El reciclaje entre los actores del conflicto de los hermanos Úsuga
Dairo Antonio Úsuga alias “Otoniel” es un caso muy diciente del denominado reciclaje entre la guerra, la violencia socio política y las redes narco-paramilitares asociadas con las mafias. Ingresó junto con su hermano Juan de Dios Úsuga alias “Giovanny”, entre los 15 y 16 años a la guerrilla EPL en Urabá que tenía particular fortaleza en esa región en los años 80 e inicio del 90. Con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y el EPL en 1991 se desmovilizaron los hermanos Úsuga, pero al año siguiente se vincularon a un grupo armado disidente que rechazó éste acuerdo de paz. Ésta disidencia del EPL en alianza con las FARC resultó responsable de masivos ataques contra exintegrantes del EPL acogidos a la paz. Pero en 1994 éste grupo disidente del EPL, afectado de descomposición delincuencial y comprometido con ataques contra pobladores se distancia con las FARC que los expulsó de sus zonas controladas. En estas condiciones, este grupo se descompone y parte de sus integrantes, incluidos los hermanos Úsuga pasan a las filas de la estructura paramilitar ACCU, por entonces conformada bajo el liderazgo de Carlos Castaño.
En las filas paramilitares de las ACCU que se expandió desde Urabá y Córdoba a otras regiones los exguerrilleros incorporados resultaron de particular utilidad por su capacidad militar, disciplina y conocimiento de los territorios y sus pobladores, por lo cual varios de ellos, incluidos “Giovanny” y “Otoniel” resultaron jefes de estructuras y destacados para realizar incursiones. Bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario, “Otoniel” estuvo en el Bloque Centauros de las AUC que actuó entre Meta y Vichada, estructura paramilitar con la cual se desmovilizó en 2004 al darse los acuerdos para el efecto entre el gobierno y las AUC. Sin embargo, desde 2007 se conoció que bajo el mando de “Don Mario” los dos hermanos Úsuga se habían re-movilizado con la versión narco-paramilitar en Urabá que se conoció por esos años como los Urabeños. Al ser capturado en 2009 “Don Mario”, accedieron a la jefatura del grupo los hermanos Úsuga.
De los Urabeños a la hegemonía narco-paramilitar del “Clan del Golfo”
Los Urabeños impusieron su hegemonía en 2012 luego un lustro de violentas disputas regionales por las herencias de las AUC entre diversas agrupaciones narco-paramilitares y redes mafiosas que surgieron o recompusieron desde 2007. Esta agrupación se impuso sobre las demás, tras enfrentar y someter en buen grado a la otra estructura narco-paramilitar que también se expandía nacionalmente, los Rastrojos, desde el suroccidente, de forma que configuraron escenarios de enfrentamiento en regiones del Caribe, los santanderes y los Llanos Orientales. Desde allí, consolidados como hegemónicos en el narco-paramilitarismo los Urabeños pasaron a ser renombrados como “Clan del Golfo” o denominados según su propia sigla “AGC”. Ese año, fue dado de baja “Giovanny” por la Policía en un operativo de persecución, por lo cual en protesta ésta agrupación decretó un “paro armado”, como hecho demostrativo de fuerza con repercusiones en Urabá, Bajo Cauca, Córdoba y zonas de la región Caribe.
Para 2014 el Centro Nacional de Memoria Histórica registraba que las ya autonombradas AGC registraban cerca de tres mil integrantes a nivel nacional, con ocho estructuras, redes de aliados y asociaciones, de forma que “Otoniel” la lideraba.
“…no eran un grupo homogéneo sino con epicentro en la región de Urabá y el sur del Departamento de Córdoba, con expansiones a distintas regiones, y en muchos casos se trataba de la asociación con grupos que mantenían cierta autonomía financiera y de actuación. Al igual que otros, mantenían formas más fluidas y reducidas de presencia, buscando menos exposición a los operativos de represión oficial. Así mismo, tenían una dinámica de redes diversas en medio de elementos como cierto apoyo social y familiar, coerción contra los pobladores, sociedades en negocios y asocio o contratación de bandas delincuenciales locales, de sicarios y delincuentes para acciones específicas” .
