La distribución del ingreso y la riqueza resulta determinada, entre otros factores, por los ingresos, así como por su distribución, que reciben las personas ocupadas, aparte de las condiciones en las que laboran.
Al examinarse los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) publicada por el Dane a septiembre de 2021, se desvela la precaria situación de gran parte de los ocupados en Colombia.
En efecto, el 10% de individuos con mayores ingresos laborales tiene un ingreso laboral promedio 13 veces superior al del 50% de ocupados con menores ingresos, además de que concentra el 42% de los ingresos laborales totales –niveles que eran de 11 veces y 39% en diciembre de 2019, respectivamente–, mientras que el 50% de los de menores ingresos tan sólo participan con el 16% –en comparación con el 18% en diciembre de 2019–. Aún más, el 1% de los ocupados con mayores ingresos laborales concentra el 14% del total de ingresos laborales – en relación con el 11% en diciembre de 2019–, con un ingreso promedio 44 veces superior al del 50% de los ocupados con menores ingresos.
La brecha entre los ingresos laborales promedio del 1% de las personas ocupadas con los mayores ingresos y el 50% con los menores aumentó sustancialmente respecto a los niveles antes de la pandemia, al pasar de 30 a 44 veces, además de incrementarse la proporción de personas que tienen un ingreso laboral inferior a 0,9 salarios mínimos legales, al subir del 41,8% en diciembre de 2019 al 46,5% en 2020, hasta ubicarse en septiembre de 2021 en el 46,1% del total de ocupados.
Con los “niveles históricos de crecimiento” que se han registrado por el Producto Interno Bruto en el segundo (27% nominal, 18% real) y tercer trimestres (24% nominal y 13% real) de 2021, aún no se ha logrado reducir el aumento de las desigualdades reproducido con la pandemia. Así mismo, todavía no se ha logrado reducir el incremento observado de la informalidad y de la precariedad laboral. Es así como en septiembre de 2021 el 54% de los ocupados tenía contrato laboral y el restante 46% no, pero entre los que contaban con contrato apenas el 62% era por escrito y el otro 38% verbal, por lo que hasta cerca de dos tercios de los ocupados laboraban sin la debida seguridad y protección laborales.
Ocupación e ingresos laborales 2019-2021
El número de ocupados en el mes de septiembre de 2021 ascendió a 21 millones 729 mil 24, un ingreso laboral reportado cercano a $23.5 billones, en tanto que el número de horas trabajadas a la semana fue de 936 millones 355 mil 576, siendo el valor de la hora trabajada de $6.278.
El número de ocupados en septiembre de 2021 es un 7.4% superior al de septiembre de 2020, sin embargo, inferior al que se tenía antes de la pandemia en un 4.5% (cerca de un millón de puestos de trabajo menos respecto a diciembre de 2019: –1´031.486).
El ingreso laboral nominal aumentó en un 29% respecto al mismo periodo de 2020 y un 9% respecto a diciembre de 2019, entre tanto el número de horas trabajadas a la semana por la población ocupada creció en un 14% con una diferencia de menos 3% respecto a prepandemia. De igual manera, el ingreso laboral por ocupado en septiembre de 2020 es superior en un 20% respecto a 2020 y un 14% respecto a 2019, presentándose un incremento en la remuneración laboral.
La composición Cabecera-Resto en el número de ocupados como en el ingreso laboral muestra que el sector rural participa con el 20% y el 12%, respectivamente. A su vez, el ingreso por ocupado en cabecera es, en promedio, el doble al del resto, con la característica de que la recuperación en cuanto a puestos de trabajo ha sido más dinámica en cabecera (8.8% respecto a 2020) que en el resto (2.3%). Respecto a los niveles de prepandemia, aún queda por recuperarse unos 580 mil puestos de trabajo en lo urbano y unos 452 mil en lo rural.
Sin embargo, la recuperación de puestos de trabajo como de los ingresos laborales presenta resultados heterogéneos a nivel regional. Aún hay regiones para las que quedan cerca de dos millones 233 mil 773 puestos de trabajo por recuperar, concentrados en los departamentos de Atlántico (354.014), Valle del Cauca (330.377), Antioquia (288.329), Sucre (285.404) y Bogotá (267.063). Entre tanto, ha habido una recuperación de un millón 202 mil 287 empleos, especialmente en los departamentos de Cesar (391.779), Cauca (215.009), Córdoba (169.311) y Quindío (173.921), entre otros.
