Como se sabe y lo registra la historia, el Acuerdo definido en la Mesa de La Habana y firmado el 26 de septiembre en Cartagena pasó por el tamiz del plebiscito el 2 de octubre del mismo año. Ante la apretada victoria del NO (50,21%), en gran medida producto de la difamación y estigmatización de los Acuerdos para que “la gente saliera a votar berraca”, especialmente, en las grandes urbes del país donde el conflicto armado era percibido como algo lejano, frente a la opción del SÍ (49,78%), se iniciaron nuevos esfuerzos de concertación con todos los sectores; especialmente, los partidarios del NO liderados por el Uribismo y, también, las iglesias cristianas, para introducir ajustes en temas de su interés. Como lo recuerda el expresidente Santos (29, 09, 2021) en reciente presentación pública de uno de sus libros, Andrés Pastrana propuso, en ese entonces, siete puntos de ajustes al Acuerdo, los que fueron acogidos y el Uribismo sesenta, de los cuales fueron incorporados cincuenta en el texto definitivo.
Bajo la consideración que el resultado del plebiscito no significaba el rechazo al derecho a la paz ni a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en particular en lo que se refiere al Artículo 22 que establece el derecho a la paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, se viabilizó la firma del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. También, se contó con la Sentencia favorable de la Corte Constitucional relacionada con la competencia gubernamental para mantener el orden público; incluso, mediante negociaciones con grupos armados ilegales. Así, entonces, el Acuerdo Final fue firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC EP en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016. Este hecho constituye la culminación de una intensa etapa atravesada por múltiples conflictos y esfuerzos de actores políticos, sociales, militares y diplomáticos, con el acompañamiento de Naciones Unidas y de los países garantes, Noruega y Cuba.
Una reflexión que se deriva de la propia base constitucional y legal para la firma e implementación del Acuerdo permite concluir que el plebiscito, en principio, no era necesario. Más bien, fue una medición de fuerzas con los sectores de la ultraderecha, que les dio herramientas para incidir en el contenido y limitar aspectos estructurales relacionados con la problemática del campo y de la propiedad de la tierra, así como en los temas de justicia, seguridad y perspectiva de género, entre otros. A la vez, permitió al gobierno limitar y encausar el margen de maniobra del equipo negociador y de la dirección de las FARC hacia el modelo de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de Naciones Unidas e incidir en la aceleración de definiciones, ante los desafíos normativos relacionados con el necesario blindaje institucional del Acuerdo de Paz, una vez firmado, frente a la inminente perspectiva de culminación del período gubernamental.
El contexto posterior a la firma siguió siendo complicado en el escenario político e institucional para el trámite de los Actos Legislativos 01 y 02, para poner en marcha el Fast Track en el Congreso, como mecanismo excepcional para acelerar las reformas pactadas y para introducir en el texto constitucional la seguridad jurídica relacionada con las normas del derecho internacional humanitario; todo ello, con base en fallos favorables de la Corte Constitucional.
No hay que olvidar los sistemáticos retiros de las sesiones de votación, por parte de los partidarios del NO, especialmente, del uribismo en las sesiones definitorias del Congreso, con respecto a los proyectos de amnistía e indulto, justicia transicional y conversión de la antigua guerrilla en partido político, entre otras reformas.
El contexto político siguió siendo de pugnacidad contra los Acuerdos por parte de la ultraderecha, mientras continuaba el asesinato de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en las regiones, con la tristemente célebre frase de Luís Carlos Villegas, el Ministro de Defensa de Juan Manuel Santos, quien atribuyó los crímenes a “líos de faldas” escabullendo la responsabilidad estatal, como mínimo, con respecto a la protección del derecho a la vida para todas las personas.
En vez del triunfo de un gobierno de transición que posibilitara la implementación del Acuerdo de Paz, como se recomienda en experiencias internacionales de países donde se firman acuerdos de paz, en el relevo presidencial se impuso la coalición de ultraderecha nucleada alrededor del uribismo y del Centro Democrático cuya consigna, en relación con el Acuerdo fue “volver trizas ese maldito papel”. Los móviles del nuevo alineamiento político, por parte de partidos tradicionales que respaldaron al Gobierno Santos en la firma del Acuerdo de Paz son explicables en el contexto de los intereses elitistas, clientelistas y de impunidad, especialmente, en relación con los procesos judiciales; entre otros, por los sobornos de Odebrecht en diversos países y, por supuesto, en Colombia donde los máximos responsables están incólumes.
