Oxígeno para la Comisión de la Verdad

“”Sin perdón no hay futuro, pero sin confesión no puede haber perdón”.

Desmond Tutu.

Presidente de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Nobel de paz 1984.

La Sala Plena de la Corte Constitucional decidió ampliar el periodo de trabajo de la Comisión de la Verdad, que inicialmente finalizaba el próximo 28 de noviembre. Es una buena noticia que debe involucrarnos como sociedad.

Más que la prolongación del mandato se trata de restituir el tiempo “perdido” a causa de la pandemia que limitó su funcionamiento, haciendo que su periodo se extienda hasta el 27 de junio de 2022, y le otorga dos meses más para la socialización del informe final (una hoja de ruta para un acuerdo ético por la verdad y la vida, y para que el horror no retorne nunca más a los territorios). Colombia, contrario a lo que algunos creen, está lista para conocer la verdad de su propia historia y para emprender -en términos sociales, humanos y políticos- un camino diametralmente diferente al recorrido. El hastío de la violencia es generalizado y la necesidad de formular un país viable, con justicia, verdad y equidad, es imperativo.

La Sala Plena de la Corte con una de votación de ocho a cero sobre la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, reconoció que los tres años que estableció el Decreto 588 de 2017 para la Comisión deben contarse de manera efectiva, excluyendo por tanto el tiempo que duraron las medidas de aislamiento ordenadas por el gobierno nacional durante la pandemia. “Un elemento clave de la decisión es que, como ese decreto ya había sido estudiado y revisado por la Corte, esta vez la Sala Plena decidió estarse [sic] a lo resuelto a la sentencia C-017 de 2018 y no se refirió a la cosa juzgada, sino que solo precisó cómo se deben contar esos tres años”[1].

Desde noviembre de 2018, cuando empezó ese primer plazo, “la Comisión de la Verdad ha recabado más de doce mil testimonios con aproximadamente ochenta mil horas de grabaciones. Según informes de la propia Comisión, se ha oído el testimonio de veinticinco mil personas en todo el país, se han propiciado espacios amplios de diálogo y acciones de reconocimiento y no repetición. Para ello ha contado con un equipo de 650 personas entre funcionarios y contratistas, y un presupuesto, aproximado, de 309 mil millones de pesos, entre 2018 y 2021.

Las comisionadas y comisionados han dicho que lo más importante de este organismo y de su equipo es su legado, que incluirá una narrativa incluyente para la sociedad colombiana y un conjunto de recomendaciones para el gobierno. Como establece la Resolución 009 de 2021, parte de este legado estará representado en un documento “sociohistórico, con visión política, sensibilidad humana y fundamentación ética, además de riguroso, directo, imparcial, ponderado, valeroso y esperanzador”[2].

La prolongación de su mandato es una oportunidad histórica para que el país conozca una parte de su historia clausurada por el miedo y el impuesto olvido, participe en los espacios de encuentro que ofrece la Comisión, se informe y debata sobre sucesos que marcaron nuestra realidad social y política, para poder formar una común conciencia de nación, orientada hacia el respeto a la vida, el derecho a la verdad y la justicia y el deber de valorar la diferencia. La difusión de su trabajo se ha dado a través de redes sociales, medios alternativos, plataformas de internet, y ocasionalmente por la gran prensa. En canal youtube hemos visto diversos programas como “Encuentro por la Verdad: reconocimiento a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Colombia”, “Afectaciones de las FARC-EP al pueblo Coreguaje”, “Verdades que liberen: reconocimiento de responsabilidades de secuestro por parte de Farc”, las comparecencias del cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, de los ex presidentes Andrés Pastrana (y su amnesia), Juan Manuel Santos (artífice del proceso de Paz con las FARC) y Álvaro Uribe (y su cinismo), diálogos con víctimas, la campaña “Nombrar lo Innombrable”, en la que diversos artistas explican cómo el arte ayuda a nombrar y resignificar el doloroso conflicto colombiano, y también hemos sido testigos de la búsqueda de la verdad como camino para la sanación individual y colectiva.  Su labor es de máxima importancia para el país, no hay duda. Por ello, pretender politizar la Comisión, acusarla de sesgo ideológico y establecer ficticias alianzas entre sus miembros con algún actor armado (como hoy hacen candidatos sin discurso propio) además de calumnioso e irresponsable, contribuye a exacerbar la violencia y a deslegitimar un esfuerzo que tiene que ser respaldado masivamente. Y si bien es cierto que la labor de otras Comisiones en otros países y sus informes finales no fueron ampliamente acompañados por la ciudadanía ni la élite política local, como ocurrió con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala y su informe “Memoria del Silencio”[3] o la de El Salvador y su informe “De la locura a la esperanza: la guerra de 12 años en el salvador”, con el tiempo sus hallazgos se hicieron necesarios para que la sociedad pudiera entender los retos de su presente, superar el rencor, sanar las heridas de la guerra y reconfigurar el relato de su historia, ya no desde las voces oficiales, sino desde las narrativas y aprendizajes de las víctimas.