Respecto a los ingresos laborales, los aumentos respecto a prepandemia más sobresalientes corresponden a los departamentos de Cesar (un aumento del 170%), Santander (119%), Quindío (93%), Córdoba (50%), Cundinamarca (44%) y Bolívar (39%), en marcado contraste con caídas en departamentos como Sucre (-56%), Caquetá (-54%), Magdalena (-31%), La Guajira (-29%) y Atlántico (-24%).
De acuerdo con el género de las personas ocupadas, se observa que con la pandemia el número de puestos de trabajo perdidos fue mayor para las mujeres que para los hombres. Mientras los hombres perdieron el 9% de los puestos de trabajo, las mujeres perdieron el 14%. Entre tanto, la recuperación de puestos de trabajo ha sido 2 puntos porcentuales superior para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, respecto a los niveles antes de la pandemia, a septiembre de 2021 las mujeres contaban con menos de puestos de trabajo de hasta un 7% respecto al nivel de diciembre de 2019, mientras que los hombres con un 3% menos (Cuadro 1).
Evolución de número de ocupados según nivel de ingresos laborales
Teniendo como base la actualización de los umbrales a partir de los cuales el Dane clasifica los ingresos de las personas en pobres, vulnerables, clase media y clase alta –la que corresponde a los valores utilizados en el Informe Perspectivas Económicas de América Latina producida por el Centro de Desarrollo de la OCDE, la CEPAL, la CAF y la Unión Europea–, se clasifica a los ocupados según esas mismas categorías.
Las personas en situación de pobreza monetaria se definen como aquellas con un ingreso per cápita inferior a la línea de pobreza monetaria (25 líneas de pobreza según dominio geográfico) y las personas en vulnerabilidad monetaria corresponden a aquellas con ingreso per cápita entre la línea de pobreza y $22 mil diarios. Personas pertenecientes a la denominada como clase media son las ocupadas con un ingreso laboral per cápita entre $22 mil y $117 mil al día y las de la clase alta el conglomerado de ocupados con un ingreso laboral con más de $117 mil diarios.
Con el confinamiento, el número de ocupados en el periodo septiembre de 2020 y diciembre de 2019 se redujo en 2 millones 528 mil 783 personas: la gran mayoría de ellos se concentró en la clase media con una pérdida de aproximadamente 2 millones 300 mil ocupados, lo que explicaría los 5 puntos porcentuales de aumento de la población en situación de vulnerabilidad monetaria, mientras que la participación de la clase alta se mantuvo prácticamente en el 3%. Durante la pandemia, la única clase que se vio incrementada fue la de situación en pobreza monetaria, todas las otras se redujeron (Cuadros 2 y 3).
Ahora bien, a septiembre de 2021, concordante con los niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo y tercer trimestres de 2021, se observa que la única clase social con un aumento en el número de ocupados respecto a prepandemia ha sido la clase alta (con cerca de 155 mil ocupados más), persistiendo aún importantes déficits a lo observado en la prepandemia para las demás clases sociales (de 564 mil ocupados menos para la clase media, 277 mil menos para la clase en situación de vulnerabilidad y 345 mil para la clase en situación de pobreza monetaria). Es así como la recuperación económica ha llegado especialmente para aquellos con ingresos mensuales superiores a los 3 millones 500 pesos al mes.
Así pues, en Colombia una crisis como la pandemia del covid-19 ha aumentado el número de personas en situación de pobreza monetaria, a la vez que incrementado el número de ocupados de la clase alta con los mayores ingresos laborales.
Evolución de los ingresos laborales
En plena recuperación de la pandemia se observan incrementos en la remuneración laboral por hora laborada con respecto a la prepandemia, especialmente para los ocupados de la clase alta (con una tasa de aumento del 10.91% entre septiembre de 2021 y diciembre de 2019) y de la clase media (15.56%), en marcado contraste con una drástica caída para el caso de los ocupados en situación de pobreza monetaria (de hasta el -8.71%). Ello ha conducido a ampliar la brecha de los ingresos laborales por ocupado entre los ocupados de la clase alta y media con relación a los ocupados en vulnerabilidad monetaria y especialmente en pobreza monetaria, hasta alcanzar niveles de 62.7 y 14.8 veces a septiembre de 2021 entre los ocupados de clase alta y en pobreza y vulnerabilidad monetarias, respectivamente (Cuadro 4).
