Justo a eso se refirió en su momento el jefe de la delegación de Naciones Unidas cuando señaló que el acuerdo era frágil, y lo dijo con razón. Pero no es la fragilidad de la que hablo Duque que ha sido incrementada por sus omisiones y/o actuaciones en contra del proceso de Paz. Habría que responderle a Duque que parte de la fragilidad del proceso se debe a la oposición que ellos han desarrollado para incumplir el acuerdo final.
Un segundo aspecto que hay que tener en cuenta al momento de balancear así sea someramente el proceso durante estos cinco años transcurridos desde su firma, es considerar las dificultades que tendría el proceso por la virulencia de la oposición al mismo y por dos hechos sobrevinientes. La derrota del SI en el plebiscito produjo es obvio- a pesar del 60% de abstención y a lo apretado del triunfo del NO- un proceso de deslegitimación de los acuerdos que aún hoy cinco años después el uribismo reivindica como una burla a la decisión popular y el segundo hecho tan grave como el anterior la victoria de Iván Duque Márquez en las elecciones de 2018. Ello pese a que para ganar Duque hablo que frente al acuerdo “ni trizas ni risas”.
En sus tres años de ejercicio del gobierno Duque ha trabajado por hacer trizas el acuerdo. Si no lo ha logrado se debe, por una parte, a la resistencia de amplios sectores de la sociedad colombiana a que se haga trizas el acuerdo que se ha traducido en movilización social desde el día siguiente de la derrota del plebiscito en que decenas de miles de estudiantes salieron a las calles a exigir al gobierno de Santos la continuación del proceso; también se debe al respaldo de una parte de la institucionalidad, principalmente de la rama judicial del poder público y específicamente de la Corte Constitucional que avaló el proceso de refrendación por la vía del Congreso de la República, en general el Tribunal Constitucional ha defendido el proceso de paz y el acuerdo final; un tercer factor se debe al decidido apoyo de la comunidad internacional y dentro de esa comunidad internacional a la Corte Penal Internacional que hasta el momento ha avalado las actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Son estas barreras las que han impedido que Duque logre el propósito de acabar con el Acuerdo Final. Habría que decir que también y sobre todo frente a las objeciones a la Ley Estatutaria que norma a la Jurisdicción Especial para la Paz, la mayor parte del Congreso se opuso y enterró por fortuna dichas objeciones.
Múltiples han sido los obstáculos, mencionaré dos más, que fueron en su momento muy graves, como hoy lo reconoce Santos pese a que el primero ocurrió bajo su gobierno. Nos referimos al entrampamiento urdido por el fiscal Néstor Humberto Martínez que para salir del escándalo de corrupción de Odebrecht en que el mismo estaba comprometido conjuntamente con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, realizó un entrampamiento en contra de Jesús Santrich e Iván Márquez que terminan desertando del proceso y organizando la “Nueva Marquetalia”. Esto fue muy grave y este delito de Néstor Humberto Martínez sigue en la más completa impunidad.
El segundo hecho muy grave tiene que ver con el asesinato, hasta el día de hoy, de 285 exguerrilleros de los 13.800 que se acogieron a los acuerdos. Todo ello se ha hecho sin que haya resultados para esclarecer esta matazón. Hasta el mes de marzo de 2021 solamente se habían abierto 33 procesos en la fiscalía general de la Nación por todos estos asesinatos, es por ello que la Corte Constitucional estudia en estos momentos la posibilidad de declarar un estado de cosas inconstitucional que sería muy útil para obligar al ejecutivo y a la Fuerza Pública a responder por la inseguridad en que viven los desmovilizados a quienes el Estado como mínimo debe garantizarles la vida. También es por ello que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ordenó medidas de protección para los excombatientes.
Pese a todo ello y al bajo nivel de avance durante los tres años del desgobierno de Duque un hecho que debe ser resaltado es que el 94% de los desmovilizados se mantiene en los acuerdos de Paz. De acuerdo con los datos de la Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación se mantienen activos en el proceso 12.910 excombatientes. Hay 812 excombatientes que no se reportan. Y ello pese a los lentos avances, incumplimientos, trabas y todos los obstáculos y falta de recursos para llevar adelante de manera satisfactoria el proceso. Y a las ofertas tentadoras de las disidencias para que se sumen a los grupos armados ilegales. En términos generales hay que decir que las FARC-EP pese a errores evidentes como falta de humildad para reconocer la brutalidad de crímenes como el secuestro, por ejemplo, han cumplido a cabalidad con el acuerdo y es esto otro factor que ha impedido que Duque y el Uribismo hayan logrado su propósito: hacerlo trizas.
Múltiples son los obstáculos que este gobierno ha puesto al avance del proceso. Como lo registra el informe de la Contraloría General de la República dado a conocer en el mes de agosto de este año para cumplir con lo acordado al ritmo de inversiones de este gobierno se requerirían 26 años y no los 15 que se pactaron en el acuerdo. Hasta el momento el promedio de recursos destinados es de 5.6 billones de pesos anuales que es insuficiente para cumplir con las inversiones acordadas.
