su compañero, Harby Damián Rodríguez Díaz, aunque fue capturado el 18 de septiembre de 2020 no ha sido condenado y solamente está sancionado por 20 años por parte de la Procuraduría. Otros dos policiales no se encuentran vinculados a la investigación, a pesar que tuvieron participación directa en la agresión contra Ordóñez.
Como lo reseña Cuestión Pública (1) en la noche del 9 de septiembre de 2020 los videos difundidos por ciudadanos, a través de redes sociales provocaron el primer estallido social en el marco de la pandemia. Los indignados manifestantes se pronunciaron en contra del abuso policial en Bogotá y Soacha, de manera tan enérgica que se desencadenaron asonadas en zonas de Bogotá, como el barrio Galán en Puente Aranda, Verbenal en la Localidad de Usaquén, Villa Luz en Engativá, El Rincón y La Gaitana en Suba y Ciudad Verde en el municipio de Soacha.
También, fueron virales las expresiones de protesta social y la desmedida reacción policial con sus disparos a la multitud y sus caravanas de motociclistas intimidando y agrediendo a la ciudadanía, en forma indiscriminada, independientemente de la participación o no en las protestas.
Como muestra el Portal 070 en una serie de cinco videos (2) relacionados con los hechos luctuosos en las zonas mencionadas, los policías ocultaron sus identidades, hicieron uso excesivo de la fuerza, utilizaron armas de fuego y se coordinaron en varios casos con elementos parapoliciales que, también, dispararon con armas de fuego y con cartuchos de fogueo en contra de los manifestantes y de personas que transitaban por los lugares donde se presentaba la protesta social.
La asonada contra el CAI del barrio Galán se presentó a las 7 PM del 9 de septiembre. El Portal 070 recolectó 300 videos en redes sociales y otros, donde se evidencian hombres armados sin identificación al lado de fuerzas policiales. En la calle 13, los manifestantes hicieron barricadas. Un video muestra que un hombre cae en manos de la policía; uno de los uniformados lo patea en la cabeza y luego, la persona en condición de inmovilidad es arrastrada y desaparece de las escenas. Los reporteros de 070 no pudieron identificar a la persona. Después, un elemento parapolicial dispara una bala de salva; posteriormente, los reporteros de 070 encuentran la vainilla respectiva. También, los elementos parapoliciales intercambian proveedores con policías que disparan varias veces contra los manifestantes. La presencia de elementos parapoliciales es, también, identificada en protestas que se llevan a cabo en otros puntos de la ciudad, como Villa del Cerro en San Cristóbal. La Veeduría distrital en un informe, pide que se investigue la participación de estos elementos que intervienen al lado de la policía. No obstante, las promesas gubernamentales de investigar al respecto, no existen resultados.
En Verbenal, el 9 de septiembre, las protestas comienzan a las 7 PM. La policía dispara en tres momentos diferentes. En un cruce de 40 videos se constatan, al menos, 94 disparos contra los manifestantes. En los hechos, murieron Jaider Fonseca, Cristian Camilo Hernández y Andrés Felipe Rodríguez.
A las 7.30 PM aparecen refuerzos policiales que lanzan granadas de gas. Luego, comienzan los disparos desde el CAI. En menos de dos minutos hay un cruce de, al menos, 31 disparos contra piedras. Hacia las 9.30 PM se produce un disparo y luego, otras seis detonaciones que no parecen venir de los manifestantes; sin embargo, un policía cae herido. Luego, 25 segundos después, dos policías comienzan a disparar contra los manifestantes. Las primeras detonaciones son diez tiros procedentes de dos armas disparadas simultáneamente. Los jóvenes manifestantes huyen de las balas y se refugian en el parque; otros, muy pocos, se protegen con una puerta que parece ser metálica. Allí caen Jaider Fonseca y Andrés Felipe Rodríguez. Los dos mueren horas después en hospitales de la ciudad. El policía herido es llevado en ambulancia y sobrevive. Cerca de las 9.42 PM la policía sigue sobre la carrera 20, mientras el CAI está solo. Algunos manifestantes intentan incendiarlo y no lo logran. Al minuto, regresan los policías en sus motos; disparan desde dos cuadras atrás. Los manifestantes corren a refugiarse y se escuchan, al menos 17 detonaciones. Allí cae muerto Cristian Camilo Hernández Yara con un tiro en la cabeza. Después de dos horas, una unidad del CTI hace el levantamiento del cadáver. No ha sido posible individualizar la autoría del crimen.