Como se recuerda, el texto definitivo del Acuerdo de Paz se compone de seis puntos medulares; ellos son:
1) Reforma Rural Integral (RRI). Busca sentar las bases para la transformación estructural del campo colombiano, factor clave de las causas históricas del conflicto, en procura de una paz estable y duradera.
2) Participación Política. Procura la consolidación del pluralismo, las garantías de participación democrática de los nuevos partidos, su no estigmatización y el acceso a los recursos, entre otros aspectos claves de la consolidación de la paz.
3) Fin del Conflicto. Incluye el cese al fuego y hostilidades, la dejación de armas, la reincorporación, las obligaciones de los ex comandantes, las garantías de seguridad, así como la lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
4) Solución al problema de las drogas ilícitas. Su énfasis está en la solución al problema de los cultivos de usos ilícito mediante la transformación estructural de los territorios y el tratamiento desde un enfoque de salud integral con perspectiva de género para los consumidores, entre otros aspectos.
5) Acuerdo sobre víctimas del conflicto, sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR); promoción, respeto y garantía de derechos humanos y complementos del SIVJRNR mediante el Tribunal de Paz.
6) Mecanismos de implementación y verificación; entre ellos, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Fina-CSIVI; el Capítulo étnico; el Componente internacional de verificación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI); el acompañamiento internacional, así como las herramientas de difusión y comunicación y los acuerdos sobre refrendación.
El Acuerdo de Paz establece inicialmente, un horizonte general de quince años de implementación; uno específico de ocho para la reincorporación y de doce para disponer de los tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras. Sin embargo, la implementación, durante el actual gobierno, viene difuminada con el eslogan de “Paz con Legalidad” cuyo contenido termina no siendo ni lo uno ni lo otro, dentro del juego de palabras puesto de moda en la jerga gubernamental.
Como se ha podido constatar a lo largo de los cinco años transcurridos, el proceso de implementación ha sido desigual en sus diversos puntos, elementos y regiones; a la vez ha estado atravesado por directrices políticas encaminadas a reducir su foco de atención a temas socioeconómicos y de infraestructura específicos, con énfasis en la asignación de recursos hacia los excombatientes, sin que ello signifique privilegiarlos. Es más, la dinámica de fragmentación, dispersión y desarraigo, en contraste con el enfoque territorial, cumple su papel al compás del tránsito psicosocial, cultural, social, económico y político a la vida civil.
Como se ha podido evidenciar en el Quinto Informe de la Contraloría General de la República (2021), se estima que la implementación completa del Acuerdo de Paz solamente se alcanzaría después de 26 años del inicio de su implementación. La asignación de recursos en promedio de $ 5,6 billones anuales es insuficiente para cumplir con el Plan Marco de Implementación. Entre 2017 y 2018 hubo un retraso presupuestal de $ 8 billones; entre 2019 y 2020, el rezago fue de $ 4 billones y en 2021 un retraso de $ 3 billones en relación con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. No se han cumplido las metas establecidas para la asignación de recursos del presupuesto nacional, del Sistema General de Participaciones que carece de lineamientos y hay debilidad técnica en los municipios para la asignación de recursos de regalías OCAD-Paz. Así mismo, son precarios los sistemas de seguimiento y monitoreo con respecto a la ejecución de los recursos con sus efectos en incumplimiento de cronogramas, deficiencias de calidad y pérdida de valor en relación con las inversiones realizadas. Visto por puntos, de manera general, se destacan aspectos relevantes de los primeros cinco componentes del Acuerdo.
La Reforma Rural Integral. Como bien lo plantea el Diario Criterio (26,09,2021), el problema de la tenencia de la tierra ha sido uno de los ejes del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, es el punto con mayores retrasos. A pesar de los ajustes al Acuerdo, a raíz de los resultados del Plebiscito, el tema de la Reforma Rural Integral siguió siendo el tema número uno de la nueva versión del Acuerdo de Paz. Plantea distribuir 3 millones de hectáreas entre los campesinos y formalizar otros siete millones de hectáreas. Hasta ahora, han ingresado 1.161.389 hectáreas al fondo de Tierras, lo que equivale a 10.869 predios, por lo que se dispone de 1.388.220 hectáreas a 31 de julio de 2021. Sin embargo, como señaló el Instituto Kroc en noviembre de 2020, muchos de esos predios ya están ocupados, lo que no concuerda con el compromiso de garantizar la distribución gratuita de 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra. Por su parte, la Consejería para la Estabilización afirma que se han entregado 232.539 hectáreas en beneficio de 9.335 familias.