Me referiré brevemente a los logros y a las grandes dificultades que enfrenta el proceso. El punto que mayor retraso presenta es el de la reforma rural integral y principalmente el de la conformación y puesta en marcha del fondo de tierras para la paz. Este fondo debería distribuir 3 millones y formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas, los beneficiarios serían campesinos sin tierra, víctimas del conflicto armado, y en la titulación campesinos pequeños y medianos propietarios principalmente colonos que no tienen títulos de propiedad. Los logros son pírricos y además como todo en este gobierno opacos cuando no mentirosos. De acuerdo con el informe de la Consejería de la Estabilización afirma que se han entregado 232.539 hectáreas a 9.335 familias. Esta cifra la puso en duda el informe de la Procuraduría General de la Nación en su informe de octubre del año 2020 en que afirmó que apenas se habían entregado a esa fecha 8.230 hectáreas a campesinos pobres. Aún, dando crédito a las cifras de la Consejería el resultado es absolutamente precario. Es obvio este gobierno representa los intereses de los terratenientes y ganaderos.
Un segundo tema critico es el que tiene que ver con la falta de recursos ciertos para financiar los 32 mil proyectos incluidos en los 16 planes de ordenamiento territorial, PODT, en que tomaron parte más de 220 mil pobladores de los 170 municipios que fueron ferozmente golpeados por el conflicto entre el Estado y las FARC-EP y en el que mal viven 6.5 millones de personas. Apenas se han aprobado 432 proyectos por 4.7 billones de pesos y se han programado otros 99 con una inversión calculada de 2.8 billones de pesos. Todo ello como resume el informe citado de la Procuraduría es insuficiente para la magnitud de los recursos necesarios para incorporar estos territorios a la economía nacional.
El segundo punto tiene como aspectos positivos dos principalmente. El primero la aprobación del Estatuto de la oposición y su puesta en marcha. Claro que este gobierno le hace trampa y pretende desconocerlo y lo hace cuando puede como, por ejemplo, cuando el presidente no escucha los discursos de la oposición en la apertura de sesiones del Congreso. Esto es un irrespeto a la democracia y al ordenamiento constitucional.
El segundo aspecto positivo tiene que ver con la legalización del Partido del Común antiguas FARC-EP, el otorgamiento de las 10 curules en el Congreso de la República, así como los recursos estipulados en los Acuerdos. Allí el problema reside más en las dificultades del propio agrupamiento político preso de divisiones internas.
El resto del acuerdo excepto la apertura de algunas emisoras comunitarias que esta en el punto dos de los acuerdos esta en el congelador en particular lo que tiene que ver con la reforma política presentada por la Misión Electoral Especial desde el mes abril del año 2017. Los incumplimientos para ser justos comenzaron en este punto desde el propio gobierno de Juan Manuel Santos. El segundo gran componente de este punto que esta contemplado es la adopción de una ley estatutaria para el fortalecimiento de las organizaciones sociales, este proyecto duerme el sueño de los justos desde la administración Santos.
El punto tres es una tragedia. Las FARC-EP cumplieron con la entrega de las armas y de las caletas de almacenamiento de las armas y municiones. El Estado no cumplió ni con la estructuración de una unidad autónoma e independiente en la fiscalía para investigar a los grupos paramilitares y trabajar por su desmonte. Tampoco con el acuerdo de la formulación de una política pública de desmonte de estos grupos que debería haberlo hecho la Comisión Nacional de garantías a la cual Duque no asiste ni se reúne periódicamente. La Unidad de la fiscalía fue domesticada por Néstor Humberto Martínez y el resultado de todo ello ha sido el fortalecimiento de los grupos paramilitares en vez de su desmonte.
Y bueno el problema más grave es el del asesinato de los excombatientes que como ya dijimos asciende hasta este momento a 285 al mismo tiempo que el asesinado desde la firma de los acuerdos a más de 1300 líderes y lideresas sociales y la proliferación de las masacres que fueron 91 en 2020 y hasta este mes de septiembre van 72 según las cifras de Indepaz.
El proceso de reincorporación marcha lento, aunque muestra algunos avances. No obstante, el tema de tierras para los excombatientes es el talón de Aquiles del proceso pues el 62% de los excombatientes quiere rehacer su vida en proyectos rurales y esto es imposible sin tierras para sus proyectos.
El cuarto punto que es el del narcotráfico tampoco registra avances muy significativos. Del programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso ilícito, PNIS, sus avances son modestos. Al programa se afiliaron 96.097 familias. Allí el problema es que el programa no cuenta con los recursos suficientes y el incumplimiento a las comunidades ha sido notorio. El programa avanza muy poco en el componente de sustitución de cultivos pues este depende mucho del avance del fondo de tierras para la paz que está paralizado, no avanza. Y en el tratamiento de salud pública al consumo este gobierno ha desandado los avances que había habido en el gobierno de Santos y en algunos gobiernos locales. Se ha procedido a la penalización del porte y la reducción de la dosis personal.
Finalmente se salva el punto quinto por la autonomía que los tres organismos que deben llevar adelante el programa de reparación a las víctimas, de verdad y de justicia para las mismas. Estos organismos Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz vienen funcionando y han entregado resultados notables. Todo ello pese al diario hostigamiento del gobierno comenzando por las reiteradas declaraciones de Duque contra ellas.
En resumen, el proceso está en crisis por su bajo nivel de cumplimiento. Pero el proceso no esta muerto, ha resistido. Pero su relanzamiento no será posible sin un triunfo en las próximas elecciones de las fuerzas de la paz, de las fuerzas alternativas que pasa por la derrota del uribismo. Un nuevo gobierno del bloque uribista significaría el entierro del proceso. Así están las cosas.
Pedro Santana Rodríguez, Director Revista Sur
Foto tomada de: www.eleconomistaamerica.com
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