En su consolidación y expansión como principal agrupación narco-paramilitar heredera de las AUC, ejercía con autoritarismo y ataques contra liderazgos sociales y de víctimas especialmente reclamante de tierras que les habían sido usurpadas por el paramilitarismo, controles autoritarios sobre pobladores y formas de alianzas o incorporación a sus redes de personas y colectivos de ámbitos poblacionales, sociales, de determinadas instituciones estatales y gubernamentales y de economías legales e ilegales. Y paralelamente también tenía presiones desde el Estado y la fuerza pública sufría capturas de sus integrantes, varios de la familia de “Otoniel”, entre ellos los casos de Arley Úsuga alias “Cero Siete”, señalado de ser el responsable de finanzas.
En la década y media de existencia de la estructura del “Clan del Golfo” han coexistido dos dinámicas aparentemente contradictorias. La expansión progresiva del Clan del Golfo a distintas regiones y territorios del país, como agrupación armada ilegal asociada al narcotráfico y otras economías ilegales, que teje acuerdos a la vieja manera paramilitar con aliados de distinto orden, a la vez que sufre cierto nivel de presión y afectación por parte de operativos de la fuerza pública, que le ocasionan frecuentes capturas o redundan en entregas convenidas de jefes y e integrantes o asociados, pero sin que se produzca su desestructuración o debilitamiento definitivo.
La capacidad de recuperarse del “Clan del Golfo” se soporta en la inmensa masa de capital ilegal adquirida de las rentas extraordinarias del narcotráfico y de otras economías ilegales que le permiten mantener y recuperar sus estructuras, líneas logísticas, promover redes de corrupción hacia entes oficiales y sostener un dispositivo armado ilegal con formas de control territorial y poblacional. Entre tanto, persiste un nivel de persecución estatal, con necesaria entrega de ciertos resultados con cierta frecuencia, sin que se llegue a la desvertebración estratégica y definitiva de la agrupación.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos lanzó desde 2015 la Operación Agamenón configurada entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los servicios de inteligencia contra el “Clan del Golfo” que se estimaba tenía cerca de tres mil efectivos, a la vez que la DEA ofrecía por la captura de “Otoniel cinco millones de dólares. También en 2017 el mismo gobierno Santos intento un diálogo de sometimiento a la justicia con esta agrupación, a través de sus abogados, sin llegar a resultados definitivos. Y éste mismo año fue muerto por la fuerza pública alias “Gavilán”, Roberto Vargas Gutiérrez, otro de los principales jefes de la estructura.
Y en el presente año fueron extraditados a EEUU alias “Platino”, Diego Fernando Coca, y alias “el Flaco”, Alexander Montoya Úsuga, primo de “Otoniel”, a la vez que se han producido capturas de personas importantes de su red de manejo de las finanzas como alias “la Negra”, Nini Johana Úsuga, hermana de “Otoniel”, Jhon Freddy Zapata, alias “Messi” y Juan José Valencia alias “Falcon”, primo de “Otoniel”. Hechos que fueron el preámbulo de la captura de “Otoniel”.
Tendencia al sometimiento y negociación de los capos con la justicia de EEUU
En ésta última década se ha registrado una nueva situación resultado de la presión interna e internacional contra este tipo de agrupaciones, en lo referido a la tendencia de sus jefes narco-paramilitares y narcotraficantes a negociar a través de equipos de abogados condiciones de entrega ante la justicia de EEUU, atraídos por condiciones notoriamente favorables que han conseguido un número importante de ellos, gracias al soporte de las millonarias fortunas que poseen. Son los casos del capo Víctor Patiño quien tras pagar solo seis años de cárcel y entregar parte de sus capitales ilegales recuperó la libertad. De una decena de narcos del Cartel del Norte del Valle, de los jefes de los Rastrojos Luis Enrique Calle y Antonio Calle, conocidos como los “Combas”, jefes de los Rastrojos. De Diego Pérez, alias Diego Rastrojo y del jefe de los Urabeños Henry de Jesús López alias Mi Sangre.
