Pero ese logro del desbloqueo de los puentes no supone la apertura inmediata de los pasos fronterizos y plantea nuevos retos: -revertir un dañino acumulado de desaciertos, -exigir que Maduro y Duque atiendan al menos la urgencia de frenar la tensión y que en cada país se vea cómo hacerle, frente a realidades nacionales que impactan al vecino, -generar canales de comunicación entre los dos Estados pues asuntos binacionales se agravaban con maniobras políticas y medidas unilaterales. Así lo veremos en las tres partes de esta nota.
A revertir peligroso acumulado de desaciertos
Aunque se mantuvo la relación diplomática, hubo coyunturas críticas entre los gobiernos colombianos que coincidieron con Hugo Chávez en el poder -2 de febrero de 1999 a 13 de marzo de 2013- y afectó a ambos países su decisión -en abril de 2006- de sacar a Venezuela de la integración andina que había entrecruzado las economías de Colombia y Venezuela en mutuo beneficio. Al final de los ocho años en que coincidieron los gobiernos de Chávez y Álvaro Uribe quedó paralizada la institucionalidad que ayudaba a procesar esa compleja vecindad: la Comisión Negociadora (Coneg), dedicada a asuntos como la delimitación marítima y la densificación de hitos en la terrestre; la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron), que reunía a las Fuerzas Armadas y de Policía de ambos países; la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf), más conocida como Comisión de Vecindad; así como diversos mecanismos entre autoridades locales de ambos lados de la frontera. Con Nicolás Maduro la relación entró en un periodo crítico, sobre todo, a partir de agosto de 2015 cuando le pidió a la Guardia Nacional desalojar y expulsar como 25.000 mil colombianos y marcar sus casas para que fueran demolidas luego de ordenar “cierre total de frontera”; un año después permitió abrir algunos pasos peatonales en horario restringido. Con la agudización de las crisis en Venezuela aumentó tanto el retorno de colombianos a su país de origen con familia binacional como el éxodo de venezolanos.
Por su parte, el gobierno de Iván Duque con su partido el Centro Democrático, secundó la estrategia del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump, sobre Venezuela, respaldó sanciones económicas y se unió al sector opositor que, para buscar una salida, privilegiaba la acción y presión externa por sobre la negociación. En octubre de 2018, Duque dijo que como asumía que en Venezuela hay una dictadura, no tendría embajador, mantendría la relación a nivel consular y un encargado de negocios; más tarde, ante la reelección irregular de Maduro, apoyó en enero de 2019 el nombramiento que hizo la Asamblea Nacional de Juan Guaidó como encargado de la presidencia de Venezuela; luego, lo acompañó en el concierto para presionar la entrada de donaciones humanitarias y provocar un levantamiento militar. Duque anunció que Maduro caería en cuestión de horas.
En febrero de 2019, Maduro rompió relaciones interestatales, expulsó al personal diplomático y de atención consular colombiano, retiró los funcionarios venezolanos de Colombia, cerró y bloqueó los puentes internacionales con los contenedores que ahora retiró. En julio de 2020, la llegada de 53 militares estadounidenses a cinco unidades militares cerca a Venezuela, según el ministro de Defensa colombiano para “asesoramiento, cooperación y entrenamiento en la lucha contra el narcotráfico”, aumentó la tensión interestatal. Con la pandemia, en marzo 2020, Duque ordenó el “cierre de fronteras” y, por presión de los gremios económicos, el 1 de junio 2021 ordenó su “reapertura” sin efecto pues no era resultado de acción simultánea o conjunta con Venezuela.
Ese “cerrar fronteras” que han ordenado desde cada capital, solo bloquea los siete pasos formales existentes en los 2.219 kilómetros de línea limítrofe, obligando a las personas y mercancías a atravesar por trochas informales en las que grupos armados irregulares se disputan el control, imponiendo abusivas regulaciones a los transeúntes y sometiéndolos a extorsión, trata de personas, explotación sexual y trabajo forzado.
Al mismo tiempo, Maduro y Duque reemplazaron la diplomacia profesional por la del micrófono aumentando la confrontación con frecuentes acusaciones y anuncios de militarización de territorios limítrofes. Es necesario revertir toda esa actuación tan perjudicial para las zonas fronterizas, que son eslabones de integración entre dos países con estrecha vecindad que requiere procesamiento binacional de asuntos compartidos.
Retos a partir de realidades nacionales
Son muchas las repercusiones de las crisis venezolanas en Colombia, así como el uso político de las problemáticas fronterizas. Hasta detrás del anuncio de reapertura de pasos fronterizos hay cálculos del gobierno venezolano con miras a las próximas elecciones regionales. Por ejemplo, como el Táchira, colindante con Norte de Santander, es muy crítico del régimen chavista y gobierna una opositora, Maduro montó a Freddy Bernal como “protector”. Ahora Bernal montó el show mediático del retiro de contenedores de los puentes bloqueados, en favor de su campaña para ser gobernador. Venezuela no puede ser sometida a intereses mezquinos, tiene que atender retos cruciales -reconstrucción democrática, institucional, económica, del tejido social- que requieren gran capacidad de negociación nacional y apoyo internacional, y Colombia, más que tratar de intervenir en su política interna, debería tener en cuenta la importancia que ese país avance en la solución de sus problemas.
