Sin desconocer las razones que explican el interés predominante sobre ese tipo de discusiones, todo indica que un soporte esencial para conseguir una paz estable y duradera se deriva de la real capacidad del Estado y la sociedad civil para ocuparse de sus responsabilidades en materia de educación para la paz.
Educación rural
El Acuerdo final entre las Farc y el Gobierno Nacional incorpora diferentes obligaciones en materia educativa. La primera de ellas se refiere a la educación rural. En el texto de dicho Acuerdo se lee: “con el propósito de brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural, el Gobierno Nacional creará e implementará el Plan Especial de Educación Rural. Para el desarrollo del Plan se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
- La cobertura universal con atención integral a la primera infancia;
- Modelos flexibles de educación preescolar, básica y media, que se adapten a las necesidades de las comunidades y del medio rural, con un enfoque diferencial;
- La construcción, reconstrucción, mejoramiento y adecuación de la infraestructura educativa rural, incluyendo la disponibilidad y permanencia de personal docente calificado y el acceso a tecnologías de información;
- La garantía de la gratuidad educativa para educación preescolar, básica y media;
- El mejoramiento de las condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema educativo a través de un acceso gratuito a útiles, textos, alimentación escolar y transporte;
- La oferta de programas e infraestructura de recreación, cultura y deporte;
- La incorporación de la formación técnica agropecuaria en la educación media (décimo y once);
- La disponibilidad de becas con créditos condonables para el acceso a servicios de capacitación técnica, tecnológica y universitaria que incluya, cuando sea pertinente, apoyos a la manutención;
- La promoción de la formación profesional de las mujeres en disciplinas no tradicionales para ellas;
- La implementación de un programa especial para la eliminación del analfabetismo rural;
- El fortalecimiento y la promoción de la investigación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico para el sector agropecuario, en áreas como agroecología, biotecnología, suelos, etc;
- Incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales, con acceso equitativo para hombres y mujeres, incluyendo personas en condición de discapacidad. Se tomarán medidas especiales para incentivar el acceso y permanencia de las mujeres rurales;
- Promover la ampliación de oferta y la capacitación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural”.
Participación política
En los temas relacionados con la participación política, el Acuerdo busca la construcción de “garantías para la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, especialmente por razón de la acción política”. Conseguir este propósito implica, entre otros mecanismos y acciones:
- Diseñar y ejecutar un programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización;
- Promoción del respeto por la diferencia, la crítica y la oposición política;
- Promoción de la no estigmatización a grupos en condiciones de vulnerabilidad o discriminados;
- Capacitar a funcionarios públicos y a líderes de las organizaciones y movimientos sociales para garantizar la no estigmatización.
- Pedagogía y didáctica del Acuerdo Final: impulso de programas de formación y comunicación para la apropiación de este Acuerdo, en especial sobre los diseños de participación política y social acordados. Se creará un programa especial de difusión que se implementará desde el sistema de educación pública y privada en todos sus niveles;
- Diseño y ejecución de campañas de divulgación masiva de una cultura de paz, reconciliación, pluralismo;
- Capacitar a organizaciones y movimientos sociales, así como a funcionarios públicos en cargos de dirección en el tratamiento y resolución de
- Creación de una cátedra de cultura política para la reconciliación y la
En cuanto a las actividades de Control y veedurías ciudadanas, reconocidas como esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos; y para avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas, se busca “establecer un plan de apoyo a la creación y promoción de veedurías ciudadanas y observatorios de transparencia, con especial énfasis en el control en la implementación del Acuerdo. El plan se pondrá en marcha con el concurso de organizaciones especializadas e instituciones de educación superior, entre otros, que proveerán acompañamiento y asistencia técnica”.
También se especifica la necesidad de “vincular a las universidades públicas, a través de prácticas profesionales y de proyectos de intervención en comunidad, a campañas masivas para la promoción de la participación ciudadana”, y de “promover procesos de formación, educación y comunicación política en asuntos públicos”.
Adicionalmente, en materia de política para el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, el Acuerdo se orienta a “fortalecer los diseños institucionales y la metodología con el fin de facilitar la participación ciudadana y asegurar su efectividad en la formulación de políticas públicas sociales”.
Según lo acordado, para promover una cultura democrática y participativa el Gobierno Nacional pondrá en marcha las siguientes medidas:
- Fortalecimiento de los programas de educación para la democracia en los distintos niveles de enseñanza.
- Promoción de programas de liderazgo político y social para miembros de partidos y de organizaciones
- Programa para la promoción de la participación y liderazgo de la mujer en la política.