Por los casos de Jaider Alexander y Andrés Felipe fue imputado el patrullero Jhon Antonio Gutiérrez. Fue acusado de posible homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo a título de dolo directo. Sin embargo, tampoco aceptó cargos a pesar de constatar que los proyectiles hallados en los cuerpos coincidían con su arma de dotación. Sigue activo en la Policía y su audiencia de solicitud de medida de aseguramiento ha sido aplazada más de tres veces.
Mediante la revisión de más de 200 videos de fuente abierta, tomados cerca de 17 CAI de la ciudad donde se realizaron las protestas, los periodistas de 070 identificaron 345 disparos realizados por policías durante los días 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Soacha. También, identificaron 1.166 detonaciones más, de las que no se logra precisar quién dispara. Estas pueden corresponder a otras armas de fuego o son balas de salva. Los periodistas afirman que muchas de las detonaciones coinciden con el paso de caravanas de motos policiales, realizadas después de las 8.30 PM. No obstante, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa se mantienen en silencio. El trabajo de detección de los disparos se hizo mediante conteo cruzado de los disparos que se escuchan y se ven, eliminando los que se repiten en diferentes secuencias del mismo momento.
La mayoría de las muertes ocurrieron en la Localidad de Suba. La primera en ser asesinada es Julieth Ramírez Mesa, estudiante de 18 años, quien ni siquiera estaba en las protestas; pero, fue herida por un disparo que atravesó su corazón, en momentos que caminaba cerca del CAI de Suba La Gaitana. Más de veinte videos inéditos y de fuentes abiertas muestran que los disparos de la policía coinciden con el momento del fallecimiento de Julieth. Los disparos comenzaron a ocurrir desde las 6.46 PM. Medicina Legal reporta que el proyectil no fue encontrado. El padre de Julieth informa que las pruebas fueron recogidas dos días después de los hechos cuando ya no había evidencia. Aunque el proyectil no aparece, el padre de Julieth insiste en que todo está orientado a la responsabilidad policial de la muerte de su hija. La Fiscalía le dice que se constataron 16 disparos esa noche en la Gaitana.
Según Alirio Uribe del Colectivo José Alvear Restrepo-CAJAR, quien lleva el caso de Julieth, por lo menos 11 policías del CAI de la Gaitana accionaron sus armas de fuego; sin embargo, no se logra individualizar al responsable del disparo que mató a Julieth.
También murió en Suba Angie Paola Baquero Rojas. La Fiscalía imputó delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual al patrullero Jorge Andrés Lasso Valencia, quien no aceptó su responsabilidad. La madre de Angie denuncia que ha sido víctima de amenazas y de mensajes intimidantes y de ataques contra las ventanas de su casa. La Fiscalía, según el informe de Cuestión Pública citado, le ofreció refugiarla en otra casa o protección policial que, como es lógico, le genera inseguridad teniendo en cuenta la procedencia del autor del asesinato de su hija.
Freddy Alexander Mahecha fue asesinado en el barrio Alcaparros de Suba. Valentina, su hermana es policía e informa a través de su padre que en un video se ve cuando un policía se baja de un camión disparando. Parece ser que Medicina Legal dictaminó que este joven de veinte años recibió dos impactos de bala que le causaron la muerte. Pero, la investigación no avanza.