Importancia histórica

Las Comisiones de la Verdad son órganos oficiales, temporales y sin efecto judicial, pero su labor es definitiva en una democracia, trasciende el tiempo y se configura en antesala para el surgimiento de un nuevo proyecto de nación, de uno capaz de saldar las deudas del pasado y coadyuvar, como instrumento de la justicia transicional, en el proceso de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.  A través de las Comisiones se busca el esclarecimiento de los hechos de violencia del pasado, romper los acuerdos tácitos de impunidad, lograr el pleno reconocimiento de las víctimas, y, en lo posible, la contrición y confesión de los victimarios. Su misión facilita el surgimiento de nuevas ciudadanías, deliberantes y propositivas, y de una narrativa social que reconozca la verdad acerca de lo ocurrido, las causas estructurales del conflicto y profundice la democracia haciéndola más real e incluyente.

Hace dos años en un conversatorio ‘Verdad y democracia: la construcción de nuevas ciudadanías’, realizado en la Universidad Javeriana, el sociólogo y miembro del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad, Boaventura de Sousa Santos afirmó que “la búsqueda de la verdad es de suma importancia para construir democracias sólidas. Debemos fortalecer esa búsqueda”. Y es sencillo: en la mentira y con la verdad a puerta cerrada no se construye democracia. Cuando hablamos de la verdad nos referimos a la posibilidad de ir más allá de los hechos victimizantes para encontrar las causas de la violencia y los agentes que intervinieron en ella para hacerla posible y perpetuarla en el tiempo. Como afirmó Juan Manuel López en un ensayo “la guerrilla es sólo una de las manifestaciones de la ‘deuda social’” y “el verdadero enemigo de la paz es equivocarnos en el análisis del conflicto y de los factores que giran alrededor de él”[4]. En esta cruel guerra no sólo ha existido un actor victimizante, han sido varios, y no todos son iguales ni buscaban lo mismo ni comparten las mismas responsabilidades. Esa verdad nos pertenece, tanto a las víctimas, que deben ser reparadas y reconocidas sin excepción, como a la sociedad presente y futura.

La Comisión de la Verdad, mecanismo extrajudicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), busca, según su propio mandato, “el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueva el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuya a sentar las bases para la no repetición, mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera.

[…]Al término del periodo de actividades de la Comisión de la Verdad, los aprendizajes en el proceso y su informe final serán apropiados por los colombianos y colombianas permitiendo que el Esclarecimiento de la Verdad se posicione durante un largo plazo en la agenda pública territorial, nacional e internacional como un requerimiento esencial para la consolidación de la paz”[5].