De otra parte, hay retraso en la jurisdicción agraria. El gobierno, después de un año de discusión en el Ministerio de Justicia, planteó la radicación de un proyecto para la creación de jueces rurales encargados de dirimir litigios y controversias relacionadas con la propiedad, la posesión, el uso y la tenencia de la tierra. El proyecto de ley pasó el tercer debate, pero, se hundió por falta de trámite, dada la resistencia del uribismo al proyecto. El Gobierno se lava las manos diciendo que es responsabilidad del Congreso, como lo expresó Emilio Archila (29, 09,2021).
En cuanto a los 16 Programas de desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para incidir en la transformación de 170 municipios y 11.000 veredas donde habitan más 6,5 millones de personas con índices de pobreza multidimensional del 40% y el 31% de sus habitantes son víctimas del conflicto armado se cuenta con 32.808 iniciativas fruto de la participación de 220 mil personas en talleres de concertación.
El Plan Maestro de Estructuración, como plantea el Equipo PDET en Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (25,08,2021) tiene como objetivo principal la generación de insumos para planificar proyectos de infraestructura rural. Predominan los proyectos de transporte (vías terciarias, corredores regionales y muelles); el sector educación, con sedes educativas; salud, energía, agua potable y saneamiento básico.
A la fecha, se sigue en estado de planificación, con trece matrices completas, avances en ellas en cinco subregiones y sus hojas de ruta. Se han finalizado los procesos de validación territorial en 11 subregiones con participación presencial y virtual de delegados de los Grupos Motor y de los grupos étnicos y se adelantan espacios de construcción participativa donde aún no culmina el proceso de planificación. En total, se tienen 609 proyecciones de largo plazo para cierre de brechas a 15 años; 1.080 mapas geográficos para identificación de zonas o veredas, 281 iniciativas dentro de modelos multicriterio y trayectorias para la implementación de las 32.808 iniciativas.
Desde la Agencia de renovación del Territorio-ART, se denomina ejecución a la estructuración interinstitucional de proyectos. Hasta ahora, solo se logra avanzar en proyectos de baja complejidad; se gestionan recursos para estudios y diseños; se articulan los grupos estructuradores entre entidades nacionales y territoriales y se elaboran los documentos guía metodológica para fase III.
En inversiones se han aprobado 432 proyectos por 4,7 billones en transporte, minas y energía y se han marcado 99 proyectos por $ 2,88 billones para inclusión social, reconciliación y educación. En materia de resultados, se destaca que se han aprobado 1,766 proyectos en 159 municipios PDET en las 16 subregiones, por un valor de $ 345.177. El 60% de estos proyectos ha sido terminado o entregado. El 16% está en ejecución, el 15% en estructuración, el 8% está estructurado y el 0,1% está en verificación. De ellos, los proyectos de infraestructura vial son el 40% y el 54% son sociales-comunitarios; el 4%, se refieren a servicios públicos y el 2% son combinaciones productivas, sociales y comunitarias.
La Participación Política. Como se ha planteado en artículos anteriores hay retrasos significativos en materia de garantías para el ejercicio de la oposición y para los nuevos movimientos que surjan con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. De hecho, la vulnerabilidad y los riesgos de seguridad para los nuevos movimientos políticos se ha hecho evidente a lo largo del cuatrienio de concentración del poder en todas las ramas del poder público. Incluso, pese a los avances en derechos de la oposición, como los relacionados con el derecho de réplica a las intervenciones presidenciales en el Congreso, el comportamiento del Presidente Duque ha sido el de negarse a escuchar los argumentos retirándose antes de las intervenciones de las vocerías de la oposición. El reconocimiento de la personería jurídica a la Colombia Humana se ha tenido que lograr mediante tutela ante la Corte Constitucional y es sistemática la persecución a los voceros de la oposición, a través de las Cortes, de la Contraloría, de la Procuraduría y la Fiscalía, hasta el punto de no dialogar con gobernadores y alcaldes de oposición, como Carlos Caicedo o el nombramiento de alcaldes ad hoc, para campañas de revocatoria contra mandatarios locales impulsadas por sectores del Centro Democrático.
A la par, la militarización de la vida social ha cerrado el camino de la protesta legítima transgrediendo los fallos de tutela de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, o estigmatizando previamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, con respecto a las violaciones contra el derecho a la protesta social, cometidas por la fuerza pública en el marco del Paro Nacional.