Cultivos de uso ilícito
En cuanto a la solución al problema de las drogas ilícitas, en el Acuerdo se establece que “el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se implementará en el marco y como parte de la Reforma Rural Integral”
De manera específica, existe el compromiso de “desarrollar un programa de construcción y dotación de comedores escolares y suministro de víveres para garantizar los desayunos a toda la población escolar de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito”
Víctimas
También fueron acordados compromisos educativos para atender procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento y reparación de víctimas en el exterior para adelantar planes de “retorno acompañado y asistido” garantizando, entre otros, el derecho a la educación.
Para avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos de promoción de los derechos humanos, se acordó, así mismo, el “fortalecimiento del proceso de implementación del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, mediante, entre otros: a) La inclusión del Acuerdo Final y del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición a dicho Plan; b) La articulación con los programas de promoción de cultura política democrática y participativa y, c) El fortalecimiento de las medidas de educación no formal a través de campañas públicas de reconocimiento de los derechos humanos y prevención de su violación”.
Fin del conflicto
En este tema, el Acuerdo contempla la “capacitación de los integrantes de las FARC-EP en labores productivas, de nivelación en educación básica primaria, secundaria o técnica, de acuerdo con sus propios intereses”, en la Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y en los Puntos Transitorios de Normalización (PTN). Tarea en la cual ya el SENA viene trabajando.
Sobre las garantías para una reincorporación económica y social sostenible, los negociadores acordaron que “atendiendo los resultados del censo socioeconómico (que será aplicado por la Universidad Nacional en las ZVTN y en los PTN a los excombatientes), se identificarán los planes o programas necesarios para la atención de los derechos fundamentales e integrales de la población; se ofrecerá educación formal (básica y media, técnica y tecnológica, universitaria) y educación para el trabajo y el desarrollo humano, así como de validación y homologación de saberes y de conocimientos; de cultura, recreación y deporte; de protección y recuperación del medio ambiente; de acompañamiento psicosocial; de reunificación de núcleos familiares, incluyendo medidas de protección y atención de hijos e hijas de integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación”.
Seguimiento y verificación
Finalmente, cabe recordar que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) podrá recibir insumos de las distintas instancias encargadas de su implementación, así como de organizaciones, universidades, centros de investigación, observatorios tanto nacionales como territoriales.
Este conjunto de compromisos y obligaciones se suscribieron en momentos en los que, simultáneamente, el Ministerio de Educación Nacional -MEN está preparando el Plan Decenal de Educación 2017-2026.
Desde el SUE se ha recomendado la necesidad de incorporar los compromisos y obligaciones de mediano y largo plazo del Acuerdo Final en los capítulos pertinentes del nuevo Plan Decenal de Educación como una manera de garantizar su cumplimiento más allá de la coyuntura derivada de las ZVTN y los PTN.
A su turno, las universidades públicas colombianas no sólo disponen de un Decálogo de compromisos de la educación con la paz (aprobado en febrero de 2016), sino de los lineamientos y acuerdos derivados del reciente taller realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira y cuyo Comunicado a la opinión pública aparece como anexo a este artículo.
Es de esperar que en corto tiempo se pueda conseguir una adecuada articulación interinstitucional entre el MEN, el SUE, las autoridades educativas territoriales y los dirigentes de las Farc para atender debidamente los compromisos derivados: 1. De la concertación del nuevo Plan Decenal de Educación; 2. Del Acuerdo final entre las Farc y el Gobierno Nacional y, 3. De las iniciativas nacionales y regionales del SUE en materia de educación para la paz.
Pereira, 22/02/17
SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
Los días 16 y 17 de febrero, con la participación de 23 universidades se realizó en la Universidad Tecnológica de Pereira el taller del Sistema Universitario Estatal convocado para avanzar en el reconocimiento de iniciativas de las universidades para la paz y el postconflicto.
Se resaltó la importancia de la especial coyuntura que vive el país y se resaltó el valor que para las universidades agrupadas en el SUE tiene una cabal comprensión de las responsabilidades y compromisos derivados de la misma.
Se presentaron como insumos el decálogo de compromisos de las universidades públicas con la paz suscrito en febrero de 2016 por los rectores del SUE; los compromisos educativos derivados del acuerdo entre las Farc y el Gobierno Nacional, lo mismo que la necesidad de incorporar el tema de educación para la paz en el Plan Decenal de Educación 2017-2026.
El Ministerio de Educación Nacional compartió una síntesis de la forma como se está ocupando de los temas relacionados con la educación para la paz, e hizo énfasis en algunos de los asuntos relacionados con la educación rural. Presentó una invitación a fortalecer las relaciones interinstitucionales con el SUE.
