El acuerdo cuenta con avances, pero el gobierno Duque se resiste y se opone a sus medidas
El gobierno Santos consiguió implementar positivos avances de este acuerdo, aunque en parte afectados por tardanzas burocráticas. Se consiguió con su iniciativa el importante desarrollo de la mayor parte de su marco legal; la creación de programas y de instituciones relacionadas con su agenda temática comprometida. Sin embargo, el actual gobierno del presidente Duque en contrario, en lo fundamental se ha resistido a la aplicación integral de las medidas acordadas. Fue derrotado en el Congreso con su iniciativa de acabar con los pilares de la JEP y su partido Centro Democrático lo ha sido con iniciativas legales para reversar los puntos centrales del acuerdo de paz. Duque ha propendido por desfinanciar los programas derivados del acuerdo de paz, por desnaturalizar sus medidas o debilitarlas, las ataca con reiteración, pero a la vez finge que cumple con el acuerdo ante la obligación constitucional y legal que le asiste y ante la cooperación y apoyo que de manera tan importante la comunidad internacional le ha brindado al acuerdo de paz.
En tal sentido el saldo en la conmemoración es gris. Sin duda el acuerdo de paz introdujo medidas de desescalamiento histórico de la guerra, paso a la vida civil de la anterior guerrilla FARC EP, medidas de democratización tan importantes como el Estatuto de Oposición, de superación de la impunidad y la masiva y grave crisis humanitaria como el SIVJRNR y su impacto en dinámicas del proceso político, social y ciudadano y sus agendas es innegable. Pero a la vez sufre incumplimientos y retardos en detrimento de sus posibilidades: La Reforma Agraria Integral está prácticamente por darse. Las garantías políticas y de seguridad se incumplen al no lograr el Estado el control garantista de los territorios y ser el gobierno responsable –por acción u omisión- de la nueva fase de conflictividad armada, violencia política y asesinato sistemático de dirigencias sociales y excombatientes de las FARC acogidos a la reincorporación. No fue aprobada la Reforma Política y del Sistema Electoral, se dilató por tres años la Circunscripción Especial Territorial de Paz en favor de las víctimas y sufren desfinanciación los asuntos de su agenda y los programas como los PDET y los PNIS con detrimento de sus posibilidades.
Por su parte, el excomandante de las FARC EP y presidente del partido Comunes en el encuentro referido afirmó que hasta las voces de los opositores al acuerdo fueron atendidas después del plebiscito, que la refrendación del acuerdo se cumplió por distintos órganos del Estado, que la ONU lo acompaña y que nadie debiera denostar de los términos pactados en el acuerdo.
“No han sido fáciles estos años por cuenta de los incesantes ataques contra el acuerdo y la falta de voluntad del Estado para su implementación integral. Aún, así, manifestamos que nada ni nadie podrán minar nuestra convicción de que el camino emprendido con el acuerdo es el correcto. (…) Fue un gran consenso de la sociedad colombiana. (…) Es necesaria la implementación integral de los acuerdos, por eso trabajamos y a eso llamamos al conjunto de la sociedad colombiana, a la vez que agradecemos a la comunidad internacional por su sano empeño en la paz de nuestro país. Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto, la comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza. Firmamos la paz para que nunca se vuelvan a repetir hechos como los que sufrieron. Para que ningún colombiano vuelva a derramar lágrimas por cuenta de la violencia, lo decimos de corazón”[1].
Y el Secretario General de la ONU habló de la multiplicación de los conflictos en el mundo y el mensaje que envía Colombia con el acuerdo de paz, el cual considera que sembró esperanza en el país y la comunidad internacional, cuando muchos creían que era un conflicto sin solución. Renovó el compromiso con el propósito de lograr una paz estable y duradera, con base en el acuerdo final de paz y su “hoja de ruta para transformar las causas del conflicto”. Llamó a ser conscientes con los riesgos para la paz, con referencia a las violaciones cometidas contra pobladores en las regiones, lo cual calificó como “hechos que contravienen la paz, en los lugares donde la violencia es más intensa”. Y llamó a la implementación integral de las medidas de seguridad y la presencia integral del Estado en las regiones colombianas[2].
