El 25 de noviembre de 1960 fueron encontrados los restos de tres hermanas dominicanas, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, firmes opositoras al brutal régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo, en el interior de un jeep en zona montañosa de la provincia de Puerto Plata, República Dominicana. Se les conoce desde entonces como “las mariposas” y su martirio es símbolo mundial de la lucha en defensa de los derechos de la mujer. En honor a ellas, la Asamblea General de la ONU estableció en 1999 esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Colombia decimos que la paz va con las mujeres o no va. Y un día después del quinto aniversario de la firma del histórico Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC para poner punto final a más de cinco décadas de conflicto armado, seguimos tratando de sanar las heridas de la guerra, de encontrar una verdadera justicia restaurativa y de hacer realidad el anhelo de varias generaciones de colombianas y colombianos de superar la violencia endémica que ha desangrado al país durante décadas, erradicar toda forma de exclusión y degradación democrática, y abrir nuevos espacios para la igualitaria participación política de sectores marginados y excluidos, como las mujeres.
El Acuerdo de Paz contó con un enfoque de género, que con el liderazgo de varias ex combatientes de las FARC y el apoyo de la comunidad internacional, se propuso reconocer el derecho de las mujeres a ejercer la política en igualdad de condiciones, a sancionar la violencia sexual, garantizar el acceso y la formalización de la propiedad rural en las mismas condiciones que los hombres, a proteger los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales tanto para las mujeres como para personas con orientación sexual o identidad de género diversas, a combatir los impactos desproporcionados de la guerra en la vida de las mujeres, superar la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos, activar su papel en la construcción de paz, y fortalecer su participación en espacios de representación y toma de decisiones, en la resolución de conflictos, en el acceso a verdad, justicia y reparación integral, y en cargos de máxima responsabilidad al interior del Estado.
Los movimientos y partidos políticos progresistas de América Latina han reconocido en la mujer un componente esencial para el desarrollo de una agenda amplia, incidente y convocante, consecuente con la necesidad de responder a los enormes desafíos de un mundo conmocionado tanto por una crisis sanitaria sin precedentes como por una indiscutible crisis en el sistema capitalista dominante. Potenciar la participación política de las mujeres es avanzar en la construcción de sociedades más justas, conscientes e igualitarias. Hoy, el auge de gobiernos autoritarios, las enormes brechas sociales, el desamparo de las mayorías, los procesos electorales fraudulentos, la exclusión y la violencia contra la mujer bajo agendas autocráticas que corroen las democracias, representan un serio obstáculo para la consolidación de un mundo de paz.
Frente al Acuerdo de paz, si bien se reconoce un esfuerzo importante por incorporar una perspectiva de género en la nueva institucionalidad creada para acompañar la implementación de los acuerdos, en la elaboración de las narrativas del conflicto que dan forma a la memoria histórica de nuestro país y en el diseño de políticas orientadas a prevenir y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas, el Grupo de Género en la Paz (GPAZ)[1], presentó hace poco más de tres meses su “III informe de observaciones sobre los avances en la implementación del enfoque de género del Acuerdo de Paz”, el cual brinda pistas importantes sobre su cumplimiento y los retos a enfrentar. El documento evalúa 109 medidas de un total de 122 contenidas en el Acuerdo final, indicando que trece de ellas ya fueron satisfechas, como aseveraron también en el primer informe de 2019. Esto quería decir que el avance en el tema bajo el actual gobierno ha sido nulo.
“El 50% de las medidas de género del Acuerdo de Paz a las que GPAZ hace seguimiento (109), presentan avances que no son por completo satisfactorios, desarrollos parciales que no responden a la integralidad con la que fueron establecidas las medidas en el Acuerdo, y en varios casos a una cobertura territorial muy restringida. Esto va ligado, entre otras cosas, al establecimiento de metas mínimas en algunas medidas incluidas como indicadores de género del Plan Marco de Implementación del Acuerdo (PMI), con las que transformaciones significativas en la vida de las mujeres no serán posibles.
Consecuentemente con esa desaceleración que año a año se consolida, medidas que en el informe anterior elaborado por GPAZ sobre la implementación del enfoque de género, presentaban avances adecuados, en el último año empezaron a acumular retrasos y avances parciales, llegando en 2020 a una situación muy compleja: solo el 20% de las medidas de género están siendo implementadas de manera oportuna y apropiada. Adicionalmente, GPAZ identificó medidas cuyos avances tras 4 años de implementación del Acuerdo son mínimos y requieren de la priorización de estrategias urgentes para solventar el nivel de retraso en el que se encuentran.
Otro aspecto que continúa sin avances positivos es la implementación de las medidas desde la perspectiva diferencial de las mujeres LBT. En varias oportunidades GPAZ ha insistido en que no es posible garantizar los derechos de las mujeres LBT en el marco del Acuerdo de Paz, si no hay estrategias diferenciales explícitas para hacerlo. Los resultados del presente informe ratifican esta situación. El actual gobierno continúa mostrando un compromiso muy bajo con el cumplimiento de las medidas dirigidas a las personas LGBTI.
Finalmente, como ha sido manifestado por GPAZ en sus informes anteriores, la sostenibilidad de la paz requiere de la protección de la vida de quienes trabajan por conseguirla. Garantizar las condiciones de seguridad para que las defensoras y lideresas puedan ejercer su labor a lo largo y ancho del país es aún una deuda pendiente por parte del Gobierno Nacional, que requiere de su máxima atención, al igual que la protección a las mujeres en reincorporación”[2].