Muchas encuestas y estudios muestran que al menos un 75% de la población venezolana está saturada de la polarización, indolencia y desatino de ambas partes. Los niveles de apoyo ciudadano son mínimos para el régimen de Maduro y se han reducido también para una oposición cada vez más fracturada, enfrentada con denuncias de mal manejo de activos de Venezuela en el exterior y en vías de perder el apoyo internacional que había logrado. Aunque la sociedad civil organizada logró que el Consejo Nacional Electoral incluyera a expertos opositores, y obtuvo varios ajustes en las reglas electorales, aunque algunos partidos aún siguen inhabilitados y hay muchos presos políticos. Buena parte de la oposición decidió inscribir candidaturas para los comicios regionales, pero no se han unido en torno a los candidatos, e incluso un sector se opone a participar; todo lo cual puede acrecentar la abstención. Ojalá que esas elecciones del próximo 21 de noviembre abran una oportunidad para renovar liderazgos legítimos y que la mesa que tendrá su cuarta sesión en México -17 al 20 de octubre-, les permita avanzar en la negociación para salir de lo que algunos llaman un entrampamiento polarizado.
Del lado colombiano la situación también es complicada. El gobierno Duque y su partido siguen cuestionando el Acuerdo de Paz por lo que su implementación ha sido lenta e insuficiente y no hay un esfuerzo efectivo para impedir que continúe el asesinato de excombatientes de las exFarc y de líderes sociales. Dimensiones cruciales como la paz territorial, clave en las zonas fronterizas en especial donde se acumuló el conflicto armado y se ubican 70% de los cultivos de coca, han visto la parálisis del Programa Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Duque ha priorizado la erradicación forzada con la participación de la Fuerza Pública y la aspersión de glifosato, lo cual, además de generar daños ambientales, tensiona las relaciones con comunidades locales y aumenta la resiembra de coca. Paralizó desde agosto de 2018 la mesa con el ELN, negociación que se ha hecho cada vez más difícil, ante todo, porque ese grupo apoya al régimen de Maduro a ambos lados de la frontera al mismo tiempo que incrementa su acción en Colombia; la dificultad se acrecienta por las tensiones de Duque con los gobiernos de Venezuela y Cuba, que han apoyado esa mesa de negociación.
Fuera del importante esfuerzo para regularizar la situación de migrantes venezolanos en su permanencia en Colombia, Duque y el uribismo, en lugar de ayudar a generar condiciones para que se abra camino una transición política en Venezuela y apoyar el proceso la negociación en curso, siguen aferrados a la estrategia de Trump de cerco diplomático con todas las cartas sobre la mesa para lograr el cese de la usurpación con la salida de Maduro del poder. Ese mantra ya fue cambiado hasta por Guaidó en favor de un acuerdo de salvación nacional y de la participación en la negociación en México. El presidente Joe Biden, en la única conversación que han tenido con Duque, insistió en la necesidad de ampliar el consenso internacional a favor de una negociación que conduzca a elecciones libres y justas en Venezuela, posición coordinada con la Unión Europea. Ante el desbloqueo de los puentes internacionales, Duque dijo -sin ningún sustento en la realidad- que es resultado de la “presión que ha venido haciendo la resistencia democrática y el gobierno interino y claramente, la presión que se ha hecho a través del cerco diplomático”.
Ambos gobiernos están en mora de asumir que sus estrategias fracasan con altos costos para ambos países y en particular para las poblaciones más vulnerables, que ninguno de los dos ganó esa disputa, que el cierre de todos los canales de comunicación entre ambos países equivale a agudizar los problemas conjuntos y a renunciar a propiciar una solución crucial para Venezuela con efectos positivos en especial para las zonas fronterizas compartidas con Colombia.
A generar comunicación y acción binacional coordinada
Urge concretar en forma inmediata lo que sigue al desbloqueo de los puentes fronterizos y del anuncio, hace cuatro meses, de reapertura del lado colombiano; y eso requiere diálogo, concertación y cooperación binacional. En lugar de estigmatizar a las poblaciones fronterizas por problemáticas dinámicas transnacionales que allí se expresan, tienen que hacer integral la actuación de los Estados pues su ausencia o distorsionada presencia es aprovechada por grupos irregulares que deben ser enfrentados a ambos lados. Construir la confianza ciudadana a partir de la comunicación y cooperación entre los dos países es crucial para enfrentar la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad.
Urge que las entidades pertinentes de ambos lados fortalezcan el corredor humanitario para el paso de personas migrantes o que retornan, de jóvenes que estudian en diversas ciudades colombianas, así como de quienes tienen que pasar a abastecerse, buscar servicios, o tienen nexos familiares y sociales, como las comunidades indígenas binacionales. En medio de la pandemia es esencial el control conjunto sanitario y de bioseguridad que permita el restablecimiento del tránsito de personas y acciones humanitarias transfronterizas.
Sentar las bases de la recuperación económica y comercial de las zonas fronterizas es inaplazable y requiere tanto controles sanitarios y aduaneros conjuntos como un esfuerzo sostenido de largo plazo pues buena parte del parque empresarial está paralizado. La revisión de las estructuras de los puentes y de toda la infraestructura para el paso de la carga, su logística, implica coordinación entre entidades de cada lado, más aún en un ámbito fronterizo como el andino en donde parte de Táchira y Norte de Santander conforman un área metropolitana conurbanada.
Una política de atención de asuntos ambientales compartidos así como de inclusión e integración de ciudadanos de ambos lados y de familias binacionales, requiere coordinación entre autoridades locales, regionales, nacionales, y también con gremios y cámaras de comercio así como con las organizaciones de la sociedad civil de ambos que atienden migrantes o asuntos humanitarios, tratan de entender la situación y de fortalecer nexos positivos que ayuden a superar problemáticas cruciales entre los dos países.
Socorro Ramirez
Foto tomada de: ALnavío
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