No podrá construirse la paz sin garantía para la vida y con incremento en las violaciones a los derechos humanos
Numerosas opiniones han calificado la falta de garantías a la vida y a los derechos fundamentales especialmente de la población habitante de los territorios antes bajo hostilidades de guerra entre el Estado y las FARC como el asunto más grave entre los varios incumplimientos contra el acuerdo de paz. En estos territorios, antes que construirse una paz bajo los presupuestos de garantías y de medidas de democratización del acuerdo, se recrudeció la violencia ante distintas confrontaciones violentas propiciadas por su control entre la fuerza pública, el ELN, disidencias armadas de las anteriores FARC y estructuras narco-paramilitares asociadas a redes mafiosas que controlan las economías ilegales desarrolladas en ellos. En este contexto resulta un saldo desde la firma de este acuerdo de paz de más de un millar de dirigentes sociales y de cerca de trescientos excombatientes en proceso de reintegración.
En el importante evento referido de conmemoración el presidente de la JEP, magistrado Eduardo Cifuentes, entregó consideraciones e información sobre el positivo avance de la justicia transicional a cargo de esta entidad, pero a la vez que alertó -como lo ha hecho en anteriores pronunciamientos-, sobre el que si no se brindan las debidas garantías de vida y posibilidades de actuación a la población excombatiente y a sus entornos poblacionales, sociales y territoriales, se pone en riesgo el propio acuerdo de paz en aplicación y en su posibilidad definitiva.
El presidente de la JEP afirmó en consecuencia que al Estado colombiano le asiste la obligación de aplicar el acuerdo, “por fuera de duda”, como “un imperativo categórico”, con base en obligaciones soportadas en el derecho interno e internacional. Expresó que la JEP ha sido efectiva, ha dictado más de 50 mil providencias, ya formuló imputación en el caso 01 relativo a las FARC y en el caso 03 relativo de la fuerza pública, “con un ritmo sin parangón en la justicia transicional internacional, como lo constató la Corte Penal Internacional”. Reiteró que la justicia restaurativa no es “una espada de venganza” sino una justicia para la paz y la reconciliación, con base en penas proporcionales de carácter reparativo y restaurativo.
Sus ilustraciones sobre los logros conseguido por la JEP le sirvieron para reafirmar su argumento de que debe cumplirse “de manera integral” el acuerdo de paz. Y su énfasis en lo referido a las garantías, a la luz de sus compromisos, con respecto al deber de asegurar la vida de los excombatientes y de las personas con liderazgo en la sociedad civil que están siendo víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en los territorios. Reafirmó también al respecto que atacar la población excombatiente y de los territorios antes en control de las FARC, atenta contra las propias posibilidades del acuerdo de paz y de la aplicación de la justicia transicional en curso.
“El cumplimiento del acuerdo exige asegurar la vida de los excombatientes de las FARC, así como de las víctimas y personas que concurren ante la JEP. Una jurisdicción que descansa en los aportes genuinos de verdad arriesga con marchitarse si el temor se erige en obstáculo para el acceso a la justicia y la construcción de la paz. Esta falencia podría significar si no se corrige el derrumbe del acuerdo de paz y la pérdida de credibilidad del Estado”[3].
Por su parte, el expresidente Santos valoró el alto apoyo brindado por la ONU al acuerdo de paz desde su Secretaría General y el Consejo de Seguridad, además de la importante misión verificadora de esta entidad en el país con apoyo brindado con visitas por el anterior secretario Ban Ki-moon y por el actual Antonio Guterres. Destacó el concurso de la comunidad internacional a su favor. Pero también puso de presente que, en contrario a lo demandado por el contenido del acuerdo de paz, se presenta un ambiente de la falta de garantías de seguridad, el cual calificó de ser el asunto más grave en contra de su implementación.