Se compartieron fundamentos teóricos y se confirmó la diversidad y alcance de las formas de intervención de las universidades públicas colombianas de cara a la implementación de los acuerdos de paz.
Se conocieron iniciativas presentadas por las universidades tales como ofertas educativas, acompañamiento jurídico; investigaciones, formas de relación con las víctimas; formación para excombatientes y su entorno, iniciativas en las áreas de la psicología y la salud; educación en zonas de frontera o acompañamiento a gobiernos locales y procesos educativos apoyados en las TIC.
Con satisfacción se recibió la presentación del proyecto de la Federación de Estudiantes Universitarios -FEU para hacerse partícipes activos de la implementación de los acuerdos con las Farc. De la misma manera, se divulgó la experiencia de Educapaz y su interés en hacerse partícipe de las dinámicas educativas para la paz acordadas por el SUE.
Se compartió la experiencia de Coldeportes dirigida a consolidar la estrategia de Deporte, convivencia y paz, y su expresión territorial en Todos somos Pazífico.
Se argumentó en favor de diferenciar los proyectos orientados a atender la coyuntura derivadas de las Zonas Veredales y Puntos de Transición y Normalización, de aquellos con un mayor horizonte de tiempo.
Se valoró positivamente el primer comunicado conjunto de la Mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y el ELN haciendo público el acuerdo donde se precisa la forma en que se abordarán los temas de participación de la sociedad en la construcción de la paz y de dinámicas y acciones humanitarias, y se anuncia el inicio de gestiones para el desarrollo del acuerdo de Caracas del 30 de marzo de 2016 en lo referente a la conformación de un grupo de países para el apoyo y la cooperación.
ACUERDOS BÁSICOS
Avalar la iniciativa de conformación del Banco de Proyectos de educación para la paz del SUE.
Reconocer como áreas básicas para la identificación y agrupación de los proyectos aquellas que corresponden a la misión de las universidades, esto es, la docencia, la investigación y la proyección social.
Recomendar a los rectores que el SUE disponga de un Banco de proyectos nacionales, regionales y de universidades específicas, y que se prioricen los proyectos de alcance nacional, entre los cuales se encuentran, por ahora, el relacionado con Educación formal para excombatientes y su entorno, el que busca la participación en el Sistema de información y seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz, y el relacionado con la formulación de la Política y el plan nacional de educación superior rural.
Adoptar como criterios transversales las relacionados con la regionalización y la elaboración simbólica de los traumas de la guerra.
Aceptar como requisito para la participación en el banco de proyectos del SUE, el aval previo de la respectiva universidad.
Coordinar con la Universidad Nacional la participación de las universidades del SUE interesadas en colaborar con el censo socio económico de la población desmovilizada de las Farc.
Fortalecer los seis capítulos regionales del SUE identificando y gestionando proyectos desde los cuales se pueda avanzar en la perspectiva de la paz territorial y adelantar las alianzas indispensables.
Recomendar a los rectores del SUE la necesidad de concertar con los ministerios de Educación y de Hacienda una política que haga viable la financiación de los proyectos de educación para la paz avalados por el SUE.
Solicitar a Colciencias la adopción de una línea de proyectos relacionados con la investigación para la paz.
Expresar la preocupación por el caso de las universidades públicas no acreditadas que, según la normatividad vigente, verían seriamente lesionadas sus posibilidades de hacerse parte de diferentes iniciativas institucionales para la paz y no podrán acceder a recursos derivados de la reciente reforma tributaria.
Dado que el SUE no es una persona jurídica, el evento acuerda recomendar a los rectores avanzar en la identificación de formas institucionales adecuadas para la gestión y ejecución de los recursos necesarios para el Banco de Proyectos.
COMPROMISOS
Adoptar, en corto plazo, términos de referencia para los proyectos a ser presentados ante el SUE.
Avanzar en la definición de la estructura y formas de gestión del Banco de Proyectos.
Concertar estrategias institucionales dirigidas a consolidar la movilidad académica de profesores y estudiantes entre las universidades que integran el SUE para atender proyectos de educación para la paz.
Conformar y fortalecer equipos de trabajo por regiones que atiendan los proyectos relacionados con formación, investigación y proyección social.
Solicitar a los rectores coordinadores de los capítulos regionales del SUE la convocatoria a reuniones que atiendan en su respectiva región los compromisos derivados de este taller.
Convocar una reunión anual de seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz.
Oscar Arango Gaviria: Coordinador Mesa Gobernabilidad y Paz, SUE, Profesor Universidad Tecnológica de Pereira
Pereira, febrero 17, 2017
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