La sentencia C-017 de 2018 de la Corte Constitucional “reconoce que “el propósito general de las comisiones de la verdad es restaurar la dignidad de las víctimas y de las comunidades afectadas. Las comisiones buscan dar respuesta a sus necesidades, esperanzas, deseos, frustraciones, su sufrimiento y sus anhelos, luego de la terminación de la época generalizada de abusos. Las víctimas son la razón de ser de las comisiones de la verdad y sobre esta base se erigen la mayoría de los fines que, de manera directa o indirecta, se persiguen con las investigaciones, la elaboración del informe final y las recomendaciones. Del informe final depende en gran parte la satisfacción del derecho a la verdad de las víctimas. En este sentido, se ha dicho  que debe (i) garantizar el libre acceso a su contenido; (ii) contener un cuadro lo más completo posible sobre los hechos investigados, sus causas y antecedentes históricos; (iii) ser objetivo, transparente y elaborado en un lenguaje comprensible; (iv) contener, en lo posible, un listado de las víctimas; (v) ser publicado, de tal manera que se garantice su amplia circulación y reproducción a través de los diferentes medios de comunicación; (vi) contener garantías de accesibilidad a comunidades del país que hablen otras lenguas y a personas funcionalmente diversas e (vii) incluir recomendaciones”.

Cuando una Comisión de la Verdad se establece en un contexto en el que se expresan múltiples violencias y conflictos, persevera la confrontación armada, la disparidad política, él desinterés del gobierno nacional, la inequidad judicial, el oportunismo electoral y la implementación de acuerdos recientes deja al descubierto profundas heridas que no cicatrizan ante la insatisfacción de lo pactado, y muchos no logran ubicar a las víctimas en el centro del proceso, se hace aún más compleja su tarea de documentar la verdad. Surgen las amenazas, los estigmas y las calumnias, se limita su presupuesto, y los comisionados además de enfrentar a quienes buscan ocultar y negar hechos y responsabilidades, deben retar la desconfianza que surge de la desinformación o la tergiversación, validar una función que algunos califican de inocua o de instrumento de impunidad de alguna de las fuerzas armadas que participaron confrontación, y avanzar en sus investigaciones.

La Comisión de la verdad de Sudáfrica también inició funciones en un contexto complejo, pero su exposición pública -contrario a lo previsto- sirvió para fomentar el respeto y la solidaridad por las víctimas, reducir la posibilidad de que un sector de la sociedad insistiera en seguir negando la verdad, y fomentar el apoyo y el aprecio del público por el trabajo de la Comisión.  “En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se recordará sobre todo por sus cientos de sesiones públicas, que cada noche dominaban las noticias con las revelaciones del día. La cobertura mediática fue enorme durante todo el periodo, un grupo de varias docenas de periodistas seguía por todo el país las sesiones de la Comisión y en todos los periódicos había múltiples noticias sobre los acontecimientos de los días anteriores. Las sesiones se retransmitían por radio durante varias horas al día y los noticieros de televisión de la noche transmitirán fragmentos. De los espacios de noticias y de actualidad sudafricanos, el de más audiencia era el ‘Truth Commission Sepecial Report’, un programa de televisión dominical de una hora de duración”[6].

Desde 1992, con la Comisión de la verdad de El Salvador, pasando por la de Sudáfrica en 1995, la de Perú en 2001 hasta la Comisión para la reconciliación de Ghana en 2002, se han creado más de 33 comisiones en el mundo, entre las que se destacan de manera ejemplar (por sus enseñanzas) cuatro comisiones creadas en contextos de conflictos armados finalizados con un acuerdo político (El Salvador, Guatemala, Perú y Sierra Leona), una como tránsito de un régimen de apartheid hacia una democracia de inclusión (Sudáfrica), y dos más surgidas para pasar de regímenes autoritarios y violentos (dictaduras en Brasil y Ghana) a estados democráticos. El único ejercicio de comisión de la verdad no oficial se dio en Brasil, a través del proceso Brasil nunca mais[7]. Una comisión emblemática por el contexto de dificultad en el cual surgió y por sus resultados, fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, establecida luego de la huida del presidente Alberto Fujimori a Japón, bajo el gobierno transicional de Valentín Paniagua y el sabotaje de los militares. Esta comisión produjo nueve tomos que documentan formas de violencia extremas ejercidas por diferentes actores como las secuelas que dejaron a nivel social, político y cultural en el país. El Informe Hatun Willakuy, en su versión breve, logró varias reimpresiones y convertirse en documento imprescindible en el estudio del tema a nivel mundial.