El acuerdo, en efecto, reconoce los posibles roles que las mujeres juegan en la prevención del conflicto y en la consolidación de una paz estable, así mismo, establece principios de igualdad y no discriminación en los diferentes planes y programas derivados del acuerdo, lo que se traduce en la necesidad de tomar medidas afirmativas para activar el papel de las mujeres en la construcción de paz, así como para combatir los impactos desproporcionados de la guerra en la vida de las mujeres y lograr la superación de la impunidad en las graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres”[3]. Sin embargo, más allá de lo incorporado al acuerdo, y de los informes presentados que dan cuenta de una elocuente falta de voluntad política por garantizar los derechos de las mujeres en el marco de un complejo proceso de “posconflicto”, la violencia se ha mantenido, y hoy resulta mucho más evidente tanto en términos políticos, como sociales y culturales. Los avances van más allá de lo punitivo, y exigen cambios estructurales en la mentalidad social y en la política de los gobiernos de turno.
Violencia que no cesa
La MOE denunció que durante el primer semestre de 2021 se registraron 247 hechos de violencia contra lideresas sociales, políticas y comunales; 15,7% más que en el 2020, y el número de mujeres asesinadas creció en un 18,1%. La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre un incremento en las amenazas, hostigamientos y hechos de violencia contra las lideresas sociales y activistas que defienden los derechos de sus comunidades y la soberanía de sus territorios.
Durante un evento público, denominado “Diálogo por la defensa de los Derechos de la Mujer”, la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, afirmó que las cifras sobre violencia contra la mujer entregadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses son realmente alarmantes. “314 mujeres se suicidaron, 630 fueron víctimas de homicidio, 12.281 fueron afectadas por violencia interpersonal, 24.492 fueron víctimas de violencia intrafamiliar y 13.283 con exámenes médico legales sufrieron delitos sexuales, siendo las menores de edad las más afectadas.
Lograr una sociedad en la que la igualdad de derechos y la protección de las mujeres sea una realidad, requiere más, mucho más que retórica, casos emblemáticos de castigos por feminicidios y actos formales de denuncia pública. El incremento del 30% en los casos de violencia contra las mujeres durante el 2021, incluyendo entre sus víctimas a quienes pertenecen a comunidades vulnerables, como LGBTI, inmigrantes y grupos étnicos minoritarios, requiere sin dilaciones ni excusas del diseño y aplicación de políticas públicas más audaces y de una sólida voluntad política.
La naciente Red de Mujeres de Partidos Progresistas de América Latina, comprometida con la paz y la justicia social, el cambio de las viejas estructuras patriarcales y el pleno reconocimiento de la mujer como sujeto social y político, con capacidad transformadora, ha hecho un llamado a reconocer que la paz es una construcción social y una decisión política que, indiscutiblemente, necesita la inclusión de un enfoque de género tanto en procesos de paz, como en fallos judiciales, actos de memoria, procesos electorales y elaboración de nuevas narrativas sociales y culturales.
En su comunicado, lanzado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer -y a cinco años y un día de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia-, hacen un llamado al gobierno colombiano a prevenir y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas de manera decisiva. “La paz se construye con la voz, las luchas y el pensamiento de las mujeres, pues son ellas las abanderadas de un nuevo mundo de humanismo y equidad. Poner fin a toda forma de violencia de género, discriminación y exclusión de la mujer debe ser un compromiso prioritario e inaplazable de todos los gobiernos del continente, los gremios, los medios de comunicación, la academia y la sociedad en su conjunto. El Gobierno Nacional de Colombia debe garantizar el pleno ejercicio político de las líderesas sociales en sus regiones, brindar medidas de seguridad efectivas y disponer de todos los recursos a su alcance para frenar el exterminio de las y los desmovilizados de la guerrilla que hoy cumplen con el Acuerdo de paz, firmado a nombre del Estado colombiano”[4].
Frente a los desafíos para la implementación de un Acuerdo de paz que reconoce el papel determinante y liderazgo de las mujeres en su construcción, y frente al incremento en las cifras de violencia contra la mujer, valdría la pena preguntarnos: ¿Cuál es el horizonte político de las mujeres en América Latina? ¿Hacia dónde avanzan sus propuestas y liderazgos? ¿Estamos empezando a vivir en sociedades más equitativas e incluyentes, con agendas públicas elaboradas desde una perspectiva de género o aún falta mucho para lograr el pleno ejercicio de derechos de las mujeres en todos los ámbitos? ¿Hacia dónde avanza el feminismo progresista? ¿Existe tal cosa? ¿En nuestras democracias tienen cabida los enfoques de género? ¿Existen?
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[1] Este grupo está integrado por las organizaciones Dejusticia, Sisma Mujer, Women’s Link Worldwide, Colombia Diversa, Corporación Humanas, la Red Nacional de Mujeres y la Comisión Colombiana de Juristas, y tiene como principal objetivo garantizar que se dé cumplimiento al enfoque de género incorporado en el Acuerdo de Paz de 2016.
[2] Women’s Link Worldwide; “Solo el 20% de las medidas de género en el Acuerdo de Paz de Colombia están siendo implementadas de manera oportuna y apropiada”. Bogotá, 27 de agosto de 2021. Ver:
https://www.womenslinkworldwide.org/informate/sala-de-prensa/solo-el-20-de-las-medidas-de-genero-en-el-acuerdo-de-paz-de-colombia-estan-siendo-implementadas-de-manera-oportuna-y-apropiada
[3] Humana; “Cinco claves para un tratamiento diferencial de la violencia sexual en los acuerdos sobre la justicia transicional en el proceso de paz. Equidad de género y derechos de las mujeres en el Acuerdo Final de Paz”. Bogotá, junio 2017. Pág 10. En:
http://www.humanas.org.co/alfa/dat_particular/ar/ar_7354_q_Equidad-Genero-Mujeres-Acuerdo-final-1-1.pdf
[4] Red Latinoamericana de Mujeres de Partidos Progresistas
Maureén Maya
Foto tomada de: France 24
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