De tal forma, que tras capturado “Otoniel” se discute sobre si corresponde su entrega a la justicia interna o extraditarlo a la justicia de EEUU. Se informa que los organismos de justicia han dictado en su contra 122 órdenes de captura por los delitos de homicidios, masacres, reclutamientos ilícitos, violencia sexual, amenazas, desplazamientos forzados, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas, terrorismo y narcotráfico, con seis condenas en firme. Y es solicitado simultáneamente en extradición por delitos de porte ilícito de armas y narcotráfico por el Distrito Sur de La Florida, la Corte del Distrito Oriente de Nueva York y la Corte del Distrito Sur de Nueva York .
No es el fin del “Clan del Golfo” que mantiene su potencial fundamental
El presidente Duque interesado en magnificar el golpe en beneficio de su tan desprestigiado mandato lo comparó con la caída de Pablo Escobar y afirmó que era el “golpe definitivo” contra el “Clan del Golfo”. El general Jorge Luis Vargas, director general de la Policía, en consonancia entregó también el mismo día una declaración en la que afirmó que este hecho “tendrá que ser el fin de esta organización”.
Sin embargo, más allá de la captura de “Otoniel” la actuación del “Clan del Golfo”, según distintos informes, se registra en por lo menos 12 departamentos y entre 130 y 200 municipios, siendo el principal exportador de cocaína a México en ruta a EEUU, de forma que tiene alianzas con el Cartel de Sinaloa del “Chapo Guzmán”, a la vez que tiene exportaciones ilegales hacia Europa.
Para ilustrar el peso de ésta agrupación basta referir los cinco escenarios de disputas armadas que sostiene el Clan del Golfo o AGC en la actualidad con otros actores de diverso carácter, en el contexto del conflicto armado, la violencia política y las disputas violentas entre sectores de poder legal e ilegal diversos en la geografía nacional:
1. El Clan del Golfo mantiene fuerte presencia por lo regular en territorios militarizados por las FFAA y con presencia de la Policía en Urabá, sur de Córdoba, bajo Atrato, partes de Antioquia y en asociación con otros grupos y redes delincuenciales en partes del Caribe, entre Catatumbo y la frontera con Venezuela y en el sur occidente del Andén Pacífico.
2. El Clan del Golfo aprovechando la desmovilización militar de las FARC EP en numerosos territorios del país se ha expandido entablando violentas disputas territoriales con el ELN principalmente en zonas de Chocó, el norte de Antioquia y de forma más reciente en Norte de Santander.
3. El Clan del Golfo en esta expansión a territorios antes bajo control de las FARC EP choca violentamente también con las disidencias armadas de esta anterior guerrilla principalmente en el norte y nordeste de Antioquia, en Cauca, en Nariño y entre Casanare y Meta.
4. El Clan del Golfo mantiene por varios años la disputa con la también estructura narco-paramilitar los Caparros conformada por anteriores integrantes del Bloque Minero de las AUC, entre el bajo Cauca y el nordeste de Antioquia, agrupación que no se le quiso someter y le resiste violentamente. A la vez, en Magdalena, de forma más reciente entre estribaciones de la Sierra y Santa Marta mantiene disputa violenta contra la estructura narco-paramilitar los Pachenga, heredera de la anterior estructura paramilitar de Hernán Giraldo.
5. El Clan del Golfo ante la Operación Agamenón y ciertos operativos militares o policiales en su contra que lo han afectado entre Córdoba, Antioquia y Chocó, también ha realizado tanto resistencias armadas como varios ataques militares rurales ofensivos tipo emboscada contra tropas oficiales y ataques con comandos urbanos en varias ciudades y algunos municipios.