 Amnistía Internacional, en su documento titulado “Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva”, establece que el principal objetivo de estos órganos, además de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años, es contribuir con las pruebas reunidas durante sus trabajos al desarrollo de investigaciones y actuaciones penales judiciales que ya estén en marcha y de otras nuevas; y formular recomendaciones efectivas para proporcionar una reparación plena a todas las víctimas y a sus familiares”[8]. Sin embargo, no todas las Comisiones nacen con dientes, apoyo gubernamental o reconocimiento social acerca de su importancia, y muchas lo hacen en contextos adversos para encontrar la verdad, comunicarla, solicitar investigaciones penales y garantizar la seguridad de las víctimas y de los victimarios que se acojan a ella.  En el caso colombiano, y en particular frente a la Comisión surgida como parte del acuerdo de paz suscrito por el Estado con la guerrilla de las FARC, luego de su reincorporación a la vida civil, varios sectores coinciden en que la verdad documentada y revelada no puede limitarse a la causa, acciones y existencia de la guerrilla desmovilizada (como quisieran algunos detractores de la comisión); debe abarcar el contexto completo, en el cual múltiples formas de violencia indujeron y perpetuaron el conflicto armado, social y político en el país.  La verdad para ser verdad debe ser plena, absoluta, total, más aún cuando se pretenden transformar las condiciones que permiten la guerra, prolongan la confrontación armada e inducen a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos.

Es tan importante esta prolongación del mandato que ordena la Corte, como la posibilidad de revelar la pauta y explicitar las políticas, prácticas y contextos que facilitaron o instigaron la perpetración de abusos de manera sistemática o generalizada en el país. Priscila B. Hayner, directora de la Unidad de Desarrollo de políticas del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Nueva York y autora del libro Verdades innombrables, ha sido enfática al afirmar que las comisiones de la verdad obedecen a “la necesidad de las sociedades que emergen  de la violencia política y la opresión, de narrar la verdad acerca de atrocidades ocultas e ignoradas por décadas; de recordar y reivindicar la dignidad de las víctimas; de diseñar programas de reparación; de promover la justicia; de fortalecer el Estado de derecho y la futura protección de los derechos humanos, así como de tender puentes para la reconciliación entre diversos sectores históricamente antagónicos”[9].

Colombia necesita conocer la verdad de su largo y degradado conflicto para poder reconciliarse; no para equiparar daños, elevar el dedo acusado de un lado u otro ni para tratar de hacer un cruel balance entre los crímenes de Estado, los cometidos por las fuerzas paraestatales o la insurgencia. El objetivo es reconocer las causas de la degradación humana, del conflicto mal tramitado y de la violencia, superarlas para que no se repitan y garantizar el cumplimiento de derechos esenciales tanto a las victimas directas como de una sociedad que se vio desprotegida, arrinconada por el miedo, la mentira, la exclusión social y la manipulación política. Es esencial por tanto que la compleja misión que adelanta la Comisión, contra enemigos y detractores, verdugos y criminales, fanáticos y personas heridas, cuente con el firme respaldo de los medios masivos de comunicación, la academia, los gremios, las organizaciones, los colectivos de ciudadanos y organismos internacionales, para que su actuación logre comprometer y sensibilizar a la ciudadanía.