“El tren de la paz que tantos y tantas han querido descarrilar sigue su curso, sigue avanzando, y se debe en buen parte al Secretario General y al Consejo de Seguridad de la ONU. (…) Sin duda, el más grave y preocupante (problema del acuerdo de paz) tiene que ver con las garantías de seguridad, el asesinato de más de trescientos excombatientes y centenares de líderes sociales. Es a todas luces inaceptable”[4].
Fue de particular filo crítico la intervención consiguiente del padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Puso de presente la tragedia humanitaria sufrida en el contexto de la confrontación armada y la violencia política a la que se le asocian a masivas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario, con un registro del “80% de los asesinatos contra civiles que nada tenían que ver con la guerra”. Recordó que fue invitado como testigo a la dejación de las armas por las FARC y que percibió que “los muchachos dejaban las armas sintiendo miedo ante lo que podría suceder luego bajo la protección del Estado”. Reconoció que han existido ciertos apoyos del gobierno, pero que a la vez éste no aparece comprometido con lo que debe significar “la paz grande, que no hemos tenido”.
“Colombia necesitaba la paz grande por encima de todos los intereses políticos de partidos. No tuvimos el liderazgo nacional, no solo de presidencia, de toda la sociedad, capaz de convocar. (…) No hubo grandeza humana para tanto. (…) Por la ausencia de esa paz grande que empezaba por la paz territorial. No se dio la transformación de la seguridad hacia la protección de las personas y sus comunidades, ni la llegada del Estado con la Reforma Rural Integral. El resultado, no solo por eso, pero también, ha sido más de mil líderes asesinados desde que se inició la paz. La ausencia de la paz grande fue también la ausencia de respeto a quienes poniendo la confianza en nosotros habían dejado las armas. Cada mes, desde el día en que hicieron la dejación de armas hemos tenido en promedio cinco excombatientes de las FARC asesinados”[5].
El presidente Duque desestimó el exterminio de excombatientes de las FARC a título de ser supuestamente un caso más y menos grave
En su intervención el presidente Iván Duque lanzó de manera muy negativa el mensaje de no supuesta existencia de “causas objetivas para la violencia” en el actual contexto colombiano. Refirió algunas acciones de su mandato con relación al acuerdo de paz y ante la violencia política y sociopolítica sistemáticas existentes en numerosas regiones del país, pero sin reconocer su carácter, la gravedad del asunto y el nivel de responsabilidad gubernamental y estatal en estas situaciones. Tampoco reconoció la incapacidad de su gobierno para cumplir con lo establecido en el acuerdo en materia de seguridad y con el deber de superar tales situaciones. En tal sentido, reiteró su argumento que elude las responsabilidades estatales y reduce la problemática solo a la acción de las agrupaciones armadas ilegales y a las dinámicas de delincuencia común organizada.
“Nos duele el asesinato de cualquier ciudadano, de los líderes sociales, de los excombatientes, pero que bueno hacernos la pregunta de ¿quién está detrás de esos crímenes? Sin lugar a duda ahí están presentes otras formas de violencia, que no se han extinguido en el país: el ELN, el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparros, los Puntilleros y otra serie de organizaciones que antecedieron y que siguieron aún después de la firma de los acuerdos, pero que tenemos que enfrentarlos con determinación”[6].
Con evidente exageración de los reales resultados obtenidos por su mandato, parciales y con frecuencia precarios, con relación a los organismos oficiales de seguridad y justicia, afirmó que “no tiene parangón el esclarecimiento de estos crímenes” por la actual Fiscalía, argumentando algo cierto solo parcialmente, pero que encubre la grave problemática global, al decir que: “los líderes sociales han sido asesinados por el narcotráfico y por otras formas de terror”, cuando en realidad existe un volumen mayoritario de casos que comprometen estructuras narco-paramilitares en medio de la tolerancia e incapacidad oficial y de casos de directa responsabilidad de la fuerza pública, como lo han demostrado todos los informes elaborados por entidades de derechos humanos de distinto carácter.