Entre los hechos relevantes relacionados con el sabotaje al Acuerdo de Paz ha estado la reiterada negación, estigmatización y escamoteo de las 16 circunscripciones especiales para las víctimas del conflicto armado. Después del fallo de tutela que por fin reconoció la votación realizada en el Congreso a favor de las curules, se han desatado campañas para imponer militares en dichas representaciones.
El fin del conflicto. En relación con el proceso de reincorporación, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación en su Informe de Gestión (31, 08, 2021) refiere 14.020 personas como acreditadas o desvinculadas. De ellas, 12.910 están en el proceso de reincorporación. En los antiguos ETCR se encuentran 2.469 excombatientes. Por fuera de estos espacios residen 9.629 personas y se plantea que hay búsqueda activa de 812 personas.
Se informa que el censo fue aplicado a 12.400 personas (9.332 hombres y 3.068 mujeres). De estas personas 2.438 tienen registro de ubicación en los ETCR y 9.962 fuera de ellos. En cuanto a preferencias por fuente de generación de ingresos, el 51,5% prefiere el proyecto productivo individual; el 33,5% el proyecto colectivo. El 21,9% opta por el proyecto familiar y solamente un 4,7% desea emplearse. Así mismo, el 62,2% prefiere la opción agropecuaria.
El informe destaca que a 31 de agosto de 2021 se han aprobado 3.201 proyectos productivos entre individuales y colectivos involucrando a 7.249 personas (5.418 hombres y 1.831 mujeres) con inversiones equivalentes a $ 70.969.660.226, de los cuales $ 57.978.470.946 corresponden a aportes del gobierno Nacional.
Así mismo, 96 proyectos colectivos aprobados incluyen a 3.495 personas (2.527 hombres y 968 mujeres) que se integran en 73 formas asociativas. De estas personas, 768 pertenecen a grupos étnicos, así: negros, mulatos afrocolombianos o afrodescendiente, 179. Personas indígenas: 577 raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 1; un Gitano y 10 Palenqueros. De estos, 82 proyectos tienen desembolso para 3.097 personas (2.234 Hombres y 863 Mujeres) agrupados en 66 formas asociativas.
En proyectos individuales, de los 3.105 aprobados se han desembolsado 3.104 por valor de $ 30.010.470.946 para beneficio de 3.753 personas (2.890 hombres y 863 mujeres). Están en proceso de aprobación proyectos para 1.379 personas.
Llama la atención el lento índice de aprobación de proyectos, el bajo nivel de cobertura si se tiene en cuenta el avance del tiempo de implementación y el vacío de información relacionado con la estructuración y acompañamiento técnico de los proyectos productivos.
Al tiempo, un elemento dramático del proceso de reincorporación tiene que ver con la situación de los ETCR, dada la falta de alimentos o su entrega en mal estado, la dificultad en vías de acceso, la precaria seguridad como se plantea en informe de Contagio Radio (27, 09, 2021). La dificultad en materia de alimentación afecta a los niños y niñas. Así mismo, en las llamadas NAR, Nuevas Áreas de Reincorporación los excombatientes carecen de servicios básicos, tienen insuficiente alimentación y no disponen de acceso a la tierra para sus proyectos productivos. En general, como se asegura desde la CISVI Comunes, solamente un 0.03% ha logrado formalizar la propiedad colectiva en contraste con una meta de tres millones de hectáreas.
En cuanto a la seguridad de los excombatientes, desde septiembre de 2016 a la fecha, han sido asesinados 285 excombatientes y, al menos, 20 familiares han sido víctimas de ataques. Mientras tanto, persiste la situación de impunidad. A marzo de 2021 solamente se tenían 33 procesos abiertos por parte de la Fiscalía. Por esto, la JEP ordenó medidas urgentes de protección y prevención para garantizar la vida y comparecencia de los excombatientes, lo que está relacionado, también, con los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación.
Paralelamente, son de resaltar el número de personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos asesinadas en 2021 que a septiembre de 2021 ya registraba una cifra de 126 víctimas, según reporte de Indepaz (21,09,2021). Desde el primero de diciembre de 2016 a marzo de 2021, se estima que han sido asesinados 904 líderes sociales. A este drama humanitario se agregan las masacres que en 2020 se elevaron a 91 y en 2021 ya se registran 72, según el Informe de Indepaz.
Precisamente, esta es la gran preocupación de los organismos de derechos humanos y de las entidades multilaterales acompañantes de la implementación del Acuerdo de Paz, como es la Misión de Seguimiento de Naciones Unidas. Aunque el Acuerdo de Paz es un referente internacional por su contenido, la situación de seguridad constituye un enorme desafío que compromete al Estado colombiano y, en particular, al Gobierno del Presidente Duque.