Un ejemplo de socialización y participación activa ocurrió en Australia cuando el gobierno solicitó a la Comisión de Derechos Humanos y de Igualdad de Oportunidades, la investigación histórica de los abusos cometidos por el Estado contra la población indígena del país. En 1997, luego de año y medio de pesquisas, se demostró que durante décadas se implantaron políticas para el secuestro de niños aborígenes que luego eran dados en adopción a familias blancas, para así “asimilarlos a las costumbres de la mayoría de la sociedad australiana”. El informe titulado “De regreso a casa” (Bringing them home) desató una oleada de indignación masiva; la ciudadanía salió a comprar ejemplares y apoyó de manera decidida la creación del “Día del perdón” que recomendaba la comisión. Se pusieron a disposición del público los llamados ‘libros del perdón’ para reunir firmas. Menos de un año después, más de cien mil australianos habían firmado cientos de ejemplares. La ciudadanía se sintió además de solidariamente comprometida con las víctimas, reconfortada en el conocimiento de la verdad, y con ella en el deber de asumir responsabilidades colectivas y defender tanto la búsqueda de toda la verdad como de promover un pacto de perdón y reconciliación para que el horror no volviera a definir nunca más su destino como pueblo.

Enfrentar los crímenes del pasado es emprender un viaje hacia la verdad, como afirma Hayner, pero esos viajes nunca pueden ser solitarios ni ajenos a la nación, no, cuando pretenden ser una puerta para la transformación social, cuando buscan una real incidencia en el curso de los acontecimientos que definen nuestra memoria y cambiar, para siempre, el curso de la historia.

El programa, las actividades diarias, los registros anteriores como los que se darán durante los próximos meses y el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como sus expedientes, además de servir como fuente informativa para académicos y entidades responsables de garantizar el derecho a reparación de las víctimas, tiene que ser decididamente más, mucho más amplio e incluyente, tratando en lo posible, de guiar y afectar las agendas públicas de los próximos gobiernos para que el horror no se repita, y la barbarie jamás sea instigada, justificada o ignorada. La Comisión de la Verdad puede devolver la confianza y la credibilidad no sólo en las instituciones democráticas, también en la nación y en nuestro destino como pueblo.

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[1] El Tiempo; “Corte Constitucional amplía el periodo de la Comisión de la Verdad”. Redacción Justicia. Bogotá, octubre 1 de 2021. Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/comision-de-la-verdad-corte-constitucional-extiende-su-periodo-622291

[2] Razón Pública; “¿Qué ha hecho la Comisión de la Verdad y por qué necesita más tiempo?”. Por Jefferson Jaramillo. Bogotá, septiembre 5 de 2021. Ver en: https://razonpublica.com/ha-hecho-la-comision-la-verdad-necesita-mas-tiempo/

[3] El 26 de abril de 1998, dos días después de que monseñor Juan Gerardi presentara al mundo el Informe “Guatemala: Nunca Más” o Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) fue brutalmente asesinado en el templo de San Sebastián. En ese momento el país hablaba del surgimiento de una era de “paz, firme y duradera”.

[4] López Caballero, Juan Manuel; “No equivocarnos en el análisis del conflicto”. Ensayo publicado en el libro Conversaciones en La Habana. Claves para construir la paz. Editorial Oveja Negra, abril de 2013. Págs. 55 y 59.

[5] Comisión de la Verdad; “¿Qué es la comisión de la verdad?” Consultado en: https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad

[6] Priscila B. Hayner; Verdades innombrables. Fondo de cultura económica. 2008. Pág 294.

[7] Millán-Hernández, J. A. (2015). “Comisiones de la Verdad y posibles aprendizajes para el caso colombiano”. Papel Político, 20(2), 425- 459. Ver en: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana. papo20-2.cvpa

[8] Ídem. Consultado también en Amnistía Internacional (2007) “Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva”. Ver en:

https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/08/pol300092007es.pdf

[9] Priscila B. Hayner; Verdades innombrables. Fondo de cultura económica. 2008. Pág 13.

Maureén Maya