Con el agravante que dicha brecha de ingreso laboral por ocupado se agudiza en la medida en que se ha observado un importante aumento en el número de ocupados de la clase alta (del 21.9% entre septiembre de 2021 y diciembre de 2019) y una sustancial caída en los ocupados en pobreza monetaria (del -5,8% en el mismo periodo), lo que acentuaría el nivel de desigualdad laboral en el país (medido por ejemplo con el índice Gini).
Una muy elevada desigualdad en la remuneración laboral promedio por hora laborada entre regiones del país, al punto que solamente 4 departamentos del país registran a septiembre de 2021 una remuneración promedia por hora superior a la media nacional (de $6.278/hora):
Cundinamarca ($7.126/hora), Antioquia ($7.457/hora), Bogotá D. C. ($8.271/hora) y Santander ($9.442/hora) (Cuadro 5).
En contraste, hasta 8 departamentos registran una remuneración promedio por hora inferior al 75% de la media nacional, sobresaliendo los casos de La Guajira, Magdalena, Cauca y Nariño con promedios que oscilan entre $3.513 y $$4.121/hora (menos del 65% de la media nacional). Como caso extremo, si se remunerara a los ocupados con base en la hora promedio por hora laborada en La Guajira (equivalente a apenas el 56% de la media nacional), las ganancias de los empleadores se incrementarían en cerca de 10 billones de pesos al mes o 120 billones de pesos al año (cerca de un 12% del PIB).
Lo anterior demuestra el elevado grado de desigualdad y precarización laboral de amplias regiones y conglomerados poblacionales en el país.
Evolución de la remuneración laboral por hora laborada según edad del ocupado
Como se muestra en el Gráfico 1, la remuneración laboral por hora laborada varía en forma de campana en el sentido de que va aumentando sustancialmente con la edad de la persona ocupada hasta los 45-50 años de edad (al punto de llegar a duplicarse para los ocupados de 40-45 años de edad respecto a los de 20 años de edad), para luego ir descendiendo paulatinamente (en la medida en que la remuneración por hora para los ocupados de 60 años equivale a un 78% de la lograda por ocupados de 45-50 años de edad).
Una de las explicaciones de dicho comportamiento a nivel firma, dada por la literatura especializada, radica en el esperable impacto productivo de la experiencia laboral y el nivel de educación y especialización técnica de los trabajadores, que alcanzaría su mayor nivel promedio hacia una edad de 45-50 años de edad del trabajador[1].
A manera de reflexión
En medio de la recuperación macroeconómica por la pandemia del covid-19, se observan tendencias preocupantes hacia una agudización de la desigualdad y precarización laboral en el país a nivel de: (i) ocupados según clase social en marcado detrimento de los ocupados en situación de pobreza monetaria y en contundente favor de los ocupados de la clase alta, tanto por remuneración promedio por hora laborada como en términos de generación relativa de empleo (con incremento de ocupados de clase alta y drástica caída de ocupados en situación de pobreza monetaria); (ii) regiones del país ante la reproducción de significativas brechas de remuneración por hora laborada entre pocos departamentos (4 incluida Bogotá D.C.) y la mayoría del resto y (iii) ocupados según edad o perfil etario. Con el agravante que se amplió sustancialmente la brecha entre los ingresos laborales promedio del 1% de los ocupados con los mayores ingresos laborales y el 50% de las personas ocupadas con los menores ingresos, al pasar de 30 veces en diciembre de 2019 a 44 en septiembre de 2021.
Ello conduce necesariamente a la conveniencia, sino necesidad, de implantar medidas de política pública para promover dinámicas correctivas a favor de la reducción de las desigualdades y discriminaciones precarizantes y excluyentes observadas en el mercado de trabajo en el país.
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[1] Véase, entre otros: Aghion, Ph., Antonin, C. y Bunel, S. (2021). El poder de la destrucción creativa. ¿Qué impulsa el crecimiento económico?. Deusto. Barcelona.
Luis Jorge Garay Salamanca y Jorge Enrique Espitia Zamora
Foto tomada de: BBC
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