El proceso de implementación del Acuerdo ha evidenciado el compromiso con la paz de cerca del 96% de los excombatientes. También, es de recordar que el surgimiento de disidencias tuvo entre los hitos relevantes el sabotaje al Acuerdo mediante el entrampamiento del que fue objeto Jesús Santrich con respecto a una operación de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez en asocio con agentes de la DEA, con miras a provocar su extradición y, presumiblemente, la de Iván Márquez, lo que desencadenó el surgimiento de la disidencia denominada La Nueva Marquetalia, como lo insinúa Juan Manuel Santos (29,09,2021) en reciente entrevista a Caracol.
La solución al problema de las drogas. El Acuerdo plantea avanzar en los Programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante la erradicación manual y pasar a cultivos de corto y mediano plazo que garanticen la sostenibilidad de las familias. Al PNIS se han vinculado 99.097 familias en 14 departamentos. De ellas, 67.237 son cultivadoras de ilícitos y 15.000 no cultivan, pero, residen en zonas afectadas por el narcotráfico; 16.860 son recolectoras de hoja de coca.
La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (25,09,2021) reporta que se han invertido $ 1.066.759.798.866 a través del Fondo Colombia en Paz por concepto de costos de operación para erradicar en forma voluntaria y asistida 18.151 hectáreas de cultivos ilícitos y se han comprometido recursos por valor de $ 874.116.510.167 destinados a asistencia alimentaria inmediata para 76.086 familias de 56 municipios ubicados en 14 departamentos. No obstante, solamente 67.229 familias han recibido la totalidad de los pagos.
Como muestran Bulla Beltrán y Henao Izquierdo (04,2021), abundan los anuncios oficiales que señalan problemas de presupuesto. Pero, a la vez, se promueven las acciones de fumigación y erradicación forzada, dentro del empeño de retornar al uso del glifosato. También existe debilidad institucional de las agencias encargadas de la implementación y aumenta el riesgo para las personas de la comunidad que lideran la sustitución, debido al incumplimiento estatal y a la oposición local y nacional frente a la erradicación.
El incumplimiento, la falta de voluntad y la incapacidad del Estado provoca fuertes movilizaciones del campesinado cocalero y de las comunidades sembradoras que carecen de alternativas. La erradicación forzada y la fumigación trae nuevos conflictos a los territorios y evidentes riesgos para los líderes sociales comprometidos con la erradicación voluntaria y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Víctimas. La población víctima del conflicto armado constituye el sujeto principal del Acuerdo de Paz por lo que la reparación, así como los derechos a la verdad y la justicia, las medidas de reparación integral y los compromisos relacionados con la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR- configuran la columna vertebral del Acuerdo de Paz, con sus instancias de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas-UBPD y la Justicia especial para la Paz-JEP.
Es de recordar que el Presidente Duque objetó la ley estatutaria de la JEP, como parte de la estrategia de desvertebración del Acuerdo de Paz. No obstante, debió ser en el Congreso donde la mayoría en la Cámara y un apretado pulso en el Senado, a partir de impedimentos de congresistas y de la silla vacía declarada para varios senadores que se logró dirimir la mayoría para la aprobación que debió ser certificada por la Corte Constitucional, dada la reticencia de Ernesto Macías, entonces presidente del Congreso, a aceptar la aprobación de la Ley.
De este modo, tanto la JEP como el Acuerdo de Paz lograron el blindaje necesario para su implementación, a pesar de la reticencia del partido de gobierno y del Presidente de la República. Con base en ello, la JEP ha podido implementar sus siete macrocasos. También, la Comisión de la Verdad ha podido avanzar en su informe y se apresta a la legalización de la extensión de su período para la culminación del informe. Al tiempo, la UBPD ha cumplido su papel de búsqueda de 120 mil personas dadas por desaparecidas, a partir de 18 regionales que se restringirán a 16, a partir de 2022.
La persistencia del conflicto armado en campos y ciudades, dada la presencia de grupos armados ilegales y del incumplimiento en materia de desmantelamiento de las bandas criminales y organizaciones sucesoras del paramilitarismo lleva al incremento en el número de víctimas de desplazamiento forzado.