Germán Smyth Puentes Valero, joven de 25 años, también fue asesinado en Suba. Recibió un disparo en su espalda cuando estaba cerca del CAI del barrio El Rincón. La Fiscalía logró identificar que la bala era parte de la munición del patrullero Andrés Eduardo Díaz Mercado. El patrullero fue imputado del delito de homicidio doloso, pero, no aceptó cargos. Tampoco tiene medida de aseguramiento en su contra y sigue activo en la Estación de Policía de Suba, según informa la abogada de la Fundación Lazos de Dignidad.
En Soacha, la protesta del 9 de septiembre comienza con un cacerolazo, cerca de la Estación de Policía de Ciudad Verde. La protesta se convierte en un tiroteo que deja seis personas heridas y tres muertos por disparos: Lorwan Stiven Mendoza, Cristian Hurtado y Anthony Estrada. Más de veinte videos recopilados y las entrevistas con familiares de las víctimas permiten reconstruir lo ocurrido. Los videos indican que los autores de los disparos son policías. A las 8 PM los manifestantes estaban frente al CAI de Ciudad Verde y en la Estación de Policía de Ciudad Verde. A las 9 PM los manifestantes tiran piedras y los policías lanzan gases lacrimógenos. Un cuarto de hora después, al menos, dos policías suben a la terraza de la Estación. Según testigos, los disparos comienzan desde la azotea. La ráfaga de disparos comienza hacia las 10 PM. Tres videos permiten percibir, desde ángulos distintos, los disparos que parecen salir desde la Estación. Hay una primera fase de 61 detonaciones. Después, se reanuda y se cuentan unas 82. No es claro de dónde provienen los disparos. Lo claro es que cuatro personas que estaban frente a la Estación resultan heridas, tres por arma de fuego.
Después, otro video permite apreciar el cuerpo de Cristian Hurtado. Esto ocurre diez minutos después de la primera serie de disparos. Un carro con policías lo recoge y lo sube al platón de un carro. Otro video permite apreciar el cuerpo de Anthony Estrada con un disparo en el pecho. El mismo carro llega y lo recoge y ambos son llevados al hospital Cardiovascular; pero, llegan sin vida. Un último video, sin línea de tiempo, permite apreciar cuando Lorwan Stiven Mendoza se sube herido a una moto y es llevado al hospital Cardiovascular, donde fallece.
Los familiares denuncian no haber recibido las historias clínicas, ni saber las horas de remisión y quién los atendió. Tampoco han recibido los informes de Medicina Legal que debía entregar la Fiscalía. El patrullero Óscar Alexander Márquez Rojas tiene medida de aseguramiento consistente en detención preventiva domiciliaria por homicidio, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.
Según declara la abogada Isabel Fajardo, existen varias irregularidades. En el caso de Lorwan, aparecieron funcionarios de Policía Judicial horas después, en el lugar donde cayó herido, teniendo en cuenta que era de noche y se comenzó la investigación sin contar con los familiares. Se asegura que la bala no es apta para cotejo, dado que sufrió deformaciones que impiden establecer a qué arma de dotación pertenece. La Fiscalía carece de elementos probatorios contundentes.
En el caso de Christian Andrés Hurtado, como lo informa Alirio Uribe, no se ha podido establecer el responsable del crimen. Es claro que en la Estación de Ciudad Verde limpiaron, lavaron y recogieron todo para borrar las evidencias. Además, se presenta un presunto delito de fraude, dado que existen indicios de disparos por parte de muchos policías; no solamente por parte de dos. La munición fue repuesta y se presentaron informes como si nadie hubiera usado armas, lo que puede configurar el delito de fraude por alteración de evidencia.
En general, los familiares insisten en la importancia de una investigación de contexto para establecer las responsabilidades de la masacre del 9 de septiembre. Reclaman que la investigación no puede quedarse al nivel de los “gatilleros” porque evade la responsabilidad de los altos mandos policiales. La Fiscalía no está indagando la responsabilidad de suboficiales y oficiales, a pesar de las denuncias que contra ellos fueron colocadas a finales de 2020, por su responsabilidad de mando y porque hubo misión de socorro.