Por su parte, Camilo González, director de Indepaz, declaró al diario El Tiempo que no hay evidencia de que el grupo entre ahora en disolución definitiva, puesto que, aunque en el último lustro ha registrado síntomas de debilitamiento y golpes en sus jefes y estructuras, tendrá en lo inmediato capacidad de continuidad y reestructuración.
“… (el grupo mantiene) presencia recurrente en 200 municipios y en otros 100 algunas actividades a través de 22 estructuras propias. Además, mantiene muchos nexos con redes internacionales; es todo un complejo narco-paramilitar. Desafortunadamente, no basta con la captura de la cabeza” .
De tal forma, a pesar de reconocer la importancia de la captura de “Otoniel”, no puede desconocerse que en lo fundamental mantiene su poder esta red mafiosa y sus entronques económicos, sociales, institucionales, políticos y militares con compromisos con determinados actores en distintas regiones. Así lo señala un reciente editorial de El Espectador de manera crítica ante el reconocido fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”, a pesar de valorar el golpe dado por la fuerza pública: “Aunque la guerra contra las drogas siga teniendo un enfoque caduco y los vacíos de poder llevarán a más violencia, (aunque) en la estrategia macro es importante que Colombia pueda demostrar que quienes se oponen a las instituciones enfrentarán todo el peso de la ley” .
La decisión del gobierno de extraditarlo menoscaba la justicia para las víctimas
Entre tanto, Iván Duque declaró que procederá a la extradición inmediata de “Otoniel” a EEUU: “La extradición de este bandido es urgente para la seguridad del hemisferio, para que se conozca toda la red de vínculos entre carteles de distintos países” . El ministro de defensa Diego Molano declaró que el trámite de extradición se coordinará de inmediato entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía.
En reacción el senador Iván Cepeda y simultáneamente organizaciones de paz, derechos humanos y de víctimas exigieron que se de prelación a la obligación de “Otoniel” de responder ante la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos que lo comprometen frente a la población, antes que dársela a la presión de EEUU para que sea extraditado para responder por delitos asociados al narcotráfico con efectos en ese país.
Se recuerdan graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos del paramilitarismo que comprometen directamente a “Otoniel”. “…Otoniel participó en la masacre paramilitar de Mapiripán en 1997 mientras militaba en las AUC” . Incluso, el director general de la Policía afirmó que es responsable directo con su grupo del asesinato de al menos un centenar de efectivos de la Policía durante los años recientes, al atacar a quienes participaban en operativos de persecución en su contra.
Contra la posición gubernamental de dar prelación a la extradición ante la justicia de EEUU el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, que ha llevado casos de parte de las víctimas de “Otoniel”, exigió que en favor de los derechos de las víctimas de graves violaciones que lo implican en el país, debe primero responder ante la justicia colombiana.
“…debe responder por crímenes de lesa humanidad, dentro de ellos masacres, asesinatos de líderes sociales, delitos sexuales, todos ellos mucho más graves que el delito de narcotráfico. Su extradición sería un mecanismo de impunidad donde puede terminar negociando sus penas, cambiando su identidad y quedándose allá. Esto sería una burla a las víctimas en Colombia y sus derechos a la verdad y la justicia. Exigimos que no sea extraditado” .
Y con el mismo argumento el abogado Jorge Molano, de la ONG DDHH, pone de presente adicionalmente que con la extradición de “Otoniel” se menoscabaría la posibilidad de conocer la verdad sobre las relaciones del paramilitarismo con la fuerza pública y entes del Estado, con casos como la frecuente actuación del Ejército con el paramilitarismo en Urabá y otras regiones, de las cuales fue partícipe directo.
Además, como telón de fondo, puede afirmarse que a pesar de esta importante captura y de las otras previas contra el “Clan del Golfo”, de manera general el gobierno ha incumplido el compromiso del Acuerdo de Paz de combatir y desestructurar con eficacia las “estructuras herederas del paramilitarismo y redes delincuenciales asociadas”, dispuesto en el contenido del Acuerdo Final de Paz con las FARC, el cual se resiste a aplicar de manera integral.
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: Kienyke
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