A la fecha, se cuenta con un registro histórico de 9.177.128 personas en el Registro Único de Víctimas-RUV y 7’378.799 sujetos que cumplen los requisitos para acceder a los procesos de atención y reparación. Los recursos presupuestales son insuficientes para implementar las medidas de reparación integral, para la rehabilitación psicosocial y para reparación colectiva. El DNP (11,06,2021) reportaba un documento Conpes para invertir cerca de $142 billones para atender a las víctimas durante 10 años. Se propone reconocer indemnización administrativa para 2.1 millones de víctimas, reunificar al 100% de niños, niñas y adolescentes en sus familias; la superación de la situación de vulnerabilidad, mediante restablecimiento socio-económico de 4,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado; otorgar beneficios en salud y educación para 700 mil familias y acceso a subsidios de vivienda para 96.000 familias y mejoramiento de la misma para 68 mil. Se plantea apoyar emprendimientos a más de 250.000 víctimas, fortalecimiento para 600 mil y programas de generación de ingresos y autoempleo para 20 mil. Las propias cifras muestran lo insuficiente de las metas y asignaciones de reparación para una crisis humanitaria que permanece y crece ante la persistencia del conflicto armado.
Finalmente, en el 76 período de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas 2021, el Presidente Duque se puso en evidencia al calificar de “frágil” el Acuerdo de Paz. Un juicio descabellado, precisamente, ante un organismo internacional que ha incidido en la concepción del modelo y conocedor del diseño en Colombia; que acompaña y hace seguimiento trimestral a la implementación en sus diversos componentes, con informes trimestrales de la Misión de Verificación se presentan ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se valoran los avances y se respalda a la JEP. No podía dejar más en claro su animadversión al acuerdo, precisamente, cuando los organismos internacionales manifiestan su preocupación frente a los asesinatos de excombatientes y personas líderes sociales en Colombia, a la par que se reclaman medidas de protección por parte del Estado.
Fuentes:
Gobierno Nacional-FARC EP. ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC EP. Presidencia de la República. Noviembre 24 de 2016.
Ver: https://www.jep.gov.co/Documents/Acuerdo%20Final/Acuerdo%20Final.pdf
Contraloría Delegada para el Posconflicto. Quinto informe sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. Noviembre de 2016 a 31 de marzo de 2021. Énfasis vigencia 2020. Contraloría General de la República. Julio de 2021. Bogotá D.C., Colombia.
Diario Criterio. La reforma rural integral, el gran punto pendiente en la implementación del acuerdo de paz. Septiembre 26 de 2021.
Ver: https://diariocriterio.com/reforma-rural-integral-el-punto-del-acuerdo-de-paz-con-menos-avances/
Pérez Juan Pablo. “EL ACUERDO DE PAZ NO TIENE UN ESPÍRITU”: EMILIO ARCHILA. La Silla Vacía. Septiembre 29 de 2021.
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Estabilización en los Municipios PDET. Agosto 2021. Bogotá.
Ver: https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/990/informes-de-seguimiento/genPagdoc131=1
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Estabilización en los Municipios Reincorporación. Agosto 2021. Bogotá.
Ver: https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/990/informes-de-seguimiento/genPagdoc131=1
Contagio radio. A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz la situación en los ETCR es dramática. Septiembre 27 de 2021.
Ver: https://www.contagioradio.com/cinco-anos-acuerdo-de-paz-etcr/
Indepaz. LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DD.HH Y FIRMANTES DE ACUERDO ASESINADOS EN 2021. Septiembre 21 de 2021.
Ver: http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
Santos Juan Manuel. “Me duele ver a Iván Duque haciendo el oso ante Naciones Unidas”: Juan Manuel Santos. Caracol Radio. Septiembre 29 de 2021.
Ver: https://www.youtube.com/watch?v=LrEQy5FCcBo&t=14s
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Estabilización en los Municipios Avanza la sustitución con Legalidad. Agosto 25 de 2021. Bogotá.
Ver: https://www.portalparalapaz.gov.co/publicaciones/990/informes-de-seguimiento/genPagdoc131=1
Bulla Beltrán Diego y Henao-Izquierdo Laura. La muerte lenta del PNIS en el Gobierno Duque. Revista 100 Días. Enero-Abril de 2021.
Ver: https://www.revistaciendiascinep.com/home/la-muerte-lenta-del-pnis-en-el-gobierno-duque/
DNP. Gobierno prioriza recursos para atender y reparar a víctimas del conflicto. Junio 11 de 2021.
Albeiro Caro Fernández, Coordinador del Programa Territorio, Paz y Desarrollo, Corporación Nuevo Arco Iris.
Foto tomada de: Semana.com
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