Cuestión Pública reporta que, pese a Derechos de Petición colocados ante la Fiscalía y a gestión de contactos con el Fiscal Barbosa y la Alcaldesa Claudia López como jefa de policía en Bogotá, a la fecha de cierre de su edición, los contactos fueron infructuosos.
Como informa Contagio Radio (3) solamente hay avance en el esclarecimiento de responsables directos en cuatro casos y nueve más siguen en etapa preliminar, a pesar de la infinidad de pruebas recopiladas y presentadas por parte de las víctimas y a través de los medios de comunicación.
Según este medio citando al Periódico El Espectador, tras revisar el arsenal de la policía se pudo establecer un faltante de 300 municiones en Suba y 70 en Usaquén. También, se perdió material de guerra en Estaciones de Policía en Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal Y Santa Fe.
Los casos de intimidación no se dan únicamente en Suba. En Usaquén los policías dicen a los familiares de Cristian Camilo Hernández que se tienen que ir del barrio. Los vecinos sienten temor de realizar actividades conjuntas ante posibles represalias policiales.
En este contexto, en los hechos del 9 y 10 de septiembre de 2020 hubo más de 300 personas heridas, 75 de ellas con arma de fuego y todo sigue en situación de impunidad. De 87 policías que “perdieron munición”, la Fiscalía solamente tiene 37 y le faltan 50, lo que dificulta saber de cuáles armas salieron los proyectiles que causaron las víctimas.
Aunque Carlos Holmes hasta cuando en vida fue ministro de Defensa aseguró que las investigaciones irían hasta el fondo, el sentido de las evidencias no iba en contra de los victimarios sino de las víctimas. Por eso, apareció la narrativa consistente en asegurar que la protesta hizo parte de un plan orquestado por el ELN y las disidencias de las FARC. También, procedieron a difundir desde los entes gubernamentales y los medios, que los manifestantes eran pagados. Sin embargo, el tiempo y la profundización del descontento social con la entrada en el paro nacional terminaron por refutar estas versiones, dejando en evidencia la indignación social.
Así las cosas, es garrafal la situación de inexistencia de Actas de Puestos de Mando Unificado frente a las órdenes impartidas en el contexto de la protesta. Las condiciones de pruebas incompletas ante las órdenes del distrito de limpiar los puntos de conflicto y frente al papel de la Inspección General de la Policía encargada de investigar, dejan en claro que este no es un ente independiente en relación con la investigación de los casos de abuso policial. Nuevamente, se evidencia la importancia de la organización de las familias de las víctimas y el papel acompañante de las organizaciones de derechos humanos y de abogados asesores en los procesos de justicia y verdad.
De allí la importancia de establecer, en la cadena de mando, la sistematicidad en el proceder gubernamental y policial durante el actual gobierno. El Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 y los hechos desencadenados, con las noches de miedo en Cali y Bogotá, así como los ensayos de desprestigio de los movimientos ciudadanos, junto a la evasión de las causas de la movilización, de los objetivos del pliego y la elusión de los actores de la movilización permiten percibir las lógicas contrainsurgentes, ya no solamente desde la estigmatización y los enfoques de lucha contra “el enemigo interno” propio de la seguridad nacional, sino desde la óptica de la “revolución molecular disipada”, comprada al neonazi chileno Alexis López y puesta en práctica como parte del talante gubernamental desde inicios del ejercicio gubernamental.
En contraste, reconforta el Fallo de Primera Instancia del Consejo de Estado (4) que, no obstante invalidar los hechos de asonada que se desencadenaron con el asesinato de Javier Ordóñez, ampara ejercicio del derecho a la protesta pacífica, la integridad personal, la libertad y la libre movilización y ordena a la Policía Nacional – ESMAD iniciar un proceso de capacitación en derechos humanos.