Finalmente, el presidente Duque presentó de forma inconsecuente datos de varios estudios sobre los asesinatos de excombatientes de las guerrillas y de exintegrantes de estructuras paramilitares, acogidos a la paz, sin precisar las fuentes del caso ni contextualizar tales situaciones, como debió hacerlo[7], para dar a entender que supuestamente la violencia contra las personas firmantes del acuerdo de las FARC en reincorporación no es grave o es menos grave que en otras situaciones, cuanto se trata de un elemento dramático, grave y verdaderamente crítico en la implementación actual del acuerdo de paz. En su indignante declaración al respecto afirmó:
“Tristemente este ha sido un fenómeno presente en muchos procesos de paz. Poco se habla de ello, pero en un trabajo investigativo que hemos podido analizar para un proyecto editorial que tenemos con el doctor Emilio Archila quiero traerlo a colación. Novecientos desmovilizados del M19, 25 asesinatos, para un total de 2.5% de quienes se desmovilizaron, 2.200 desmovilizados del EPL, 331 asesinatos, una terrible tasa de letalidad del 14.6%, la CRS 433, triste tasa del 18.2%, Quintín Lame 157, 5 asesinatos, 3.2%, también PRT, 200 desmovilizados, 29 asesinatos, terrible tasa del 14.5% de quienes entraron en reincorporación. Las AUC, alrededor de 31 mil personas en desmovilización y reincorporación 3589 asesinatos, una tasa del 11.3%. Y en el caso de las FARC con cifras a febrero de este año de 13.196, 254 asesinatos, para una tasa del 1.4%”.
Y agregó de manera verdaderamente cínica:
“No traigo esto para hacer comparaciones pero sí para mostrar una historia de dolor que ha estado presente en los procesos de reincorporación en Colombia y que no pueden suceder, claramente podía alguien decir que es más baja la tasa presentada por las FARC…”[8].
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[1] Intervención del excomandante de las FARC y presidente del partido Comunes, “Conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz”. (Bogotá, DC., 24 de noviembre de 2021). https://www.youtube.com/watch?v=–8oTVAXTWw
[2] Intervención del Secretario General de la ONU Antonio Guterres, “Conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz”. (Bogotá, DC., 24 de noviembre de 2021). https://www.youtube.com/watch?v=–8oTVAXTWw
[3] Intervención del presidente de la JEP Eduardo Cifuentes, “Conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz”. (Bogotá, DC, 24 de noviembre de 2021). https://www.youtube.com/watch?v=–8oTVAXTWw
[4] Intervención del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, “Conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz”. (Bogotá, DC., 24 de noviembre de 2021). https://www.youtube.com/watch?v=–8oTVAXTWw
[5] Intervención del presidente de la Comisión de la Verdad padre Francisco de Roux, “Conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz”. (Bogotá, DC., 24 de noviembre de 2021). https://www.youtube.com/watch?v=–8oTVAXTWw
[6] Intervención del presidente de la República Iván Duque, “Conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz”. (Bogotá, DC., 24 de noviembre de 2021). https://www.youtube.com/watch?v=–8oTVAXTWw
[7] Los datos de la información entregada por el presidente Iván Duque en su intervención responden al informe publicado bajo el título: La reinserción en Colombia: experiencias, crisis humanitaria y política pública, Álvaro Villarraga (editor), Fundación Cultura Democrática, Bogotá, 2006, pp. 69-96.
[8] Intervención del presidente de la República Iván Duque, “Conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz”. (Bogotá, DC., 24 de noviembre de 2021). https://www.youtube.com/watch?v=–8oTVAXTWw
Álvaro Villarraga Sarmiento, Fundación Cultura Democrática
Foto tomada de: UN News
Excelente resumen que muestra no solo el compromiso de los excombatientes sino el cinismo y descaro de un gobierno que no gobierna pero si cumple a cabalidad las órdenes de quién manejó el paramilitarismo y los dineros del narcotráfico para hacerlo llegar al poder.