Así mismo, el Consejo de Estado ordena a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que, en las movilizaciones y las marchas, antes y después, soliciten y verifiquen el listado de personal asignado por la Policía Nacional y el ESMAD que hacen acompañamiento de estas, verifiquen el tipo de armas, elementos y dispositivos no letales que se emplearán con sus respectivos seriales de identificación. También, les ordena a la Procuraduría y a la Fiscalía para que con celeridad, prevalencia y énfasis especial realicen las investigaciones penales y disciplinarias por posibles hechos delictivos y de abuso de poder de servidores públicos, en el marco del Paro Nacional para que las acciones penales y disciplinarias no prescriban.
El Fallo proferido por el Consejo de Estado retoma la jurisprudencia de la Corte Constitucional para resaltar que el orden público no es un valor en sí mismo, sino que es un valor subordinado al respeto de la dignidad humana por lo que la supresión de las libertades públicas no es compatible con el ideal democrático. Por ello, exalta las condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permitan la prosperidad general y el goce de los derechos humanos, en el Espíritu del Estado Social de Derecho. Por ello, el cuerpo de policía debe someterse a los principios de legalidad, aseguramiento del orden público, con actuación limitada a su conservación y restablecimiento con medidas proporcionales y razonables sin detrimento del derecho a la manifestación pacífica y sometido a los correspondientes controles judiciales.
El Consejo de Estado retoma los fallos de tribunales y la Sentencia de la Corte Suprema en relación con las órdenes al Gobierno Nacional, la Policía Nacional y los organismos de control (Procuraduría y Defensoría) de los órdenes nacional y territorial de mantener la neutralidad y no estigmatización de las personas que participan en las movilizaciones y protestas pacíficas, así como la implementación de las acciones preventivas, concomitantes y posteriores previstas en el Decreto 003 de 2021, sobre Estatuto de Reacción, Uso, Verificación de la Fuerza Legítima del Estado. Y Protección del derecho a la Protesta Pacífica ciudadana y el control de armas de fuego por parte de los policías, de modo que corresponda a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Así, con sus Fallos, el Consejo de Estado, ahora y la Corte Suprema de Justicia, antes, dejan en evidencia el improcedente comportamiento del presidente Duque al vestirse de policía como muestra de respaldo a la actuación policial, socavando con ello las posibilidades de diálogo y negociación pacífica de los conflictos sociales. Carente de empatía con las familias de las víctimas, también pone en evidencia que su actitud, política y perspectiva de reforma de la Policía Nacional se quedan en el ámbito de la cosmética de los retoques institucionales que sirven para adobar el debate en los medios y para hacer inversiones en temas de dotación militar y logística, sin avanzar en los cambios democráticos que se requieren para la defensa de la paz y los derechos humanos.
Fuentes:
- CUESTIÓN PÚBLICA. Un año después de la masacre del 9S. septiembre 09 de 2021. Ver: https://cuestionpublica.com/un-ano-despues-de-la-masacre-del-9s/?fbclid=IwAR0Qv1kYkXq4dlnFVa5ZbRtGsAHgtlknFe2PrPTT8JU_s-vdNyqZLQalDzo
- La Oscura Noche. Serie de cinco videos. Septiembre 24 a 17 de noviembre de 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=XqR5QnWEeeI&list=PL2f0qu7ZKYPZfjDHd5hLzO42kwVRWe-hj
- Contagio Radio. Masacre del 9S, impunidad y resistencia al olvido. Septiembre 9 de 2021.
- Consejero Ponente: César Palomino Cortés. CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sección Segunda. Subsección B. Agosto 5 de 2021. Fallo de Primera Instancia Acción de Tutela presentada por Jeimmy Acuña Naranjo.
Ver: https://www.consejodeestado.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/TutProtestas.pdf
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris
Foto tomada de: Caracol Radio
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